Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2492/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1252175-2024.-
2No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE575966-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2492/21-TSJ Interlocutorio N°: 479 Actor: STOESSEL JAVIER A.
Demandada: CAJA DE PREVISION SOCIAL Objeto: AMPARO Fecha: 10-04-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 479 FOLIO Nº 1814/1818 PROT. ELECT. TSS1 005 O.241
Río Gallegos, 10 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “STOESSEL JAVIER A. c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL s/ AMPARO”, Expte. Nº S-20.296/21 (S-2492/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (cfr. PE1252175-2024).-
El nombrado expresa que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto ha emitido opinión en las actuaciones en el carácter de Agente Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia de Río Gallegos (cfr. PE117871-2021). En virtud de lo expuesto, solicito se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en la presente causa.” (cfr. PE cit.).- Encuadrándose la situación planteada por el Dr. Fernando Miguel Basanta en la causal prevista por el artículo 17, inciso 7º, por remisión del artículo 30, primer párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a dicha excusación.-
II. Que, asimismo, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte actora en PE575966-2022, OTR00022092.pdf ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE548849-2022 por cuanto declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto en PE241456-2021.-
Alega el recurrente que: “Lo resuelto por el TSJ, implica convalidar que en la Provincia de Santa Cruz sus ciudadanos gozan de un estándar de derechos constitucionales fundamentales menores a los reconocidos para el resto de los ciudadanos del País y a los reconocidos por nuestra CSJN, pues, en prieta síntesis, implica convalidar que todo dato personal es sensible, no reconociendo la distinción legal y doctrinaria entre ambos conceptos, y que todo manejo de fondos públicos que contenga datos personales -aunque no sean sensibles- es inaccesible al conocimiento de la ciudadanía, violándose así el principio republicano de gobierno, anulándose el control ciudadano derivado del principio democrático, violándose el derecho de acceder a un amplio espectro de datos que hacen al manejo de la cosa pública, abriendo enormes espacios de oscuridad para la visión de los ciudadanos en el manejo de los fondos públicos; con violación a normas fundamentales que consagran el derecho a la información pública.
Los padrones de titulares de beneficios previsionales -listado de jubilados y pensionados- y los padrones de aportantes, son información pública, y mi parte pretende tener acceso a tal dato, solicitando a la Excma. CSJN que reestablezca en la Pcia. de Santa Cruz el derecho de acceso a la información pública en toda su extensión, y de conformidad a la extensión reconocida de tal derecho en fallo 'CIPPEC'. Respecto a la limitación de acceso al monto global de retenciones y aportes realizados en concepto de impuesto a las ganancias, no habiéndose requerido dato alguno referido a persona particular, sino montos globales, la decisión que niega el acceso a tal dato arguyendo que existe secreto fiscal, es por completo infundada, arbitraria e irrazonable; por carecer de toda lógica y sustento legal; requiriendo de la CSJN que reestablezca la vigencia de la legalidad también en este aspecto y ordene suministrar la información.” (cfr.
PE575966-2022, OTR00022092.pdf, págs. 14/15).- Se agravia de que: “Se configura en autos un supuesto de caso federal por sentencia arbitraria (Fallos: 296:588, 334: 852, 332:1210, 332:466) en tanto que la sentencia del TSJ que declara formalmente inadmisible el recurso de casación, no es una derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente. Al rechazar el recurso con menciones meramente formales, que solo evade el punto a tratar omitiendo toda consideración a los agravios concretos, directos, y eficaces que fueron planteados, veda el acceso a la información pública peticionada, pero con ello, veda también el acceso a una decisión jurisdicción válida, razonable y acorde a las reglas del debido proceso legal; que la invalida como acto jurisdiccional; incurriendo por ello en clara arbitrariedad por violación del art. 18 C.N. y vulnerando el derecho de esta parte a peticionar ante las autoridades y obtener un fallo que de respuesta a lo peticionado y garantice la tutela judicial efectiva de mis derechos (art. 14 y 18 CN y art. 8 y 25 de la C.A.D.H.).
Así, el TSJ…para fundar su decisorio alude a un conjunto de afirmaciones abstractas y genéricas –sin relación con el objeto de la causa ni sus antecedentes- y meramente dogmáticas, que pueden resumirse en breves párrafos...” (cfr. PE y pdf cits., pág. 16).- Considera que: “La interpretación que efectúa la Cámara y deja firme sin pronunciarse el TSJ, concluye abruptamente antes de analizar la ley que regía la materia -y allí una clara arbitrariedad por vicio del razonamiento- pues, la reglamentación local, en el aspecto bajo debate, no hace sino remitir a la Ley 25.326, limitándose a afirmar que 'gozarán de la protección allí establecida'. Con ello, no hizo sino desentenderse del real y verdadero análisis del Juicio, optando, ante el menor atisbo de prohibición o excepción, por negar los derechos constitucionales que se reclamaban.
Efectivamente, de los términos de la Ley 25.326, no surge limitación de acceso a esta información. Esta cuestión, ya ha sido analizada en profundidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo CIPPEC, lo que también fue por completo ignorado. Debe remarcarse que, pese a lo indicado por la accionada, no se requiere el acceso a ningún dato sensible, y que, el acceso al listado de titulares de beneficio previsional y aportantes, no es un dato sensible de conformidad a lo normado en la Ley Nº 25.326 de Datos Personales.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 24).- Continúa afirmando: “...lo que entiende y sostiene mi parte es que la información a la que se pretende acceder, ingresa en la órbita de información pública, y que, aun cuando contenga 'datos personales' en tanto y en cuanto no contiene 'datos sensibles' no puede ser limitada en su acceso y difusión.
Esta cuestión ya ha sido resuelta por la CSJN, desde hace ya no poco tiempo, y debiera encontrarse muy clara para todos los funcionarios y agentes públicos. Exceptuar al Estado Provincial del cumplimiento de la obligación de suministrar información pública, es desentenderse de la discusión que se plantea, pues debía ingresar a analizar entonces lo que la ley 25326 protege y cuál es su alcance. Lo que la CSJN sostiene en el fallo citado (CIPPEC, que el TSJ desautoriza para el presente caso) es que, tratándose del manejo de fondos públicos, debe regir el más amplio principio de publicidad...” (cfr. PE y pdf cits. 26/28).- Añade que: “Se sostuvo y señaló en la expresión de agravios ante el TSJ y se reitera ahora en este recurso, cuál es, en definitiva la normativa violada, en tanto se limita el acceso a [la] información pública, datos que hacen al manejo de fondos públicos y actos de gobierno, sin requerir dato personal alguno: listado de aportantes y beneficiarios a la CPS a diciembre de 2020, y montos mensuales (ejercicio 2020) de importes retenidos y aportados en concepto de impuesto a las ganancias.
Es información pública, y debe posibilitarse su acceso a los ciudadanos. Sino (sic) se comprende que ello implica un perjuicio al derecho de acceso a la información pública, es en tanto y en cuento (sic) se menosprecia tal derecho como tal. La negativa a suministrar esta información implica así la violación de normativa local y nacional. Pero también de normativa internacional, y desconoce fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 30/31).- Luego se ordena correr traslado a la parte contraria del recurso extraordinario, quien contesta solicitando se rechace el mismo (cfr. PE682967-2022, CTR00007202.pdf ).-
Afirma al respecto que: “El recurso extraordinario interpuesto por el actor no hace más que demostrar su disconformidad con la resolución adoptada por Cámara (sic), pero no aporta argumentos jurídicos ni fácticos de ningún tipo que puedan llegar a conmover tal decisorio.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 20).-
Considera que en el recurso interpuesto por el actor existe falta de una crítica razonada (cfr. PE cit., págs. 20/21), como así también destaca la inexistencia de cuestión federal. Ello, pues esgrime que: “...la recurrente para intentar acreditar la existencia de cuestión federal aduce que se han vulnerado principios constitucionales, pero concretamente no fundamenta dichas afirmaciones. Así es que intenta construir la existencia de la causa federal, con la mera mención a ella.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 22).- Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, dictamina y expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos por razones de brevedad-, que debe declararse inadmisible el resulto impetrado (cfr. PE698299-2022).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE769147-2024.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. Nº 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), 31/2011 y 38/2011, corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, de las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º. La presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1º del Reglamento); y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia de la Corte elaborada en la materia, que fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales. Asimismo, puso de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), indicando oportunidad y cómo mantuvo reserva del caso federal.- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c), se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual que no derive de su propia actuación, sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- La recurrente refiere en el presente recurso extraordinario al artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar a cual de sus incisos, y enumerando las normas, doctrina y jurisprudencia que considera vulneradas.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. art. cit., inc. 2º de la ley cit.) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora.- Corresponde recordar que, en principio, las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal-, tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado.
A ello cabe agregar que el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad, es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de Provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (cfr. el dictamen de la Procuración General que la Corte hizo suyo en Fallos: 326:621 y sus numerosas citas; v. en idéntico sentido Fallos: 329:4783, entre otros).- (cfr. Otros Recursos, Tomo VIII, Regs. 371, Folio 1407/1410 y 372, Folio 1411/1415).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr.
Tribiño, Carlos R., ob. cit., pág. 116).-
A la luz de lo expuesto podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.-
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello, en razón de la inexistencia de cuestión federal, es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente procura encauzar su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este vicio, debe recordarse que el Máximo Tribunal ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, no se logra demostrar que el criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia sea contrario a derecho o brinde una solución irrazonable a la cuestión litigiosa.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas en que sustenta la decisión. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).- Corresponde concluir, entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1252175-2024.-
2. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE575966-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1005O.241 Tomo: X Interlocutorio: 479 Folio N°: 1814/1818 Secretaría: 1
Fin de la sentencia