Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8556/24 Sentencia: Definitiva Actor: Stilmann, Daniel Adolfo Demandada: Escobar Juan Carlos Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 06-05-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los SEIS del mes de Mayo de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "STILMANN, DANIEL ADOLFO C/ESCOBAR, JUAN CARLOS S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 37.944/21 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8556. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Por PE 140205-2021 se presenta el Sr. Daniel Adolfo Stilmann con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Chanampa y promueve demanda de daños y perjuicios por resolución contractual por culpa del Sr. Juan Carlos Escobar y a reclamar la devolución del valor actualizado del objeto de contrato - buque bote motor, denominado Muddler Minnow, características, Eslora 4.1 mts., manga 2.05 mts. Puntal 0,8 mts. con accesorios inflador y comando a distancia instalable y Motor marca Honda, CO, LTD, número BAYL 3006579, Made in Japan, (BF40A), el cual asciende a la suma de $ 650.000 con más la suma diaria a partir de haberse operado la resolución contractual - 29/11/2.020 - de $ 500 en carácter de depositario hasta su efectiva entrega por orden judicial, todo con más sus intereses, costos y costas del proceso. En fundamento de su pretensión dice que el día 30 de Julio de 2.019 le compró al demandado el buque y el motor detallado abonándolo en su totalidad, omitiendo el vendedor la entrega de la documentación necesaria a los fines registrales. Invoca la Ordenanza N° 2-19 (DPSN) Régimen Administrativo del Buque y transcribe el cruce epistolar entre las partes, sosteniendo que es ilustrativo a los fines de la admisibilidad material de la demanda. Sostiene que el demandado debió hacer entrega de la factura del motor marca Honda Co Ltd número BAYL3006579 además del certificado de matrícula endosado para que pueda inscribirlo ante el Registro de la PNA y que por ende, al haber incumplido demostrando mala fe se debe declarar resuelto el contrato por culpa del demandado. Dice que el incumplimiento resulto esencial conforme a la finalidad del contrato porque el factura resulta esencial para poder inscribirlo (art. 1.084 del CCYC) y que el no poder inscribirlo imposibilita su uso, es decir el fin por el cual lo adquirió - navegar - siendo pasible de sanción. Señala por último que la situación le trajo aparejado el inconveniente de tener que dejar el buque en depósito debiendo afrontar el costo por el mismo, debiendo resolverse el contrato y condenar al demandado al pago del valor actual del objeto del contrato con más el costo del depósito con intereses, costos y costas. Fija el importe de la indemnización que reclama en la suma $ 650000 con más los gastos erogados en concepto de depósito diario que asciende a la suma de $ 500 diarios con mas intereses, costos y costas. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
II. Que por PE 226722-2021, se presentan los Dres. Leonardo Regenburger, Norma Karina Regenburger y Eduardo José de Villafañe, y en calidad de apoderados del Sr. Juan Carlos Escobar, contestan demanda, solicitando que en orden a los fundamentos y defensas que proponen se desestime la demanda en cuanto pretende la devolución del valor actualizado del objeto de contrato - buque bote motor - el cual asciende a la suma de $ 650000, con más la suma diaria a partir de haberse operado la resolución contractual - 29/11/2020 - de $ 500 en carácter de depositario hasta su efectiva entrega con más intereses, costos y costas. Señalan que el Sr. Escobar, no incurrió en incumplimiento esencial de las obligaciones contractuales en tanto no se pactó de modo expreso que debía otorgarle el título de propiedad del motor de 40 hp (CD 9/11/2020) ni el comprador Stilmann instrumentó de modo cierto y claro que su intención era registrar voluntariamente el motor adquirido ante el registro jurisdiccional que lleva la PNA.
Invocan que la registración no es obligatoria y es facultativa si el motor no posee más de 40 hp como es el caso, lo que no está controvertido, haciendo hincapié en la Odenanza 2-19 Régimen Administrativo del Buque. Dicen que tratándose de un buque menor conforme lo dispone el art. 159 del C. de Navegación (ley 20.094) la reglamentación referida establece la exención de su registro y que obrando con buena fe y con previsión el comprador debió informar al vendedor de su intención de registrar el bote y no utilizar indebidamente esa omisión para resolver el contrato luego de hacer uso del mismo entre el 30/7/2.019 y el 26/1/2.021 consumando un abuso de derecho. Resalta que no se pactó la entrega de documentación para la registración voluntaria y tampoco el actor intimó la entrega de los documentos requeridos por la norma, siendo que la intimación del 26/1/2021 resulto insuficiente.
Dicen que también se equivoca el actor cuando pretende darle a la inscripción en el registro jurisdiccional que lleva la PNA efecto constitutivo del derecho de dominio sobre el motor frente a terceros ya que los registros jurisdiccionales no son registros jurídicos propiamente dichos y que por tanto la resolución contractual invocada por el actor carece de fundamento porque no existió incumplimiento esencial de las obligaciones asumidas contractualmente por su mandante. Luego de formular tales consideraciones y de manera alternativa, para el caso de que se no admita la defensa, arguyen que la pretensión de que se condene a la devolución del valor actualizado del objeto del contrato que estima en $ 650.000 resulta violatoria del art. 1080 del CCYC, sosteniendo que lo que el vendedor debe restituir es la suma de dinero recibida ($180.000) con más intereses y el comprador el bote y motor con todos sus accesorios en las condiciones de uso y funcionamiento que le fueron entregadas.
Solicitan costas al actor por haber incurrido en abuso de derecho al considerar resuelto el contrato sin fundamento legal. Agregan que alternativamente tampoco resulta legal la pretensión demandada en caso de resolución, por no ajustarse a la regla establecida por los arts. 1080 y 1081 del CCYC, con más la alícuota del IVA dada la condición de responsable inscripto del abogado Eduardo de Villafañe. Desconocen la documental relativa a la captura de pantalla de la plataforma mercado libre y reconocen la autenticidad y recepción de las cartas documentos de fecha 9/11/2020 y 26/1/2021 y las de fecha 20/11/20, 17/2/2021 y 12/2/2021. Reconocen el contrato de compraventa y la autenticidad de la Ordenanza 2-19.
Formulan una negativa particular de hechos. Seguidamente indican que la actualización monetaria de la suma de dinero entregada está prohibida y citan el art. 4 de la ley 25.561 que reformo los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Al relatar la realidad de los hechos, reproducen los argumentos dados al inicio de su presentación relativos a que en el contrato no se impuso al demandado la obligación de entregar el título de propiedad, que su parte cumplió exacta y puntualmente con su obligación esencial de transferir las cosas vendidas y que quince meses después el actor le reclama la documentación del motor. Reiteran de que el motor encuadra en la excepción reglamentaria y que el actor no manifestó su intención de registrarlo pretendiendo sacar provecho al considerar resuelto el contrato persiguiendo una indemnización que prescinde de las normas legales que regulan el caso.
De manera alternativa y para el caso de que se considere procedente la resolución contractual del contrato de compraventa con efecto retroactivo, se debe rechazar la demanda en cuanto pretende se condene la devolución del valor actualizado del objeto del contrato que se estima en la suma de $ 650.000 por resultar violatorio del art. 1081 del CCYC. Se oponen a prueba, ofrecen prueba y hacen su petición final.
III. Que por PE 1329466-2024 se dicta sentencia definitiva en fecha 16 de Abril de 2024, Reg. N° 13, T° I/2024, F° 75/79, mediante la cual, se hace lugar a la demanda promovida por el Sr. Daniel Adolfo Stilman en contra de Juan Carlos Escobar, declarando la resolución del contrato que uniera a las partes y hace saber a los nombrados que deberán restituirse mutuamente las prestaciones recibidas conforme a lo parámetros expuestos en el considerando IV en la etapa de ejecución de sentencia. Hace lugar a la indemnización de daños y perjuicios por los gastos irrogados en concepto de depósito condenando a abonar al demandado a abonar la suma que se determine en la etapa de ejecución de sentencia. Condena en Costas al demandado vencido y difiere la regulación de honorarios hasta que obre liquidación aprobada y firme.
IV. Contra el fallo dictado la parte demandada interpone recurso de apelación y lo funda mediante PE 1501909 - 2024. Se agravian en primer lugar por la interpretación que el magistrado de grado realizó del contrato de compraventa celebrado entre las partes, concluyendo que el demandado incurrió en un incumplimiento esencial en relación a la finalidad del contrato. Entienden desacertada y contradictoria ducha conclusión porque el carácter voluntario de la registración en el caso de motores de hasta 40 hp demuestra que no es necesaria la registración para el uso normal y regular del motor como propulsor del gomón semirrígido y por tanto esa falta de registración no resultó un impedimento legal para usar el bote conforme a su destino.
Razonan así que el demandado no incurrió en un incumplimiento esencial porque el actor siempre estuvo y está en condiciones de usar el motor en aguas continentales o mar argentino. Agregan que el actor no alegó ni probó que la Prefectura Naval Argentina haya impedido circular o navegar. Sostienen que nada se estableció en el contrato de compraventa respecto a la entrega de la factura de compra del motor o del título de propiedad del motor y que el actor no exteriorizó la posibilidad de registración en forma verbal ni escrita en el contrato y que el demandado le reiteró las circunstancias en que adquirió el motor y le ofreció en carácter conciliatorio restituir la suma de $ 180.000. Concluyen que resulta equivocado sostener como fundamento de la resolución contractual que el demandado incurrió en un incumplimiento esencial en los términos del contrato de compra venta porque el actor nunca se vio impedido de utilizar el buque ya que la registración es voluntaria con lo cual no efectuar la misma nada impide se empleo regular conforma a su destino.
En su segundo agravio, señalan que el magistrado de la instancia anterior, en abierto apartamiento de los arts. 1080 y 1081 del CCYC, no ordeno la restitución de la suma recibida por el vendedor ($180000) con mas sus intereses y de acuerdo a lo establecido en el contrato, disponiendo que el demandado restituya el valor de la cosa objeto de contrato conforme nueva tasación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia. Dicen que la ley es clara y no habilita un mecanismo diferente de restitución como es la realización de una tasación, directiva que por tratarse de una obligación de dar suma de dinero no admite su actualización monetaria y esa será la consecuencia de establecer mediante tasación el valor actualizado, cuando en rigor el contrato estableció su precio en una suma de dinero cierto y determinada.
Solicitan que de no prosperar el segundo agravio se admita el segundo, ordenando la restitución de la suma recibida con más sus intereses a la tasa activa del BNA.
V. Que la parte actora, apela la sentencia de grado y mediante PE 1474697-2024 expresa agravio. Su queja tiene que ver con la tasa de interés que se fija en grado para actualizar los montos, esto es la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Argumenta que le causa gravamen irreparable la tasa en cuestión, ya que no compensa adecuadamente en el contexto inflacionario padecido desde la celebración del contrato hasta la actualidad, resultan una pérdida del valor real del dinero. Pretende la aplicación de la tasa activa en el entendimiento de que asegura una justa y adecuada compensación durante el periodo de la mora.
VI. Los agravios de la parte demandada fueron contestados por la parte actora mediante PE 1551594-2024. Respecto del primer agravio, lo refuta sosteniendo que la buena fe obligaba al vendedor a colaborar con la entrega de la documentación independientemente de que la registración sea voluntaria y que la falta de entrega de la factura y otros documentos resulta una omisión que afecta la integridad de la operación comercial. En cuanto al segundo agravio, dice que la necedad de una nueva tasación se encuentra justificada debido al paso del tiempo y al cambio en el valor del bien, ya que la tasación debe basarse en el valor actualizado del buque. Argumenta que devolver un precio actualizado es consistente con el principio de equivalencia de las prestaciones en los contrato bilaterales conforme al art. 1080 CCYC.
VII. La parte demandada replica los agravios del actor mediante PE 1506475 - 2024. Sostienen que deberá confirmarse la tasa establecida por el magistrado de grado por resultar ajustada a la doctrina casatoria establecida en la materia por el Tribunal Superior de Justicia, citando en ese sentido, sendos precedentes.
VIII. Que abordando el estudio del primer agravio formulado por la demandada, parto de la base que la crítica esbozada se sustenta en no haber incurrido en un incumplimiento esencial de los términos del contrato de compraventa celebrado entre las partes, ya que al tener la registración del motor carácter voluntaria nunca el actor se vio impedido de utilizar el buque. Así las cosas advierto que para decidir la cuestión motivo de la queja, lo primero a tener en cuenta es la naturaleza jurídica de las cosas que fueron objeto de transacción, es decir, el buque y el motor que lo propulsa.
La utilidad de establecer la naturaleza de la cosa que se transmite radica en fijar cuales son los elementos necesarios para tener por verificada la efectiva y legítima transmisión de derechos.
En ese sentido, tenemos que el contrato de compraventa celebrado tuvo por objeto, como antes se dijo, transmitir la propiedad de un bote y de un motor, es decir, de cosas muebles, y por tanto, su adquisición y transmisión, se rige por lo previsto en el art. 1895 y concordantes del CCYC. La normativa que en particular regula el régimen administrativo del buque, Ordenanza Nro. 2-19 (DPSN), establece en el agregado N° 1, bajo el título Régimen Jurídico de los Registros Jurisdiccionales, en el punto 1.2. que: "Los efectos de los actos jurídicos que versen sobre estos bienes, tanto entre las partes como respecto de terceros, serán determinados por el régimen jurídico del Código Civil y Comercial de la Nación para las cosas muebles" (arts. 1895 y concordantes). Fijado ello, tengo presente que la controversia entre las partes recayó solo respecto del motor, individualizado en el contrato de compraventa que tengo a la vista, como marca Honda CO LTD, número BAYL3006579, made in Japan - (BF 40 A). No así respecto del buque, identificado como Muddler Minnow, con matricula expedida por el Registro Jurisdiccional Quilmes de Prefectura Naval Argentina, Número de Matrícula QUIL01015.
Centrada así la cuestión y conforme al marco normativo aplicable al caso y arriba referido, estamos entonces en presencia de una cosa mueble que por sus características técnicas, se sujeta a un régimen de registración voluntaria en el registro jurisdiccional con los alcances previstos en la reglamentación pertinente, tal como se señaló en grado. La ordenanza citada en el presente señala expresamente que estos registros jurisdiccionales no son registros jurídicos propiamente dichos, es decir, que no tienen por objeto registrar el derecho real de dominio sino que allí se inscriben, todos los buques y artefactos navales de hasta UNA (1) tonelada de arqueo bruto al solo efecto de su individualización y fines administrativos correspondientes. De acuerdo a lo establecido en el punto 1.3 de aquella normativa los buques y artefactos incluidos en el punto 1.1, es decir, los artefactos de hasta 1 tonelada de arqueo bruto, que no estén inscriptos en ningún Registro Jurisdiccional, no podrán navegar. Surge del contrato de compraventa celebrado, en concreto de su cláusula primera, que el buque en cuestión (gomon semirrigido) estaba matriculado ante el Registro Jurisdiccional de Quilmes de la Prefectura Naval Argentina, bajo el número de matrícula QUIL01015, con lo cual, interpretada la norma invocada a contrario sensu, aquel estaba debidamente habilitado por navegar.
Y es en este punto en donde entiendo que habrá de repararse para determinar o no la razón del quejoso. Sostengo ello puesto que tal como se anticipó en el inicio, éste hace hincapié para apuntalar su crítica, en que el actor, nunca se vio impedido de utilizar el buque adquirido, argumentando que como la registración del motor es voluntaria, en nada impide su empleo regular conforme su destino y que la falta de registración ningún perjuicio le causo ni puede causar.
Así las cosas, aprecio que el hecho de que el buque haya estado habilitado para navegar, no le hace perder razón al accionante, pues, el motor, no se trata de un accesorio más de aquel, sino de una cosa mueble individual tal como se advierte de la cláusula primera y segunda del contrato que fijo el objeto de la transacción. Por supuesto que a los fines funcionales una cosa necesita de la otra, lo que resulta una obviedad, pero no por eso pierden su autonomía. Es de ahí que la no entrega de la factura de compra del motor de que se trata al momento en que se celebró el contrato, le impidió al comprador cumplir un requerimiento que aunque sea de carácter voluntario, limitó el ejercicio de una potestad reconocida por la norma, pues no pudo registrarlo en el Registro Jurisdiccional pertinente de la Prefectura Naval Argentina pese a que era esa su determinación respecto de lo cosa. Como bien lo señala el magistrado de la instancia anterior, el vendedor no solo asume una obligación principal como es la entrega de la cosa vendida, es decir la tradición y en éste caso particular la tradición posesoria, sino también la obligación de entregar los documentos requeridos por los usos y particularidades de la venta (art. 1137 CCYC). En este caso, el vendedor no pudo omitir que la cosa mueble cuya propiedad trasmitía, tiene una regulación particular prevista en un régimen administrativo que fija el funcionamiento de un registro jurisdiccional que establece las pautas para inscribirlas, entre ellas, la de presentar la factura de compra si el propietario del motor tiene la necesidad o la voluntad de así hacerlo como fue en éste caso. Es por ello que la documentación referida tenía el carácter de necesaria para cumplir aquella finalidad que tuvo el comprador y que se vio frustrada por la conducta omisiva del vendedor.
En ese sentido, el art. 1146 del CCYC establece que el vendedor está obligado a entregar los documentos relacionados con las cosas vendidas y a ese respecto se tiene dicho que "La norma parte del supuesto de que, en determinadas ventas de cosas muebles, efectos de comercio o mercaderías, es imprescindible entregar documentación de distinta naturaleza referida a la venta, a fin de que el comprador o tenedor transitorio ( transportista, tercero designado al efecto) de la mercadería, pueda acreditar su titularidad, realizar gestiones administrativas, fiscales, aduaneras, etc. Al respecto cabe recordar que el artículo 1137 establece que el vendedor debe poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos y las particularidades de la venta, en tanto que el art. 1141, inciso b, dispone como una de las obligaciones del comprador recibir los documentos vinculados con el contrato y esas normas se aplican a la compraventa de cosas muebles en cuanto fueren compatibles (art. 1142).
La norma agrega que será el contrato el que prevea el momento, lugar, y forma en que tal documentación debe ser entregada, vale decir, rige al respecto el principio de libertad de contratación del artículo 958. Si nada dijera el contrato al respecto, es razonable interpretar que la documentación deberá entregarse con la cosa, ya que ello implica el cumplimiento de la obligación principal" (Código Civil y Comercial Explicado - Doctrina-Jurisprudencia - Obligaciones y Contratos - Tomo I - Artículos 721 a 1186 - Ricardo Luis Lorenzetti - pág. 796/797 Rubinzal - Culzoni Editores.) Bajo esa pauta de hermenéutica doctrinaria a la que adhiero, interpreto que en el caso concreto la responsabilidad del vendedor no se agotaba o limitaba a la entrega de la posesión de la cosa mueble vendida, pues teniendo en cuenta las particularidades de dicha venta, debió con ella entregar la factura de compra que habilite al comprador a llevar a cabo las gestiones que entienda pertinente ante la autoridad naval, aunque ellas sean de carácter voluntaria.
Es decir, debió transmitir su propiedad de forma apta para que aquel pueda ajustarse a las condiciones que fija la norma particular que reglamenta su uso y poder registrarla. Y de no ser ello posible, debió el vendedor anticipar expresamente al comprador de la situación documental de la cosa vendida y de la trascendencia que revestía para cumplir esa inscripción, si tal era su voluntad, dejándole al comprador la opción y la decisión de lo que le sea útil y adecuado a sus intereses. El omitir esa información no hizo más que impactar en la posibilidad de hacer uso de una potestad, que si bien es facultativa, hace al ejercicio del derecho que el comprador adquirió sobre la cosa. No subsana esa omisión, el hecho de que el comprador haya podido hacer uso regular del buque y del motor, pues, como se dijo, la responsabilidad del vendedor va más allá de entregar la posesión, sino que involucra un comportamiento de colaboración basado en el principio de buena fe que en éste caso le imponía una comunicación abierta hacia la otra parte que le permita conocer si la cosa era o no apta para su registración.
Dispone el art. 961 del CCYC que "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidado y previsor". Señala la doctrina que "la buena fe se refiere al comportamiento leal y honesto en el tráfico. No se relaciona a la creencia que una persona tiene respecto de la posición de otra (como en el caso de la buena fe subjetiva) sino a la manera en que las partes debe comportarse en el cumplimiento del contrato. Es un estándar o modelo de conducta que se ajusta a los imperativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social imperante.
En razón de este principio se exige una conducta clara, diligente y sincera de las partes tanto en el proceso de formación del contrato -incluidas las tratativas previas (conf. Art. 991)- como en su ejecución o incluso en la etapa posterior a su extinción" (Código Civil y Comercial Explicado - Doctrina-Jurisprudencia - Obligaciones y Contratos - Tomo I - Artículos 721 a 1186 - Ricardo Luis Lorenzetti - pág. 423 Rubinzal - Culzoni Editores) Es por lo expuesto que entiendo que los fundamentos desarrollados en sustento del agravio no logran conmover lo decidido en la instancia anterior y en consecuencia debe rechazarse el agravio en tratamiento. Así lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto al segundo de los agravios formulados por la parte demandada, entiendo que debe correr la misma suerte que el agravio anterior. Opino así puesto que determinar previamente el estado de la cosa que fue objeto del contrato de compraventa, tiene trascendencia a los fines de ajustar la restitución de lo recibido a sus condiciones actuales, teniendo en cuenta los efectos que el paso del tiempo ocasiona sobre la misma en cuanto a los deterioros o pérdidas que pudo haber experimentado, como así también a las eventuales mejoras. En ese sentido se debe tener en cuenta que el contenido de la obligación restitutoria que nace a partir de la resolución contractual tiene por finalidad que tanto el enajenante como el comprador queden en iguales condiciones en las que se encontraban antes del contrato. Bajo esa directiva es que interpreto que las pautas dadas en el punto IV de la sentencia cuestionada son las adecuadas para alcanzarla, pues, no se puede perder de vista que la obligación del vendedor se da en el marco de un contrato de compraventa en el que no se pueden obviar las variables aludidas para alcanzar tanto la reciprocidad bajo la cual debe cumplirse la restitución de prestaciones en contratos bilaterales conforme a las directivas del art 1081 del CCYC como a la equivalencia que por principio general debe imperar entre las mismas. Que por todo ello debe rechazare el agravio en cuestión y así lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto al agravio formulado por la parte actora mediante el cual cuestiona el haberse fijado la tasa de interés pasiva para la actualización de las sumas que resulten de la liquidación que se practicara oportunamente, advierto que la quejosa no alcanza a explicar suficientemente el perjuicio que en concreto le ocasiona lo decidido en grado, pues, su apreciación se reduce a una crítica abstracta sin detallar o explicar porque dicha tasa de interés no compensa el contexto inflacionario desde la celebración del contrato hasta la actualidad. Máxime cuando en el caso, durante el periodo de tiempo señalado, la tasa establecida en grado es más beneficiosa que la pretendida en agravios, debiendo por ende rechazarse la queja en tratamiento. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, debiendo aplicarse las costas en ésta instancia en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
IX. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en cuanto declara la resolución del contrato que uniera a las partes debiendo restituirse mutuamente las prestaciones recibidas conforme a los parámetros expuestos en el considerando IV 2) Rechazar el agravio de la parte actora manteniendo la tasa de actualización fijada en la sentencia de grado 3) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 06 de Mayo de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A: 1º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en cuanto declara la resolución del contrato que uniera a las partes debiendo restituirse mutuamente las prestaciones recibidas conforme a los parámetros expuestos en el considerando IV. 2) Rechazar el agravio de la parte actora manteniendo la tasa de actualización fijada en la sentencia de grado. 3) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y en encontrarse en uso de licencia. - Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara Presidenta; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201020S.251 Tomo: CII Sentencia: 3116 Folio Nº: 140/147 Secretaria: 1
Fin de la sentencia