Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7647
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, siendo que estos aspectos requieren de un saber específico que, en autos fue aceptado fuera realizado por la perito designada y contó con la conformidad de las partes, no cabe apartarse de sus conclusiones, por lo que entiendo resulta procedente dicho rubro, correspondiendo condenar a los demandados para que en el plazo de diez días abonen al actor la suma de $7.800, con más sus intereses conforme los dispuso el sentenciante al no haber sido materia de agravios.
Resta expedirme sobre el rubro daño moral solicitado por la parte actora. Cuando se resarce un daño moral se lo hace con respecto a un atributo de la persona entendida "íntegramente" apreciando todos los aspectos de la vida. En este sentido y luego de copiosa jurisprudencia al respecto se plasma en el CCC vigente en los arts. 1740 y 1741, denominando consecuencias no patrimoniales a este tipo de reparación. El resarcimiento de un daño moral sólo cabría si el accidente hubiese inferido a la víctima, además, lesión o menoscabo a un interés no patrimonial digno de tutela que ella satisfacía a través del automotor; me refiero al llamado "valor de afección" que no se restituye ni restablece con la reposición o resarcimiento del valor económico del vehículo. “…Si bien es cierto que un accidente de tránsito produce connotaciones emocionales en los protagonistas (angustia, miedo, estrés), ello no justifica la reparación por daño moral cuando el actor sólo sufrió pequeños daños materiales…” (C6°CCom. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7647 Sentencia: 2927 Actor: Stingl, Walter Boris Demandada: José Cristian Kennedy/Silvia Susana Mamaní/Seguros Rivadavia Coop. Ltda.
Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 15/12/2021 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los quince de diciembre de 2021, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “STINGL, WALTER BORIS C/KENNEDY JOSE CRISTIAN Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”,Expte. Nº 17774/16 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos, Secretaría Civil Nº Dos de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº7647. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Mario A. Albarrán; Dr. Jorge O. Alonso y Dr. Juan P. Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alabrrán dijo:
I. A fs. 1/34 se presenta el Dr. Eduardo Rubén González en representación de Walter Boris Stinlg y deduce demanda por daños y perjuicios contra José Cristian Kennedy y Silvia Susana Mamaní por la suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos veintidós ($52.822,00) o lo que en más o en menos se determine de acuerdo a las probanzas de autos con más sus intereses desde la fecha del siniestro, costas y costos del proceso. Cita en garantía a la aseguradora Seguros Rivadavia Coop. Ltda. Realiza el detalle de los daños que reclama, ofrece prueba y funda en derecho.-
II.-Se da curso a la acción de autos, a fs. 44/55 se presentan los Dres. Carlos E. Linares y Silvina Godoy en representación de José Cristian Kennedy; a fs. 56/65 se presenta Silvia Susana Mamaní con el patrocinio letrado del Dr. Carlos E. Linares y a fs. 69/73 se presenta el Dr. Carlos Gustavo Neyro en representación de Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y contestan la demanda, niegan los hechos, dan su versión de lo sucedido, la citada en garantía opone excepción de falta de legitimación pasiva, ofrecen pruebas acompañando la documental en su presentación, fundan en derecho.-
III.-A fs 98/99 se abre la causa a pruebas, producidas las cuales se certifica su producción a fs. 382/383 - 399, habiendo alegado únicamente la citada en garantía pero en forma extemporánea, por lo que se dispuso la devolución del escrito. A fs. 413/421 se dicta la sentencia de primera instancia que hace lugar a la falta de legitimación pasiva de la aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y admite parcialmente la demanda y condena a los demandados para que en el término de diez días de notificadas y firme la sentencia paguen al actor la suma de $25.922 en concepto de daño emergente y $4.900 en concepto de privación de uso, rechaza parcialmente la demanda en relación a los rubros desvalorización del vehículo y daño moral; regula honorarios, determina la tasa de justicia.-
IV. La parte actora apela el fallo, expresando agravios mediante PE105004-2021. En primer lugar, se agravia por el rechazo relativo al rubro desvalorización del vehículo. Cita doctrina y manifiesta que para la procedencia de la indemnización en cuestión se deben reunir dos requisitos: 1. la existencia de depreciación del vehículo, y 2. que se hayan afectado partes estructurales del vehículo. Sostiene que en el caso ambos recaudos existen, el primero de ellos, señalado por la perito Yanina Aguilar que dijo “Efectivamente por los daños sufridos y por la devaluación del vehículo siempre sufre una desvalorización… El vehículo del Sr. Stingl en las condiciones en las que se encuentra cuesta un 40% menos de lo que vale en el mercado en la actualidad”. Afirmación que se complementa con el presupuesto de la firma El Tenaz Automotores SA donde queda expreso que es necesario cambiar al automóvil el eje trasero. Por lo que concluye que se han afectado partes estructurales del vehículo y que, en virtud del siniestro, el automóvil perdió un valor del 40% de su cotización en el mercado. Refiere que se equivoca la sentencia en que no aplica las presunciones que la ley establece para estos pleitos; sí además de las roturas detalladas en el presupuesto incorporado en la causa, se tiene que a consecuencia de la colisión hubo que cambiar un eje al automóvil embestido, y que dicha afirmación es ratificada por la perito Yanina Aguilar, no quedan dudas de que el rubro reclamado debe prosperar.
En segundo término, se agravia por el rechazo del daño moral interesado en la demanda. Refiere que, si bien en la sentencia se decide por la aplicación del Código Civil, la nueva redacción es una evolución que amplía los derechos del justiciable. Frente a un siniestro, se presume que el damnificado afronta amarguras, sin sabores, lesiones en su espíritu. En el comentario a la norma 1471 CCCN el autor hace referencia, que la misma es imperativa para el juez y este debe condenar al responsable a la reparación del daño moral frente a un hecho generador de responsabilidad. Destaca que el daño no patrimonial o moral procede ante la causación del evento dañoso y considerar lo contrario lleva al absurdo de eximir de responsabilidad a quién provocó con su inconducta el siniestro. Sostiene que ello resulta inaceptable en derecho y debe ser revocado, pues contradice la doctrina imperante y jurisprudencia en la materia. La parte demandada también apela el fallo, expresando agravios mediante PE125098-2021. Se agravia porque el Juez A-quo resuelve admitir la demanda incoada por la actora en contra de José Cristian Kennedy y Silvina Susana Mamaní; atribuye responsabilidad al Sr. Kenedy y la Sra. Mamaní en la producción del accidente de tránsito, sin tener en cuenta la actitud desplegada y la maniobra realizada por el conductor del vehículo Fiat Palio Dominio OPQ-734, vehículo de propiedad del actor, que al momento de los hechos se encontraba siendo conducido por su hijo Walter Stingl. Refiere que fue el Sr. Stingl hijo quién circulando adelante del vehículo conducido por su mandante, procedió a realizar una maniobra imprudente y repentina, desviando su rumbo primero a la izquierda y después a la derecha, con la supuesta intención de estacionar pero sin tomar las precauciones correspondientes, por lo que mi mandante no pudo tomar las precauciones necesarias para evitar la colisión. Por otro lado, se agravia porque el Juez a-quo tiene por comprobado el relato de los hechos formulado por la actora y la responsabilidad de los codemandados basándose únicamente en el testimonio de una persona, supuestamente una testigo presencial de los hechos, y quién resulta ser una persona conocida del actor.
Refiere que la responsabilidad de la producción del accidente se trata de un caso de culpa concurrente por lo que así corresponderá establecerse, y solicita que las costas sean establecidas en el orden causado.
En otro orden, se agravia por los montos de condena, pues resultan desproporcionados, solicitando sean disminuidos y fijados en montos razonables. Especialmente, en tanto el Juez de primera instancia tiene por acreditado que el Sr. Stingl debía movilizarse desde Caleta Olivia a la zona rural de Pico Truncado, cuando no existe prueba alguna producida en autos que sirva a los fines de acreditar la realización de dicho viaje, ni el lugar de residencia efectivo del Sr. Stingl. Asimismo, no existe prueba alguna de que el Sr. Stingl haya tenido que realizar dichas erogaciones ni que haya realizado dichos viajes entre las dos localidades mencionadas. Por el contrario, existe en autos el reconocimiento expreso de parte del Sr.
Stingl respecto a que el mismo no ha sufrido privación del uso alguna. Así, en oportunidad de absolver posiciones, el actor fue consultado expresamente respecto a si el mismo abono la suma de $16.400 en concepto de chapa y pintura, si su vehículo sufrió desvalorización, si su vehículo sufrió daños en su parte trasera y si estuvo más de quince días para su reparación, respondiendo a todas y cada una de dichas afirmaciones de manera negativa (fs. 227 y vta.) Por lo tanto, ha sido el Sr. Stingl quién ha reconocido en autos que su vehículo no estuvo por el término de quince días en reparaciones, no habiéndose encontrado privado del uso del mismo, frente al reconocimiento expreso de dicha circunstancia y no existiendo ningún otro elemento de prueba que sirva para tener por acreditada la procedencia del rubro de privación de uso, corresponderá que la sentencia apelada sea modificada en lo que hace a dicho rubro, rechazándose el mismo en todas sus partes.
Por último, se agravia la demandada en tanto la sentencia de primera instancia condena en costas a los demandados, condenándolos a responder por los honorarios profesionales de los letrados intervinientes entre los que se incluyen los honorarios del letrado apoderado de la citada en garantía, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, compañía aseguradora que ha acreditado en los presentes autos que a la fecha del accidente de tránsito que da lugar a este proceso no aseguraba a ninguno de los automotores demandados; y que su parte jamás solicitó la citación en garantía de la misma. Es la actora quién resulta ser la parte vencida respecto a dicha pretensión en cuanto se hace lugar a la excepción interpuesta por la firma Seguros Rivadavia, según el principio establecido por el art. 68 del CPCC.
V. Mediante PE129097-2021, la parte demandada contesta los agravios vertidos por la parte actora, y manifiesta que el agravio expresado por la contraria deberá ser rechazado en virtud de que en los presentes autos no se ha demostrado que haya existido efectivamente la desvalorización del vehículo, en virtud de que para que proceda este rubro, es necesario que hayan quedado secuelas demostrativas de los desperfectos sufridos, las que no pueden atribuirse a la idoneidad de quien efectuó la reparación, ni a la mala calidad de los materiales empleados, siendo el damnificado quién debe demostrar la existencia de la depreciación en el valor venal, a través de la demostración de la afectación de parte estructurales o vitales del automóvil.
Refiere que la contraria solicita la aplicación de la prueba de presunciones a fines de tener por acreditada la existencia de pérdida de valor de reventa y procedencia del rubro que reclama, lo que resulta absolutamente inaplicable en el presente caso debido a que en oportunidad de absolver posiciones, la contraria reconoció expresamente que su vehículo no sufrió desvalorización económica como consecuencia del siniestro, según lo que surge de fs. 227 vta. donde, preguntado: “para que jure como es cierto que es de su conocimiento que su vehículo sufrió desvalorización económica como consecuencia del siniestro”; el mismo contestó “No es cierto”. Que ante la manifestación expresa de parte de la contraria respecto a que su vehículo no sufrió desvalorización alguna, en los términos de los arts. 389, sgtes y cctes. del CPCC, y en virtud de que no existe prueba alguna que determine la existencia de la desvalorización del vehículo, no podrá tenerse por acreditada presunción alguna que lleve a la convicción de la existencia de la pérdida del valor venal.
En segundo lugar, el agravio con relación al rechazo del rubro daño moral deberá ser rechazado en virtud de que la contraria no ha producido en autos prueba alguna de la supuesta existencia y extensión del daño moral que la misma aduce haber sufrido. En el presente caso los daños han sido sólo materiales en los vehículos involucrados, ninguna persona resultó lesionada ni tuvo que recibir atención médica. Por lo tanto, no habiendo sido acreditada la afectación a su estado de ánimo y su espíritu cuya indemnización solicita la contraria, no puede de ninguna manera presumirse la existencia de daño moral, por tratarse de un hecho de escasa gravedad cuyas consecuencias dañosas se limitan a daños exteriores, de chapa y pintura en lo vehículos involucrados.
A su turno, mediante PE133649-2021 contesta agravios la parte actora y manifiesta que no es verdad, como dicen los demandados que el juez tiene probados los hechos con una sola testigo, está prueba se complementó con la exposición policial Nro.751-3RA/15 Letra T y su descargo, la denuncia de siniestro ante Sancor Coop. de Seguros Ltda. y la inspección ocular. Sostiene que, basta con observar el presupuesto incorporado en la causa procedente de la firma “El Tenaz Automotores” para darse cuenta de que los montos condicen con las afirmaciones explayadas en el juicio, insumiendo la reparación del automóvil la suma de $25.922,00 pesos en concepto de daño emergente, todo lo que se complementó con las pericias producidas.
También resulta acertado desechar el agravio por la condena a los accionados en la suma de $4.900,00 por privación de uso. Entender que los montos son elevados constituiría un absurdo total. Asimismo, rechaza el agravio en relación a la falta de prueba de los viajes que hubiera de hacer Walter Stingl desde y hacia la zona rural de Pico Truncado; indicando que sólo basta detenerse, y observar el domicilio real de Walter Stingl, y que la única forma de llegar a Estancia Juana es por medio de un automóvil, propio y/o pagado, por lo que va de suyo que si el automóvil esta chocado y necesita indefectiblemente ser reparado, la única forma de dirigirse a su propio domicilio desde cualquiera de las localidades Pico Truncado, Caleta Olivia, etc. es en un auto de alquiler y/o contratar un remis.
Por ello la decisión del juez de primera instancia resulta adecuada, solicitando a la Cámara su confirmación. Con relación a las costas, sostiene que la conclusión del juez es acertada, ya que cuando expone el demandado en sede policial alega que el vehículo se encontraba asegurado en la compañía Seguros Bernardino Rivadavia, en virtud de dicha afirmación su cliente citó en garantía a esa compañía. La mentira y falta de cumplimiento de Cristian Kennedy con lo impuesto por la ley 24.449 al transitar sin seguro obligatorio, no puede constituirse en fuente de derechos y eximirse en el pago de las costas judiciales. -
VI. Ingresando al estudio de los agravios ensayados, comenzaré tratando en primer término los esgrimidos por la demandada, toda vez que cuestiona el factor de atribución de responsabilidad insistiendo que en el caso de autos existe culpa concurrente y que sólo se ha resuelto en base a la prueba testimonial de una sola persona.
El artículo 1113 párrafo 2º del Código Civil contempla un supuesto de responsabilidad objetiva. La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, se requiere de razones que no impliquen meras conjeturas, para desplazar total o parcialmente la responsabilidad objetiva que establece la norma.
Las normas de tránsito imponen a todo conductor circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; asimismo, establecen que está prohibido conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha. La normativa establece que se presume responsable de un accidente al que cometió una infracción relacionada con la causa del mismo.
Conforme las constancias obrantes en autos, esto es la exposición policial Nro. 751 y su respectivo descargo (fs. 7), la declaración testimonial de María Alejandra Bodé Berenguer (fs. 191), la inspección ocular (fs. 254), las pruebas pericial mecánica (fs. 358/362) y chapista (fs. 373/377), ha quedado demostrado que Cristian José Kennedy quién conducía el rodado VW Surán Dominio GJR 087 embistió al rodado Fiat Palio Dominio OPQ 734 que conducía Walter Stingl el día 2 de julio de 2015, conducta que evidencia que conducía sin el cuidado y prevención, a poca distancia del vehículo de Stingl, trasgrediendo así las normas de tránsito, tal como lo sostiene el juez de grado en su sentencia y por lo tanto el agravio respecto de la culpa concurrente debe desestimarse y así lo resuelvo.- Con relación al agravio formulado respecto de que el Juez a-quo tiene por comprobado el relato de los hechos formulado por la actora y la responsabilidad de los codemandados basándose únicamente en el testimonio de una persona, no debe perderse de vista en principio, que los jueces gozan de amplias facultades para valorar el plexo probatorio teniendo como única exigencia el deber de fundar sus resoluciones respetando las reglas de la sana crítica.
Se exige un análisis guiado por las máximas de la experiencia y de la lógica para evaluar qué prueba es esencial y decisiva para el fallo, pero ninguna de ellas es vinculante para el juez. Sin perjuicio de ello, no puede perderse de vista que los demandados en sus respectivos respondes han adherido expresamente a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y que determinados elementos probatorios son, a priori, más contundentes que otros, por ello, para dejarlos a un lado, se necesitan fundamentos sólidos, lo que entiendo aconteció en autos, donde el juez a quo realizó una interpretación de las pruebas producidas conforme a derecho, por lo que este agravio también debe desestimarse.- Ahora bien, la demandada se agravia por los montos de condena, solicitando sean disminuidos y que sean fijados en montos razonables.
Determinada la responsabilidad de los demandados, y lo que surge de lo actuado en autos, principalmente del presupuesto de “El Tenaz Automotores S.A.” -Concesionario Oficial Fiat-, obrante a fs. 19, sumado a las pruebas pericial mecánica (fs. 358/362) y chapista (fs. 373/377), el monto reconocido en la sentencia de primera instancia en concepto de daño emergente por la suma de pesos veinticinco mil novecientos veintidós ($25.922,00) resulta ajustada a derecho.
Asimismo, si bien es cierto que, conforme el art. 382 del CPCC, el texto de las posiciones importa una confesión del que las propone; también lo es que este principio interpretativo no es absoluto, y tanto el interrogatorio de los testigos como las preguntas insertas en la absolución de las posiciones -y las correlativas respuestas- deben ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, dándoles el valor correspondiente según los motivos y circunstancias de otros elementos de convicción que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Lo que se pretende hacer valer como una confesión no puede prevalecer sobre lo que el propio actor postula en la demanda y acredita en el pleito, por lo cual, la confesión de hechos incompatibles (posiciones y demanda) debe neutralizarse, a fin de que no resulte afectado el principio de no contradicción.
Por ello, en idéntico razonamiento que el juez de grado, también entiendo que el monto determinado por el rubro privación de uso en la suma de $4.900 se encuentra ajustado a derecho de conformidad con las pruebas obrantes en autos, teniendo en cuenta que la demandada no ha aportado ninguna prueba capaz de desvirtuarlo, y resulta correcto el cálculo efectuado por el magistrado en la sentencia, por lo que habré de desestimar el presente agravio.-
Por último, la demandada se agravia por la imposición de costas, entiendo que rigiendo el art. 68 del CPCC cuenta primordialmente el concepto de vencimiento en sentido substancial, y desde esta perspectiva como regla si la demanda prospera en lo principal, corresponde seguir la directiva legal. Respecto de las costas por la excepción de falta de legitimación deducida por la citada en garantía, asiste razón a la actora en que la misma ha sido llamada a juicio toda vez que la demandada en su descargo exposición policial Nro. 751 ha manifestado y presentado la documentación de que su vehículo se encontraba asegurado con la compañía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., así textualmente dice: “Presento en este acto la siguiente documentación carnet de conducir a mi nombre clase E1 expedido por el Municipio de Caleta Olivia Santa Cruz – en vigencia, Cédula de Identificación del Automotor a nombre MAMANÍ Silvia Susana Nro. de control 26833247, Seguro de Automotor “Seguros Rivadavia” Nro. de póliza 23/02/312150 en vigencia…”. Por lo que corresponde desestimar su pretensión y confirmar la condena en costas impuesta por el juez de grado.-
VI. A su turno, la parte actora se agravia por el rechazo de los rubros desvalorización del automotor y daño moral solicitados en su demanda.
Respecto del rubro desvalorización del automotor, la experiencia indica que un automóvil sufrirá o no una desvalorización como consecuencia de un accidente, aun después de haber sido reparado correctamente, sólo si subsisten signos visibles del deterioro que ha sido objeto de la reparación, lo que no necesariamente ocurre. En las presentes actuaciones a fs. 356/362 obra pericia mecánica, donde se ha requerido a la perito se manifieste respecto de “Se determine si el vehículo sufrió desvalorización económica alguna como consecuencia del siniestro, tomando como parámetro, las secuelas que normalmente quedan al automóvil y/o el precio de mercado de vehículos similares que no hayan sufrido colisión alguna”. A lo que la perito Yanina Aguilar contestó: “Efectivamente por los daños sufridos y por la devaluación el vehículo siempre sufre una desvalorización. El precio en el mercado de un vehículo de esas características ronda los $177.000; el vehículo del Sr. Stingl en las condiciones en las que se encuentra cuesta un 40% menos de lo que vale en el mercado en la actualidad”. Es importante resaltar que corrido el pertinente traslado del dictamen pericial, la parte demandada no ha observado ni ha impugnado la misma. Asimismo, dicha parte ha ofrecido como prueba la pericial mecánica pero no la ha instado, por lo que a fs. 394 se hizo lugar al acuse de negligencia solicitado por la actora, y se le dio a Cristian Kennedy por perdido el derecho a producir la prueba pericial en chapa y pintura y mecánica.-
El art. 455 del CPCC dispone “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 451º y 452º y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.”
El peritaje oficial resulta un elemento más convincente en el que debe basarse el sentenciante, toda vez que tiene más garantía de imparcialidad y certeza. Así, vuelvo a reiterar, conforme surge de las constancias de autos la pericia efectuada por Yanina Aguilar no fue impugnada por las demandadas.
Por ello, siendo que estos aspectos requieren de un saber específico que, en autos fue aceptado fuera realizado por la perito designada y contó con la conformidad de las partes, no cabe apartarse de sus conclusiones, por lo que entiendo resulta procedente dicho rubro, correspondiendo condenar a los demandados para que en el plazo de diez días abonen al actor la suma de $7.800, con más sus intereses conforme los dispuso el sentenciante al no haber sido materia de agravios.
Resta expedirme sobre el rubro daño moral solicitado por la parte actora. Cuando se resarce un daño moral se lo hace con respecto a un atributo de la persona entendida "íntegramente" apreciando todos los aspectos de la vida. En este sentido y luego de copiosa jurisprudencia al respecto se plasma en el CCC vigente en los arts. 1740 y 1741, denominando consecuencias no patrimoniales a este tipo de reparación. El resarcimiento de un daño moral sólo cabría si el accidente hubiese inferido a la víctima, además, lesión o menoscabo a un interés no patrimonial digno de tutela que ella satisfacía a través del automotor; me refiero al llamado "valor de afección" que no se restituye ni restablece con la reposición o resarcimiento del valor económico del vehículo. “…Si bien es cierto que un accidente de tránsito produce connotaciones emocionales en los protagonistas (angustia, miedo, estrés), ello no justifica la reparación por daño moral cuando el actor sólo sufrió pequeños daños materiales…” (C6°CCom. De Córdoba, 27-8-2019, en autos “Mamani Ariel Ramiro c/ Coniferal SRL. Abreviado. Daños y perjuicios. Accidentes de tránsito. Expte. 6155079”, sent. 88).-
Por estos fundamentos, lo actuado en autos y tal como lo sostiene el Juez de grado entiendo que el agravio no puede prosperar.-
Por todo lo expuesto considero que la sentencia es parcialmente justa, debiendo modificarse conforme las pautas desarrollada en los considerandos anteriores y manteniéndose los rubros indemnizatorios que no fueron materia de agravios como así la tasa de interés.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
VIII. En base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios deducidos por las demandadas. 2º) Admitir parcialmente los agravios del actor. 3º) Admitir el rubro desvalorización del vehículo por la suma de $ 7.800 y desestimar el rubro daño moral. 4º) Confirmando los aspectos restantes del fallo en cuanto no ha sido materia de agravios. 5º) Con costas a las demandadas por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
IX. Por la forma en que me pronuncié a la primera cuestión adhiero al voto propuesto por el Dr. Albarrán.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 15 de diciembre de dos mil veintiuno.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
3. Admitir el rubro desvalorización del vehículo por la suma de $ 7.800 y desestimar el rubro daño moral.-
4. Confirmando los aspectos restantes del fallo en cuanto no ha sido materia de agravio.-
5. Con costas a las demandadas por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).-
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Juan P. Olivera no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Mario A. Albarrán-Juez de Cámara a/c Presidencia; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante- Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201109S.211 Tomo: XCV Sentencia: 2927 Folio Nº: 132/139 Secretaria: 1 VOCES: Daños y Perjuicios – Rechaza Daño Moral – Desvalorización del vehículo -
Fin de la sentencia