Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala I · Causa 139.811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas;
II. Casar la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca y, en consecuencia, APARTAR a la fiscal Dra. Natalia Ramos, remitiendo estas actuaciones al juzgado de origen para que se tome conocimiento de lo resuelto y se arbitren los medios necesarios para que, por donde corresponda, se reemplace a la fiscal apartada.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 y 15, ley 48; 47, 54, 56, 448, 450, 454, 459 y 460 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 139811 (IPP 0201-2872-19)
caratulada “SUAREZ GUSTAVO ANDRES S/ RECURSO DE QUEJA”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca resolvió -con fecha 6 de marzo de 2025- confirmar la decisión del juez en lo criminal que rechazó la recusación de la agente fiscal, solicitada por la defensa.
Contra esa resolución, la defensora oficial, Dra. Laura Pereyra, interpuso de casación, que fue declarado inadmisible, lo que motivó la presente queja.
En lo esencial, expone que los camaristas incurrieron en dogmatismos que no controvierten las cuestiones que planteó y que demostraban que el apartamiento de la fiscal estaba justificado, por poner en riesgo serio el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo del acusado; garantizados por normas de carácter constitucional y convencional.
Sobre la admisibilidad de la queja, explica que no pretende introducir una mera discrepancia con los magistrados, sino el control amplio de la justificación que dieron para rechazar el apartamiento de la fiscal, “toda vez que la resolución atacada es susceptible de causar un gravamen irreparable a [su] defendido, quien ya vio vulnerado su derecho al debido proceso penal, a un juicio justo y a la posibilidad de gozar de una defensa eficaz”, tal como lo establecen los artículos 18 de la CN, 8 de la CAHD y 14 de la PIDCP. Solicita que se garantice la “no repetición para el nuevo juicio” y agrega que la decisión de los camaristas es arbitraria al “no dar respuesta a todos los argumentos esgrimidos por esta defensa”, inobservando las normas que hacen al debido proceso legal y el “derecho a un juicio justo para el ciudadano Gustavo Suárez”.
Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. El Fiscal Adjunto ante esta instancia, Dr. Fernando Galán, explica que el recurso de casación era inadmisible y que la queja tampoco procede, pues los camaristas no incurrieron en arbitrariedad manifiesta al rechazar el apartamiento de la fiscal, como lo denuncia la defensa.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta? En su caso ¿es procedente el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
1. Cabe recordar que toda resolución adversa al acusado, doblemente conformada en la instancia local departamental, puede ser examinada cuando se está frente a un agravio federal suficiente, sea por hallarse en discusión el contenido y alcance de normas de derecho de tal naturaleza, se postule la tacha de arbitrariedad cuando se halla inescindiblemente unido a la mencionada cuestión federal, o en su caso, la vulneración directa de una garantía fundacional que dé lugar a una causa federal suficiente.
Desde este enfoque, se advierte cuestión federal suficiente en los términos de la doctrina de la arbitrariedad y un planteo útil para mostrar la relación directa e inmediata con lo fallado (art. 14 y 15, ley 48).
En efecto, conforme lo señala la CSJN, “con la doctrina de arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa (CSJN, Fallos: 316:2718, entre muchos otros).
2. La defensa explicó que los camaristas incurrieron en dogmatismos que no controvierten las cuestiones que planteó en el recurso de apelación, sobre cuatro argumentos:
En forma preliminar, establecieron que (i) no cabía equiparar “el alcance de la garantía de imparcialidad que guía el accionar de los Jueces, con la objetividad con que deben actuar los Fiscales”, estos últimos condicionados por la función de investigar la posible comisión de delitos, “sin perjuicio de que ambos resultan custodios de la legalidad”. Seguidamente, (ii) descartaron la existencia de alguna “circunstancia suficientemente reveladora de un interés personal en la causa”, por parte de la fiscal, o “la existencia de disposiciones internas como el odio o la enemistad, o algún tipo de animadversión” contra el acusado.
En particular, (iii) tuvieron en cuenta que este TCP, “aun ante la anulación del juicio que dispuso, no ha ordenado que cese la intervención de la Agente Fiscal, limitándose a encomendarle que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento del Juicio por Jurados”, cuyo control es competencia del juez técnico como garante del debido proceso.
Agregaron que (iv) “las consideraciones vertidas [por la fiscal] con relación a la actuación de la defensa”, “más allá de no ser términos cuyo uso sea deseable en el marco del ejercicio profesional”, tampoco justificaban su apartamiento, ni “presentan una gravedad tal como para que proceda la recusación planteada”.
Finalmente, recordaron la prudencia que “debe guiar la interpretación de las causales de recusación, a fin de que ese mecanismo no se transforme en un medio de apartamiento -en forma injustificada- a los Fiscales que se avoquen a la investigación de un determinado delito”, en especial con relación al art. 47, inc. 13, del CPP “que se refiere -genéricamente- a cualquier circunstancia que, por su gravedad, afecte la independencia o la imparcialidad de los magistrados”
3. La defensora expuso cuáles fueron las circunstancias fácticas que señaló al momento de requerir el apartamiento de la fiscal y los argumentos de su apelación, para demostrar que no fueron tratados por los camaristas.
Inicialmente, recordó que este TCP anuló el juicio por jurados que juzgó a su asistido Suarez, en parte, por la “actuación absolutamente desleal de la fiscal” y encomendó a la Dra. Natalia Ramos a que, en lo sucesivo, sujetase su actuación a las reglas del procedimiento de juicio por jurados, pues mencionó frente a sus miembros prueba que había sido excluida y los instó a decidir sobre bases impropias, “violando normas básicas del enjuiciamiento penal y las directivas expresas que le había dirigido la jueza” interviniente (conf. TCP, Sala I, causa 124.974 “Suarez”, rta. 15.08.24).
Expuso que esa circunstancia (i) generó una gran desconfianza en su defendido, superando la normal derivación del descontento entre un imputado y la persona que lo acusa, pues Suarez transitó un juicio donde se violentaron “gran parte de sus garantías mínimas para poder hablar de un juicio justo y legal, precisamente por el aporte y conducta de quien ejerció ese rol acusador”. Por ello, consideró que el Estado no podía poner nuevamente al frente de la acusación a quien contribuyó con sus acciones a que el juicio se anulara, pues debía garantizar que el nuevo juicio se desarrolle de acuerdo con las reglas básicas del debido proceso legal.
Dijo que Suarez expresó aquella desconfianza en la audiencia donde se discutió la recusación de la Dra. Ramos (ante el juez en lo criminal que dirigirá el nuevo juicio por jurados).
Seguidamente, afirmó que (ii) ese temor subsistía porque en esa misma audiencia la fiscal manifestó su total desacuerdo con lo resuelto por el TCP, en orden a la anulación del juicio anterior y agregó “que la decisión del Tribunal de Casación había sido errónea (no obstante encontrarse firme por no haber sido recurrida por el Ministerio Público Fiscal), insistiendo en la necesidad de presentar patrones de conducta y modus operandi” en el caso concreto.
Bajo esas condiciones, explicó que la fiscal no admitió ningún error en su actuación, reflejando su “falta de apego a las normas del juicio por jurados” y que internamente no había incorporado o asumido la recomendación efectuada por el Tribunal de Casación. Observó que ello implicaba la posibilidad cierta de que su asistido atravesase “un nuevo juicio sin el debido respeto a las mínimas garantías constitucionales”. Agrega que también puso en conocimiento de la cámara que (iii) en un juicio por jurados posterior al fallo anulado por el TCP, respecto de otro acusado pero en el que le tocó litigar con la misma fiscal, la Dra. Ramos incurrió nuevamente en conductas que -en su opinión- fueron impropias (en causa “Galmes”, que ofreció como prueba).
En particular, mencionó que la fiscal, en los alegatos finales de ese juicio, se dirigió a los jurados y les dijo que la defensa había tenido una conducta “chicanera” al interrogar a un testigo de cargo, cuando se limitó a practicar un contra-examen al perito de la fiscalía, para indagar si tenía conocimientos sobre la materia.
Expuso que no invocó una mera falta de ética de la fiscal, por dirigirse en aquellos términos a la defensa, sino una afectación hacia la propia persona que en ese momento era juzgada, pues se adjetivó a quien lo defendía (frente a los jurados) acusándola de actuar “de mala fe” para lograr una absolución (pues no otra cosa significaba ser “chicanera”), cuando en realidad estaba cumpliendo su rol como litigante. En definitiva, señaló que la fiscal incurrió en “una descalificación impropia de las reglas del debido proceso legal”, contraviniendo la recomendación que le había dirigido el TCP.
También recordó que (iv) expuso ante los camaristas la interpretación de la CSJN respecto del temor de parcialidad del acusado por hechos objetivos del procedimiento, por oposición a los que involucran directamente actitudes o intereses particulares de los magistrados con el resultado del pleito (conf. “Llerena”); y que debía considerarse al analizar el temor de falta de objetividad de la representante del MPF, en los términos que planteó esa defensa.
4. Finalmente, la defensa cuestiona la interpretación que hicieron los camaristas sobre la falta de apartamiento de la fiscal, por parte del TCP al anular el juicio de Suarez, pues recuerda que “el trámite de la recusación debe realizarse a petición de parte y ante el órgano ante el cual actúa el magistrado o funcionario”, como lo hizo esa defensa (conf. art. 54, CPP) y “además de ese impedimento legal”, tampoco se conocían en ese momento las manifestaciones que hizo la Dra. Ramos en la audiencia donde se discutió su recusación, ni “su comportamiento en un juicio posterior” (el de “Galmes”), también de jurados.
5. Ahora bien, advierto que los camaristas no examinaron debidamente los argumentos de la defensa, cuando cuestionó la decisión que no hizo lugar a la recusación de la fiscal, e insistió en su apartamiento.
Cabe recordar que antes de refutar un argumento es importante asegurarse si verdaderamente se comprende lo que el litigante alega, pues si se malinterpreta un argumento (se lo simplifica, recorta o tergiversa), y aun así se lo refuta, en realidad no se está impugnando lo que la parte sostuvo. La refutación fracasa porque se ataca un argumento que nadie alegó. Se trata de un razonamiento engañoso. En ese sentido, constato que los señores camaristas desatendieron la complejidad de los planteos de la defensa, omitiendo cuál fue el argumento real.
En efecto, la defensa explicó que la conducta desleal de la fiscal contribuyó -en buena medida- a la nulidad de juicio por jurados que juzgó a Suarez, y que existía un temor fundado de que la misma fiscal -de continuar con su intervención- podría condicionar el derecho del acusado a un juicio justo, por su desapego reiterado a las reglas que rigen aquel sistema de enjuiciamiento.
La defensa señaló una serie de datos objetivos, que vinculó en forma coherente, para justificar la existencia de aquel temor. En lo esencial, argumentó que aun cuando el TCP constató que la fiscal Ramos fue absolutamente desleal al litigar en el juicio anulado y le encomendó que “en lo sucesivo” ajustase su actuación “a las reglas del procedimiento de juicio por jurados”; con posterioridad la fiscal demostró que no reflexionó sobre su error, no reconoció el desapego a aquellas reglas y profundizó esa posición, al sostener que la decisión del TCP fue errada.
Esos datos no fueron controvertidos por los camaristas, sino directamente omitidos.
Ya vimos que los jueces de la cámara establecieron -en primer lugar- que no cabía equiparar el deber de imparcialidad de los jueces con el deber de objetividad con el que deben actuar los fiscales, en la investigación de los delitos, y descartaron que la Dra. Natalia Ramos haya tenido “un interés personal en la causa, por fuera de los propios de su función”, ni “odio o enemistad, o algún tipo de animaversión” en contra de Suarez, argumento que no planteó la defensa. En efecto, la defensa no justificó el apartamiento de la fiscal en la existencia de causales específicas de recusación, como el odio o la enemistad hacia Suarez, sino en el desapego deliberado y reiterado de las reglas básicas que rigen el juicio por jurados, en las que incurrió la Dra. Ramos, en particular, las que garantizan que el acusado tenga un juicio justo desprovisto de información que lleve a los jurados a resolver el caso sobre bases impropias, argumento que la cámara no analizó, ni refutó. Por tanto, por fuera de las fundadas razones constitucionales que hacen al debido proceso en el que también las partes tienen una responsabilidad y cargas con las que contribuir a ese objetivo común a la administración del servicio de justicia, el sustrato fáctico señalado y otrora identificado por este Tribunal encuentra sustento en el derecho positivo bajo la regla del inc. 13 del art. 47 del digesto de forma.
6. Los camaristas agregaron que el TCP tampoco apartó a la fiscal Ramos, al momento de anular el juicio por jurados de Suarez, sino que solo le dirigió una advertencia; argumento que vuelve a simplificar el planteo de la defensa: explicó que solicitó la recusación de Ramos porque a pesar de aquella advertencia, dirigida en forma personal a la fiscal “para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados”, constató en un juicio posterior incurrió en nuevas conductas incompatibles con el juicio limpio que exige la práctica de la prueba frente a un jurado. Dijo que ello justificaba el temor que alegó, el que se acrecentó con las manifestaciones que la fiscal expuso en la audiencia donde se discutió su recusación, al no reconocer ningún error en su actuación.
En lo que importa mencionar, constato que, efectivamente, la defensa sustentó el apartamiento de la fiscal en una causa sobreviniente a la advertencia que el TCP le dirigió en forma personal a la fiscal, pues explicó que la Dra. Ramos, en un juicio posterior que las encontró como contrincantes, volvió a alegar frente a los jurados sobre hechos no probados, incurriendo en una conducta que consideró desleal, por no respetar “las reglas del litigio adversarial ni las de un juicio justo”. Ese argumento, según vimos, fue ignorado por los camaristas, pues se limitaron a señalar que el TCP no apartó a la Dra. Ramos, y agregaron que la expresión que utilizó la fiscal para referirse a la actuación de la defensa (en el juico “Galmes”), “no era deseable en el marco del ejercicio profesional”, pero tampoco grave como para apartarla. El planteo de la defensa fue más complejo, pues no reparó aisladamente en la dimensión personal de la expresión que le dirigió la fiscal, como lo entienden los camaristas, sino en el concreto modo de actuar de la fiscal frente a los jurados (del caso “Galmes”), demostrativa de que infringió nuevamente las reglas de la litigación y de que tampoco reflexionó sobre la advertencia que le hizo el TCP: según la recurrente, la fiscal alegó sobre hechos no probados, frente a los jurados, e intentó buscar -mediante una adjetivación impropia- un efecto negativo sobre quien estaba ejerciendo el rol de la defensa (apelando a la supuesta mala fe de esa parte en la práctica de la prueba).
Por lo demás, el razonamiento de los camaristas incluye una premisa errónea (que el TCP tenía que resolver, de oficio, el apartamiento de la fiscal como consecuencia necesaria de la nulidad), omitiendo que una recusación será admisible en su trámite cuando la situación concreta que la motiva sea expuesta por alguna de las partes legitimadas para hacerlo.
7. En mi opinión, los camaristas ignoran la importancia que en los juicios por jurados tiene el juego limpio entre los litigantes, en particular, para garantizar que la información que llega a los jurados sea legítima, pertinente y de buena calidad, y evitar que decidan sobre bases impropias (como, por cierto, ocurrió en el caso “Suarez”, por la actuación desleal de la fiscal Dra. Ramos y el desgobierno de la jueza técnica que intervino en ese juicio).
En efecto, aun cuando el control del debido proceso recae sobre el magistrado que dirige el debate; las partes no deben ejercer ninguna influencia indebida en el jurado, que condicione su decisión y lo lleve a resolver el caso por fuera de la evidencia disponible. En ese sentido, el funcionamiento del propio sistema exige no solo el control y dirección del juez, sino que los litigantes respeten las reglas del litigio y jueguen limpiamente.
En ese sentido, he sostenido que “la decisión del jurado se tiene que basar exclusivamente en la prueba válida y pertinente para probar o refutar el hecho atribuido al acusado, excluyendo aquella que pueda condicionar indebidamente su decisión” y que si bien ese control recae sobre los jueces, para lograr aquel objetivo es importante que cada parte “se atenga a las reglas de la litigación, las conozca y comprenda a fin de lograr un juicio limpio, transparente donde el jurado no se vea expuesto a información de baja o mala calidad” (Chaia, Rubén Alberto; elDial.com DC2DC4, 2020, pág. 11), (conf. TPC, Sala I, “Suarez”, rta. 15.08.24). Dicho esto, constato -como lo denunció la recurrente- que en la audiencia donde se discutió la recusación de la Dra. Ramos, la defensa solicitó que se tuvieran en cuenta las manifestaciones de la propia fiscal cuando expresó que “el Tribunal de Casación se equivocó, que subestimó al pueblo y que parcializar la información que debe ingresar al juicio es un error. Que lo que se pretendió fue acreditar un patrón de conducta de Suarez, quien había sido condenado por hechos similares” (conf. registro de la audiencia), pues refleja que la fiscal no reconoció el desapego a las reglas del procedimiento del juicio por jurados, ni reflexionó sobre las consecuencias de su actuación desleal (que motivaron -en buena parte- la nulidad del juicio anterior), justificando objetivamente el temor del imputado a no tener un juicio justo, de continuar la intervención de la Dra. Ramos en esta causa.
Finalmente, a modo de obiter dictum, la situación que concita el tratamiento de este Tribunal pone de resalto la necesidad de reforzar las normas éticas ya existentes y prever el establecimiento de reglas de actuación profesional que se asemejen a los “códigos de conducta judicial” que disponen algunos sistemas.
En este sentido, en nuestro país ya se han legislado, convocando la atención sobre estos aspectos, refiriéndose expresamente a las reglas éticas de la abogacía (vgr. art. 33 y sgtes de la ley de juicio por jurados), entre otros.
8. En orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo: I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas; II. CASAR la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca y, en consecuencia, APARTAR a la fiscal Dra. Natalia Ramos, remitiendo estas actuaciones al juzgado de origen para que se tome conocimiento de lo resuelto y se arbitren los medios necesarios para que, por donde corresponda, se reemplace a la fiscal apartada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8, CADH; 14, PIDCP; 47, 54, 56, 448, 450, 454, 459 y 460, CPP) y a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas; II. CASAR la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca y, en consecuencia, APARTAR a la fiscal Dra. Natalia Ramos, remitiendo estas actuaciones al juzgado de origen para que se tome conocimiento de lo resuelto y se arbitren los medios necesarios para que, por donde corresponda, se reemplace a la fiscal apartada; III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8, CADH; 14, PIDCP; 47, 54, 56, 448, 450, 454, 459 y 460, CPP).
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas;
II. CASAR la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca y, en consecuencia, APARTAR a la fiscal Dra. Natalia Ramos, remitiendo estas actuaciones al juzgado de origen para que se tome conocimiento de lo resuelto y se arbitren los medios necesarios para que, por donde corresponda, se reemplace a la fiscal apartada.
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 y 15, ley 48; 47, 54, 56, 448, 450, 454, 459 y 460 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia