Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2492/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el amparista, Dr. Javier Stoessel, a PE241456-2021, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE296980-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2492/21-TSJ Interlocutorio N°: 3690 Actor: STOESSEL JAVIER A.
Demandada: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL Objeto: AMPARO Fecha: 29-06-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3690 FOLIO Nº 6508/6511 PROT. ELECT. TSS1 039 I.221
Río Gallegos, 29 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “STOESSEL JAVIER A. c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL s/ AMPARO, Expte. Nº S-20.296/21 (S-2492/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el actor Dr. Javier A. Stoessel (cfr. PE241456-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en Primera Instancia obrante en PE133871-2021, en cuanto “…a la obligación de presentar el padrón de aportantes a la Caja de jubilados y pensionados del organismo previsional al 31 de diciembre de 2020…padrón de jubilados y pensionados al 31 de diciembre de 2020…y monto total de retenciones efectuadas en concepto de Impuestos a las Ganancias durante el año 2020 detallando importes mensuales…” (cfr. PE223976-2021).-
II. Contra esta decisión, el amparista interpuso recurso de casación acusando violación y errónea aplicación de la ley, en particular el artículo 10 del Decreto Nº 894/17, Ley Nº 3540, Ley Nº 23.526 y desconocimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, sostiene que la sentencia en crisis ha incurrido en arbitrariedad (cfr. PE241456-2021).-
Al respecto, expresa: “La sentencia de Cámara, en cuando (sic) niega el acceso a los padrones de beneficiarios y aportantes a la Caja de Previsión Social, constituye una violación de la normativa Internacional y Nacional, de carácter Constitucional y legal, como así mismo, una interpretación irrazonable y arbitraria de la normativa reglamentaria local...La particular y precisa alegación en que se apoya la Cámara para negar el acceso a dicha información pública, es que se encuentra excluida por el artículo 10 del anexo 1 del Decreto 894/97.” (cfr. PE cit., pág. 18).- Sostiene que: “No se advierte el motivo por el cual esta parte debiera plantear la inconstitucionalidad de una norma reglamentaria provincial que no hace otra cosa que remitir a la Ley Nacional Nro. 25.326 que no obsta o dificulta el acceso a la información que aquí se peticiona. Solo (sic) una interpretación arbitraria (por carente de sentido lógico), y violatoria del principio rector de interpretación armónica e integral del derecho, pudo concluir con la afirmación de que la información se encuentra alcanzada por alguna excepción. Ello así pues de modo muy claro, mi parte requirió información estadística general, reglada por la primera parte de la norma, y también, información referida a quiénes eran los titulares de beneficios previsionales y aportantes al sistema, aspecto en el cual rige la segunda parte de la norma...” (cfr. PE cit., págs.. 19/20).- Agrega que: “Cuando la norma local remite a la ley nacional, sólo puede remitir en este limitado sentido, no siendo razonable que se entienda que estableció una limitación mayor al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública a la que otorga la ley nacional a la que remite; pues ello es una interpretación absurda de la ley, y además contraria al principio de máxima publicidad derivado del principio republicano de gobierno.” (cfr. PE cit., pág. 22).- Indica que: “La información pública, aquella que hace al manejo de asuntos públicos (como en el caso, que hace al uso y aplicación de recursos públicos), solo (sic) posee el límite para su publicidad aquella que -refiriéndose a datos personales, contiene también datos sensibles.” (cfr. PE cit., pág. 23).-
El recurrente cita a favor de su postura el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "CIPPEC" (CIPPEC c/ EN M° Desarrollo Social Dto 1172/03/s Amparo Ley 16986", del 16/03/2014).-
Como segundo agravio, se refiere a “La cuestión del secreto fiscal”. Expresa que: “De manera igualmente sorpresiva, la Cámara hace lugar al agravio de la accionada, y valida su oposición a suministrar la información requerida consistente en a) Monto total de retenciones efectuadas en concepto de impuesto a las ganancias durante el año 2.020 (sic), detallando los importes mensuales, y b) Cantidad de Jubilados y pensionados a quienes se efectuó durante el año 2.020 (sic) retención en concepto de impuesto a las ganancias. Para fundar su posición, la Cámara hace una interpretación arbitraria y contraria al texto expreso de las leyes y reglamentaciones que menciona, incurriendo en un completo absurdo, haciendo decir a la ley aquello que no dice.” (cfr. PE cit., pág. 27).- Afirma que: “…Mi parte, no pidió ninguna información de contenido económico patrimonial referida a ningún contribuyente en particular, sino que pidió sumatoria de importes totales retenidos -sin que se indique en ningún caso el importe de contribuyente alguno- y se pidió el dato estadístico que indique cantidad de agentes a quienes se les retuvo, pero tampoco se pidió el dato del contribuyente. El texto literal y expreso de la ley, no contiene la limitación que dice la Cámara que contiene, por lo tanto, es una lectura errada y arbitraria de la ley. La demás (sic) norma que cita, es en igual sentido, pues toda se refiere a la protección de la información particular del contribuyente, nada de lo cual fue solicitado por mi parte...” (cfr. PE cit.).- De esta manera, llega a la conclusión de que: “La forma en que ha sido resuelta la cuestión por la Cámara, implica así la violación de normativa local y nacional. Pero también de normativa internacional, y desconoce fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” (cfr. PE cit., pág. 29).-
Formula reserva del caso federal.-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE296980-2021).-
En PE230328-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso, que obstan a su concesión.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (ello puede advertirse claramente en el capítulo del recurso de casación titulado “La cuestión del secreto fiscal”).- Así las cosas, tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).-
Más aún, en el tema en particular traído a tratamiento de este Tribunal Superior, los jueces encargados de resolver estos supuestos de conflicto han debido valorar las circunstancias concretas, para ponderar y decidir qué derecho debe primar en cada caso; cuestión ésta que han realizado según su entender y que no resulta reprochable en esta instancia.-
Sin lugar a dudas, la tarea de ponderación de un derecho sobre otro es una actividad jurídica compleja que no puede realizarse de forma automática, sino que requerirá de un análisis exhaustivo de los elementos claves para arribar a una solución que posibilite efectivizar el derecho fundamental prioritario en el caso, con la menor afectación posible al otro.-
La conclusión a la que se ha llegado en la realización de esta tarea no resulta suficiente para abrir la instancia extraordinaria.
IV. En lo tocante a la invocada arbitrariedad de la que adolecería la sentencia de Cámara, debe recordarse lo que este Alto Cuerpo ha dicho sobre esa causal impugnativa, a saber: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788) y que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1178, Folio 1554/1556)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Finalmente, en cuanto al cuestionamiento vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional, no resulta procedente en la medida en que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar cómo se habrían vulnerado, no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- En definitiva, en la sentencia en crisis se ha efectuado un análisis correcto de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad de los jueces, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso.-
En el sentido expuesto, este Alto Cuerpo tiene dicho que es “...insuficiente el recurso extraordinario de casación porque no logra conmover la estructura básica del fallo, al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador de bajo grado, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que para estudiar el asunto desde otra perspectiva que la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterios- por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué media error en el modo como el Tribunal de la causa ha visto la controversia, sin ingresar en argumentos recurrentes que lo dejan encorsetado dentro de sus propias limitaciones conceptuales.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XII, Reg. 1626, folio 2340/2341).-
V. Respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “CIPPEC” (CIPPEC c/ EN M° Desarrollo Social Dto 1172/03/s Amparo Ley 16986", del 16/03/2014) citado por el recurrente, debe observarse que además de no ser coincidentes los hechos en los cuales se funda dicho fallo con los que aquí se dirimen, la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es sólo aquélla que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).- Este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049, y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370, entre otros).- En conclusión, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
VI. En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado obrante en PE241456-2021, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE296980-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el amparista, Dr. Javier Stoessel, a PE241456-2021, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE296980-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1039I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3690 Folio N°: 6508/6511 Secretaría: 1
Fin de la sentencia