Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2230/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 269.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 226/250 vta., y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2230/18-TSJ Interlocutorio N°: 3442 Actor: STOESSEL JAVIER A.
Demandada: ESTADO PROVINCIAL Objeto: AMPARO Fecha: 10-12-2018 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3442 FOLIO Nº 5828/5834 PROT. ELECT. TSS1 103 I.181
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados “STOESSEL JAVIER A. c/ ESTADO PROVINCIAL s/ AMPARO”, Expte. Nº S-18548/17 (S-2230/18-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 269 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia de fs. 192/207 vta.”.-
En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud del recurso de casación articulado por el Dr. Javier A. Stoessel (cfr. fs. 226/250 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 192/207 vta., la cual en lo que aquí interesa hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por la Dra. Romina Gaitán y el Estado Provincial, revocando la sentencia de Primera Instancia. Esta última había hecho lugar a la acción de amparo, declarando nula por inconstitucional la designación de la Dra. Gaitán como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz (cfr. fs. 109/133).- La recurrente expresa que: “Causa agravio la sentencia en cuanto considera que no existe legitimación activa del suscripto y que no existe ‘caso’, lo cual vulnera el art. 43 de la CN que claramente me otorga legitimación para interponer el presente amparo, los arts. 14, 18 y 43 de la CN, y arts. 1, 2, 8 y 25 del Pacto (sic) San José de Costa Rica, que me garantizan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de mis derechos, vulnerando los Principios Pro-Acciones y Pro-Homine que deben aplicarse en autos; todo lo cual vulnera asimismo el art. 18 de la CN, pues torna a la sentencia en arbitraria…” (cfr. foja 234).
Respecto de la legitimación afirma que “…Lo cierto es que como ciudadano y Vocal del Tribunal de Cuentas, poseo primero la pretensión de que sea[n] respetada[s] las normas legales y supralegales en la designación de un vocal, y, luego, también como ciudadano y ya como integrante del Tribunal de Cuentas, que no se vea afectada la legal integración del cuerpo que conformo […] Claramente, un ciudadano y vocal del Tribunal de Cuentas debe poseer la legitimación suficiente y necesaria para requerir la actuación del Poder Judicial cuando la designación de otro de los vocales provoca su ilegal integración pues, posee interés legítimo y derecho subjetivo afectado, ya que su actuación se verá trasvasada por la ilegal constitución del órgano que integra […] No se trata de que el sustrato fáctico presente en autos ‘Colegio de Abogados de Tucumán’ sea o deba ser análogo a este caso para poder citar el mismo, sino de si la doctrina que contiene tal fallo es trasladable como principio al caso.
Lo esencial es si la doctrina allí sentada, es o no aplicable al caso, y eso es lo que debe ser analizado.” (cfr. fs. 234/235).- Continúa su relato expresando que: “Causa agravio la sentencia en cuanto sostiene que se trata de una cuestión no justiciable, englobándola dentro del concepto de las facultades discrecionales, entendiendo por ello que hacer lugar a la demanda implicaría la violación del principio de división de poderes […] El razonamiento así expresado por la Cámara (‘absolutamente incompatible con el ordenamiento constitucional’) que se presenta primero como giro exacerbatorio de la idea, carece en realidad de razonabilidad y cae en la arbitrariedad (art. 18 CN), pues se convierte en la idea de categorías de constitucionalidad por grados […] Sostiene [la sentencia en crisis] además que implicaría una violación del principio de división de poderes.
Suponer esto, implica tanto como negar una de las principales funciones que cabe al poder judicial y el sistema republicano de contrapesos, referido ut supra y a lo que remito. Sobre esta cuestión, vale recordar que esta parte fundamentó la acción de amparo en el desvío de poder o uso disfuncional del derecho; cuestión que resulta ser judiciable aún en los casos de uso de las llamadas facultades discrecio-nales…” (cfr. foja 236 y vta.). Agrega que “La sentencia así dictada, al pretender cercenar el acceso a la jurisdicción, ya sea por la falta de legitimación alegada o por el (sic) falta de un ‘caso judiciable’, es arbitraria también por vulnerar el derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un pronunciamiento que de respuesta a lo peticionado y garantice la tutela judicial efectiva de mis derechos (art. 14 y 18 CN y art. 8 de la CADH).” (cfr. foja 238).- Afirma que: “Como derivado del principio republicano de Gobierno (art. 1 de la Constitución Nacional) el principio de transparencia en los actos ejecutados por la administración pública es indudable.
Pero no solo se encuentra allí normativamente, sino que existe una expresa norma del derecho positivo argentino que exige su observancia en todo acto cumplido por la administración pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley de la Nación Nº 26.097, contiene exigencias puntales (sic) y concretas de actua-ción en los mecanismos de designación de los organismos de control que aquí han sido olvidadas por completo […] surge de la lectura armónica del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que los organismos de control (art. 5) son concebidos como parte de los organismos contra la corrupción (parte esencial, atento su reiterada y expresa mención) organismos en los cuales se debe garantizar la ‘transparencia’ y la ‘independencia necesaria’ para que se desempeñen ‘sin ninguna influencia indebida’.
Pretender que la designación en el organismo de control del cónyuge de un Ministro -integrante de la más alta jerarquía del cuerpo que debe ser controlado- cumple con estas exigencias normativas, es un absurdo, debiéndose con-cluir que la designación en cuestión no se ajusta a la normativa superior y, por ello, corresponde sea revocada. No hay posibilidad de control efectivo y real si el vínculo entre el controlante y el controlado no es independiente.” (cfr. fs. 240 vta./241).- Continúa su recurso expresando que: “…la designación de la Dra. Romina Gaitan es ilegal por ser atentatoria de básicos principios constitucio-nales, derivados del principio republicano de gobierno, y de la esencia misma de un gobierno democrático, esto es, el principio de transparencia en los actos de gobierno, enderezado en este caso al establecimiento de un organismo de control de las cuentas públicas -control real y no meramente formal o simbólico- lo que se encuentra afectado.
Pero en particular, en lo que a este agravio respecta, afecta directamente el carácter de organismo extra poder del Tribunal de Cuentas, desconociéndose el diseño legal y constitucional que para el Tribunal estableció la norma provincial […] Con total claridad, la designación resulta arbitraria y violatoria del sistema legal, por constituir un uso disfuncional del derecho, al atentar contra las finalidades que la ley tuvo en mira al momento de organizar el propio tribunal de cuentas y las potestades para designar sus integrantes, llegando al punto tal que, admitir tal tipo de designación, implica admitir la anulación misma del organismo de control, violando-se de esta manera el principio de legalidad (art. 19 CN), y afectándose el principio de razonabilidad al desnaturalizarse el carácter extra poder y de organismo independiente del Tribunal de Cuentas establecido en el art. 123 de la CP y arts. 1, 5, 19 y cctes. de la Ley 500 (art. 28 de la CN).” (cfr. fs. 242 vta./243).- Por otro lado manifiesta que “…no se objeta la designación de la Dra.
Gaitán por ser ‘mujer’, sino porque posee un vínculo conyugal con un ministro que forma parte esencial del gobierno que debe controlar, siendo ello independiente de la condición de ‘mujer’ u ‘hombre’”. (cfr. foja 245).-
Seguidamente entiende que la sentencia recurrida viola los artículos 18 de la Ley Nº Uno y 35, inciso 3º del CPC y C, al dejar sin efecto la sanción al Fiscal de Estado y a la Fiscal de Estado Adjunta “…no solo se patentiza la violación de la normativa aplicable, sino que se advierte un claro trato discriminatorio en contra de los letrados particulares (al caso, quienes suscriben), en contraposición con los letrados que se desempeñan en la Fiscalía de Estado, pues en el resolutorio en crisis se viola la normativa aplicable y los propios antecedentes de la Cámara, con la única finalidad de revocar la sanción al Fiscal de Estado, lo que viola el art. 16 de la CN y el propio art. 34 ap. 5º, inc. c), que prescribe que los magistrados deben garantizar la igualdad de las partes en el proceso, lo que obviamente no se garantiza si se trata de distinta manera a las partes que litigan contra el Estado Provincial y a sus letrados (sancionándolos sin causa, sin fundamentación alguna), mientras al Estado Provincial y a quienes los representan en juicio (Fiscal de Estado y Fiscal Adjunta, en este caso), se les revoca la sanción sin causa válida y en contra de lo previsto legalmente, cuando se excedieron claramente en la defensa de sus representados y se dedicaron a insultar a la parte contraria, su letrada y el Juez de la causa.” (cfr. foja 249).- Por último expresa que: “…la Cámara, apartándose de la ley a aplicar en autos, y en una errónea aplicación del art. 68 del C.P.C. y C., le impone las costas a esta parte, cuando expresamente el articulado específico de la Ley 1117 y modif. de Amparo indica lo contrario a lo decidido por el ad quem. Que entonces se advierte a todas luces que lo manifestado torna arbitraria la sentencia recurrida, y constituye una grave violación de la ley vigente.” (cfr. foja 250).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 250 y vta.).-
A fs. 259/260 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
A foja 268 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que conforme ha quedado planteado el presente recurso de casación, corresponde en primer término verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial; teniendo en cuenta que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina: condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc., apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. L.E.P. S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., págs. 243/244 y TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomo XXVI, Reg. 3131, Folio 5132/5135 y Reg. 3143, Folio 5153/5156).- De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar de la casación a los fines de decidir si ha sido bien o mal admitido el recurso, cabe señalar que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3274, Folio 5431/5433, entre otros).-
En este aspecto, los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre la cuestión de la legitimación y de normas anticorrupción. Pero en relación a estos asuntos tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021).-
Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos I, Reg. 86, Folio 143/144 y XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764).
Es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Alto Cuerpo: “…No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesiona-das, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria (confr. TSJSC, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1632, Folio 2348/2350; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2619, Folio 3918/3920; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641). Que, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sola mención de preceptos no basta para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), correspondiendo, por todo ello, desestimar tal pretenso agravio.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3042, Folio 4927/4930).- Las conclusiones a las que se arribara en la sentncia de Segunda Instancia no son refutadas por la recurrente mediante argumentos condu-centes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación, sino que constituyen una mera discrepancia con el criterio adoptado por los Magistrados.
En este sentido este Alto Tribunal ha dicho: “…que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (conf.
Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2661, Folio 4030/4032; ídem, Reg. 2685, Folio 4097/4099; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2854, Folio 4498/4502).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3107, Folio 5078/5080).- En cuanto a la denuncia de una supuesta violación de distintos principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. SCBA, “Castaño Feliciano y otra c/ Garrote José María y otros s/ Daños y perjuicios”, del 4/06/1996, causa LP Ac. 57.103 y “Quiroga Alberto y otros c/ La Colorada Sociedad Anónima Comercial e Industrial s/ Daños y perjuicios”, del 17/02/1998, causa LP Ac 59.337).-
Asimismo carece de idoneidad para superar el valladar que se interpone en el acceso a esta instancia extraordinaria la pretendida calificación de la sentencia como arbitraria, toda vez que la recurrente no esboza ningún argumento atendible que permita vislumbrar la existencia de alguno de los presupuestos que la configuran. Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que “… para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorios, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- La impugnante ataca el fallo de grado tildándolo de arbitrario, sin embargo, no intenta argumentar sobre la arbitrariedad que alega, es decir sobre una sentencia que se aparte, en forma inequívoca, de la solución normativa prevista para el caso o que padezca de una carencia absoluta de fundamentación, así como también que se funde en afirmaciones meramente dogmáticas u omita pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Nueva Edición Ampliada y Actualizada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, págs. 440/443).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A.
Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- Así las cosas, examinados los términos del recurso, se advierte que no posee fundamentos suficientes para acceder a esta instancia. El fallo recurrido, en su parte pertinente, sostuvo: “El pronunciamiento del Máximo Tribunal en la causa ‘Colegio de Abogados de Tucumán’ no resulta aplicable al caso sub examine, puesto que el mismo se dictó en condiciones que no guardan punto de contacto alguno con los hechos que aquí se ventilan. En esa oportunidad, la Corte reconoció que todo ciudadano tiene derecho a cuestionar judicialmente el proceso de reforma constitucional provincial cuando alega que fue realizado en violación a las normas preestablecidas para ello […] el Alto Tribunal reconoció la legitimación procesal del Colegio de Abogados de Tucumán, al haber considerado que no estaba frente a un problema de legitimación corriente, dado que no se debatía sobre la interpretación de normas de la Constitución, sino sobre las reglas que permiten modificarla.
Nada de esto ocurre en nuestro caso, en el que no se encuentra en tela de juicio la vigencia o mantenimiento de la Constitución Nacional o Provincial, sino que lo que se debate es su interpretación armónica con normas positivas de orden legal y supralegal destina-das a designar un vocal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.” (cfr. foja 196 y vta.); y “…una concepción laxa en la materia que admita sin más la legitimación activa con la sola invocación del título de ciudadano -sin que titularice un derecho, ni sea afectada, ni sufra perjuicio- llevaría a introducir sin habilitación normativa la acción popular, en abierta contradicción a nuestra tradición jurídica. Tampoco resulta apta la condición de vocal del Tribunal de Cuentas del amparista para justificar su legitimación activa, desde que la parte actora no acreditó de qué modo la designación de la Dra.
Gaitán le impide el ejercicio de sus atribuciones o afecta el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Desde luego que la invocación genérica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sin el correlato de un supuesto de hecho que se subsuma ciertamente en sus normas no permite verificar una afectación suficiente que acredite su legitimación. Además resulta menester recordar que la representación de ese cuerpo colegiado ante las autoridades judiciales se encuentra expresamente en cabeza de su Presidente (cfr. art. 24 de la ley Nº 500).” (cfr. foja 197 vta.).- El criterio adoptado por la sentencia en crisis también fue esgrimido por un sector de la doctrina nacional. Así encontramos que: “…la Corte advierte que la ‘configuración del ‘caso’ resulta diferente a la delineada por el Tribunal en precedentes’ porque el derecho involucrado es distinto a los de los comprendidos en los precedentes referidos.
¿Y que clase de derecho es éste? Pues el derecho a la forma republicana de gobierno, porque afecta la fuente misma de toda legitimidad” (cfr. Mariana Urdampilleta, “¿Nuevo paradigma de legitimación?”, LL 2015-C, pág. 486). En igual sentido: “…la Corte Suprema sentó las bases de una doctrina amplísima en materia de legitimación procesal para impugnar una reforma constitucional viciada. En efecto, dejó prácticamente abiertas las puertas para que cualquier ciudadano pueda hacerlo en defensa de la forma republicana de gobierno […] Lo que se postula abiertamente es que, dada la magnitud de lo que está en entredicho, hay una suerte de ‘acción ciudadana de defensa institucional’ o ‘Acción de defensa ciudadana de la forma republicana de gobierno’, distribuida difusa, igualitaria y potencialmente en cabeza de todos, para demandar el control judicial de los posibles desvíos en que pudiera incurrir una Convención […] En tren de modular la apertura que antes había postulado, en el Considerando 12, la Corte Suprema precisa que la acción no podrá ser abierta a ‘cualquier persona, aunque no titularice un derecho, ni sea afectado, ni sufra perjuicio’.
Y luego aclara que, como aconteció en Tucumán, el accionante deberá acreditar ‘un nexo suficiente, aunque no se requiere que sea suyo exclusivo’, con el derecho o interés que alegue el promover el caso.” (cfr. Federico Abel, “Tucumán alumbró una nueva acción ciudadana en defensa institucional”, LL 2015-C, págs. 537/541).- En definitiva, la recurrente pretende que se revoque la sentencia de la Alzada meramente por no haber seguido sus razonamientos, lo cual es insufi-ciente para habilitar esta vía extraordinaria.-
A igual conclusión corresponde arribar respecto de la legitimación sustentada en su calidad de Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, no esgrimiendo la recurrente agravios idóneos que permitan el acceso a esta instancia extraordinaria.-
Aún reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema deciden-dum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorios, Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Por lo tanto, se advierte en estos agravios la insuficiencia técnica en su fundamentación.-
En lo que concierne a la condena en costas, cabe realizar algunas consideraciones.-
Cabe señalar que la mayoría de los máximos Tribunales de Provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (cfr. SCJ Mendoza, sala I, “Fema S. R. L. c/ Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: LA LEY 1997-D, págs. 324/325, 22/11/1996; SCBA, “Junta Nacional de Granos c/ Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: LA LEY 1994-B, pág. 264, 26/10/1993, entre otros) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324).-
Así, en lo atinente a la imposición de costas: “…los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (conf. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. LEP, 2a. ed., pág. 407 y 614). Al respecto, este Alto Cuerpo ha sostenido: ‘…se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. SCBA, AyS, 1973-II-482; ídem, 1974-I-1125; ídem, 1977-I-998; ídem, 1977-III-578 y 704; ídem, 1978-III-579; DJBA, 118-322, 121-134, 123-335, 127-257, 130-182, 132-29; TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; ídem, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; ídem, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994; ídem, Tomo II, Sentencia, Reg. 85, Folio 375/378)…’ ” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- En efecto, el intento recursivo no puede prosperar ya que esta vía extraordinaria está vedada, en principio, al planteo sobre imposición de costas. Las impugnaciones que se susciten en estos casos, no pueden sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo. Circunstancia que no se advierte en autos (cfr. Fallo cit.).-
Por último cabe referirse al agravio relativo a la sanción al Fiscal de Estado y a su Adjunta. Se debe señalar que es condición de admisibilidad de todo recurso, entre ellos, el de la casación, la existencia de interés (o gravamen) en el recurrente. El interés es, entonces, la medida del recurso.-
Este Tribunal ha expresado que: “La resolución para ser recurrible debe necesariamente haber ocasionado un gravamen para quien la impugna, el cual no se presenta en el sub lite. En esta inteligencia, se ha dicho que un requisito de admisibilidad para cualquier recurso es que exista gravamen (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos ordinarios”, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 2000, pág. 78); y que: ‘…debe necesariamente haber causado al recurrente un gravamen que dé origen al interés de recurrir, por tanto debe existir una desventaja o perjuicio o lesión concreta, al punto que si ésta no posee ningún sentido desfavorable, carece de derecho impugnaticio, aunque lo afirmase.’ (cfr. CSJ Tucumán, sala Laboral y Contenciosoadministrativa, “Herrera, Edmundo F. y otros c. Grafa S.A.”, del 2 de marzo de 1998, Cita Online: AR/JUR/18/1998).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. Nº 3239, Folio Nº 5365/5368).- Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “…es doctrina de este Tribunal que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se brinda sino a aquellos que justifican un interés que legitime el acceso a esta sede extraordinaria, pues a falta de él no hay petición audible en la instancia casatoria (conf. Ac. 64.198, del 15-VII-1997); y que tal acceso a la vía extraordinaria requiere la existencia de un agravio actual y no meramente hipotético o eventual (conf. causas L. 29.830, sent. del 7-VIII-1981, Ac. 31.440, sent. del 19-IV-1983; el destacado me pertenece), requisito que con relación a las referidas sanciones no puede tenerse por cumplido en el caso, pues la recurrente ni siquiera ha alegado que ellas le hayan sido impuestas” (cfr. SCBA, “Nidera S.A. c/ Municipalidad de Moreno. Recurso extraordinario de inconstituciona-lidad”, del 24 de mayo de 2016).- Por lo expuesto, se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen personal, concreto y actual que habilite esta instancia de excepción.-
Además, la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales que dicho llamado de atención les ha ocasionado (cfr. fs. 246 y ss.), no son mas que una mera enunciación de principios y garantías supuestamente vulnerados que no logra fundar adecuadamente respecto de la violación de la ley y la arbitrariedad denunciada.-
Precisamente esta carencia de una base mínima de admisibi-lidad que exterioriza el recurso, torna imposible el acceso a la presente instancia extraordinaria.-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, entendemos que el recurso de casación articulado por la actora a fs. 226/250 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260 vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada, a foja 250 y vta. Así lo votamos.- Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi disidencia con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación. En consecuencia considero que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayo-ritario y concordante de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y la disidencia del Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 269.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 226/250 vta., y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260 vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1103I.181 Tomo: XXX Interlocutorio: 3442 Folio N°: 5828/5834 Secretaría: 1
Fin de la sentencia