Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-90007001-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.551.316 (pesos un millón quinientos cincuenta y un mil trescientos dieciséis) equivalente a 24,41 (veinticuatro con 41/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $3.878.290 (pesos tres millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos noventa) equivalente a 61,03 (sesenta y uno con 03/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 3495/2024 (19/12/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-13214429-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Febrero de 2025 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EXPTE. EX-2023-90007001- APN-SGAI#TFN, caratulado “STORANI Y ASOCIADOS SA s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante la RE-2023-89996804-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra tres resoluciones de fecha 29/06/2023, dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la AFIP-Dirección General Impositiva. Por la primera - Resolución N° 152/23 – se determinó de oficio con carácter parcial el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2017 a 2019 por medio de la cual se redujo el saldo a favor exteriorizado originalmente por el contribuyente.
Por la segunda –Resolución N° 153/23- se determinó con carácter parcial el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 02/2016 a 01/2016 inclusive con más intereses resarcitorios e impuso una multa equivalente a tres (3) veces el monto del gravamen evadido por los períodos 10/2016, 02/2017, 01/2018, 06/2018, 07/2018, 09/2018 y 10/2018 con sustento en lo dispuesto por los artículos 46 y 47 inc b) y c) de la ley 11.683 (t.o vigente). Por la tercera, -Resolución N°154/23- se determinó el Impuesto a las Salidas No Documentadas por los periodos fiscales 10/2016, 12/2016, 02/2017, 07/2017 a 09/2017, 01/2018, 02/2018 y 06/2018 a 10/2018 con más intereses resarcitorios y aplica una multa equivalente a tres (3) veces el monto del tributo de acuerdo con lo establecido por los artículos 46 y 47 inc b) y c) de la ley 11.683 (t.o vigente).
Se agravia que el ente recaudador considere a ciertos proveedores como sujetos apócrifos o sin capacidad económica para prestar los servicios facturados, a pesar que ninguno de ellos se encontraba incluido en la base e- Apoc a la fecha de contratación. Argumenta que los contribuyentes no pueden acceder a información fiscal y/o bancaria de terceros en virtud del secreto fiscal y el secreto bancario y financiero y por lo tanto sostiene que la prueba recabada por la fiscalización violentando tales presupuestos no debe ser tenida en cuenta. Indica que la impugnación de la operatoria concertada con los RD Vial SRL, Logitecnich Group SRL y los Sres. Garaggiola, Claudio y Galeno, Sebastian se sustentan en indicios no previstos en ninguna ley pero configurados sobre la base de irregularidades o incumplimientos de tipo fiscal de los nombrados, como así también cuentas bancarias sin movimiento o acreditaciones superiores a las ventas declaradas, empresas con socios en común, entre otros.
Hace especial mención a las pruebas ofrecidas y medidas para mejor proveer rendidas en sede fiscal a fin de demostrar la realización de una obra civil encomendada por la Federación Argentina de Entidades de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para lo que se requirió la contratación de los proveedores objetados. A ello agrega que los pagos por esos servicios fueron realizados con cheques librados a la orden de los proveedores involucrados, considerando que el hecho de que los terceros hayan endosados los cartulares no puede ser tomado como un indicio de que las operaciones impugnadas no han existido.
Brevemente se refiere a los proveedores objetados dando las razones por las que debe darse por válidas las facturas cuestionadas, y pone énfasis en que la participación de RD Vial SRL era necesaria para la realización de la obra civil antes mencionada, dado que esa empresa es la que habría realizado el servicio de nivelación y remoción de suelos, indicando que tenía empleados y máquinas y que no es responsabilidad del recurrente conocer si la maquinaria era de su dominio o de terceros, remitiéndose a la prueba testimonial, fotográfica y documental que adjunta.
En cuanto a las sanciones aplicadas, indica que los actos apelados carecen de motivación fáctica y legal para tener por acreditada la defraudación fiscal imputada, ello por cuanto en los mismos no pudo ser probado el ardid o engaño.
Por los argumentos expuestos y la prueba que ofrece, solicita que se disponga la revocación de los actos apelados, con costas al Fisco Nacional y hace reserva de caso federal.
II. Que por medio del IF-2023-123625173-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Previo a todo, pone de resalto que el procedimiento de determinación de oficio se ajustó a las disposiciones de la ley de Procedimiento Administrativo y la ley de rito fiscal, admitiéndose las pruebas ofrecidas y dictando medidas para mejor proveer, resguardando el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo.
Manifiesta que los argumentos y pruebas allegadas por la actora no son suficientes para acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas, ello en base a los indicios graves, precisos y concordantes colectados durante la fiscalización y el procedimiento de determinación, respecto de la imposibilidad de los proveedores de prestar los servicios que dice haber contratado. Expone que si bien la recurrente no es responsable por los incumplimientos formales de sus proveedores, sí lo es en lo que hace a demostrar la efectiva adquisición de bienes y/o servicios facturados.
Afirma la procedencia de los intereses resarcitorios, indica que los mismos resultan paliativos de la falta de disposición por el Estado de los impuestos debidos, desde la fecha en que el pago debió efectuarse hasta su efectivo ingreso, y no como la aplicación de una sanción.
Asimismo, sobre las sanciones aplicadas sostiene que de los elementos colectados en sede administrativa permitieron tener por acreditado el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos, considerando que la conducta se encuentra debidamente encuadrada en las normas citadas en los actos en crisis. Por los argumentos de hecho y de derecho que desarrolla, se opone a la producción de la prueba ofrecida por la contraria y pide que, oportunamente se dicte sentencia confirmando los actos apelados en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que mediante la PV-2023-142301934-APN-VOCX#TFN se hizo lugar a la oposición del Fisco Nacional a la prueba testimonial ofrecida y se admitió la producción de la informativa y la pericial técnica Que por medio de la PV-2024-42325924-APN-VOCX#TFN se da por decaído el derecho del recurrente a realizar la informativa individualizada en los puntos 6.1.1. y6.1.2. de su escrito recursivo y se dispone la clausura del período probatorio. Por PV-2024-48894083-APN-VOCX#TFN se eleva la presente causa a conocimiento de la Sala “D”. Finalmente, por IF-2024-49637416-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, obrando agregados en IIF-2024- 55381713-APN-DTD#JGM e IF-2024-55546126-APN-DTD#JGM las presentaciones realizadas por las partes a tal fin.
Finalmente por IF-2025-12622767-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que, según surge tanto de las resoluciones apeladas como del informe final de inspección (fs. 235/254 cpo ppal II IVA OI 1875225 agregado al IF-2023-123886938-APN-DTD#JGM), la aquí recurrente declara como actividad principal la de “Construcción, reforma y reparación de Edificios no residenciales”, cerrando sus ejercicios comerciales en enero de cada año. Que el cargo tiene origen en la investigación por “usuaria de facturación apócrifa”, centrando la fiscalización en las operaciones concertadas con los siguientes proveedores: Logitecnich Group SRL, Galeano, Sebastián Antonio; Garaggiola, Claudio Daniel; y RD VIAL SRL.
En relación a éstos, surge de los respectivos informes finales de inspección que derivaron en su inclusión en la base apoc las siguientes inconsistencias: a) respecto de los dos primeros proveedores se indica que no reflejan capacidad económica, financiera ni estructura organizativa para desarrollar las actividades en los que se encuentran inscriptos y por la facturación emitida; b) sobre el tercero de los nombrados tampoco refleja capacidad operativa, no posee depósito de mercadería ni domicilio comercial y las operaciones presentan irregularidades en la cadena de comercialización y d) en caso concreto de RD VIAL SRL, no aportó documental alguna durante las fiscalizaciones a usuarias se la incluyó en la base apoc bajo el concepto “con resistencia a la fiscalización”.
Que sobre esta base, el fisco procedió a impugnar el crédito fiscal de las operaciones realizadas con los proveedores mencionados determinando la incidencia en el impuesto a las ganancias indicándose que en período 2017 surge impuesto determinado pero no genera saldo a favor de la AFIP, en el período 2018 tampoco da impuesto a pagar en virtud de verificarse un quebranto en la declaración original que genera una disminución del mismo y en el 2019 considerando el quebranto del período anterior, se determina impuesto a pagar pero que es absorbido por las retenciones y el saldo a favor existente. Asimismo, se estableció el gravamen en concepto de salidas no documentadas, conforme lo establecido por el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
Que, cabe señalar que el Fisco no cuestiona que la obra civil que le fuera encargada a la recurrente haya sido realizada, sino que haya sido realizada con los proveedores mencionados, haciendo notar que en el informe final se hace constar que la totalidad de los comprobantes observados fueron registrados y declarados por el recurrente, verificándose que están incluidos en el Régimen Informativo de Compras, cuyos totales coinciden con los créditos fiscales declarados. Además, se expone que sobre la forma de cancelación: a) en el caso de Garaggiola, Claudio y RD VIAL SRL de los extractos bancarios aportados los inspectores constataron el débito correspondiente a cada cheque emitido para el pago a nombre de éstos proveedores, haciendo notar los cartulares correspondiente al primero de los nombrados solo contienen un endoso realizado por el mismo, mientras que los de RD VIAL SRL contienen un segundo endoso por parte de diversas empresas que fueron debidamente individualizadas en el informe bajo estudio; y b) para Galeano, Sebastian y Logitecnich Group SRL la recurrente no aporta documentación alguna ni mayores datos al respecto.
V. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Que la actora centra sus agravios en el método presuntivo aplicado por el Fisco al que califica de arbitrario alegando que al momento de celebrarse las operaciones discutidas, los proveedores se encontraban validados por el Organismo. Asimismo, argumenta que las irregularidades detectadas por la administración no pueden ser imputables a su parte, alegando que actuó con buena fe.
Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente, ello se corresponde con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde la ley de procedimiento tributario le otorga al Fisco Nacional amplias facultades para verificar los datos contenidos en las declaraciones juradas confeccionadas por los contribuyentes y/o respondables, recayendo sobre los contribuyentes y terceros, el deber de colaboración con el organismo fiscal, puesto que, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que esta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, "Curso de Derecho Tributario", Ed. Cima, 1980, pág. 310).
La doctrina ha definido a las presunciones, como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede (ver, al respecto, García Mullin, Roque: "Las presunciones en el derecho tributario" - Revista Derecho Fiscal - T. XXXVIII - pág. 489). Así, la presunción supone: a) un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante) sobre cuya existencia no existen dudas; b) elaborar, a partir de él, una regla de experiencia que nos dice cómo es normalmente el orden natural de las cosas; c) derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (hecho inferido, presumido, fundado) sobre el cual en realidad, no tenemos certeza alguna. En suma, las presunciones exigen la existencia de un planteamiento deductivo del que se haga derivar un juicio lógico, de modo que en sus normas reguladoras ha de existir siempre un hecho base cierto del que se extrae otro que es su consecuencia (cfr. TFN "Clapea SACIFI" del 5/9/1989; "Acería Bragado SA" del 27/12/1996; "Chacra Abdelmassih" del 27/8/1998 "Manufacturas Centauro" del 18/2/1999 y "Pluma Blanca SA" del 3/5/1999,entre muchos otros). Que, en estas condiciones, no resulta ocioso recordar que la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración.
Que la ley de procedimiento tributario faculta al organismo recaudador a determinar de oficio la obligación impositiva, cuando el contribuyente no presente las declaraciones juradas o, que las mismas resulten impugnables, y en ese caso liquidar el gravamen correspondiente en forma directa, por conocimiento cierto de la materia imponible, o por estimación, si los elementos conocidos sólo permiten suponer la existencia y magnitud de aquella. En esta línea, el art. 18 establece distintos indicios que el Fisco puede valerse para arribar a tal estimación, fijando aquellos que admiten prueba en contrario. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resover la causa “S.I.A. S.A.”, sentencia del 06/09/1967 expresó que: “... no significa que la mencionada Dirección tenga en la materia facultades omnímodas y fuera del control judicial, puesto que para ello le acuerda directa intervención a los tribunales. Pero, al mismo tiempo, debe recordarse que también el contribuyente se halla obligado a suministrar los necesarios comprobantes para evitar que, en el sistema basado en declaraciones juradas, pueda aquél formularlas en la forma que mejor cuadre a sus intereses, aún mediante la inclusión de datos ajenos a la realidad. Tanto la amplitud del control administrativo, como la obligación del contribuyente de suministrar los elementos probatorios vinculados con sus operaciones surgen nítidamente de lo que dispone el artículo 40 de la ley 11.683. Más aún, el artículo 41 -actual art. 35- establece expresamente que es facultad de la Dirección “exigir de los responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado”, es decir el imponible”....“ De lo dicho, se desprende que, cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican a los demás juicios. Y, en todo caso, si la actora pretendía que el método empleado por la Dirección General Impositiva fue erróneo, tuvo todas las oportunidades de demostrarlo”.
Que ello así, debe entenderse que el procedimiento seguido por el ente recaudador en el caso se ajusta a lo normado en la ley de rito fiscal.
VI. En efecto, el caso bajo análisis es una cuestión de hecho y prueba, resultando aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conf. Art. 377, C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica. En este sentido, y en virtud de que se ha ofrecido pruebas en autos respecto de las operaciones con los proveedores indicados -y que pretende hacer valer- corresponde abocarse al análisis de las mismas.
En primer lugar considero pertinente hacer referencia a la operatoria entre la actora y RD VIAL SRL y el Sr. Claudio Garaggiola, para luego adentrarme en el análisis de las operaciones de los otros dos proveedores.
1. En el caso de RD VIAL SRL la actora señala que la Federación Argentina de Entidades de Autotransporte de Carga (FEDEEAC) encomendó la construcción de una importante obra civil a cargo de la sociedad recurrente, para la cual requirió trabajo de movimiento y nivelación de suelo que resulta imprescindible para la construcción de edificios, contratando para esa tarea a RD VIAL SRL como subcontratista.
Que según consta en las actuaciones el citado proveedor se encuentra inscripto en la actividad de construcción de obras de ingeniería civil n.c.p., siendo incluido en la base apoc bajo el concepto de “resistencia a la fiscalización”, sin que pudiera ser localizado por la inspección, más allá que pudieron ponerse en contacto con el contador de la firma. Surge también que el citado operó con diversas cuentas bancarias de su titularidad, efectúo la presentación de declaraciones juradas del IVA desde el año 2005 hasta el 2018, emitió facturas electrónicas hasta julio de 2018, del Régimen de información relativo a las compras y ventas electrónicas se observan tales operaciones por los años 2015 a 2018, es titular de vehículos -camiones, utilitarios y maquinarias-, algunos clientes respondieron a la circularización aportando datos sobre las operaciones concertadas con esta firma.
Asimismo, se hace constar que tiene empleados registrados, que a partir de 2017 disminuyó la cantidad de empleados de su nómina a la mitad, obran agregados en las actuaciones los testimonios brindados por 2 empleados que fueron ubicados por la fiscalización quienes afirmaron haber trabajado para la firma desde el año 2011 en uno de los casos y desde el 2012 en el otro, pero ambos dijeron que realizaron tareas de maquinistas en movimientos de suelos hasta junio de 2018, y que luego fueron contratados por la firma “Excavaciones y Rellenos” que es la continuadora de RD VIAL SRL por los mismos dueños que dicen conocer, dijeron cobrar a través del Banco Credicoop, y que le daban recibos de sueldo; luce en las actuaciones labradas a dicho proveedor una foto tomada por los inspectores donde se ve que una de las maquinarias tiene el logo “RD VIAL” (vide legajos proveedor RD VIAL SRL IF-2023-123895226-APN-DTD#JGM, IF-2023-123893064-APN-DTD#JGM, IF-2023-123891595-DTD#JGM -fs. 420/428- e IF-2023-129714751-APN-DTD#JGM, en especial fs. 216/217). Por otro lado la actora aporta como documental constancia de haber contratado una cobertura de seguros por accidente de trabajo para los empleados de RD VIAL SR L y la parte pertinente a los trabajos de esa firma proveedora del Libro de Seguridad e Higiene de la recurrente (RE-2023-90003652-APN-SGAI#TFN y RE-2023- 90001883-APN-SGAI#TFN). Además, de las copias de los cheques emitidos para el pago de la operatoria en cuestión se observa que fueron confeccionados a nombre de la proveedora y que han sido endosados por la socia gerente, siendo finalmente debitados de la cuenta bancaria de la recurrente (cpo I ganancias, IF-2023-123876178- APN-DTD#JGM, fs. 127/128 y respuesta dada por las entidades bancarias, fs. 19/106).
Que la pericia técnica presentada tanto en sede fiscal -por el perito de la recurrente- como ante esta instancia -por los auxiliares propuestos por ambas partes-demuestra que para la obra civil encargada por FADEEAC efectivamente se realizó y que para ello era necesario el servicio de remoción de suelos que habría prestado RD VIAL SRL, lo que se ve refrendado por la información brindada por dicha Federación como resultado de la medida para mejor proveer dictada en el marco del procedimiento de determinación (vide ant. adm IF-2023- 123876728-APN-DTD#JGM, fs. 432 y sgs e IF-2024-40873658-APN-DTD#JGM agregado en autos e IF-2023- 123888116-APN-DTD#JGM cpo II MPMP).
2. Por su parte el Sr. Claudio Garaggiola declara como actividad la venta al por menor de materiales de construcción y servicios de transporte y logística de mercaderías. Que en respuesta al requerimiento cursado por la fiscalización, el citado manifestó que realiza ventas por internet de manera remota, que las compras las hace en el domicilio del proveedor o en forma telefónica, presenta la documentación que acredita el domicilio comercial y fiscal, sobre los bienes de uso dice que posee tres camiones que detalla y ratifica los ingresos de la explotación unipersonal como así también las acreditaciones bancarias. Los actuantes señalan que presentó declaraciones juradas, que las del IVA presentan una relación débito/crédito disímil observándose compras similares o superiores a las ventas (ant. legajo del proveedor- informe de inspección, IF-2023-123871411-APN-DTD#JGM). Que de las copias de los cheques utilizados para el pago de las facturas objetadas se evidencia que observa que fueron librados a nombre del Sr. Garaggiola y que han sido endosados por él, debitándose en la cuenta bancaria de la aquí recurrente (cpo I ganancias, IF-2023-123876178-APN-DTD#JGM fs. 127/128 y fs. 28/40 y 41/55 respuestas dadas por las entidades bancarias).
Que de la reseña efectuada surge que los proveedores referidos existen, la actividad declarada es afín a la obra encargada, el circuito de pago quedó demostrado, es decir que la fiscalización expresamente no objetó la existencia formal de los proveedores antes referidos, por el contrario, ha reconocido que los mismos se encuentran constituidos y registrados ante AFIP, presentan declaraciones juradas, el primero de ellos tiene empleados registrados y ambos cuentan con bienes de uso a su nombre. Ello así, es menester hacer alusión al hecho de que siendo que la recurrente ha dado cabal cumplimiento con todos los recaudos legales exigidos, no se le puede adjudicar la ausencia de capacidad económica y la imposibilidad de localizar a los mismos en los domicilios declarados.
Cabe agregar que los comprobantes que respaldan la actividad comercial no han sido impugnados por el Fisco Nacional por defectos formales. En base a lo descripto, entiendo que los planteos apuntados por el ente fiscal no pueden ser atribuidos a la recurrente, quien obró diligentemente al verificar la situación de los proveedores aludidos para operar. Que sentado lo que antecede entiendo que se encuentra comprobado el circuito financiero de las operaciones cuestionadas, y por lo tanto cabe concluir que los ajustes practicados se sustentan en supuestas irregularidades de los terceros -proveedores- que por vía indirecta le son atribuidas al aquí recurrente, lo que resulta inapropiado (cfr. criterio de esta Sala in re “Cereales y Servicios SRL” sentencia del 28 de diciembre de 2012, el que fuera confirmado por la Sala IV de la Alzada y por la CSJN el 11 de noviembre de 2014). A mayor abundamiento, no resulta suficiente -para poner en duda la existencia de las operaciones- el hecho de no haberse podido dar con el paradero de los proveedores, sino que debe observarse otras circunstancias que, según el criterio de la realidad económica y el orden natural de los negocios, resulten indicativas de la realidad de las transacciones realizadas y cuya veracidad ha sido puesta en duda, esto es, que las transacciones objeto de impugnación se encuentren registradas, que las ventas consten en remitos o documentos similares que den cuenta de las entregas o del transporte de la mercadería, si existieron medios de pagos que den cuenta del efectivo pago de las mismas y a nombre de quienes se realizaron, entre otras. (conf. criterio de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Agropecuaria El Sauce SA” sentencia del 3 de abril de 2018).
Que he venido sosteniendo que "Se genera inseguridad jurídica para las transacciones comerciales de admitirse el criterio fiscal, ya que si los contribuyentes consultan la base de datos y el sistema les informa que la situación impositiva del proveedor se ajusta a derecho, de manera que podrán computar válidamente el crédito fiscal por las facturas que reciban o deducir el gasto, el organismo luego no puede desconocer esta circunstancia alegando que las operaciones no fueron realizadas por la persona inscripta como tal, ya que esto debe ser objeto de otra investigación a cargo de la Administración Tributaria, sin que tales particularidades le puedan ser imputadas a la recurrente" (“Cereales del Sur S.R.L s/recurso de apelación”, sentencia Sala “D” de fecha 17/4/2012). Ello así, dado que los argumentos del organismo no resultan suficientes para sostener que se trata de operaciones simuladas, corresponde revocar los ajustes practicados en los impuestos al valor agregado, a las ganancias respecto de las operaciones realizadas entre la actora y los proveedores RD VIAL SRL y Garaggiola, Claudio Daniel.
En cuanto a la determinación efectuada en concepto de Salidas no Documentadas respecto a dichos proveedores, por los argumentos expuestos precedente y toda vez que se ha acreditado quien fue el destinatario de las erogaciones efectuadas, corresponde revocar también dicho ajuste.
VII. Que resta pronunciarse respecto de la operatoria con los proveedores Logitecnich Group SRL y el Sr. Galeano, Sebastián.
1. Logitecnich Group SRL, tiene como actividad declarada la construcción, reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos, no presenta declaraciones juradas, no declara empleados ni posee bienes registrables, no pudo ser localizado ni contestó los requerimientos cursados por la fiscalización, el domicilio fiscal declarado es inexistente lo mismo que los consignados por los socios de ésta firma, no posee cuentas bancarias, no pudieron constatar dónde tiene lugar la actividad que figura registrada, concluyendo que no tiene capacidad operativa, financiera para llevar a cabo para la prestación de servicios o ventas. (ant. Legajo proveedor IF-2023-123888474-APN-DTD#JGM) Que en el caso sólo se impugna una factura por él emitida.
2. Galeano, Sebastián registra actividades muy diversas a saber: servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.; venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales de la construcción; fabricación de productos metálicos para uso estructural; fabricación de carpintería metálica; servicios de apoyo agrícolas n.c.p.; cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. , servicios relacionados con la salud humana n.c.p., venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas; construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, entre las más significativas; del informe final de inspección surge que no se informa Citi Compras ni Citi Ventas para el período que se consigna en las facturas observadas -2017-, no posee propiedades inmuebles a su nombre aunque sí un automóvil. No pudo ser localizado y al concurrir los inspectores al domicilio fiscal quien vive allí y dueño del inmueble dijo conocer al Sr. Galeano indicando que hace unos años le alquiló por unos meses un departamento interno con entrada por el garage y que se dedicaba a la venta de verduras sin dar otros datos. Frente a ello, el Fisco consideró que no tiene capacidad económica, ni operativa para realizar las prestaciones de servicios y/o ventas que facturó (ant. Legajo proveedor IF-2023- 123884405-APN-DTD#JGM). Que el haber detectado la inscripción en numerosas y diversas actividades disímiles entre sí -en el contexto planteado-, constituye un indicio contrario a la materialidad de las operaciones impugnadas (criterio de esta juzgadora in re “DT Logística S.A.”, sentencia del 25 de febrero de 2022, con base en lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia in re “Stop Car SA (TF 26815-I) c/DGI”, sentencia del 21 de agosto de 2013).
Que sobre estos proveedores, durante la etapa de fiscalización le fue requerido a la recurrente que aportara -en lo que aquí interesa- copia de los extractos bancarios en el surgiera el débito correspondiente por los pagos efectuados por las operaciones relacionadas con éstos e informe cual fue la forma de cancelación. Al respecto, la inspeccionada informó sobre el Sr. Galeano que “no aplica, se trata de mano de obra” y respecto a Logitecnich Group SRL afirma que “no se encontró documentación”. Cabe señalar que ante esta instancia jurisdiccional la actora no aportó elementos que sirvan para acreditar el pago y/o la veracidad de la operatoria aludida. Al respecto cabe recordar que cuando las pruebas rendidas por la recurrente se sustentan en “...las copias de las facturas, comprobantes del pago y registraciones contables de la actora, las mismas resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en las circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas...” con los proveedores impugnados (CNACAF, Sala II, “Colinas de Paz SA (TF 22.185-I) c/DGI, sentencia de fecha 4/10/2012); a esto se añade el hecho de que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, ello no implica que las operaciones que ellas reflejan hayan sido efectivamente realizadas por el proveedor involucrado, máxime cuando tampoco pudo desvirtuar las anomalías referidas a los pagos realizados (Cfe. CNACAF, Sala IV, sentencia del 18/2/2014, “CBC Asociados SRL”).
Como consecuencia de lo expresado, considero que el criterio aplicado por el organismo recaudador para no admitir el crédito fiscal de IVA y las deducciones computadas en el Impuesto a las Ganancias, resulta acertado respecto a la operatoria con el Sr. Galeano, Sebastian y Logitecnich Group SRL.
VIII. Que en cuanto a la determinación del tributo atinente a las salidas no documentadas por los proveedores referidos en el Considerando precedente, considero conveniente precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26/8/2003 (en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23 de dicho decisorio), pronunciándose en igual sentido dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti, en su parte pertinente, dice que “.... ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”. Que el criterio allí fijado ha sido receptado por la suscripta en diversos precedentes, entre otros “Quality Work S.A.”, sentencia del 4 de junio de 2015 y “Harengus S.A.”, sentencia del 26 de diciembre de 2018.
Que a tenor de lo expuesto corresponde confirmar el ajuste practicado en la en concepto de Salidas no Documentadas respecto de esos proveedores.
IX. Respecto de los intereses resarcitorios toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios concretos contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su liquidación corresponde proceder a su confirmación, los que deberán reliquidarse de acuerdo con el impuesto al valor agregado y salidas no documentadas que resultan confirmados.
X. Que resta pronunciarse respecto de las multas referidas a los ajustes que se confirman según lo expuesto en los Considerandos anteriores, que fueran aplicadas en el IVA y por salidas no documentadas graduadas en tres veces el tributo dejado de ingresar, ello con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 47 incisos b) y c) de la ley de rito fiscal, Cabe indicar primero, y en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes citados (vde Considerando IX) la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683. Que para el pago del tributo en concepto de salidas no documentadas debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen. Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007, constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, resultando a partir de allí el sustento para aplicar sanciones en concepto de Salidas no Documentadas.
Sentado ello, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
Que no puede soslayarse que el artículo 47 de ley 11.683 establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales -en lo que aquí interesa son las previstas en los incisos b) y c)- consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador, las que no fueron debidamente rebatidas en el caso concreto.
En el caso concreto, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito, como así también la debida utilización de las presunciones establecidas en los incisos b) y c) del art. 47 de la citada normativa.
Que por lo expuesto, no habiéndose producido prueba que acredite la falta de dolo en su obrar, cabe concluir que las razones y argumentos expuestos por el juez administrativo para aplicar las multas bajo examen no han sido conmovidos y resultan suficientemente aptos para fundar el encuadre infraccional como la graduación aplicada y en consecuencia, corresponde disponer su confirmación.
XI. Que ello así, voto por 1) Revocar las determinaciones efectuadas del impuesto a las Ganancias, IVA y Ganancias en concepto de salidas no documentadas respecto de las operaciones impugnadas relativas a los proveedores RD VIAL SRL y Garaggiola, Claudio, como así también revocar los intereses y multas aplicados por tales conceptos y 2) Confirmar los ajustes practicados respecto de Sr. Galeano, Sebastián y Logitecnich Group SRL en lo que hace al IVA, ganancias y salidas no documentadas, con más intereses y multas.
En tal sentido, corresponde ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación correspondiente a fin de establecer el monto de impuestos adeudados por la recurrente con más los intereses resarcitorios y multa conforme lo resuelto en párrafo precedente y a tenor de lo expuesto a lo largo del presente decisorio.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Adhiero a los puntos VII, VIII, IX y X del voto de la Vocal Instructora, en cuanto propicia la confirmación, con costas, de los ajustes allí detallados y sus correspondientes intereses resarcitorios y multas.
II. Sin embargo, considero que idéntica decisión debe adoptarse respecto de los ajustes practicados en los actos recurridos por las operaciones documentadas con los proveedores Claudio Daniel Garaggiola y RD Vial S.R.L. Ello así toda vez que, tampoco respecto de ellos Storani y Asociados S.A. pudo acreditar la real existencia de las operaciones, ni tampoco pudo identificar con la prueba rendida a los beneficiarios de las erogaciones realizadas. Respecto del Sr. Garaggiola, surge de los Considerandos de las Resoluciones, que durante el procedimiento de fiscalización a este proveedor, el domicilio fiscal denunciado correspondía a una vivienda familiar en la que no pudo ser localizado; no tenía domicilio comercial ni depósito de herramientas; nunca declaró personal en relación de dependencia desde el inicio de su actividad en enero de 2014, la relación débito/crédito en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en muchos períodos era inferior o igual a 1.
En cuanto a los pagos, si bien fueron realizados con cheques a su nombre, las entidades bancarias informaron su endoso, en una o dos personas y/o entidades, que impidieron conocer su beneficiario final.
Fue por tales consideraciones, entre otras, que fue incorporado a la base de proveedores apócrifos a partir de febrero de 2014 en la condición de “usina mixta” sin capacidad económica, operativa y financiera. En lo que se refiere DR Vial S.R.L., la fiscalización también constató numerosas irregularidades, ya que tampoco pudo ser localizado en su domicilio, ni tampoco sus socios; éstos últimos no registraban bienes a su nombre; en los periodos 2016, 2017 y 2018, la empresa registró compras con 4 empresas que estaban incluidas en la base E- Apoc.
Se constató además que no tuvo acreditaciones bancarias en 2017 y 2018 y si bien 2 testigos que declararon en sede administrativa manifestaron haber trabajado para RD Vial S.R.L. hasta el 6/18, no surgen pagos al Régimen de la Seguridad Social. Surge también que, las mismas personas estaban declaradas en los mismos periodos por otra firma que estaba incluida en la base E-Apoc.
De las tareas realizadas por la fiscalización, así como de las pruebas producidas en sede administrativa y de la medida para mejor proveer allí ordenada, se concluyó en que “la obra efectivamente fue realizada y que para la realización de la misma, el servicio de remoción del suelo era necesario, no obstante, no surge sin hesitación que el aludido servicio fuera efectivamente brindado por R D VIAL S.R.L. toda vez que el proveedor cuestionado no tenía la capacidad operativa, ni financiera ni la estructura para llevarlo a cabo”. Ello “debido a las múltiples falencias que presenta, las que impiden llevar a cabo la ejecución de las obras de la magnitud que figuran en las facturas, en especial la carencia de personal, la falta de vehículos y sobre todo de maquinaria, todo lo que denota la ausencia de una estructura física y económica acorde a los conceptos facturados, lo que impide otorgar verosimilitud a las transacciones”.
Por otra parte, como resultado de las medidas para mejor proveer ordenadas en sede administrativa, se verificó que Storani y Asociados S.A. registraba operaciones con otra firma, EXCAVACIONES Y RELLENOS S.A., que prestaba servicios similares a los facturados por R.D. VIAL S.R.L., aunque fueron imputados contablemente a la misma obra y en el mismo ejercicio económico, y si bien invocó que se trataba de una empresa continuadora, no aportó prueba alguna para acreditarlo.
Es por ello, también, que no resulta inequívoco que el servicio lo haya efectivamente prestado la proveedora R.D.
VIAL S.R.L.
Si bien correspondía a la recurrente en esta instancia refutar los fundamentos de la pretensión fiscal, en sus presentaciones se limitó a reiterar los argumentos que ya había esgrimido en sede administrativa, insistiendo en la efectiva realización de la obra, lo cual no es suficiente para demostrar la efectiva realización de las operaciones cuestionadas.
Tampoco lo son las conclusiones de la pericia técnica de ingeniería civil producida en esta instancia, ya que el dictamen de los peritos se refiere a la necesidad de realizar la obra, características del terreno, fecha de inicio y terminación, resultados, etc., pero no logró demostrar con todo ello que los trabajos realizados fueron efectivamente llevados a cabo por los proveedores cuestionados, que es lo que debió demostrar frente a las objeciones formuladas por la fiscalización.
Ello, por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10/3/2015, y sostener: " Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras de dicho Tribunal, de la Cámara y de este Tribuna Fiscal que ha seguido el mismo criterio.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que correspondía acreditar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente prestaron los servicios, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos que llevaron a concluir en su falta de capacidad económica y operativa.
Las irregularidades puestas de manifiesto por la fiscalización al respecto que, como ya se dijo, no fueron refutadas con la prueba aportada y rendida en la instancia administrativa ni ante este Tribunal, impiden también tener por ciertos los gastos computados por la recurrente en el impuesto a las ganancias, así como aseverar que los reales beneficiarios de los pagos fueron los proveedores en cuestión. Esa imposibilidad de identificar al beneficiario real de los fondos es, precisamente, el presupuesto de hecho para la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
Por lo tanto, corresponde confirmar los ajustes notificados en las Resoluciones también respecto de los proveedores mencionados, tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios liquidados de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
V. En cuanto a las multas, por las consideraciones expuestas por la Vocal instructora en el apartado X de su voto que se comparten, en particular, la configuración de los elementos objetivo y subjetivo en las infracciones cometidas por los proveedores ya indicados, corresponde también confirmarlas, con costas.
El Dr. Martín dijo:
I. Adhiero al voto de la Dra. O’Donnell en cuanto confirma las determinaciones de oficio, con costas, que recaen sobre los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias-salidas no documentadas- con más sus accesorios, ya que por una parte la recurrente no acreditó que los dadores formales del crédito fiscal IVA fueron los efectivos prestadores de los servicios facturados, aspecto esencial e imprescindible para la procedencia de su cómputo. Además, correlativamente la salida de fondos tuvo como destinatarios sujetos que finalmente no prestaron el servicio desconociéndose el beneficiario real.
II. Con relación al Impuesto a las Ganancias cabe evaluar la viabilidad de considerar si los gastos facturados fueron efectivamente concretados y necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de que no hubieren sido prestados por los proveedores cuestionados. Si bien por un lado tanto las argumentaciones de la empresa como las pericias técnicas refieren a servicios que se estiman indispensables en su concepción técnica, lo cierto que no es un dato menor que Storani y asociados S.A, también contrató servicios similares con otra empresa, lo que obliga a demostrar que no se trata de prestaciones duplicadas y que ambas confluyen en su justa medida en la actividad previa a la construcción. Esta probanza no fue ofrecida y por ende producida en las actuaciones, con lo cual sella la posibilidad de deducir de la determinación del Impuesto a las Ganancias, los gastos involucrados en las operaciones cuestionadas, por lo que cabe confirmar la determinación del citado gravamen, con costas.
III. En cuanto a las multas comparto los argumentos expuestos en el voto de la Vocal Instructura en su Considerando X, en razón de que las circunstancias allí descriptas se presentan con relación a todos los proveedores involucrados en autos, conforme los Considerandos precedentes del presente voto, por lo que corresponde disponer la confirmación de las multas aplicadas en los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias - Salidas no documentadas.
En lo que hace a la a la multa aplicada en el último impuesto mencionado, estimo conveniente efectuar algunas precisiones.
Que en las presentes actuaciones ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan. Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -menor impuesto a favor del Fisco-. Técnicamente en primer lugar procedió la impugnación del gasto en la determinación del Impuesto a las Ganancias y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG. Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces la erogación es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El único comprobante incorporado en la determinación del Impuesto a las Ganancias que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo en el artículo 46 a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sancion.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.551.316 (pesos un millón quinientos cincuenta y un mil trescientos dieciséis) equivalente a 24,41 (veinticuatro con 41/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $3.878.290 (pesos tres millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos noventa) equivalente a 61,03 (sesenta y uno con 03/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 3495/2024 (19/12/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.02.06 11:34:29 -03:00 Date: 2025.02.06 13:37:49 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.06 13:40:40 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.06 13:40:41 -03:00
Fin de la sentencia