Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, el recurso de casación interpuesto por la Defensa particular de Alejandro Maximiliano Subiabre fs. 169/177), por los motivos expuestos.
II. RECOMENDAR, a los Magistrados de la Excelentísima Cámara de la Primera Circunscripción judicial, el estricto cumplimiento de la normativa prevista en el Art. 277 del Código Procesal Penal Provincial.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:017 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 08 de Mayo de 2014.-
AUTOS: “SUBIABRE ALEJANDRO MAXIMILIANO S/LESIONES LEVES”, Expte. Nº 4312/12 (S-801/13/TSJ).-
Río Gallegos, 08 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “SUBIABRE ALEJANDRO MAXIMILIANO S/LESIONES LEVES”, Expte. Nº 4312/12 (S-801/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación articulado a fs. 169/177, por el defensor particular del imputado Alejandro Maximiliano Subiabre -Dr. Ricardo Gastón Morillo-, contra la resolución de fs. 160/161 vta. de la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que no hace lugar al beneficio de suspensión de juicio a prueba solicitado por el imputado Subiabre.- Que, el recurrente mantiene recurso ante este Alto Cuerpo a fs. 189/190 vta..-
II.-) Que, conforme la certificación actuarial obrante a fs. 193, el Sr. Agente Fiscal ante el Alto Cuerpo Dr. Claudio Roberto Espinosa, notificado a fs. 188 vta., no ha adherido al recurso impetrado; en tanto la parte querellante Florencia Vinet (con el patrocinio letrado del Dr. Jorge M. Cabezas) notificada a fs. 192 vta. no ha adherido al recurso impetrado, hallándose vencido el plazo procesal establecido por el art. 434 del CPP.- III.-) El recurrente plantea como agravios "...la decisión adoptada por la Cámara Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz, en tanto ha rechazado la pretensión de la defensa -suspender el juicio a prueba- mediante una decisión totalmente arbitraria y carente de sustento jurídico.
En efecto, el hecho de que la Excma. Cámara Criminal y Correccional sostenga que son razones legales las que impiden prescindir de la persecución penal porque la suspensión del proceso a prueba es inconciliable con el deber que tiene el Estado de investigar, esclarecer los hechos de violencia contra la mujer y de sancionar a sus responsables, constituye un agravio de imposible reparación ulterior, dejando en estado de indefensión a mi pupilo por las consecuencias que la continuación del juicio podría traer aparejadas a mi defendido, y siendo que el delito que se le atribuye encaja en la previsión normativa del art. 76 bis del Código Penal...".- Agregó que agravia a la parte "...la circunstancia de que la Cámara Correccional no haya fundado adecuadamente su decisión de rechazar el pedido de suspender el juicio a prueba, pues como se verá, las razones invocadas son aparentes pues pueden servir tanto para este caso como para cualquier otro de similares características.
No es, a criterio de esta parte, una derivación razonada y razonable de las constancias de la causa y del derecho vigente...".- Finalmente, "...dejo desde ya formulada la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48) pues en estos actuados se verifica la violación a la garantía de la imparcialidad, de la defensa en juicio, del debido proceso, de igualdad, de legalidad, a los principios de mínima intervención, de última ratio y pro homine y del estado jurídico de inocencia de raigambre constitucional (art. 75.22 CN)...".- IV.-) Atento a los agravios defensivos, corresponde señalar que la resolución censurada se encuentra debidamente fundada, por lo tanto no se advierte y tampoco el recurrente lo ha demostrado, que se trata de una resolución arbitraria; máxime cuando el tribunal evaluó y decidió respecto a la solicitud de suspensión de juicio a prueba, con arreglo a la normativa legal que regulan su procedencia y con ajuste a las circunstancias del caso, resolvió rechazar la solicitud de suspensión de juicio a prueba.- A mayor abundamiento sobre el tema, el tribunal, merituó que los sucesos investigados, resultan perfectamente encuadrables como hechos de violencia de genero, según los términos previstos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer ("Convención de Belem do Pará", aprobada por la ley 24.632, BO 9/04/1996).-
En este sentido, como bien lo sostuvo el Tribunal a quo, suspender el juicio a prueba en un caso como el presente implicaría desconocer e incumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en perseguir aquéllos ilícitos que revelan la existencia de violencia especialmente dirigida contra la mujer en razón de su condición.-
Si bien es cierto la defensa, reedita sus agravios, con apoyatura entre otros fundamentos a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Acosta, Alejandro esteban s/Infracción art. 14, 1º párrafo Ley 23.737 -causa nº 28/05 CSJN); resulta conveniente tener presente que nuestro Cimero Tribunal, ha dictado un pronunciamiento específico sobre la temática en estudio.-
Conforme a los lineamientos expuestos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa G. 61. XLVIII. "Gongora, Gabriel Arnaldo s/causa nº 14.092", sostuvo que: "-prescindir de la realización del debate (-) desatiene el contexto del artículo (7, inc 1º, de la "Convención de Belem do Para) en el que ha sido incluido el compromiso del estado de sancionar esta clase de hechos, contrariando así las pautas de interpretación del artículo 31, inciso primero, de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin)".- Entendió la Corte que "...siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados con la necesidad de establecer un 'procedimiento legal justo y eficaz para la mujer', que incluya 'un juicio oportuno' (cfr. el inciso "f", del artículo citado), la norma en cuestión impone en considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente...".- Agregó que: "...Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (así, Capítulo 1.
Libro Tercero, Título 1 del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención: Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estado procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle...".- Por lo demás, corresponde tener presente que la víctima se opuso a la concesión del instituto -fs. 147-; por lo cual no hay una violación al principio de imparcialidad, toda vez que la querella propicia la realización del debate.-
Precisamente, en "Gongora" la Corte Suprema de Justicia hace incapié en los derechos de la víctima, al decir "...no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba...".- Finalmente, cabe aclarar que ha sido correcta, la decisión de enmarcar los sucesos, como "violencia de género" toda vez que la damnificada resultaba ser ex-pareja del imputado y no era la primera vez que sufría agresiones (ver fs. 2 y 10), suficientemente ilustrativas en tal aspecto resultan ser las secuencias fotográficas obrantes a fs. 13/17.-
Conforme a lo expuesto, prescindir en autos de la sustanciación del debate, implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la "Convención de Belem do Para", por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Ricardo Gastón Morillo (fs. 169/177), defensor particular de Alejandro Maximiliano Subiabre.-
V.-) Finalmente es dable recomendar, a los magistrados de la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, el estricto cumplimiento a la normativa procesal contemplada en el art. 277 el cual prescribe "...En la oportunidad que la Ley permita la suspensión de la persecución, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse...".- Conforme a lo expuesto, a los efectos de evitar futuras nulidades; deviene necesario, llevar a cabo la audiencia de mención, con la presencia indelegable de todas las partes; de idéntica manera en ese contexto, el tribunal debe decidir acerca de la procedencia o rechazo de la petición en la misma audiencia. Al respecto, resulta oportuno aclarar que la presente causa se diferencia de los antecedentes "Andrade, Octavio Ramiro s/abuso sexual simple reiterado" Expte. Nº A-700/11/TSJ y "Aguilar, Juan Bautista s/abuso sexual simple reiterado -dos hechos-" Expte. Nº A-714/11/TSJ; toda vez que en las mismas -entre otras cosas- no se hizo la audiencia del art. 277 del CPP y el dictamen fiscal se encontraba infundado.-
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia;
I. RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto por la Defensa particular de Alejandro Maximiliano Subiabre fs. 169/177), por los motivos expuestos.
II. RECOMENDAR, a los Magistrados de la Excelentísima Cámara de la Primera Circunscripción judicial, el estricto cumplimiento de la normativa prevista en el Art. 277 del Código Procesal Penal Provincial.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno -T.O. Ley Nº 2404).-
FIRMADO: Dr.Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2017I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:017 FOLIO Nº:089/091 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia