Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-73164828-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 968.974 (pesos novecientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro) equivalente a 13,03 (trece con 3/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 2.422.435 (pesos dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco) equivalente a 32,57 (treinta y dos con 57/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 1687/2025 (05/08/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-93618432-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 25 de Agosto de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-73164828-APN- SGAI#TFN, caratulado “STICK LILIANA MABEL s/recurso de apelación”.
La Dra. Gomez dijo:
I. Que mediante RE-2023-73164779-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 22 de mayo de 2023 por la Dirección Regional Posadas de AFIP-DGI, por la que se determinó de oficio su obligación frente al aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (ley Nº 27.605 y su reglamentación). Asimismo, se intiman intereses resarcitorios y se aplica una multa en los términos del art.45 de la ley 11.683 equivalente al 100% del aporte determinado (conf. remisión dispuesta por el artículo 9, primer párrafo, de la ley 27.605).
Realiza un análisis del aporte solidario, afirmando que se trata de un impuesto. Se refiere al alcance del aporte sobre su capital haciendo notar que el mismo, ya se encuentra gravado por el impuesto a los bienes personales, y su renta está gravada por el impuesto a las ganancias, si a todo esto se le sumara un impuesto más se generaría una doble imposición por el mismo hecho imponible. Considera que el porcentaje tope para que no se configure la confiscatoriedad (33%) debe ser calculado sobre la renta que producen los activos y no sobre el capital y según el rendimiento normal medio de una correcta explotación. Destaca que a ello mismo se suma la cantidad de impuestos que soporta por lo que la norma en análisis resulta violatoria del derecho de propiedad, principio de no confiscatoriedad y principios de razonabilidad y capacidad contributiva.
Explica que el aporte solidario pretende gravar la tenencia de bienes a una fecha ya transcurrida, lo que genera que no pueda planificar su actividad económica. Hace notar que el decreto reglamentario del aporte en cuestión deja muchos puntos sin precisar que quedan a criterio de la AFIP y considera que el mismo excede el marco legal que pretende ordenar.
Destaca que la alegada confiscatoriedad no surge de un impuesto aislado sino del conjunto de impuestos que paga un contribuyente, concluyendo así que los parámetros utilizados por la legislación devienen inconstitucionales, como así también el criterio para aplicar el aporte solidario sobre el capital y no sobre la renta generada en el período 2020, solicitando por ello que se desestime la resolución apelada y se disponga el archivo de las actuaciones. Deja constancia de que ha iniciado ante la justicia federal de la Provincia de Misiones, un proceso a fin de demostrar la inconstitucionalidad del aporte solidario en cuestión, por resultar confiscatorio. Ofrece prueba y peticiona que se rechace el ajuste practicado por la AFIP sobre el aporte extraordinario, en razón de resultar inconstitucional, improcedente e inaplicable. Hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2023-119162731-APN-DTD#JGM, contesta traslado el Fisco Nacional. En primer término realiza un análisis del aporte solidario, concluyendo que la naturaleza jurídica del mismo constituye una contribución enmarcada en el art. 4º de la Constitución Nacional. Destaca que el análisis de constitucionalidad de la norma, no corresponde en el ámbito del Tribunal Fiscal, pero no obstante ello responde a los agravios vertidos por la contraria.
Señala que nadie dispone de un derecho irrevocablemente adquirido al mantenimiento de las leyes, toda vez que el Poder Legislativo se encuentra facultado a aplicar políticas legislativas, readecuando las existentes o sancionando nuevas normativas, siempre que las mismas se circunscriban a los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional. Afirma que la naturaleza jurídica del aporte lo transforma en un concepto disímil del impuesto a los bienes personales razón por la cual no se verifican consecuencias contrapuestas entre ellos, ya que las mismas poseen hipótesis de incidencia distintas, a tal punto que diversos sujetos pueden estar alcanzados por algunas sin subordinarse a otras y que tal normativa que implementa el mentado aporte solidario cumple con los extremos requeridos sin violentar el principio de razonabilidad.
Se refiere al principio de igualdad, por la diferenciación de localización de los bienes, haciendo notar que tanto la doctrina como la jurisprudencia convalidaron la creación de categorías tributarias siempre que no resulten arbitrarias o irrazonables, al tiempo que ha expresado que dicha igualdad implica igualdad de tratamiento frente a la ley y frente a las mismas circunstancias. Es por ello que la categoría realizada por el legislador, por la cual distingue a aquellos contribuyentes que poseen bienes situados en el exterior, es legítima y responde a criterios de política económica, implementada a través del sistema legislativo.
Afirma que no observa afectación del principio de no confiscatoriedad que rige en la materia, toda vez que no se ha acreditado la absorción de una parte sustancial de la renta ni del capital de la recurrente. destacando el carácter temporal del aporte en tanto es extraordinario y por única vez. Además, señala que el planteo que formula la actora de que para hacer frente al aporte debería deshacerse de sus ahorros o malvender sus bienes, no acompaña prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de pago, por lo que tal agravio no puede prosperar. Destaca que si bien la recurrente inició por ante el Juzgado Federal de Posadas una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad de la Ley N°27.605, a la fecha de interposición del presente recurso no existe resolución definitiva ni norma que impida al Fisco a que dicte el acto determinativo que se apela en autos por aplicación de la legislación vigente.
Hace notar que la apelante no formula agravio específico respecto de los intereses resarcitorios que le fueran determinados, sin perjuicio de lo cual destaca que resultan de aplicación las normas referidas a las liquidaciones de los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), por lo que solicita la confirmación de los mismos.
En punto a la sanción aplicada con sustento en el artículo 45 de la citada ley N° 11.683 (texto vigente), toda vez que la recurrente no esgrime agravio y los hechos se encuentran probados y encontrándose alcanzado por las disposiciones del citado texto legal y toda vez que no presentó la declaración jurada ni realizó el pago correspondiente en los términos y plazos previstos normativamente omitiendo la carga fiscal derivada del aporte solidario, resulta aplicable la sanción bajo análisis y por lo tanto solicita sea confirmada.
Expresa que este Tribunal conforme lo normado por el art.185 de la ley de rito sufre de una restricción jurisdiccional respecto a la constitucionalidad, por lo que tampoco resulta procedente lo solicitado por la actora, en cuanto comprende la imposibilidad de expedirse el Tribunal sobre su solicitud. Por todo lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida por la contraria, y solicita que oportunamente se dicte sentencia disponiendo el rechazo de los planteos de la recurrente y se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas a la actora y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2024-12691213-APN-VOCX#TFN se hizo lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto a la pericial contable ofrecida por la recurrente, providencia que quedó firme. Que por PV-2024-48892130-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “D” y por IF-2025- 92898634-APN-VOCX#TFN se pasan los presentes actuados para dictar sentencia.
IV. Que ley N° 27.605 (B.O. 18/12/2020) creó con carácter de emergencia y por única vez, un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, obligatorio, que recaerá -en lo que aquí interesa- sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de los bienes en el país y en el exterior existentes a la fecha de entrada en vigencia (esto es, desde su publicación en el Boletín Oficial), comprendidos y valuados de acuerdo a los términos fijados en el Titulo VI de la ley 23.966 de impuesto sobre los bienes personales, y de acuerdo a las disposiciones que se indican en dicha ley, en tanto el valor de la totalidad de los bienes supere los $ 200.000.000; debiendo incluir los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de vigencia de la ley. Asimismo, se establecieron alícuotas diferenciales para el cálculo del aporte a ingresar por los bienes situados en el exterior, exceptuándose su aplicación cuando se verifique la repatriación en los términos que dicha norma establece.
Que también se dispuso el destino de los fondos recaudados mediante el pago del aporte a la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos para la prevención y asistencia sanitaria, subsidios a la PyMES, educación -Becas Progresar-, a proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, poniendo su aplicación federal a cargo del Poder Ejecutivo.
Que dicha ley fue reglamentada a través del Decreto N° 42/2021 (B.O. 29/01/2021) y se establecieron pautas para determinar la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedad regidas por la ley 19.550. Por otro lado, la AFIP dictó la Resolución General N° 4930/2021 donde se fijó la forma en que debía presentarse la declaración jurada y abonar el aporte solidario, disponiendo como vencimiento de ambas obligaciones el 30/03/2021, el que fue prorrogado por la Resolución General (AFIP) N° 4954/2021, hasta el 16/4/2021. Ante este panorama, el tributo es definido como “… toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley” (vide Catalina García Vizcaíno en “Manual de Derecho Tributario”, Editorial Abeledo Perrot, Primera edición, 2014, pág. 28). En esta línea, se ha dicho que el aporte solidario se subsume en dicho concepto de tributo, en tanto se trata de una prestación –en el caso, en dinero–, que incide sobre el patrimonio singular del contribuyente, exigida por el Estado de manera compulsiva en ejercicio de su poder de imperio, y prevista en forma expresa por una ley formal emanada del Congreso Nacional –la ley 27.605– (cfr. Sala II de la CNACAF in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio”, sentencia del 14 de febrero de 2023).
Es decir que, más allá de la denominación que se le ha dado, no caben dudas que se trata de una carga de naturaleza tributaria. En efecto, como señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económica: cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos” (Fallos: 21:498; 280:176; 289:67; 318:676 y 332:640 ).
Asimismo, la Sala I de la Alzada sentenció in re “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022:
“la obligación impuesta a las personas cuya situación posee encuadramiento en los términos de la referida ley, no difiere (…) de cualquier otra ley tributaria, en cuanto a la génesis de la relación jurídica, su estructura, el marco normativo que la regula, y el organismo de aplicación y fiscalización de aquélla …”;
“La particularidad que el actor alega respecto del ‘aporte’ en cuanto al destino de los fondos recaudados, no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la ley 27.605, pues esa circunstancia refiere a una situación que es ulterior a la extinción de ese vínculo obligacional y que, por ende, no es idónea para alterar su naturaleza.”.
“… los términos utilizados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía en la resolución n° 22/2021 –que colocó al ‘aporte’ en el clasificador presupuestario como ‘ingreso no tributario’- tampoco alteran la conclusión antedicha, puesto que desde el punto de vista jurídico y tal como fue expuesto por el fiscal coadyuvante en su dictamen del 7 de marzo de 2022, ‘la denominación acordada al gravamen no resulta suficiente para definir su carácter, ya que al efecto, debe estarse a la realidad de las cosas (…) y al genuino contenido substancial de la situación contemplada en la norma tributaria …”.
V – Que del informe final de inspección ( IF-2023-119168125-APN-DTD#JGM) surge que la actora posee como actividad principal la de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas y cierra sus ejercicios el 31 de diciembre de cada año. La fiscalización tiene su origen en la verificación de la presentación de declaración jurada por el período fiscal 2020 del aporte solidario y extraordinario ley Nº 27.605 para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Se procedió a verificar los datos aportados y los que surgen de las bases de datos en el Organismo, realizando el detalle de lo mismo, y concluyendo que como resultado de todo lo analizado y según lo establecido en el art.2º inciso a) de la ley Nº 27.605 la recurrente es sujeto del aporte solidario, estableciendo el monto sujeto a impuesto. Previo a todo considero pertinente señalar que “...independientemente de la limitación prevista en el artículo 185 de la ley 11683, debe concluirse que no puede sustraerse al conocimiento del Tribunal Fiscal una cuestión como la examinada, vinculada a principios rectores del ordenamiento tributario, directamente entroncados con expresas e implícitas garantías constitucionales, tales como la ausencia de capacidad contributiva y la confiscatoriedad alegada por el recurrente. Sostener lo contrario implicaría admitir que le está vedado a este Tribunal jurisdiccional de específica competencia en la materia, examinar e indagar en conflictos de suma gravedad y que ostentan reconocimiento jurisprudencial por todo el espectro de nuestros Tribunales, entre los que se cuentan la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia” ("Gipsy Traslados Marinos SRL s/apelación”, Sala “B”, sentencia de fecha 24 de mayo de 2005, confirmada por la Alzada). En tal sentido, es dable recurrir a principios generales de la tributación en el exámen de la obligación que aquí se analiza.
Además, cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
VI. Que la apelante comienza sus agravios exponiendo que con el aporte en cuestión se genera una doble imposición por el mismo hecho imponible, toda vez que el capital ya se encuentra gravado por el impuesto a los bienes personales y la renta por el impuesto a las ganancias.
Al respecto, cabe señalar la condición de contribución autónoma que ostenta el aporte creado por la ley Nº 27.605, toda vez que su ámbito de imposición está perfectamente diferenciado, en tanto posee normativa, vigencia, conceptos y regulaciones propias. Que en el caso el legislador instauró esta forma de contribuir sobre la base de considerar los activos estén o no afectados a una actividad económica o potencialmente aptos para generar una renta, en tanto y en cuanto para la determinación del aporte solidario se debe tener el cuenta el patrimonio del contribuyente. En tal sentido, se ha dicho que “los impuestos trascienden en las sociedades modernas los fines exclusivamente fiscales en su determinación, puede, considerarse no sólo la mayor o menor capacidad contributiva de cada uno, sino también un mayor o menor deber de contribuir, que no sólo tiene como razón de ser la capacidad económica de quien contribuye. Por las características de los bienes, por el modo de poseerlos o explotarlos, por la mayor o menor vinculación del dueño con el país en que la riqueza gravada tiene su asiento o su fuente, por la clase de actividad que con ella se realiza, etc., ese deber puede ser mayor habiendo de por medio valores económicos iguales a los de los otros contribuyentes a quienes se cobra menos y viceversa...” (Fallos 314:1293).
Que “el deber de tributar se encuentra fundado en sólidas bases de naturaleza ética y en principios sociales, jurídicos y políticos, en virtud de los cuales no parece discutible que quienes se encuentran en relación con ciertas manifestaciones de capacidad contributiva elegidas por el legislador, deban respetar el pago de determinados gravámenes; pero a ese deber de tributar le corresponde un correlativo derecho del Fisco a recaudar, derecho que encuentra su límite en la definitiva configuración del hecho imponible, esto es, en la efectiva exteriorización de la capacidad contributiva” (Fallos: 306:1970; 344:1887). En tal sentido “toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por ley para el sostenimiento de los servicios públicos” (art. XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre) y con mayor justificación en este caso dado la particular situación que se dió con la pandemia que se tradujo en la declaración del estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
En efecto, la CSJN ha dicho que “ diversas circunstancias del país -la medida naturaleza de cuyas necesidades es, en términos generales, una de las medidas del deber de contribuir que tienen quienes están obligados a pagar en él impuestos-, y aún dentro de las mismas circunstancias la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general que se ha de promover mediante tales instrumentos de gobierno para alcanzar los propósitos fundamentales enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, diversa relación que tanto puede obedecer a la clase de riqueza o actividad lucrativa gravada, cuanto a la vinculación directa o indirecta del contribuyente con el país donde la riqueza tiene su asiento o la ganancia es obtenida, pueden justificar que la determinación del límite varíe, en más o en menos” (Fallo Banco Hipotecario Franco Argentino contra Córdoba la Provincia, sobre inconstitucionalidad del impuesto de contribución territorial”, del 21 de mayo de 1948). Además, sobre el agravio vinculado a la existencia de doble imposición, cabe señalar que la CSJN ha sostenido que la duplicidad que resulta del ejercicio de facultades impositivas diferentes no limitadas por disposición constitucional alguna, no causa la invalidez del impuesto, y que la superposición de gravámenes no es de por si inconstitucional, en la medida en que cada uno de los tributos que configuran la múltiple imposición hayan sido sancionados por entes públicos con competencia para crearlos (Fallos 185: 209; 210: 276; 210:500; 217:189; 220:219; 262:367).
Que si bien la actora plantea que se grava la tenencia de bienes a una fecha ya transcurrida, generando que se lleguen a considerar bienes que en la actualidad no se encuentran en su patrimonio y que lo mismo ya no representaría su capacidad contributiva respecto al aporte en análisis, corresponde señalar que ello no resulta procedente toda vez que su capacidad contributiva existe como tal a partir de los bienes que poseía al momento de aplicación del tributo y tampoco demostró su consumo o un cambio de escenario que pudiera ser evaluado. En esa línea se ha sostenido que “La capacidad contributiva constituye un principio constitucional implícito que sirve a un doble propósito: de un lado, como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público; de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria. Se lo podría definir como una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad económica) que, luego de ser sometidos a la valorización del legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, social y económica, son elevados al rango de categoría imponible” (Tarsitano, Alberto, “El principio constitucional de capacidad contributiva, Estudios de Derecho Tributario”, Ed. Depalma, Bs. As. , 1994, p. 303 y ss.).
Que también se refiere a la confiscatoriedad señalando que lo mismo debe considerarse en el conjunto de impuestos que abona un contribuyente, y no de un impuesto aislado. Cabe destacar en este punto que el criterio para la determinación del límite de confiscatoriedad no puede ser inflexiblemente uniforme, toda vez que para ello debe tenerse en cuenta las diversas circunstancias imperantes en el país y la relación de obligaciones tributarias con el bienestar general que se ha de promover mediante las normas dictadas a al fin, en el caso particular la situación suscitada por la pandemia por Covid-19 que motivó -en lo que aquí interesa- el dictado de la ley que nos ocupa en autos. Así, se ha señalado que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros). En tal sentido, la CSJN ha señalado que “en razón de las cambiantes circunstancias del país -e incluso bajo las mismas circunstancias- la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que la determinación del límite varíe en más o en menos. Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo (Fallos: 210:855, 1208).En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”(Fallo de la CSJN in re “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009).
Así se ha dicho que “a tales propósitos y sin que ello se erija en un parámetro de rigidez insuperable, cabe recordar la garantía de la razonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos y la pauta - sentada desde antiguo en materia de imposición inmobiliaria (Fallos: 210:172; 239:157), de impuesto sucesorio (Fallos: 234:129) o de impuesto a los réditos (Fallos: 220:699)-, de fijar un 33% como tope de la presión fiscal - en el caso, calculado sobre la capacidad del contribuyente establecida según los criterios de la L. 23256-, tope más allá del cual estaría comprometida la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional” (“Horvath, Pablo c/Fisco Nacional -DGI-” - CSJN – 4/5/1995, en el caso de la ley sobre el régimen del ahorro obligatorio). En efecto, la tasa fijada por nuestro más Alto Tribunal en el 33% de la renta para determinar que un tributo es confiscatorio ha quedado en oportunidades relativizada, es decir que no hay un criterio pétreo respecto de la proporción a tener en cuenta (vg. Fallos antes citados y en igual sentido fallo Montarce, Marcelo A. c/Gobierno Nacional CSJN 17/9/1974 como así también en el fallo “Candy” -ya citado-, éste último, referido a una cuestión referida al impuesto a las ganancias de ajuste por inflación donde se dijo: “...si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes estos que excederían los límites razonables de imposición.”
Que, una invariable jurisprudencia del Tribunal ha establecido que, para que se configure un supuesto de confiscatoriedad, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 248:285; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Sin embargo, se ha puntualizado que el límite admisible de la carga fiscal no es absoluto sino variable en el tiempo y en las circunstancias (Fallos: 314:1293; 322: 3255), y que el criterio para juzgar la proporción de los impuestos y su racionalidad no puede ser férreamente uniforme para todos los casos, pues para declarar que un impuesto es confiscatorio o no, “...no basta considerar el monto de su tasa sino también otros fundamentos relativos a la materia imponible, a la oportunidad de su aplicación o a su repercusión, etc., cuyo estudio incumbe al Congreso dentro de las vallas insalvables de las garantías constitucionales correspondientes” (Fallos: 160:247). Que en el voto en disidencia del Dr. Petracchi en el Fallo Candy antes citado, se señaló que “en el mismo orden de ideas, el Tribunal ha afirmado que, en razón de las variables circunstancias del país -incluso bajo las mismas circunstancias-, la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, o bien, de la vinculación directa o indirecta del contribuyente con el país donde la riqueza tiene su asiento o la ganancia es obtenida, pueden justificar que la determinación del límite varíe, en más o en menos.”
Es por ello, que el carácter confiscatorio de un gravamen no puede ser establecido sino como consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hechos que condicionan su aplicación y su incompatibilidad con la garantía constitucional de la propiedad, lo que no puede resultar sino de la prueba que al efecto se realice. A tal efecto, corresponde hacer notar que en el caso de autos se hizo lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional a la prueba pericial ofrecida por la actora, siendo este el único medio probatorio solicitado, haciendo hincapié en que no fue contestado el traslado conferido a la misma y que dicha decisión tampoco fuera cuestionada por la recurrente.
Que sin perjuicio de lo expuesto, concretamente la actora sostiene que el aporte resulta también confiscatorio y grave, al calcularse sobre el capital y no sobre la renta que produjeron los activos durante el año 2020. Que no puede soslayarse que la ley Nº 27.605 establece que para el cálculo del aporte debe tenerse en cuenta el valor de los activos al 18 de diciembre de 2020 (fecha de entrada en vigencia de dicha ley). Que de la lectura de las normas aplicables al caso no se evidencia que se haga mención a la renta generada por los bienes que posea en el país o en el exterior, puesto que se trata de un aporte extraordinario y por única vez atento la emergencia decretada para afrontar las situaciones derivadas de la pandemia, que grava el patrimonio como exteriorización de riqueza y no la renta.
En tal sentido, para analizar la confiscatoriedad alegada considero que debe contemplarse la incidencia del aporte sobre el patrimonio, teniendo en cuenta las características propias del aporte solidario, más allá que las obligaciones tributarias se paguen con lo producido de la renta, pues bastaría que un contribuyente decidiera mantener incólume sus activos sin ponerlos a producir o generar rentas para que se escude en que por tal motivo no es pasible de abonar lo adeudado a la AFIP, máxime teniendo en cuenta que no surge de autos que el recurrente tenga una imposibilidad material real de hacer frente al pago del aporte intimado. Es por ello que no resulta razonable que la mentada confiscatoriedad deba ligarse indefectiblemente con la renta, y menos con la del ejercicio 2020 en tanto se trató de un año inusual por la pandemia sufrida, debiendo tenerse en cuenta el valor efectivo de los bienes y considerar su potencialidad productiva a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían dichos bienes (CSJN, Fallo 322:3255).
En el caso, la apelante se limitó a efectuar los agravios del impuesto intimado en autos con respecto a la ganancia obtenida, y lo abonado en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, sin que haya ofrecido prueba hábil que demuestre en forma precisa e inequívoca, la ausencia de una capacidad contributiva para afrontar el pago de sus obligaciones fiscales y el supuesto de confiscatoriedad que alega.
En su escrito asegura que el organismo recaudador pretende que el contribuyente ingrese ($ 8.418.830,76), monto que supera con creces el treinta y tres por ciento (33%) de la renta generada durante el período 2020. Ello no deja de ser un planteo genérico ya que no precisa ni transparenta la verdadera renta gravada o no, a fin de iniciar un análisis concreto en materia de confiscatoriedad, ni la variación de patrimonio en cuanto a las tenencias accionarias, en particular respecto de Viana Hnos, ya que esta última reportó en sus estados contables correspondientes al ejercicio N° 30 un patrimonio neto de $ 522.392.923,10 con una participación del recurrente por $ 287.316.107 (55%). Como se puede apreciar no se asociaron ganancias totales, patrimonio, variación del patrimonio y aporte solidario.
Por último, cabe remarcar una vez más que la prueba ofrecida, la cual fue rechazada en la etapa de Instrucción, en ningún momento conducía a demostrar la confiscatoriedad del Aporte Solidario.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste plasmado en el acto apelado.
VII. Que procede también confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios efectuada en el actos apelado, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios concretos contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su liquidación.
VIII. De acuerdo a lo decidido precedentemente, y sin perjuicio de que la recurrente tampoco efectúa agravios respecto a la multa aplicada en el acto apelado, en los términos del art.45 de la ley de rito, corresponde igualmente señalar que el art. 45 de la ley N° 11.683 (texto según ley 27.430) dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: …a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas….”. Además, se establece que cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II,del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias. En este sentido, cabe resaltar que en el caso de autos como bien se expuso más arriba, la actora no expresó agravio alguno ni demostró mediante algún medio probatorio la ausencia del elemento subjetivo en el obrar que se le imputa.
Que de acuerdo con las circunstancias analizadas en el presente decisorio, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta, no habiendo elementos que justifiquen su eximición.
IX – Por todo lo expuesto corresponde confirmar en acto en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere por los mismos fundamentos al voto de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 968.974 (pesos novecientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro) equivalente a 13,03 (trece con 3/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 2.422.435 (pesos dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco) equivalente a 32,57 (treinta y dos con 57/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 1687/2025 (05/08/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.08.25 11:25:46 -03:00 Date: 2025.08.25 11:58:23 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.25 14:13:57 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.25 14:13:57 -03:00
Fin de la sentencia