Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2230-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 305/324 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2230-TSJ Interlocutorio N°: 435.-
Actor: STOESSEL JAVIER A.
Demandada: ESTADO PROVINCIAL Objeto: AMPARO Fecha: 23-08-2019 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 435 FOLIO Nº 1650/1655 PROT. ELECT. TSS1 023 O.191
Río Gallegos, 23 de agosto de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “STOESSEL JAVIER A. c/ ESTADO PROVINCIAL s/ AMPARO”, Expte. N° S-18.548/17 (S-2230/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal interpuesto por el Dr. Javier A. Stoessel (cfr. fs. 305/324 vta.), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 294/300, por cuanto declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por aquel, revocando, en consecuencia, la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. fs. 259/260 vta.).- Respecto de la cuestión federal, manifiesta: “…En este litigio se ha cuestionado la constitucionalidad y legalidad de normativa provincial (Decreto que propuso a la Dra.
Gaitán y posteriormente aprobación de la legislatura como Vocal del Tribunal de Cuentas), por violar y contraponerse a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por Ley 26.097 con jerarquía supra-legal según el art. 31 de la CN. Asimismo, por violar la garantía de transparencia y la garantía de independencia funcional en el manejo de fondos públicos y que se derivan del art. 1 de la C.N. (por afectar la forma republicana de gobierno); art. 19 de la C.N. (por violarse el principio de razonabilidad); y la decisión del TSJ, al rechazar la casación y confirmar el decisorio de Cámara, ha sido en contra del derecho de esta parte que se funda en dichas normas federales; por lo que existe un caso federal en los términos del inc. 2º del art. 14 de la Ley 48.
Asimismo, y atento que también se ha cuestionado la inteligencia y alcance de la normativa federal antes detallada y que establece la garantía de transparencia y la garantía de independencia funcional en el manejo de fondos públicos; y la decisión del TSJ, al confirmar el rechazo de la acción de amparo, con fundamento en dicha normativa, ha sido en contra del derecho de esta parte que se funda en dichas normas federales, por lo que existe un caso federal en los términos del inc. 3º del art. 14 de la Ley 48. Se configura además un caso de gravedad institucional (Fallos 326:417, 324:3243, 307:973) pues se verifica en autos la irregular integración de un órgano esencial de la vida institucional de esta Provincia, como es el Tribunal de Cuentas, único órgano de control externo, al integrarlo con un vocal que no garantiza la independencia necesaria por ser familiar directo del ministro de gobierno provincial, designación que vulnera normativa federal que tutela la transparencia en el manejo de fondos públicos y la independencia que deben poseer los organismos de control del poder político, de allí riesgo y afectación del sistema republicano y la gravedad institucional del caso.
Asimismo, se configura en autos un supuesto de caso federal por sentencia arbitraria (Fallos: 296:588, 295:322, 334:852, 332:1210, 332:466) por cuanto el fallo carece de fundamentación suficiente y es una decisión meramente dogmática, se aparta de las constancias de la causa, no analiza debidamente los argumentos brindados por esta parte articulados y se dicta en violación de la ley aplicable, no siendo el fallo derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente; incurriéndose de esta manera en una clara arbitrariedad por violación del debido proceso y derecho de defensa garantizados por el art. 18 de la CN y art. 8 de la CADH, como asimismo en una vulneración del derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un fallo que brinde respuesta a lo peticionado y otorgue la tutela judicial efectiva de mis derechos, garantizados por los arts. 14 y 18 de la CN y art. 8 y 25 de la CADH.” (cfr. fs. 305 vta./306).- Expresa la recurrente: “…primer agravio: omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y violación del principio de tutela judicial efectiva.
Como nada ha tratado en concreto el TSJ, no se explayará aquí el contenido de aquello que no trató, siguiendo con ello la instrucción de la Acordada de estilo de evitar reiteraciones innecesarias. De allí que la sentencia así dictada es arbitraria por vulnerar el derecho a peticionar ante las autoridades y obtener un pronunciamiento que de respuesta a lo peticionado y garantice la tutela judicial efectiva de mis derechos (art. 14 y 18 CN y art. 8 y 25 de la CADH).” (cfr. foja 314 y vta.).- También afirma: “En síntesis, y por encontrarse afectado el principio republicano de gobierno (art. 1 CN), y la normativa que exige parámetros y criterios mínimos en la designación de funcionarios en organismos de control, que garanticen la transparencia e independencia funcional de los mismos (Ley de la Nación Nº 26.097 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), la designación se encuentra viciada, careciendo de razonabilidad y deviniendo en arbitraria (art. 19 CN) correspondiendo se deje sin efecto la misma.
Interpretar la situación de un modo diverso, implicaría tanto como pretender que los compromisos internacionales asumidos por el Estado como prácticas anti corrupción, son solo declamaciones demagógicas y políticas carentes de significación real y efectiva en las relaciones sociales y civiles. Contrariamente a ello, de tales principios, es obligación de los jueces -y derecho reclamable por los ciudadanos- que se garantice su observancia, debiéndose nulificar y/o revocar todo acto que de modo manifiesto y notorio se aparte de los mismos; y, si los convenios internacionales convertidos en derecho interno exigen que se garantice la actuación independiente y transparencia en los organismos de control, no pueden los Jueces admitir la validez de una designación que claramente los vulnera. 2.
Pero no se fundó la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta solo en la infracción a compromisos internacionales asumidos por la referida convención, sino también en la arbitrariedad por uso disfuncional del derecho, constitutivo de abuso o desviación de poder.” (cfr. foja 318).- Por otro lado entiende: “Al fundar la casación, cuyo análisis omitió el TSJ, se indicó expresamente la interpretación contraria al tratado internacional que se alegaba, y la arbitrariedad en el razonamiento, de modo puntual y preciso; indicándose que el fallo realizaba una errónea aplicación de los arts. 7, 16 y cctes. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lo cierto es que no se interpuso un amparo por la condición de mujer de la Dra.
Gaitán, cuestión que resulta completamente indiferente. La objeción se realiza en atención al vínculo marital que posee con un miembro del gobierno al que debe auditar, independientemente de su condición de varón o mujer. Para que exista un trato discriminatorio, la solución que se requiere al caso debiera variar en el caso de que fuera hombre; lo que para nada se advierte que pueda ser así, ni fue planteado el amparo en esos términos. Huelga señalar que la situación de hecho que se alega en la acción de amparo, y que se plantea viola la convención contra la corrupción, es la designación como vocal en el tribunal de cuentas de una persona que posee una relación marital con un ministro del gobierno que debe controlar.
Es decir, que se coloque a una persona a controlar a su cónyuge.” (cfr. foja 320 y vta.).- Por último alega: “La decisión del TSJ afecta así el principio de legitimación amplia receptado por la CSJN, y en el art. 43 de la Constitución Nacional. Carece de asidero jurídico y lógico, el sostener que un Vocal del Tribunal de Cuentas no puede interponer una acción en su calidad de vocal y ciudadano cuando entiende que con actos cumplidos por otros poderes se está afectando la legal integración del órgano que integra, pues en tal caso, no existiría autoridad ni ciudadano ni persona alguna que pudiera prevenir y requerir el análisis jurisdiccional de lo que se estima un obrar ilegal, perjudicándose entonces también el derecho de acceso a la jurisdicción.
De allí que se configura además un caso de gravedad institucional (Fallos 326:417, 324:3243, 307:973) pues se verifica en autos la irregular integración de un órgano esencial de la vida institucional de esta Provincia, como es el Tribunal de Cuentas, único órgano de control externo, al integrarlo con un vocal que no garantiza la independencia necesaria por ser familiar directo del ministro de gobierno provincial, vulnerando la normativa federal antes detallada. (cfr. foja 324 y vta.).- A foja 326, se ordena correr traslado del recurso a las demandadas por el término de ley, el cual es contestado a fs. 329/339 por la Sra. Romina Fernanda Gaitán, y a fs. 340/346 vta., por la Provincia de Santa Cruz, donde expresan su oposición a la concesión del recurso incoado.-
A foja 348, se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 349/350 vta. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 351 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación del actor y tal como lo disponen el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48, y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por su similar Nº 3/12), corresponde que este Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d), del artículo 2º, por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (artículo 1º del Reglamento).-
En cuanto a los requisitos contemplados en el artículo 2º, se observa que la recurrente, acompañó en hoja aparte, la carátula exigida, sin embargo, en la misma se indicó como nombre y apellido del presentante uno equivocado (cfr. foja 304).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, que fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633, entre otros).-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto. Es decir, pese a que el actor realizó un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, dividiéndolas en las distintas etapas procesales por las cuales discurrió (demanda, contestación de la Dra. Gaitán y de la Fiscalía de Estado, sentencia de primera instancia y de Cámara y recurso de casación), ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso debido a que únicamente afirmó, de modo genérico, que: “La cuestión federal fue introducida oportunamente con el escrito de demanda (fs. 32), y mantenida en el recurso de casación (fs. 250).” (cfr. foja 306 vta.), mas no indicó el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal, y omitió precisar, además, la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Andrés Gil Domínguez: “Técnica Jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja” Ed. Edial, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada 4/2007, se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cit., págs. 107/108), sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, deberían haber resuelto los magistrados intervinientes, a mencionar una serie de derechos y principios constitucionales que -a su criterio- habrían sido menoscabados, y a sostener de modo genérico, y en más de una ocasión, que se vería afectada la “garantía de transparencia y de independencia funcional en el manejo de fondos públicos”.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y artículo 14 de la Ley Nº 48. Puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- En tal sentido, observamos que el actor funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48, si bien especificando los incisos en los que se funda, lo hace sin indicar, con la seriedad suficiente, de que forma fueron vulneradas las normas federales que invoca.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (artículo 14, inciso 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una ley provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o leyes del Congreso (artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se resolvió declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el actor y revocar, en consecuencia, la resolución que lo había concedido (cfr. fs. 294/300).
Dicha decisión obedeció a que del estudio de la casación presentada por la recurrente se advertía que la impugnación no resultaba idónea y suficientemente fundada, y que las conclusiones a las que se arribó en la sentencia de Segunda Instancia no fueron refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el decisorio, sino que constituyen una mera discrepancia con el criterio adoptado por los magistrados.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: “…el planteamiento que efectúa la parte actora exige, en forma ineludible, interpretar varias disposiciones de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero vinculadas con el régimen establecido para la designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas local, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local (Fallos: 326:193 y 3448; 327:1797; 329:5809 […] Bajo estos términos, resulta claro que la cuestión federal que propone la parte actora -que funda su pretensión en disposiciones de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero- no es exclusiva ni es la predominante en la causa, toda vez que se deduce en el marco del proceso de designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas provincial que se rige por las normas de derecho público local, a las que para la solución del pleito el intérprete deberá acudir ineludiblemente.
Por lo tanto, es mi parecer que corresponde a la justicia de la Provincia de Santiago del Estero expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 314:620 y 810; 318:2534 y 2551; 324:2069; 325:3070).” (cfr. Fallos 340:1078 -del dictamen de la Procuración General que la Corte comparte y al que remite).- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. inciso e), del artículo 3º de la Acordada 4/2007).
Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Silvia B. Palacio de Caeiro: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, págs. 431/432).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, inciso d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones no federales: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que el actor intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265, entre otros).- En autos, la presentación en estudio denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y trascripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- Cabe agregar a lo expuesto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 -Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt- y 2421; 310:722 -disidencia del Dr. Santiago Petracchi-; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Finalmente, debe recordarse que el Alto Tribunal ha dicho, reiteradamente, que “…las resoluciones por las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local que se interponen ante ellos no son, en principio, revisables en la instancia del art. 14 de la ley Nº 48 y la tacha de arbitrariedad a su respecto es sumamente restrictiva…” (cfr. Fallos: 327:5416 -del dictamen de la Procuración General que la Corte comparte y al que remite-).-
IV. Por último, y en relación a la gravedad institucional que, a entender del recurrente, se configura en el sub examine, debemos señalar que tal invocación únicamente se traduce en un mero intento de suplir la falta de cuestión federal y de la inexistencia de arbitrariedad. Al respecto, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que “…en cuanto a la invocación de gravedad institucional, ella no se configura tan sólo por la simple mención, como ocurre en el caso, de que la cuestión ha excedido el marco del interés particular. En tal sentido esta Corte ha sostenido que la gravedad institucional que compren de (sic) a aquéllas cuestiones que exceden el interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad (Fallos: 290:266; 293:504; 307:770; entre muchos otros), en el caso de concurrir, solo facultan al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales del recurso, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal…” (Fallos 326:183; en igual sentido 325:2534, 326:2710). Además, al igual que ocurre en el caso de la arbitrariedad, “…la invocación de gravedad institucional no puede prosperar si no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su configuración con la explicación de qué perjuicios específicos (por su magnitud o entidad) trascienden el interés de la parte y afectan de modo directo a la comunidad, ni se advierte que el pedido de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga más alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VI, Reg. 298, Folio 1142/1146).- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna y de no haber dado cumplimiento acabado con los recaudos previstos en la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 305/324 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández y en uso de licencia el Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023O.191 Tomo: IX Interlocutorio: 435.-
Folio N°: 1650/1655.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia