Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 131.976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de la actora Royal Sunalliance y se confirma la sentencia que hizo lugar a la falta de legitimación pasiva;
II. Se hace lugar parcialmente al recurso de las actores en los expedientes nº131.976. y nº131.833 y se modifica la condena habida en la sentencia apelada del siguiente modo: En el expediente 131.976: a. se eleva el monto del daño fijado para reparar la disminución del valor de venta del departamento del Sr. Jorge Suárez y su cónyuge a la suma de $ 142.252. b. se modifica el monto fijado por el daño material derivado de la lesión psíquica, y para su determinación cuantitativa, en la etapa de liquidación se requerirá a la perito que ha intervenido que informe los costos actuales de ambas pericias, por un total de 48 sesiones, c. se modifica el monto fijado para reparar el daño producto de la destrucción del vestuario de tres personas, estableciendo la suma en la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual el Sr.
REGISTRADA BAJO EL Nº56-S Fº266/93
Expedientes nº 131.976, 131.833 y 130.138 – Juzgado nº10 // En la ciudad de Mar del Plata a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos: “SUAREZ, Jorge Oscar y Otra c. MESA, Argentino Enrique s. Daños y perjuicios”; “CAPARROS, María Soledad c. MESA, Argentino Enrique s. Daños y perjuicios” y “ ROYAL & SUNALLIANCE Seguros Argentina S.A. c. MESA, Argentino Enrique s. Repetición de sumas de dinero”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I: En la sentencia única que obra a fs. 994/1016 del expediente número 131.976, el Sr. Juez de primera instancia resolvió: a) Hacer lugar a la demanda entablada por María Soledad Caparrós contra Argentino Enrique Mesa y condenar a este último junto con su aseguradora “HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. a abonar a los actores la suma de pesos cuarenta ocho mil trescientos ochenta y seis con veinte centavos ($ 48.386,20)); b) Hacer lugar a la demanda promovida por Marta Noemí Abalo, Jorge Oscar Suarez y Macarena Suarez Abalo contra Argentino Enrique Mesa y condenar junto con su aseguradora “HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.” a abonar a la actora la suma de pesos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho con cincuenta centavos ($ 69.358,50) c) Hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Argentino Enrique Mesa y rechazar en consecuencia la demanda de repetición interpuesta por Royal & Sunallaince Seguros Argentina S.A., con costas a la actora vencida.
II: En el mismo expediente, apelaron las partes a fs.1022 y 1025, y los recursos que les fueron libremente concedidos, han sido fundados y respondidos a fs. 1045, 1070, 1083 y 1096.
En el expediente caratulado “Caparrós, María Soledad c. Mesa, Argentino Enrique s. Daños y perjuicios” nº 131.833, apelaron las partes a fs. 771 y 774, y los recursos que les fueron libremente concedidos, han sido fundados y respondidos a fs. 798, 819, 832 y 839. En el expediente caratulado “Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A. c. Mesa, Argentino Enrique s. Repetición de sumas de dinero”, nº 130.138, apeló la actora a fs. 929 y el recurso que le fue libremente concedido, ha sido fundado y respondido a fs. 938 y 948 respectivamente.
III: Los agravios de la actora en el expediente en que accionó Jorge O. Suarez y otros, han sido presentados por su apoderado el Dr. Víctor Aldubato, y son los siguientes:
a) Sintetiza sus quejas al comienzo del escrito juzgando ínfimos, “cuasi ofensivos”, los montos fijados en la sentencia para reparar los daños sufridos por sus mandantes, pide que los daños se fijen a valores reales actuales. Entiende aplicable al caso el Código Civil y Comercial vigente desde el 1ro. de Agosto de 2015, pide que aplique tasa activa, y destaca en negrilla y subrayado que el reclamo de sus clientes se ha dilatado quejándose del alongamiento del trámite de este proceso que lleva trece años.
b) Ya en detalle, analiza el daño moral.
Al insistir en la demora sufrida en el expediente, indica que el proceso estuvo en condiciones de “recibir el dictado de sentencia definitiva desde Diciembre de 2010”, la que finalmente fue pronunciada en Marzo de 2014; que en ese tiempo debieron “resistir de la contraparte varias e infundadas articulaciones, con un afán meramente dilatorio”; que antes de la anulación de la sentencia por este Tribunal, sus clientes “fueron objeto de la aplicación de un excesivo rigor formal en su contra cuando no se permitió desacumular los expedientes; que la demora en obtener nueva sentencia y volver a esta instancia es de “la friolera de un año”, para luego señalar que la justicia lenta no es justicia, que el daño moral sufrido se ha agravado por el transcurso del tiempo que ha llevado el proceso, y que sus mandantes lo han instruido especialmente para que pida a este tribunal preferente despacho para esta causa.
Trascribiendo por partes la sentencia que critica, manifiesta que no logra entender cómo se ha elevado el monto para Soledad Caparrós al triple, y solo en un diez por ciento para Suarez y sus co-actores, sosteniendo que todo ello “atenta contra el sentido común, la sana crítica, la lógica jurídica deductiva (aristotélica), al incurrir en una entelequia inválida, sólo explicable por un antojo –con el debido respeto de la investidura del Sr. Juez de grado- …”, antojo que termina calificando como arbitrariedad. Se agravia también de que en la sentencia no se indiquen los parámetros objetivos en base a los cuales se arribó a los montos de condena.
c) Como parte de lo que el apelante clasifica como daño ”extrapatrimonial” critica el rechazo de lo que llama “daño psicológico”, bajo el título “la notable improcedencia de su rechazo”. Critica el razonamiento del Sr. Juez respecto a la “alegada autonomía conceptual del daño psicológico” trascribiendo el párrafo en que el A Quo explica que el acogimiento del daño derivado de la lesión a la psiquis, tiene consecuencias patrimoniales indemnizables en el daño material consistente en el gasto por atención terapéutica futura, y en la lesión a un interés extrapatrimonial evaluado al definir la procedencia del rubro daño moral.
Su ataque se sostiene en que quienes integramos este Tribunal advertiremos que en ese aspecto el fallo resulta abiertamente inconsistente (la negrilla y el subrayado son del original). Sostiene que el monto es IRRISORIO (la negrilla y las mayúsculas son del original) y que daría para pensar que la sentencia recayó a fines del siglo pasado, pues reconoce $ 1.200 por 48 sesiones, “cuando es de público y notorio que tal monto solo alcanza para dos sesiones”.
Explica que en la pericia se ha determinado el “trastorno por estrés postraumático crónico” sufrido por la Sra. Abalo, y que su hija Macarena, “…presentaba su vez síntomas compatibles con el cuadro “trastorno de ansiedad por separación”, por lo que – a juicio del recurrente – no queda otro camino que su reconocimiento y “receptación” (sic) integral, lo que también esta resaltado en la expresión de agravios que vengo resumiendo.
Estima, con entusiasmo y contundencia en sus palabras, que el rubro ha sido infundada y contradictoriamente rechazado, maximizando de este modo el daño sufrido, habiendo caído el Sr. Juez en una mera descalificación inconsistente, en una arbitrariedad manifiesta cuya revocación en este aspecto deja pedida.
d) El segundo agravio del Sr. apoderado de los actores en esta causa 131.976, lleva por título el que copio textualmente: “La Ofensiva Exigüidad por la Total Desactualización de los Montos de Condena de los Daños Materiales. La existencia de una Grave Discordancia con el Principio de la Reparación Integral:”
Puede sintetizarse la queja en que no se han fijado valores actuales de los daños patrimoniales sufridos.
Para pedir en esta instancia la aplicación de valores actuales, el apelante reclama que se respete el principio de reparación integral o plena, y transcribe una nota sobre los efectos de la inflación que se habría publicado en el diario “Los Andes” en Julio de 2012. Indica que es arbitraria la suma admitida en concepto de pérdida del valor venal del bien afectado por el incendio, pues el perito la estimó en un 15% del valor, y el Juez ha acogido solo la mitad de esa suma sin explicar los fundamentos de tal recorte. Sostiene que sólo la “brecha digital” puede justificar el desconocimiento que evidencia el Sr. Juez de la diferencia entre lo que valía un departamento en Agosto de 2002 (U$S 12.000 equivalentes a $ 45.600) por lo que la suma de $ 7.000 reclamada representaba poco más del 15% de su valor. A criterio del apelante, cualquier motor de búsqueda en internet informaría los valores actuales, que no indica cuáles son.
e) En punto a la tasa de interés, desgrana sus conceptos indicando que los “intereses integran el concepto de daños y perjuicios”, que su función es “mantener incólume el contenido netamente económico del crédito resarcitorio”, critica la tasa pasiva establecida y pide tasa activa desde que se produjo cada perjuicio, para luego y subsidiariamente solicitar que a partir de la sentencia, la tasa sea activa y hasta allí rija la tasa BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires. f) En un último capítulo destinado a la ley aplicable al caso, considera que debe juzgarse conforme el Código Civil y Comercial, del que transcribe algunos artículos, para obtener sus conclusiones finales buscando reforzar sus peticiones.
IV: Los agravios de la demandada y citada en garantía en la misma causa, son los siguientes:
a) En primer lugar y en orden a la autoría y responsabilidad, el demandado entiende que un inmueble o una farmacia siniestrada, no son cosas riesgosas. Sostiene que no existen cosas riesgosas “per se”, y que incluso se discute si el automotor lo es, citando en su apoyo un voto del Dr. Jorge H.Alterini, quien así se habría pronunciado en 1978.
Explica que el análisis respecto a si el inmueble puede ser encuadrado como cosa riesgosa debe ser hecho en el caso concreto, y no en abstracto como lo ha hecho el Juzgador, y que aunque “parezca a primera vista disparatada la cuestión o VV.EE. ya posea un preconcepto sobre el punto…” intentará convencernos recurriendo a la noción de participación activa de la cosa en la producción del daño (los requisitos que menciona parecen los exigidos por los Mazeaud para la responsabilidad por el hecho de la cosa, ver Aída Kemelmajer de Carlucci en su comentario al art.1113 del Código Civil anterior en la obra comentada dirigida por Belluscio y Zannoni, Astrea, Bs.As. 1984, t V, p.452), para seguidamente afirmar que el incendio originado en la instalación eléctrica denota la imprevisibilidad del evento, salvo que se hubiera acreditado un defectuoso estado.
Por ello concluye que la responsabilidad es subjetiva y que debió probarse el factor de atribución subjetivo. b) Se agravia de la suma fijada para reparar el daño moral considerándola excesiva, tomando como parámetros para tal afirmación la circunstancia de que la actora no corrió riesgo de vida, que la reparación demoró solo 60 días, que en ese lapso se restauró tanto el exterior del edificio como el interior del departamento de la parte actora que le quedó “reciclado”, y que valor asignado importa un 400% más que el “daño emergente” , y que el valor del inmueble es de $ 23.333.
c) Critica la valoración del daño material en $ 13.458,50, sosteniendo que el Sr. Juez no aplicó correctamente el art.165 del CPC, al no tener en cuenta que los bienes eran usados al momento del hecho, lo que debe ser considerado.
V: En el expediente nº 131.833 los agravios de la actora María Soledad Caparros, han sido expresados por su apoderado el Dr. Víctor Aldubato y con excepción del monto del daño moral, sus reclamos son similares a los realizados en el proceso en que el actor es el Sr. Suarez (o “caso Suarez” como repite el recurrente), pues alude al tiempo transcurrido, el pedido de preferente despacho, la necesidad de que la indemnización integral respete los valores actuales tanto en el daño moral como en el material, la aplicación del Código Civil y Comercial vigente desde el 1º de Agosto de 2015, y el reclamo de tasa activa y subsidiariamente de tasa pasiva BIP.
En ese mismo expediente los agravios de la demandada y de la citada en garantía, también se repiten: la inaplicabilidad de la teoría del riesgo al caso, el exceso en el monto fijado para reparar el daño moral, señalando que el departamento de María Soledad Caparros no estuvo sometido a la acción del fuego, que el inmueble quedó prácticamente “reciclado” y que la indemnización es desproporcionada en relación al valor del bien.
VI: En el expediente nº 130.138, los agravios de la actora son los que siguen:
a) Sostiene que el consorcio es una persona jurídica distinta del Sr. Mesa. El asegurado es el primero, y no el segundo. La póliza específica que los copropietarios se consideran “terceros” en relación al contrato, y por lo tanto no son asegurados.
b) A tal punto ello es así, que el Sr. Mesa contrató un seguro para su local en forma independiente, con otra compañía porque no estaba alcanzado por el seguro contratado por el consorcio. El Sr. Mesa es un comerciante, “persona jurídica (seguramente se trata de un error y quiso decir persona física o humana, conforme tit. I del libro I del CCyC) distinta del consorcio, diferencia que ya fuera marcada por el Sr. Juez de la instancia anterior en resolución que trascribe parcialmente.
c) Subsidiariamente pide que se rechace la prescripción opuesta por Mesa, pues entiende que no resulta aplicable el plazo del art.58 de la ley de seguros, en cuanto el demandado no es parte del contrato, y estima que la acción de repetición se ha de regir por el plazo genérico del Código Civil de diez años contados desde que la actora efectivizó cada pago.
VII: Dada la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial al momento de dictar esta sentencia, me parece necesario incluir en la misma un razonamiento fundado (arts. 2 y 3 CCyC) que aclare por qué la ley actual resulta o no aplicable a la estimación de los perjuicios, pues el reclamo de aplicación de la nueva ley forma parte de los agravios del actor. Se sostiene que la razón para no aplicar la nueva norma es que siendo el daño un elemento constitutivo de la responsabilidad civil - ya que sin él, “ ni daños ni perjuicios” (Josserand citado por Cazeaux –Trigo Represas “Dereceho de las Obligaciones” edit.LEP, Bs.As.1987, tomo I página 387) debe existir (con la certeza correspondiente al actual o al futuro) y exteriorizarse o manifestarse al momento del hecho, y consecuentemente se aplica el derecho vigente en aquel entonces, en razón de que su valoración engloba a todas las consecuencias previsibles que no constituyen etapas nuevas, distintas o independientes (Aida Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal –Culzoni, Santa Fe 2015, p.100 y siguientes) . Incluso el daño continuo – explica Matilde Zavala de González (“Resarcimiento de daños” 2-a-, Hammurabi, Bs.As. 2005.p.66) – es daño único “aunque se desenvuelva en un cierto lapso de tiempo y a través de estados materiales plurales, pero no autónomos sino enlazables por su referencia a un único hecho productor…”
Sin embargo, y como enseña Aída Kemelmajer de Carlucci (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” ob.cit. i, pág.103), y aunque la referencia haya sido un caso de inmisiones por cuestiones de vecindad “…se ha aplicado el nuevo texto, si se trata de un daño que comenzó con anterioridad y terminó después de haber entrado en vigencia las nuevas normas, o sea, se trata de una caso en el que el presupuesto de hecho constitutivo de la relación no es instantáneo sino que se prolonga en el tiempo de manera tal que habiendo comenzado a producirse durante la vigencia de la ley antigua, termina de suceder bajo la nueva, por lo que es esta la que debe aplicarse…”. No advierto en el caso un problema de daño continuo, sino “subsistente” en tanto no ha sido aún reparado.
Es que el derecho de daños no plantea un problema de derecho transitorio, en tanto el nuevo ordenamiento se ha limitado a recoger la doctrina y jurisprudencia existentes (Kemelmajer de Carlucci ob. y p.cit.), por lo que el reclamo respecto a la aplicación de la nueva ley en el caso de autos, no tiene andamiento (art.7 CCyC).
VIII: En la medida en que critica el carácter de cosa riesgosa del local comercial donde se inició el incendio, corresponde tratar el primer agravio del recurso de las partes demandada y citada en garantía en los expedientes nº 131.833 y 131.976.
La cuestión planteada debe analizarse como relativa al carácter riesgoso de un inmueble incendiado.
Al respecto debe recordarse que se ha definido la cosa riesgosa como aquella que tiene en sí misma aptitud para causar daños frecuentes o graves, por su propias calidades, o por las circunstancias en que es utilizada (proyecto de CC 1998 art.1662), mientras que la ley vigente (art.1757 CCyC), las califica por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
Para otra opinión el riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar un daño (Kemelmajer de Carlucci - Parellada, Carlos "La responsabilidad por el empleo de cosas" en Responsabilidad Civil dirigida por Mosset Iturraspe, Jorge, p. 389, Ed. Hammurabi).
El inmueble incendiado y no el incendio o el inmueble por separado, es lo que generó daño a los actores. Por lo tanto el inmueble incendiado no constituye una cosa inerte que carezca de la reclamada “intervención activa”. El riesgo resulta entonces, por el hecho de la cosa. En consecuencia, sus dueños o guardianes no pueden -en los términos del art. 1113 ya mencionado- eludir su responsabilidad por los daños ocasionados a menos que hubieran probado el hecho o la culpa de la víctima, de un tercero por quien no deban responder, o el caso fortuito (eximentes las dos últimas que parecen haberse resumido en una sola, art.1731 del CCyC). Los antecedentes respecto al carácter riesgoso de una cosa incendiada ocupan repertorios enteros de jurisprudencia. Cabe traer a colación como ejemplos tomados al azar las decisiones de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, sala Civil, Comercial y del Trabajo, 16/10/2014, en la causa “Grava, Gabriel Víctor c. SYR S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios” , La Ley Online AR/JUR/109357/2013, de la Cámara de Apelaciones de Concordia, sala civil y comercial I, 03/07/2014 , n la causa “Forestagro S.A. c. Las Camelias S.A y otro s/ ordinario”LLLitoral 2014 (noviembre) , 1138 , AR/JUR/35775/2014; y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G , 29/11/2007 en la causa “ AGF Allianz Argentina CIA. de Seguros S.A. c. Castelletti, Alberto Hugo”
DJ 07/05/2008 , 47 , DJ 2008-II , 47 , AR/JUR/8242/2007, entre muchos otros .
No coincido con el apelante respecto a la previsibilidad en concreto que reivindica para el análisis causal, pues “no hay causalidad del caso singular” (Goldenberg, Isidoro, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil” Astrea, Bs.As. 1989, p.32).
A mi modo de ver, las condiciones concretas corresponden al ámbito de la culpa como factor de atribución subjetivo en donde debe hacerse mérito de las circunstancias de personas, tiempo y lugar en que la conducta del agente se exterioriza (art. 512 ley 340, art. 1724 CCyC). En la relación causal adecuada, la previsibilidad debe considerarse en abstracto, por lo que corresponde analizar si la causa poseía aptitud para generar el resultado conforme las reglas de la experiencia, lo que importa poder relacionar estadísticamente el antecedente con la consecuencia dañosa como resultado probable.
El juez, para determinar la relación causal adecuada contenida en el art. 906 del Código Civil vigente a ese momento (actual 1726 CCyC), d ebe formular ex post facto un juicio de probabilidad del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible (Compagnucci de Caso, Rubén H., "Responsabilidad civil y relación de causalidad", Alterini, Atilio-López Cabana, Roberto, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", cit., LL 1986-E-981).
Teniendo en cuenta que la causalidad actual es probabilística (Prevot, Juan Manuel “El nexo de causalidad en la responsabilidad médica” LL del 18.8.05 p.2; “Relación de causalidad en las infecciones intrahospitalarias LL Gran Cuyo 2006 Febrero, 52), no encuentro yerro alguno cuando el Sr. Juez menciona que la autoría se funda en las hipótesis del agente policial sostenida en los rastros e indicios encontrados en la causa penal y que se detallan a fs. 1002 vta. a 1004 del expediente nº 131.976. “No es menester una certeza absoluta, aunque sí una seria probabilidad que supere el nivel conjetural” explica Zavala de González (“Resarcimiento de daños. Tº 4” Hammurabi, Bs.As.1999, p.258). En el informe pericial de la causa penal se describe como puede arribarse en el ámbito del derecho de daños a la determinación de la autoría, en un caso como éste, en el que se evidencia una alta posibilidad de que el incendio se hubiera ocasionado en un corto circuito provocado por una instalación eléctrica (situada en un entrepiso de madera y llena de papeles), sobre exigida por alimentar carteles luminosos, y sin la protección adecuada.
En otras palabras, el inmueble incendiado es una cosa riesgosa, y además de acuerdo al informe de la causa penal, es razonablemente probable la existencia de un vicio en la instalación eléctrica que haya dado origen al incendio. La certeza absoluta, desprovista de la más mínima duda sobre la causa original, no es posible en general, o no lo es al menos en el derecho de daños, y para no incurrir en el lugar común conforme al cual “el absoluto no es de este mundo”, basta decir que los elementos probatorios aportados son suficientes para encuadrar el caso como lo ha hecho el Sr. Juez de la instancia anterior.
IX: Los montos fijados para reparar los daños, constituyen críticas que – desde lugares opuestos – formulan tanto los actores como el demandado y la citada en garantía.
a) El momento al cual se realiza la cuantificación del daño, es el más cercano al efectivo pago por lo que resulta aplicable a esta decisión el art.1083 de la ley 340 (modificada por ley 17.711), similar al art. 1740 del CCyC que prevé además la reparación “plena”, en coincidencia con el agravio de los actores y con el art. 772 del mismo ordenamiento. Este procedimiento es el que viene llevando adelante el Tribunal al fijar los montos reparatorios de cada daño en la valuación más cercana a la sentencia, desde hace cerca de diez años.
El mismo fundamento tiene la doctrina de la SCBA cuando dice que “los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado” (causas 44.415, 117.926) o cuando recurriendo al criterio de la CSJN, fija el valor del bien expropiado en el "valor objetivo" del bien, declarando que "... es el equivalente al valor en plaza y al contado, porque se tiene en cuenta el libre juego de la oferta y la demanda. Agregando luego que el criterio de la objetividad permite, a los efectos de su razonabilidad, ajustarlo en cada caso, no solamente a las cualidades intrínsecas de la cosa expropiada, sino también a las circunstancias de lugar y tiempo" (C.S.J.N., Fallos 237:38; 305:1897) (causa 101.107).
Sobre este mismo aspecto, Matilde Zavala de González (RCyS 2013-XI portada), advertía que “la plenitud indemnizatoria descarta sumas depreciadas, inservibles para obtener satisfacciones. Ello supone cuantías con poder adquisitivo real, sin cristalización al momento del daño o de la demanda, cuando ha disminuido a la fecha de la sentencia o la de su cumplimiento”.
Me parece razonable afirmar que la doctrina legal citada, implícita o explícitamente refiere que las sumas destinadas a reparar daños constituyen deudas de valor, en el sentido que siempre les ha reconocido la doctrina, aún antes de la vigencia del actual art. 772 del Código Civil y Comercial (Alterini, Atilio A “ Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral en LL 1991-B,1048).
Explicaba Alterini que “…es deuda de valor la que "debe permitir al acreedor la adquisición de ciertos bienes" recayendo de esa manera sobre un quid antes bien que sobre un quantum. Se precisó, concordantemente, que en tanto en la deuda dineraria "el dinero es el objeto inmediato de la obligación, su componente específico", en la deuda de valor el dinero aparece sólo "como sustitutivo del objeto especificado", esto es, como "sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco". En otros términos, en tanto en aquélla el dinero actúa in obligatione e in solutione (se debe dinero y se paga dinero), en ésta se atiende in obligatione a una determinada porción patrimonial, y el dinero opera únicamente in solutione (aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor)”.
Entre los casos de deudas de valor el autor que vengo glosando decía que en tales hipótesis “…de deudas de valor (casos de créditos de los cónyuges, medianería, edificación de mala fe, colación, determinación de la legítima, aportes en la sociedad, etc.) también carecen de sentido, tanto el congelamiento del crédito desde el 1° de abril de 1991, como la sujeción a desagio en función de la imposición legal de la cláusula valor dólar. El deudor debe el valor correspondiente, y el acreedor tiene derecho a estar, cuando recibe el dinero que lo representa, en situación de proveerse los bienes a los que corresponde dicho valor; para ello, lo determinante es -va de suyo- el valor actual y no uno histórico y, desde luego, nunca un valor desagiado”.
“Veamos, ejemplificativamente, el caso de los hechos ilícitos: el art. 1083 del Cód. Civil (según ley 17.711) establece que "el resarcimiento consistirá en la reposición de las cosas al estado anterior", sin perjuicio de que la indemnización sea pagable en dinero; la reposición al estado anterior de un guardabarros destruido en un accidente supone que el responsable pague a la víctima la cantidad de dinero necesaria para adquirir ese repuesto en la plaza, lo cual exige que sea computada la depreciación que suceda a partir del 1° de abril de 1991 hasta el momento del efectivo pago, y que no sea cristalizado a esa fecha el monto resultante” (el resaltado no es original).
Otra opinión, considera que aunque la distinción sea solo un medio, un subterfugio, un mero instrumento paliativo de la injusticia que muchas veces genera el nominalismo, tiene igualmente utilidad dentro de ese contexto normativo (Pizarro –Vallespinos” Obligaciones” Hammurabi,Bs.As.1999, 1,375), como uno de los sistemas posibles para atenuar inequidades (Ariza, Ariel “Senderos del nominalismo” en LL 2010-F, 365).
b) En principio, y para que el razonamiento pueda ser aplicado, debe haber mediado algo más que una mera petición o evaluación dineraria, como en las demandas de autos en las que se somete la suma (provisionalmente) avaluada “a lo que en más o en menos resulta de la prueba a producirse, y del prudente arbitrio de V.S.” (Expediente 131.833 fs. 129 vta,130,133 y 133 vta.; Expediente nº 131.976 fs. 238 y 249).
Debe constatarse también que el plazo habido desde el reclamo sea tan largo que torne insuperables las dificultades para cumplir con la reparación en la plenitud del ordenamiento, y que el alongamiento no tenga su origen en la pasividad de la actora. Dos motivos deben concurrir entonces en el caso para que se aplique esta regulación excepcional: a) la duración del litigio debe ser de un magnitud similar a la establecida en los estándares fijados por los Tribunales internacionales para brindar al ciudadano el servicio de justicia, y b) la causa de la demora no puede haber sido la incuria de la actora en llevar el proceso adelante, pues ello importaría el traslado de la autoría del daño moratorio, comprensivo de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda con que el responsable indemniza .
En el caso de autos los antecedentes indican que estamos ante ese supuesto excepcional:
∑ El hecho que causó los daños ocurrió el 5 de Abril de 2002, y las demandas de la familia Suárez y la Sra. Caparrós fueron iniciadas el 20 de Agosto y el 12 de Septiembre de ese mismo año, respectivamente (fs.258 vta. Suárez y 142 Caparrós).
∑ La petición de las medidas cautelares para asegurar el eventual resultado del pleito, y su traba, demoraron - en el expediente 131.976 – hasta agosto del 2003 en que se dispuso el traslado de la demanda. En el expediente 131.833, la acumulación dispuesta a fs.179 demoró el proceso hasta Noviembre de ese año, y las cautelares que allí también se pidieron y trabaron, recién permitieron el traslado en Abril de 2004 (fs.247 vta).
∑ La denuncia de un pago a cuenta del daño patrimonial por parte de la actora, y de la existencia de una transacción por la demandada (fs.243 y 276 exp.131.833) con su apelación, llevó el trámite – sin haberse abierto a prueba- hasta Mayo de 2006 en este mismo expediente, y hasta agosto de 2005 en el nº 131.976.
∑ Dictado el auto que proveyó la prueba en Febrero de 2006 (131.976) y en Junio de 2006 (131.833), el certificado sobre el resultado obra a fs. 570 (131.833) y fs. 794 (131.976) habiéndose registrado acusaciones de negligencia, pedidos de caducidad de pruebas, periciales tardías, con reiterados pedidos de explicaciones que hicieron que los procesos sufrieran una primera suspensión (fs. 622 nº131.833) y que el período de prueba terminara a fines de 2010. ∑ Recién en Septiembre de 2013, la Sra. Jueza que reemplazó al anterior magistrado pudo dictar sentencia. La decisión fue anulada por este Tribunal al haberse omitido el tratamiento del pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar contenido en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 de convertibilidad, cuestión que fue juzgada esencial en tanto la omisión de resolver alteraba el perfil de la sentencia.
∑ Vuelto el expediente a la instancia de origen, y luego de un comentario de la Sra. Jueza cuya decisión resultó anulada, la causa llegó al Sr. Juez que dictó la sentencia apelada en Agosto de 2014. Notificada la radicación a fin de ese año, la decisión recurrida data del 10 de Julio de 2015, y luego de arribar a esta instancia y expresar sus agravios las partes, fue sorteada para sentencia definitiva con fecha 2 de Noviembre de 2015.
De estos antecedentes surge que el conflicto – por vicisitudes propias del proceso- ha tardado cerca de quince años en arribar al estado de obtener una sentencia de los tribunales de grado, sin que pueda computarse demora alguna que haga responsables a los actores. c) Como bien dice el apelante el ultraje manifiesto al principio de reparación plena que importaría considerar indemnizado el daño por la destrucción del vestuario con $ 500, o la pérdida del 15% del valor venal de un departamento con $ 3.500, obliga a pensar en un método que sin desatender a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 ratificados por ley 25.561, deje de premiar a los deudores que no indemnizaron los daños cuando debían y termine de perjudicar tan gravemente a los acreedores. Ante aquellas cifras que nada reparan, y que terminan humillando a quien demanda justicia, no me parece posible insistir en mantener los montos menguados “inservibles para obtener satisfacciones” (Zavala de González, Matilde ob.y p.citadas), ni asistir pasivamente a la consolidación del injusto en cabeza de la víctima, cuando otra avaluación es factible mediante las pautas anteriormente señaladas.
Se evitaría así, recurrir a la última ratio consistente en la inconstitucionalidad de un nominalismo que pese a quedar “vacío de contenido” (Ariza. Ob.cit), ha sido ratificado por la jurisprudencia (CSJN, “Massolo, Alberto Jorge c/ Transporte del Tejar S.A”, 20/04/2010; SCBA: B 49.193 BIS "Fabiano, Julio Esteban contra Provincia de Buenos Aires (P. EJEC.). Incidente de determinacion de indemnización”). Este procedimiento que aparece como el único posible para no consentir una injusticia tan manifiesta, puede presentar una complejidad desalentadora en algunos rubros, y se hubiera evitado mediante la utilización – como se hace en otras jurisdicciones – de la tasa activa para reparar el daño moratorio. De todos modos, la doctrina ha sostenido la determinación del valor de reparación del daño al momento del efectivo pago, como modo de paliar las injusticias que genera el nominalismo, y sin tener que recurrir a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 ratificados por la ley 25.561 (Ariza, Ariel “Senderos del nominalismo” en LL 2010-F,635 con cita de Félix A. Trigo Represas, Casiello-Mendez Sierra, y Alterini), con mayor viabilidad si cabe, luego de que éstas fueran admitidas en el art. 772 del Cód. Civil y Comercial en la medida en que ello implica una confirmación por ley posterior (no aplicable al caso) de que el sistema no es incompatible con las normas relativas al nominalismo (arts. 7 y 10 de la ley 23298).
Resta aclarar que, no siendo los actores “asegurados” de las empresas demandadas, no resulta de aplicación el art.87, que fija el momento al que debe evaluarse cada daño, siempre que no haya habido mora de la aseguradora.
X: Habiendo establecido que la cantidad de unidades monetarias destinada a reparar el daño deben cuantificarse en el momento más cercano al efectivo pago, por las razones expuestas en el párrafo anterior, corresponde ingresar en el análisis de cada daño y su avaluación, siguiendo los agravios que las partes han planteado. X.1: En el expediente 131.976, comenzaré tratando los daños materiales:
a) Pérdida del valor venal del departamento:
Le asiste la razón al actor apelante.
La pericia de fs. 743 debe aunarse con la misma producida a fs. 489 del expediente acumulado “Caparros”, y aunque contengan elementos subjetivos que la tornan más parecida a una estimación, ambos se fundan en la mismas circunstancias y bases técnicas. Tanto el Ingeniero Spyrnal como la Ingeniera Valsechi, explican la incidencia del fuego en la estructura, la disminución de la resistencia ante otro eventual siniestro, y lo hacen recurriendo a los elementos técnicos propios de su profesión quizás con mayor desarrollo en un informe que en el otro, para concluir que –conociendo el antecedentetanto un comprador como un inquilino pagarían menos por la venta o el alquiler del bien.
Llamativamente coinciden en el porcentaje de disminución del valor de venta que fijan en el 15%, y aunque el distinguido magistrado de la instancia de origen, recurrió al art.165 del CPC, resulta razonable el fundamento de los informes periciales, de los cuales no encuentro motivos para apartarme.
Aún cuando la propia Ingeniera Valsechi aclara “de otro modo habría que considerar un número grande de factores solamente posible por profesionales de un decantado conocimiento de materias afines, porque se debe valorar teniendo en cuenta: en la construcción, en la reparación, en la conservación de la decoración, en su distribución., etc. y demás detalles constructivos para poder expedirse con base y criterios justificativos” (fs.783 .vta. in fine), su conclusión – y la del Ing.Spyrnal – tienen fundamento razonable, suficiente para hacer lugar al agravio y otorgar a los actores el 15% de disminución del valor de venta.- Para cumplir con las premisas antes establecidas, ese 15% debe calcularse sobre el valor actual y real del departamento (punto IX de los considerandos).
Es posible conocer el valor actual del bien, teniendo en cuenta la descripción realizada en el acta notarial que obra a fs. 44 y las fotografías que – autenticadas por el notario la preceden (art.296 CCyC, art.993 ley 340), y recurriendo las distintas publicaciones en Internet. Esas cotizaciones constituyen hechos notorios exentos de prueba, porque son, al decir de Calamandrei, “aquellos cuya existencia es conocida por la generalidad de los ciudadanos de cultura media en el tiempo y lugar en que se produce la decisión” (Torres Traba José María, “Reflexiones sobre la teoría de la prueba y el procedimiento probatorio. Los medios de prueba y su admisibilidad”, en dpccgozaini.blogspot.com; Arazi Roland, “La prueba en el proceso civil”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2008, pág. 53, con cita en nota 16 de Calamandrei Piero, “La definición del hecho notorio” en “Estudios sobre el proceso civil”, trad. de Santiago Sentís Melendo, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 1961, pág. 184), y por lo tanto su verificación es fácilmente realizable (“por simple consulta de un texto o de un diario”, o por Internet, agrego), sin interesar la información que la parte pueda tener sobre el mismo (Falcón Enrique M., “Manual de Derecho Procesal”, Ed. Astrea, Bs. As. 2005, Tomo I, pág. 315 y 316).
Así, un departamento de dos ambientes en la zona cercana al siniestrado edificio, con características similares, está siendo ofrecido al público en la página www.trovitargentina.com.ar/casas (último día visita 16.2.2016) a la venta en la suma de dólares estadounidenses sesenta y nueve mil (U$S 69.000). En la página www.inmobiliario.mdq (igual último día de visita) la cotización es dólares estadounidenses sesenta y nueve mil novecientos, y en www.pimas.com.ar (igual día de visita) asciende a U$S 57.000.
De este modo podemos concluir que el promedio de cotizaciones ronda la suma de U$S 69.000, y que estableciendo una eventual quita en el precio para su venta, teniendo que es uso en plaza, el monto no puede bajar de U$S 65.0000.
En tal caso el 15% es de U$$ 9.750, que a la cotización de la fecha obtenida en el diario La Nación del 16.2.2016 ($ 14,59) ascienden a la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos ($ 142.252), producto de multiplicar los U$S 9750 por 14,59 la unidad de moneda extranjera en la que se transan estas operaciones en el mercado.
Propongo en consecuencia hacer lugar al agravio de la actora y establecer el monto de la reparación por el rubro tratado en la suma de $ 142.252, con más los intereses cuya tasa será objeto de tratamiento al analizar el agravio correspondiente.
b) El daño material derivado de la lesión psíquica:
La diferencia de criterios entre la opinión sostenida – por cierto en forma tajante – por el apelante, la doctrina legal de la SCBA, y la opinión de este Tribunal respecto a rechazar la autonomía del daño psicológico, adquiere relevancia en el caso de autos para las quejas relativas a la indemnización del llamado daño psíquico.
La lesión a la psiquis puedo provocar daño material o moral. En sí misma, no puede tener reparación atendiendo a que el cuerpo humano no está en el comercio (art. 8 Pacto de San José de Costa Rica, Pizarro – Vallespinos “Obligaciones”, Hammurabi, Bs.As.1999, tº4, y pag.275 y siguientes con especial referencia a la situación actual en el derecho italiano que diera origen a la pretendida autonomía..; Zavala de Gonzalez, Matilde “Resarcimiento de daños” tº 2 a, Hammurabi, Bs.As. 2005, p72), entre otros argumentos que sostienen esta postura.
Respecto al reclamo de valores condignos con la terapia recomendada por la perito para las actoras, le asiste razón parcialmente a la apelante.
En cuanto a la terapia correspondiente a la Sra. Abalo, surge del dictamen que la actora es reticente a la idea de realizar un tratamiento psicológico (fs.647 vta. in fine y 648) habiéndose recomendado un tratamiento de tipo grupal, cuyos valores actuales se desconocen. Otro tanto sucede en la avaluación del costo material de la terapia individual indicada a Macarena Suárez Abalo, por lo que propongo que en la etapa de liquidación se requiera a la perito que ha intervenido que informe los costos actuales de ambas pericias, por un total de 48 sesiones, número este correspondiente al tratamiento que ha quedado ya firme.
Cualquiera sea la suma que resulte, no podrá por razones de congruencia –art.166 inc.3 del CPC- superar la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) que ha sido el monto reclamado como “cuantía total del daño psíquico” a fs.1054.
c) El daño material por reposición del vestuario de tres personas:
Asiste razón a la apelante en que la suma fijada resulta a todas luces insuficiente para indemnizar la pérdida del vestuario completo de tres personas, aún considerando que fuera usado.
En el acta notarial de fs. 44 el escribano interviniente dejó constancia de haber constatado la existencia de “cantidad de vestimenta de hombre, mujer y niño visiblemente marcada y deteriorada por el fuego”, lo que se advierte igualmente en las fotografía autenticadas que la preceden. La negativa genérica efectuada por el demandado al contestar la demanda (fs. 382 vta) no es suficiente para desvirtuar los dichos de un oficial público respecto a hechos que ha constatado él mismo (art. 993 del CC, art. 296 del CCCN), por lo que el contenido de ese acta tiene plena eficacia probatoria.
Sin embargo no encuentro elementos en el expediente que permitan determinar –en esta instancia- cuál era el real valor del vestuario personal de la familia que sufrió la familia Suárez, ni de los bienes necesarios para montar un departamento, tales como cortinas, toallas, sábanas, etc.
Por ello, y ante la dificultad para fijar el monto indemnizatorio, el Sr. Juez de primera instancia en la etapa de ejecución de la sentencia, deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentes- a fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg. art. 602 CC) para dos personas adultas y un menor, a fin de determinar su quantum a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC).
d) El daño material por los arreglos realizados al inmueble y la reposición de electrodomésticos:
Idénticas dificultades encuentro para establecer una indemnización adecuada para estos sub- rubros.
En cuanto a las reparaciones, el presupuesto elaborado por el arquitecto González agregado a fs. 61 fue reconocido a fs. 616.
Por su parte en el expediente n°130.138, caratulado “Royal & Sunalliance Seguros Argentina SA c. Mesa Argentino Enrique s. Repetición de sumas de dinero”, se encuentra agregada la liquidación efectuada en relación al siniestro por el Estudio Santamarina, de donde surge que al Sr. Suárez se recomendó abonarle la suma de $3739,50 (fs. 28), correspondientes a la instalación eléctrica –bocas para iluminación, tomas, recableado, tablero- $825; pintura –cielorraso y paredes enduído completo, pintura de cielorrasos, desmonte de papel. Empapelado con papel base-prov. y colocación, lustre de puerta de placard, puertas- $1297,50; Albañilería –desmonte de cielorraso, cielorraso, reparaciones de paredes de yeso, molduras de cielorraso, mosaico prov. y coloc., reparaciones de rajaduras internas- $1340, totalizando $3462,50). El recibo agregado por el apoderado de la parte actora da cuenta del pago de la suma de $5719,50, que fue el importe restado en la sentencia, en concepto de pago parcial.
Habiendo intervenido en autos como perito la ingeniera Valsechi, y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, deberá el Sr. Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 61, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: a) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pintura efectuadas por la aseguradora; b) qué tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto González se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención.
En cuanto a los electrodomésticos dañados, descriptos en el acta de constatación de fs. 44, “TV Goldstar de 14 pulgadas, TV Noblex de 21 pulgadas, una computadora un minicomponente, teléfono siemens y cañas de pescar”, cabe advertir similares dificultades que se agravan porque algunos de ellos han sido reemplazados en el mercado, por otros distintos y no resulta posible obtener cotizaciones.
Al respecto, resulta más dificultoso aún, tener en cuenta el agravio de la demandada en torno la condición de bienes usados. En primer lugar porque los actores gozaban de esos bienes usados por ellos, no por terceros, y la idea del reemplazo por bienes usados por otras personas presenta la seria dificultad respecto a saber cual es su estado, y en segundo lugar porque la rápida evolución técnica en materia de electrodomésticos, hace que aquellos que se usaban en la época del siniestro no se encuentren hoy –siquiera - en casas de bienes usados (las que por otra parte han tendido a desaparecer del mercado). Estos bienes obligaban por entonces a un importante esfuerzo para obtenerlos, mientras que en la actualidad, pocas personas los aceptarían si se los regalan. En atención que del acta notarial referida surge que los aparatos electrónicos han sido dañados por el fuego, el Sr. Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos-, para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran los descriptos, atendiendo a que tales productos han sido discontinuados en el mercado.
En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca y el tipo de las cañas de pescar, deberán informar sobre el precio actual de los adquiridos según ticket de fs. 83, reclamados a fs. 238 vta. o según marcas existentes en el mercado de similares características.
X.2. El daño moral:
El agravio que genéricamente presenta la demandada en torno a la avaluación del daño moral, se funda en que la suma otorgada en sentencia duplica el valor del inmueble siniestrado, para lo cual compara valores históricos con los actuales, cuando entre tanto la realidad económica se ha ocupado de hace inviable tal razonamiento. Además y conforme doctrina y jurisprudencia que se ha ido imponiendo hasta generalizarse, el monto del daño moral no está vinculado a los valores a reponer en concepto de daño material (Pizarro, Ramón Daniel “Daño Morañ” edit.Hammurabi, Bs.As. 1996 p.335 y siguientes). Le asiste razón a la actora respecto a la notoria insuficiencia del monto establecido para reparar el daño moral derivado del incendio de la vivienda (Pizarro, Daniel “Daño Moral” ob.cit. p.533). Teniendo en cuenta los mismos elementos analizados en la sentencia apelada a fs. 1008 y 1011, entiendo que debe fijarse el daño moral en la suma de pesos ciento veinte mil, correspondiendo cuarenta mil ($ 40.000) a cada uno de los tres actores, Abalo, Suárez y Suárez Abalo.
XI: En el expediente n°131.833, las partes también se agraviaron –con distinto fin- por los montos indemnizatorios otorgados en sentencia.
XI.1: Comenzaré por tratar los daños materiales:
a) Pérdida del valor venal del departamento:
El actor viene en su apelación afirmando que el valor actual del departamento es de $ 800.000, los que a la fecha de la expresión de agravios -15-9-2015- representaban U$S 86.000 (fs. 805 cuarto párrafo), circunstancia que, entiendo, debió acreditarse mediante su planteo como punto de pericia o a través de prueba informativa; sin embargo, y en atención a lo dispuesto por el art. 165 párrafo tercero del CPCC, estando legalmente probada la existencia del daño, puede determinarse su monto recurriendo a la cotizaciones de inmuebles similares (arg. art. 376 párrafo segundo del CPCC; esta Sala, expte. n°134.991, “García Frosio Cristian Cristian Julio c. Liderar Cía. General de Seguros S.A. s. Daños y perjuicios”, sent. del 13-7-2006, R210 F°1525; exped. n°151.277, “Desimone Martín Antonio c. Renault Argentina S.A. y otra s. Daños y perjuicios”, sent. del 11-10-2012, R273 S F°861/75). Atendiendo a las conclusiones de la pericia del ingeniero Szpyrnal obrante a fs. 493 vta., que calcula “una quita del 15 % respecto de una unidad de semejantes características que se ubique en las inmediaciones”, y en base a las cotizaciones de Internet que he reseñado en el punto X.1 apartado a), y los cálculos allí efectuados, la indemnización para reparar este rubro debe fijarse en la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos ($ 142.252).
b) Daño material por el alquiler de un departamento:
A fs. 600-601 se encuentra agregado el contrato de locación celebrado por la actora con fecha 10 de abril de 2002, de un departamento ubicado en la calle Gascón n°2308 de la ciudad de Mar del Plata, sellado con fecha 8 de mayo de 2002 (art. 317 del CCCN).
No se indica qué comodidades tiene, es decir si es de uno o dos ambientes.
La actora se agravió a fs. 804 del monto de la indemnización establecida en la sentencia porque se le reconoce un tercio de lo reclamado.
El fundamento del a quo al momento de la avaluación, fue que del informe del ingeniero Szpyrnal a fs. 494 surge que el plazo para efectuar las reparaciones era de 45 a 60 días, por lo que calculó que pudieron estar terminadas aproximadamente el 15 de octubre de 2002, es decir seis meses desde la celebración del contrato de locación, con la consecuente facultad del locatario para resolverlo de conformidad al art. 8 de la ley 23.091 (fs. 759 cuarto párrafo).
Consideró que no estaba debidamente justificado que el plazo de la locación se hubiera extendido efectivamente por dos años, por lo que multiplicó el precio por siete cánones y medio comprensivos de esos seis meses con más el mes y medio que establecía el citado art. 8 para ejercer la facultad de resolver anticipadamente, resultado al que agregó el monto de sellado (fs. 759 vta.).
No encuentro razones para apartarme del razonamiento judicial, pues la actora no agregó pruebas relativas al cumplimiento del plazo contractual, como por ejemplo, los recibos de pago correspondientes, que acreditarían la cantidad de meses en que efectivamente ocupó el inmueble locado (art. 375 del CPCC).
En cuanto al monto de esa locación, la consulta de distintas páginas de Internet (última entrada 17-2-2016), indica que a la fecha, el alquiler de un departamento de dos ambientes en la zona, oscila entre $.5300 (Gascón 1700, www.mardelplata.com) ; $ 5000 (Gascón y Las Heras, en www.tixuz.com.ar) , $ 5700 (Gascón y Buenos Aires, misma página), y 3250 para el primer año y $ 4000 para el segundo (Brown entre Entre Ríos y Corrientes, www.inmobiliariomdq.com.ar) . Los precios para departamentos de un ambiente en la misma zona, van desde $ 3500 (www.datoinmobiliario.com.ar, en Falucho y Lamadrid), $ 3500 (www.region223.com.ar, Brown y Lamadrid), $ 2100 (misma página, Brown y Santa Fe), y $ 2300 (www.tigreinmuebles.com.ar, Lamadrid 2546).
Estableciendo un monto promedio de $ 3000, el cálculo efectuado en primera instancia arroja la suma de $ 23.220 para este sub-rubro.
c) El daño material por reposición del vestuario de la actora:
Asiste razón a la apelante en que la suma de $ 500 resulta a todas luces insuficiente para indemnizar la pérdida del vestuario completo de una persona, aún considerando que fuera usado. En el acta notarial de fs. 572-573 la escribana interviniente dejó constancia de que “la ropa de uso personal y la de la casa en general está inutilizable” (fs. 573). La negativa genérica efectuada por el demandado al contestar la demanda (fs. 254 vta. punto 2 y 255 vta.) no es suficiente para desvirtuar los dichos de un oficial público respecto a hechos que ha constatado él mismo (art. 993 del CC, art. 296 del CCCN), por lo que el contenido de ese acta tiene plena eficacia probatoria.
Sin embargo no encuentro elementos en el expediente que permitan determinar –en esta instancia- cuál era el real valor del vestuario personal de la Sra. Caparrós, ni de los elementos necesarios para montar un departamento, tales como cortinas, toallas, sábanas, etc.
Por ello, y ante la dificultad para fijar el monto indemnizatorio, el Sr. Juez de primera instancia en la etapa de ejecución de la sentencia, deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentes- a fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg. art. 602 CC) para una persona mayor de edad que vive sola, a fin de determinar su quantum a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC). a) El daño material por los arreglos realizados al inmueble y la reposición de electrodomésticos:
Idénticas dificultades encuentro para establecer una indemnización adecuada para estos subrubros.
En cuanto a las reparaciones, el presupuesto elaborado por el arquitecto José María Tugores agregado a fs. 597-599 fue reconocido a fs. 461.
Por su parte en el expediente n°130.138, caratulado “Royal & Sunalliance Seguros Argentina SA c. Mesa Argentino Enrique s. Repetición de sumas de dinero”, se encuentra agregada la liquidación efectuada en relación al siniestro por el Estudio Santamarina, de donde surge que a la Sra. Caparrós se aconsejó abonarle la suma de $ 1360 (fs. 28), correspondientes al detalle de fs. 32, “Pintura, paredes y cielorrasos, reparaciones de grietas y reparaciones con yeso” (El recibo agregado por el apoderado de la actora a fs. 241 da cuenta del pago de la suma de $2540,80 (ver aceptación de fs. 242), que fue el importe restado en la sentencia, a fs. 759 vta., en concepto de pago parcial.
Habiendo intervenido en autos como perito el ingeniero Szpyrnal (ver fs. 435 y aceptación de cargo de fs. 439), y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, deberá el Sr. Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 597-599, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: a) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pintura efectuadas por la aseguradora; b) que tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto Tugores se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención.
En cuanto a los electrodomésticos dañados, descriptos en el acta de constatación de fs. 573, “equipo de música Philips, televisor –Samsung de 14 pulgadas-, video casetera Grundig, minicomponente Noblex, lavarropas, heladera, microondas, secarropas”, cabe advertir similares dificultades que se agravan porque algunos de ellos han sido reemplazados en el mercado, por otros distintos y no resulta posible obtener cotizaciones.
A fs. 605-606 se encuentra agregado el presupuesto de la casa “Daiam”, por un importe total de $ 4882, que fuera negado en su autenticidad por el demandado y la citada en garantía al contestar la demanda (fs. 254 vta. y 394 vta.).
Sin perjuicio de ello, y en atención que del acta notarial de fs. 573 surge que los aparatos electrónicos “no se encuentran en buenas condiciones de utilización”, el Sr. Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos-, para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran : un televisor marca Samsung de 14 pulgadas o similar, un video reproductor Grundig, un minicomponente Noblex , Philips o marca actual similar, atendiendo a que tales productos han sido reemplazados en el mercado. En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca de la heladera, lavarropas, microondas y secarropas, deberán informar sobre el precio de los presupuestados a fs. 605, es decir lavarropas Electrolux EW 526 T, 500 RPH, heladera L.G. GR-T 342 S 340 lts., secarropa Koh-I-Noor de 4,2 kgs., u otras marcas existentes en el mercado de similares características.
XI.2: El daño moral:
Ambos recursos deben ser rechazados en cuanto a la indemnización por daño moral.
El sentenciante otorgó la suma reclamada en la demanda (fs. 133 y 761).
La afirmación vertida en la expresión de agravios de la actora a fs. 806 vta., relativa a que “el incendio se produjo debajo de la cama de la Srta. Caparros”, no tiene corroboración en las constancias de la causa, y tampoco fue introducida en el relato de los hechos de la demanda. Por el contrario, la del apoderado de la citada en garantía a fs. 822, “el departamento no estuvo sometido a la acción del fuego”, sí está respaldada por las conclusiones del ingeniero Szpyrnal a fs. 509 vta., “en el departamento en cuestión no se desarrolló fuego”.
La testigo Abalo en cambio relata que el ventanal de ella –Caparros- estaba todo en llamas, y que salieron como estaban en ropa interior, llorando por las escaleras, desesperadas, “se veía en mi departamento mucho humo y en el departamento de ella todo fuego” (fs. 462 vta., respuesta a pregunta 2), y en cuanto al estado de ánimo de la actora, “estaba muy shoqueada, gritaba, lloraba, caminaba de un lado a otro, no la podíamos contener de la desesperación que ella tenía” (pregunta 3). El administrador Menna, declaró que el departamento 1° “C”, a diferencia del 1° “B” que estaba “totalmente quemado todo”, estaba “un poco menos porque está a la vuelta y lo que más se quemó fue por la parte de Corrientes que por Alberti” (fs. 467 vta. respuesta a pregunta 2).
Considero que el apuntalamiento racional del monto de la reparación del daño moral pasa principalmente por fijar sumas indemnizatorias similares a los correspondientes a iguales perjuicios, razón por la cual no se requiere otra argumentación que lo escaso o excesivo comparado a situaciones semejantes, con detalle de los motivos por los cuales el modo de estar disvalioso, y diferente al que tenía la víctima antes del hecho dañoso, no se encuentra suficientemente reparado por la suma otorgada (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de daños”, “¿Cuánto por daño moral?”, Ed. Hammurabi, Tomo 5 A, págs. 80 y sgtes.; esta Sala II, exped. 155.233, “Hartman Nilda c. Antunno José y ot. S. Daños y perjuicios”, sent. del 20-2-2014, R 39S F°169/74; exped. n°158.539, “Salas Rubén c. Agüero Angel y ot. s. Daños y perjuicios”, sent. del 7-7-2015 R160 S F°782/99 ).
Las circunstancias analizadas determinan, de conformidad con las pautas utilizadas por esta Sala II (causas nº 144.251, 141.569, 134.633, 135.128), que la reparación fijada resulte suficiente en orden a la satisfacción del crédito por indemnización del daño moral, por lo que propondré al acuerdo que se lo mantenga en la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), a fin de otorgar una indemnización similar frente a perjuicios iguales (esta Sala II, exped. n°147.147, “Dona Marta Beatriz c. Farmacia Musceta SCS s. Daños y perjuicios”, sent. del 10-6-2011, R89(S) F°496/500; n°133.387, “Lescano Pabla c. Escariz Hugo s. Daños y perjuicios”, sent. del 2-11-2011, R249 (S) F°1276/80; exped. n°152.306, “Cataldo Héctor Enrique c. Transportes 25 de Mayo y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 14-3-2013, R 44S F°181/88; exped. n°157.719, “Chuliber Elaba Ethel c. Supermercados Mayoristas Makro s. Daños y perjuicios”, sent. del 3-9-2015, R 225 S F°1103/5; exped. n°156.139, “Correa Héctor Pablo c. Izaguirre Leandro Favio s. Daños y perjuicios”, sent. del 28-8-2014, R 216 S F°918/22; exped. n°155.233, “Hartman Nilda c. Antunno José y otro s. Daños y perjuicios”, sent. del 20-2-2014, R 39 S F°69/74; exped. n°144.183. “Gómez García Macarena c. Leiva Juan Carlos s. Daños y perjuicios”, sent. del 25-3-2014, R 90 S F°331/6; exped. n°154.206, “Catalán Jorgelina del Carmen c. Transportes 25 de Mayo SRL s. Daños y perjuicios”, sent. del 19-9-2013, R 224 S F°991/3; expediente n°128.711, “Rodríguez Miriam c. Transporte Ómnibus Gral. Pueyrredón s. Daños y perjuicios”, sent. del 2-2-2016, R 2S F°5/12 , entre otras). XII: La tasa de interés:
Habiéndose fijado en la sentencia el monto destinado a las reparaciones, tomando en cuenta valores actuales, y en algunos casos, diferido su cuantificación a la etapa de liquidación, correspondería aplicar una tasa de interés pura (o real en el concepto que brindan Villegas-Schujman “ Intereses y tasas” Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989 p.103/4) en el sentido en que no contenga ninguna previsión por depreciación.
Sin embargo, como la demandada no ha apelado la tasa pasiva fijada en sentencia, este Tribunal no puede modificarla en perjuicio del apelante, pero tampoco corresponde fijar una tasa que supere la establecida en primera instancia por la razón apuntada en el párrafo anterior, y corresponde desechar este último agravio de los actores. XIII: En el expediente nº 130.138, como ha quedado expuesto en los agravios de la actora, la cuestión es de derecho. En el centro de la controversia allí desarrollada se encuentra el carácter de “tercero” que la actora le atribuye al Sr. Mesa respecto al seguro, pues en tal caso resultaría procedente la repetición por vía de la subrogación regulada en el art.80 de la ley 17.418.
No hay debate alguno respecto a que el contrato de seguro integral obligatorio fue celebrado entre la aseguradora actora y el Consorcio de copropietarios Kator representado por su administrador, en cumplimiento de una disposición legal (art. 11 de la ley 13.512), pero la distinción del interés asegurable del consorcio y de los copropietarios en los diferentes riesgos asegurados resulta – a mi juicio - necesaria para resolver. a) Es cierto que el Consorcio es una persona jurídica distinta de los copropietarios, como lo es también que ese mismo Consorcio reviste la calidad de tomador, tanto para el seguro de responsabilidad civil como el de incendio del edificio y de cristales (suplemento N°2 de la póliza fs. 48/49), distinción que es imprescindible realizar por los diversos y propios caracteres de cada subtipo de contratación.
Ahora bien, sin perjuicio de la asignación de la condición de asegurado del consorcio que se hace en la póliza, corresponde acudir a la distinción entre uno y otro tipo de seguro, a los fines de determinar con mayor exactitud quién es el titular del interés asegurable, entendido como “aquel para quien, la producción de un siniestro, daña directamente un bien que integra su patrimonio, o indirectamente el patrimonio como unidad (daños patrimoniales) o que afecta su integridad corporal o vida (propia o ajena) con la que se halla en relación”. (Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, Abeledo Perrot, ed. 1997, T° cit. 142).
Si el seguro se contrata en vista de un interés económico lícito de que un siniestro no ocurra, el titular del interés debe portar una relación o vínculo con el bien asegurado, no relacionado necesariamente con su titularidad dominial.
En tanto el tomador coincida con el titular del interés asegurable habrá un contrato de seguro por cuenta propia, pues el beneficio de estipula a su único favor y por ello reviste la calidad de asegurado (art. 21 LS). Ejemplo claro de este tipo es el seguro de responsabilidad civil el que se celebra por cuenta y a favor del asegurado (art. 109 LS).
De lo contrario el contrato de seguro puede ser contratado por el tomador por cuenta o en beneficio de quien resulta ser el titular del interés asegurable, lo que constituye el seguro por cuenta ajena. b) Mas allá del reconocimiento o no de personalidad jurídica a los consorcios de copropietarios –discusión doctrinaria y jurisprudencial hoy superada por su expreso reconocimiento normativo en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 148 inciso h)- éstos constituyen un ente distinto a los copropietarios que forman parte de él y tienen una indiscutible finalidad: mantenimiento, conservación y administración de los bienes y derechos de los condóminos propietarios ya sea de partes comunes o exclusivas del edificio que conforman un todo inescindible.
Para el cumplimiento de dicho objeto posee todos los atributos propios: a) órganos de gobierno: administrador, asamblea, Consejo de copropietarios; y b) patrimonio propio. Y consecuentemente, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, lo que conlleva naturalmente la posibilidad de la atribución de responsabilidad. El activo de ese patrimonio se encuentra compuesto todos los bienes y derechos derivados de la capacidad de generarlos que posee todo sujeto, tales como créditos/fondos recaudados por expensas comunes; intereses/penalidades sobre dichos créditos por incumplimiento o cumplimiento tardío; fondos de reserva; bienes que le sean donados; los frutos obtenidos por estos bienes; etc (conf. Juan Antonio Constantino, Propiedad Horizontal, Ed. Juris, 2002, reimpresión 2005, pág. 134). c) Por otra parte, los copropietarios conforman el consorcio y a cada uno les corresponde el dominio de sus partes exclusivas y el condominio de la parte indivisa de las comunes en la proporción y condiciones del Reglamento de copropiedad. En el régimen estatuido por la ley especial, en particular en los artículos 13 y 17, se dispone el modo en que los impuestos, tasas y contribuciones así como expensas comunes y primas del seguro total del edificio deben liquidarse y el carácter que estos gastos poseen en relación al inmueble al que acceden, siendo responsabilidad de cada condómino el pago de lo que afecta sus partes exclusivas y de los comunes de acuerdo a su porcentual proporcional. En el contrato de seguro que da lugar a la acción deducida en este expediente, el interés asegurable difiere en uno y otro tipo de seguro dentro de la misma póliza (fs. 69/78).
En la póliza se estipulan condiciones generales comunes (anexo 51, arts. 1 a 30); condiciones generales específicas para incendios (arts. 1 a 9- fs. 52 y vta.) y condiciones particulares, estableciéndose la interpretación de las discordancias entre ellas, priorizando las particulares sobre las generales.
En el seguro de responsabilidad civil (incluido la emergente de ascensores y montacargas) el consorcio es el tomador y asegurado (póliza y factura fs. 46/61). Por lo que la letra expresa del contrato y sus anexos, es clara y no da lugar a interpretaciones contrarias (arts. 1 y sig. de las cláusulas generales comunes). Como contraprestación de la cobertura se estipula la prima, cuyo pago corresponde al consorcio (art. 27 LS) más allá del régimen de contribución de esta carga por parte de todos los consorcistas en la medida de su porcentual dominial, en el gasto de expensas comunes.
El riesgo asegurado (objeto) en este tipo de contrato consiste en la responsabilidad en que incurra el consorcio y que provoca una disminución potencial en su patrimonio cuya integridad garantiza el asegurador mediante el resarcimiento del daño contra el pago de la prima (art. 1°, 2, 60 y 109 ley 17418).
Para este supuesto es de aplicación lo estipulado en la cláusula 3 del anexo 51, que enuncia a los terceros entre los cuales se encuentran los copropietarios y el art. 24 en cuanto a la acción de subrogación (fs. 51 y vta.).
En cambio, en el seguro contra incendio del edificio, debemos sortear el concepto de tomador, beneficiario y terceros que se hace en la póliza en las condiciones generales pues se contraponen a las condiciones específicas y a la naturaleza misma del objeto del contrato. No confluyen en este supuesto la figura del consorcio el carácter de tomador y asegurado, ó al menos como beneficiario exclusivo.
No existiendo una calificación particular para las partes de este subtipo de seguro, para determinar si se trata de un contrato por cuenta propia que posicione a los consorcistas como terceros, tal como lo propone la actora, debemos acudir a la letra estricta de la ley que otorga una solución clara.
El artículo 21 de la ley 17418 dice: “Validez.
Excepto lo previsto para los seguros de vida, el contrato puede celebrarse por cuenta ajena, con o sin designación del tercero asegurado. En caso de duda, se presume que ha sido celebrado por cuenta propia. Cuando se contrate por cuenta de quien corresponda o de otra manera quede indeterminado si se trata de un seguro por cuenta propia o ajena se aplicarán las disposiciones de esta Sección cuando resulte que se aseguró un interés ajeno.” (el resaltado me pertenece).
En el caso de autos, la inclusión de los dos tipos de riesgos asegurables, en una única póliza con una misma y genérica denominación para las partes del contrato y de sus intereses sin tener en cuenta las distintas alternativas y características particulares, impone la aplicación de la norma citada. De allí que atendiendo a los caracteres enunciados, pueda concluirse –como lo hizo el juez de la instancia anterior - que nos hallamos frente a un seguro por cuenta ajena.
Esta contratación posee algunas particularidades propias de la especie, entre ellas, el modo de liquidarse la reparación ante la existencia del siniestro cubierto por la póliza, pues primero se cubren los daños a los bienes comunes y luego- ante un excedente hasta el limite del monto asegurable - se distribuye entre los copropietarios damnificados en sus partes propias de acuerdo al porcentaje de participación de su dominio. (Ley 17418; Resolución de la Superintendencia de Seguros N°13238/76; Cláusula N°9 de las condiciones generales específicas agregado a fs. 52 vta.)
Se prevé también que los copropietarios puedan contratar un seguro “voluntario” sobre cada una de sus unidades y contenidos, estipulándose el sistema de liquidación de cada uno de los seguros de acuerdo a las coberturas contratadas (art. 9 citada y art. 67 y siguientes de la ley 17418).
Lo anterior, lejos de contradecir el razonamiento hasta aquí desarrollado es –a mi criterio- una prueba más de que los consorcistas tienen la titularidad del interés asegurable en materia de incendio sobre las partes comunes y propias del edificio y por lo tanto revisten la calidad de “asegurado” lo que descarta su calificación de terceros ajenos al contrato.
Así lo define la doctrina, cuando dice: “A esta altura cabe señalar que si bien el seguro por cuenta ajena, participa de la naturaleza del contrato a favor de otro, este al ser titular del interés asegurable, presupone su condición de parte-acreedora del resarcimiento debido por el promitente-asegurador. De allí que lo denominemos “asegurado” y no tercero pues solo aquel es sujeto del contrato (Stiglitz, Rubén, Contrato de Seguro, Ed. La Ley, 2005, T°1, pág. 188; citando a Yvonne Lambert-Faivre , quien cuando examina la figura del contrato por otro, al titular del interés asegurable lo identifica como asegurado-beneficiario “Droit des assurances”, Dalloz, París, 2001, N°198, pág. 172)
d) La conducta posterior de los contratantes que tenga relación con lo que se discute es una pauta interpretativa indicativa de cual era su voluntad, cobrando significativa importancia ese desempeño con posterioridad al acaecimiento del siniestro (arg.art.218 inc.4º C.Com.1065 inc.b CCyC) En cumplimiento de los términos del contrato de seguro, la aseguradora pagó al Consorcio las reparaciones de los daños ocasionados por el siniestro en el Edificio Kator en sus partes comunes, y por el límite cuantitativo pactado, mientras que el excedente fue destinado a solventar parcialmente los daños sufridos por los consorcistas en sus partes exclusivas, de acuerdo a la disposición legal y convencional citadas arriba. Es por ello, que como elemento de interpretación cabe considerar que ha habido conductas relevantes por parte de la aseguradora que se contradicen con su férrea intención de tratar a un copropietario como tercero, demostrada en la presente acción.
Del informe del liquidador –agente que la aseguradora contrata- (fs. 9/34) surge que no existieron causales de exclusión ni objeciones para cubrir partes comunes y propias y que la acción de repetición no correspondía. El pago parcial del siniestro por parte de la aseguradora a los consorcistas tuvo como causa el contrato de seguro contra incendio y naturalmente el reconocimiento de la calidad de estos como titulares del interés asegurable. La circunstancia de que el Sr. Mesa no recibiera el pago, se debió a que poseía un seguro particular contratado sobre el mismo riesgo (art. 67 LS) y no porque él no revistiera calidad de beneficiario-asegurado.
Es decir, de la conducta de la actora en la etapa de ejecución del contrato de seguro, se infiere que la acción entablada en el presente basada en el desconocimiento de la calidad de asegurado que el demandado reviste es improponible en virtud de la limitación que la normativa específica impone para el ejercicio de la acción de subrogación (art. 1137, 1198 y concordantes Código Civil).
e) El art. 80 de la ley 17.418 establece que "Los derechos que correspondan al asegurador contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del asegurador. "El asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del asegurado".
Asimismo, la cláusula 24 de las condiciones generales comunes del contrato de seguros en análisis, que dice: “Los derechos que corresponden al Consorcio de Copropietarios contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El Consorcio de copropietarios o su Representante Legal es responsable de todo acto que perjudique este Derecho del Asegurador. El asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Consorcio.” Reitero que esta norma forma parte de la convención particular del contrato de seguro objeto de autos, pero que únicamente se encuentra receptada para el seguro de responsabilidad civil, como es lógico.
Digo que es lógico por varias razones: en primer lugar porque el Consorcio no es beneficiario del seguro contra incendio como lo expliqué anteriormente por no ser titular del interés asegurable (bienes comunes o propios de los consorcistas); en segundo lugar porque si se pudiera oponer la acción subrogatoria contra el Consorcio en el seguro contra su responsabilidad civil, se estaría violando el art. 80 y el deber de no perjudicar al asegurado, por lo que cláusula sería contraria a la le; y por último, porque el contrato de seguro perdería su única finalidad cual es mantener indemne el patrimonio del Consorcio.
En el caso de autos, la compañía de seguros afronta una deuda propia (Meilij, Gustavo Raúl, "La acción del asegurador que ha reparado el daño". LA LEY, 1978-D, 1177; Fontanarrosa, R. O., "Sobre la llamada subrogación del asegurador" cit., "Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones", p. 1, 1968, año 1; Pliner, Adolfo, "La subrogación del asegurador. Sus límites", ED, 62-611; Trigo Represas, Félix A., "La subsistencia del perjuicio como requisito del resarcimiento del daño patrimonial", en "Temas de responsabilidad civil", en honor al doctor Augusto M. Morello, p. 44, Ed., Platense, La Plata, 1981; Diaz Funes, José Nicolás, "Sobre la acción de reintegro en el contrato de seguro", nota a fallo, LA LEY, 1994-B, 18), pues el Sr. Mesa resulta ser beneficiario- asegurado del contrato de seguro de incendio, no puede ser considerado legitimado pasivo de la acción de subrogación intentada por la actora, y consecuentemente debe confirmarse el rechazo de la demanda (art. 80 Ley 17418).
XIV: Un párrafo aparte merecen las expresiones del disgusto por la anulación de la primera sentencia en que – lamentablemente - ha incurrido la Sra. Jueza que dictó la sentencia anulada. La función de este Tribunal que integro es la de revisar las sentencias de los jueces de primera instancia, pero la Sra. Jueza no tiene incluida en su competencia constitucional la posibilidad de revisar o criticar – en el mismo expediente - las sentencias de esta Cámara de apelaciones.
De allí que lo primero que corresponde decir es que los comentarios en defensa de la decisión anulada, o su crítica a la que tomó este Tribunal - hechos en el mismo expediente - resultan ajenos al proceso y a sus funciones como Jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial.
Las críticas a la anulación de una o más sentencias, o los fundamentos para decidir de ese modo y no de otro - realizadas con honestidad intelectual - son bien recibidas. Un trabajo académico, o de divulgación, pueden ser vías adecuadas, o quizás haya algunas otras, pero si se trata de una disidencia a modo de comentario, que nada decide, entonces bien puede formar parte de un debate útil para la administración de justicia, pero lo que no debe, es desarrollarse en el expediente en el que se decide un conflicto particular ajeno a las opiniones que cada Juez tenga sobre el tema.
De seguirse el criterio de la Sra. Jueza, cada Juez o tribunal podría criticar a quien revisa sus sentencias, y mediante la reiteración de las palabras “humildad”, “respetuosamente”, “sumo respeto”, el inferior terminaría revisando la sentencia del superior, o lo que es más grave, convirtiéndose en involuntario abogado de la parte a quien favorecía en la decisión anulada, y condicionando así la que debe tomar el siguiente Juez hábil.
“La idea de que la sentencia de primer grado puede ser anulada por la Cámara de apelación, puede ejercer sobre el Juez que la ha redactado influencias benéficas o malignas, de acuerdo con su naturaleza” dice Piero Calamandrei (“Elogio de los jueces escrito por un abogado”, ediciones jurídicas Europa-América, Bs.As. 1969, p.294).
“Para algunos jueces – los que entienden más claramente la facilidad con que los hombres caen en el error – es una idea tranquilizadora, que les sirve para soportar mejor el tormento de su responsabilidad (“Si me he equivocado, los jueces de apelación, por suerte, podrán remediarlo”). Hay otros jueces para los cuales esta idea se convierte en una suerte de pesadilla, hasta el punto de inducirlos a estructurar ingeniosos giros de motivación destinados a obstruir al vencido la posibilidad, que la ley le concede, de recurrir a los jueces de grado superior”. “Prefiero la serenidad de los jueces de la primera especie; pero también comprendo los celos de los segundos, que en el fondo no son más que la exageración de un sentimiento humano. Muchos padres ante la idea de que alguien no pueda encontrar a sus hijos hermosos, pierden la razón” termina diciendo Calamandrei.
Constituyendo el comentario una irregularidad en el procedimiento, corresponde recomendar a la Sra. Jueza Mariana Tonto de Bessone que evite incurrir nuevamente en la conducta observada (arg.art.8 Acordada nº3354 SCBA).
XV: Por las razones y citas legales expuestas propongo:
1. rechazar el recurso de la actora Royal Sunalliance y confirma la sentencia que hizo lugar a la falta de legitimación pasiva;
2. hacer lugar parcialmente al recurso de las actores en los expedientes nº131.976. y nº131.833 y modificar la sentencia disponiendo que : En el expediente 131.976:
a. se eleve el monto del daño fijado para reparar la disminución del valor de venta del departamento del Sr. Jorge Suárez y su cónyuge a la suma de $ 142.252.
b. se modifique el monto fijado por el daño material derivado de la lesión psíquica, proponiendo que para su determinación cuantitativa, en la etapa de liquidación se requiera a la perito que ha intervenido que informe los costos actuales de ambas pericias, por un total de 48 sesiones, número éste correspondiente al tratamiento que ha quedado ya firme.
c. se modifique el monto fijado para reparar el daño producto de la destrucción del vestuario de tres personas, estableciendo la suma en la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual el Sr. Juez deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentes- a fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg.art.602 CC) para dos personas adultas y un menor, o recurrir al procedimiento que juzgue adecuado a fin de determinar su quantum actual a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC). d) modificar la sentencia en referencia al monto fijado para reparar el daño ocasionado por arreglos a la propiedad, disponiendo que se fije en la suma de pesos que resulta de la etapa de liquidación. Habiendo intervenido en autos como perito la ingeniera Valsechi, y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, para arribar a ese monto deberá el Sr. Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 61, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: i) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pintura efectuadas por la aseguradora; ii) que tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto González se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención.
e) modificar la sentencia respecto al daño material derivado del valor de los electrodomésticos perdidos en el incendio. El Sr. Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos-, para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran los descriptos, atendiendo a que tales productos han sido reemplazados en el mercado. En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca y el tipo de las cañas de pescar, deberán informar sobre el precio actual de los adquiridos según ticket de fs. 83, reclamados a fs. 238 vta. o según marcas existentes en el mercado de similares características. f) modificar la sentencia respecto al monto establecido para la reparación del daño moral, fijando la reparación por el rubro en la suma de pesos fijarse ciento veinte mil, correspondiendo cuarenta mil ($ 40.000) a cada uno de los tres actores, Sra. Abalo, Sr. Suárez y Srta. Suárez Abalo En el expediente nº 131.833:
a. se eleve el monto del daño fijado para reparar la disminución del valor de venta del departamento de la Sra. Soledad Caparrós a la suma de $ 142.252.
b. se eleve el monto por daño material derivado del alquiler de un departamento a la suma de $ 23.220 c. se modifique el monto fijado para reparar el daño producto de la destrucción del vestuario de la Sra. Soledad Caparrós, estableciendo la suma en la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual el Sr. Juez deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentes- a fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg.art.602 CC) para una persona adulta , o recurrir al procedimiento que juzgue adecuado a fin de determinar su quantum actual a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC). d) modificar la sentencia en referencia al monto fijado para reparar el daño ocasionado por arreglos a la propiedad, disponiendo que se fije en la suma de pesos que resulta de la etapa de liquidación. Habiendo intervenido en autos como perito el ingeniero Szpyrnal (ver fs. 435 y aceptación de cargo de fs. 439), y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, deberá el Sr. Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 597- 599, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: a) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pi9ntura efectuadas por la aseguradora; b) que tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto Tugores se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención.
e) modificar la sentencia respecto al daño material derivado del valor de los electrodomésticos perdidos en el incendio. El Sr. Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos-, para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran : un televisor marca Samsung de 14 pulgadas o similar, un video reproductor Grundig, un minicomponente Noblex , Philips o marca actual similar, atendiendo a que tales productos han sido reemplazados en el mercado. En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca de la heladera, lavarropas, microondas y secarropas, deberán informar sobre el precio de los presupuestados a fs. 605, es decir lavarropas Electrolux EW 526 T, 500 RPH, heladera L.G. GR-T 342 S 340 lts., secarropa Koh-I-Noor de 4,2 kgs., o segundas marcas existentes en el mercado de similares características.
3. Rechazar el recurso en lo que hace a los agravios de la actora relativos a la tasa de interés y al monto del daño moral de la Sra. Caparrós.
4. Rechazar los recursos del demandado y la citada en garantía.
5. Recomendar a la Sra.- Jueza Mariana Tonto de Bessone que evite incurrir nuevamente en la conducta observada (arg. art.8 Acordada nº3354 SCBA).
ASI LO VOTO
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
Adhiero a lo expresado por mi estimado colega Dr. Loustaunau en su voto que abre el Acuerdo, al que añadiré unas breves consideraciones.
I. En el apartado IX.b), de su exhaustiva ponencia se hace mención a los estándares fijados por los Tribunales Internacionales respecto a la duración de los procesos judiciales, y su incidencia en la especie.
La columna vertebral del sistema interamericano, me refiero al Pacto de San José de Costa Rica, instala a través de su artículo 8 el debido proceso en su faz adjetiva y así dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter….”.
Dicho canon establece el derecho de toda persona a una razonable duración temporal del proceso o a un proceso sin dilaciones indebidas, al decir de los españoles, o sin dilaciones previas como expresa nuestro mayor intérprete constitucional (Fallos 335: 1126, cons.7). No hay duda alguna –tal como observa mi cofrade preopinante- que el tiempo es un factor determinante a los fines de alcanzar justicia en un caso concreto. Una sentencia que llegue tarde, es decir, superando lo que se estima como un plazo razonable, puede frustrar, o cuanto menos afectar negativamente la efectividad de la tutela judicial concedida, que queda reflejada en el aforismo “justicia retardada es justicia denegada”.
Si bien esta garantía del plazo razonable es común a todos los procesos, en los civiles la tutela convencional se orienta por un lado, a la determinación rápida de derechos u obligaciones, para que aquella persona cuyo derecho sea reconocido pueda empezar a gozar de él; y por el otro, aquél individuo cuya obligación sea determinada termine con el estado de incertidumbre de desconocer si tiene o no tiene una obligación que cumplir. Sin embargo, no escapa al sentido común, que este “plazo razonable” es un concepto indeterminado y abierto y que no puede fijarse en un período de tiempo concreto y pétreo como lineamiento universal a los que se deben adecuar todos los casos de una misma naturaleza. Por el contrario, sólo caso por caso –teniendo especial consideración en las propias modalidades de cada litigio- se puede apreciar el delicado equilibrio que debe existir entre la celeridad de la decisión, la posibilidad de las partes de poder llevar a cabo sus defensas y la oportunidad del juez de contar con el tiempo necesario para analizar cuidadosamente las alegaciones y las pruebas de aquéllas (MEDINA QUIROGA, Cecilia “La Convención Americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial”, p..308, Universidad de Chile, Santiago, 2003). Teniendo en cuenta que cada proceso judicial tiene sus particularidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un conjunto de criterios para poder apreciar la razonabilidad del plazo de duración. Ellas son: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. [Fondo, Reparaciones y Costas], sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 155; Fornerón e hijo vs. Argentina [Fondo, Reparaciones y Costas] sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 66; Díaz Peña vs. Venezuela [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas], sentencia de 26 de junio de 2012, párr. 49; entre otros).
De tales pautas, la “conducta de las autoridades judiciales” asume un papel capital para su evaluación, pues de no acreditarse retraso en el quehacer jurisdiccional, de suyo que no hay incumplimiento de la norma convencional respectiva, toda vez que la complejidad del caso o la actividad procesal del interesado por si solos no provocan una vulneración a los derechos tutelados internacionalmente, aun cuando puedan ser causa de la dilación del proceso (ALBANESE, Susana “Los criterios consagrados para evaluar el plazo razonable”, JA 2009-I-1292).
En tal sentido, el Tribunal regional ha enfatizado en los casos “Furlan” y “Mémoli” -y los traigo precisamente al acuerdo pues allí se inspeccionaron las conductas de tribunales nacionales y bonaerenses en procesos civiles de daños y perjuicios- que el juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, vigilando que la tramitación de la causa procure la mayor economía procesal y evitando su paralización. La Corte constató períodos de inactividad enteramente atribuibles a las autoridades judiciales, concluyendo que existió de parte de éstas una falta de debida diligencia y de celeridad que exigían los derechos e intereses en juego. Enfatizó, a la par, que la duración de los procesos -más de doce años en el primero y de quince en el segundo- sobrepasan excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado resolviese un caso de esta naturaleza (Caso Furlan vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012, párr.180 y ss; Caso Mémoli vs. Argentina, sentencia del 22 de agosto de 2013, párr. 176 y ss).
El Dr. Loustaunau ha descripto minuciosamente la labor jurisdiccional desplegada a lo largo de este litigio, señalando períodos alongados de inactividad de los operadores judiciales, que ya lleva más de trece años de trámite, lapso que -contrastados con aquellos estándares- se evidencia como superador del plazo razonable en este tipo de proceso.
II. Por otra parte, las muy particulares circunstancias que rodean los procesos en estudio me llevan a coincidir con la solución propuesta por el distinguido colega en lo que refiere a la cuantificación de los daños invocados por los actores en las causas “Suárez…” (Expte. 131.976) y “Caparrós…” (Expte. 131.833).
En numerosos pronunciamientos de esta misma Sala he seguido el criterio –reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria- conforme el cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit.; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. Lopez Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros). Ello no implica actualizar o repotenciar obligaciones dinerarias sino simplemente determinar el contenido monetario de las deudas de valor de naturaleza resarcitoria que fueron objeto de reclamo.
Sin embargo, y tal lo dicho, entiendo que el caso en análisis posee características especiales que justifican adoptar un criterio alternativo, siendo procedente diferir la cuantificación final de los rubros indemnizatorios para la etapa de liquidación, una vez que el pronunciamiento definitivo adquiera firmeza.
ASI LO VOTO
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Atendiendo a la votación precedente corresponde: I) Rechazar el recurso de la actora Royal Sunalliance y confirma la sentencia que hizo lugar a la falta de legitimación pasiva; II) Hacer lugar parcialmente al recurso de las actores en los expedientes nº131.976. y nº131.833 y modificar la sentencia conforme lo detallado en el punto XV. III) Imponer las costas en los expedientes 131.976 y 131.833 a la demandada y a la citada en garantía vencidas y en el expediente 130.138 a la parte actora vencida en ambas instancias (art. 68 del CPC). IV) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 del decreto ley 8904.
V. Recomendar a la Sra. Jueza Dra. Mariana Tonto de Bessone que evite incurrir nuevamente en la conducta observada (arg.art.8 Acordada nº3354 SCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza el recurso de la actora Royal Sunalliance y se confirma la sentencia que hizo lugar a la falta de legitimación pasiva; II) Se hace lugar parcialmente al recurso de las actores en los expedientes nº131.976. y nº131.833 y se modifica la condena habida en la sentencia apelada del siguiente modo: En el expediente 131.976: a. se eleva el monto del daño fijado para reparar la disminución del valor de venta del departamento del Sr. Jorge Suárez y su cónyuge a la suma de $ 142.252. b. se modifica el monto fijado por el daño material derivado de la lesión psíquica, y para su determinación cuantitativa, en la etapa de liquidación se requerirá a la perito que ha intervenido que informe los costos actuales de ambas pericias, por un total de 48 sesiones, c. se modifica el monto fijado para reparar el daño producto de la destrucción del vestuario de tres personas, estableciendo la suma en la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual el Sr.
Juez deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentes- a fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg.art.602 CC) para dos personas adultas y un menor, o recurrir al procedimiento que juzgue adecuado a fin de determinar su quantum actual a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC). d) se modifica la sentencia en referencia al monto fijado para reparar el daño ocasionado por arreglos a la propiedad, disponiendo que se fije en la suma de pesos que resulta de la etapa de liquidación. Habiendo intervenido en autos como perito la ingeniera Valsechi, y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, para arribar a ese monto deberá el Sr.
Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 61, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: i) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pintura efectuadas por la aseguradora; ii) que tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto González se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención. e) se modifica la sentencia respecto al daño material derivado del valor de los electrodomésticos perdidos en el incendio. El Sr.
Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos- , para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran los descriptos, atendiendo a que tales productos han sido reemplazados en el mercado. En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca y el tipo de las cañas de pescar, deberán informar sobre el precio actual de los adquiridos según ticket de fs.83, reclamados a fs. 238 vta. o según marcas existentes en el mercado de similares características. f) Se modifica la sentencia respecto al monto establecido para la reparación del daño moral, fijando la reparación por el rubro en la suma de pesos fijarse ciento veinte mil, correspondiendo cuarenta mil ($ 40.000) a cada uno de los tres actores, Sra.
Abalo, Sr. Suárez y Srta. Suárez Abalo. En el expediente nº 131.833: a. se eleva el monto del daño fijado para reparar la disminución del valor de venta del departamento de la Sra. Soledad Caparrós a la suma de $ 142.252. b. se eleva el monto por daño material derivado del alquiler de un departamento a la suma de $ 23.220 c. Se modifica el monto fijado para reparar el daño producto de la destrucción del vestuario de la Sra. Soledad Caparrós, estableciendo la suma en la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual el Sr. Juez deberá librar oficios a organismos tales como el Indec y a la Ucip en Mar del Plata –o a las entidades o comercios que considere pertinentesa fin de que informen cuál es el costo aproximado de una canasta de indumentaria básica de calidad media (arg.art.602 CC) para una persona adulta , o recurrir al procedimiento que juzgue adecuado a fin de determinar su quantum actual a los fines de la liquidación (arg. arts. 376 y 514 primer párrafo del CPCC). d) se modifica la sentencia en referencia al monto fijado para reparar el daño ocasionado por arreglos a la propiedad, disponiendo que se fije en la suma de pesos que resulta de la etapa de liquidación.
Habiendo intervenido en autos como perito el ingeniero Szpyrnal (ver fs. 435 y aceptación de cargo de fs. 439), y de conformidad a lo normado por el art. 471 inc. 2 del CPCC, deberá el Sr. Juez de primera instancia requerirle que teniendo a la vista la descripción de las tareas de reparación a desarrollar que surgen del presupuesto de fs. 597- 599, y las reparaciones efectuadas por la compañía de seguros, indicadas a fs. 28 y 32 del expediente n°130.138, determine: i) cuál es el costo actual en cada caso, discriminando las que surgen del presupuesto y las de pi9ntura efectuadas por la aseguradora; ii) que tareas indicadas en el presupuesto del arquitecto Tugores se corresponden con las que el liquidador aconseja realizar a fs. 28 y 32 del expediente de mención. e) se modifica la sentencia respecto al daño material derivado del valor de los electrodomésticos perdidos en el incendio.
El Sr. Juez de primera instancia deberá librar oficios a la casa “Daiam” y a otra dedicada a la misma actividad –venta de electrodomésticos-, para que informen el precio de los electrodomésticos que reemplazan a los existentes en la época del siniestro que eran: un televisor marca Samsung de 14 pulgadas o similar, un video reproductor Grundig, un minicomponente Noblex , Philips o marca actual similar, atendiendo a que tales productos han sido reemplazados en el mercado. En atención a que en el acta notarial no se indicó la marca de la heladera, lavarropas, microondas y secarropas, deberán informar sobre el precio de los presupuestados a fs. 605, es decir lavarropas Electrolux EW 526 T, 500 RPH, heladera L.G.
GR-T 342 S 340 lts., secarropa Koh-I-Noor de 4,2 kgs., o segundas marcas existentes en el mercado de similares características.
III. Se rechaza el recurso en lo que hace a los agravios de la actora relativos a la tasa de interés y al monto del daño moral de la Sra. Caparrós. IV) Se rechazan los recursos del demandado y la citada en garantía; V) Las costas se imponen en los expedientes 131.976 y 131.833 a la demandada y a la citada en garantía vencidas y en el expediente 130.138 a la parte actora vencida en ambas instancias (art.68 del CPC) y se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 del decreto ley 8904. VI) Se recomienda a la Sra. Jueza Dra. Mariana Tonto de Bessone que evite incurrir nuevamente en la conducta observada (arg. art. 8 Acordada nº3354 SCBA). Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia