Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 137/146 por el Dr. Daniel Albornoz, en representación del condenado ROBERTO SUBIRÁ, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:022 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 29 de Septiembre de 2014.-
AUTOS: “SUBIRA, ROBERTO S/EXCARCELACIÓN” S-736/12/T.S.J.
Río Gallegos, de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados “SUBIRA, ROBERTO S/EXCARCELACIÓN”, Expte. Nº 4011 (S-736/12/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 137/146 por el Sr. Defensor Particular, Dr. Daniel F. Albornoz, en representación del condenado ROBERTO SUBIRÁ, contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 125/131 que resuelve “...3º) RECHAZAR EL RECURSO DE CASACIÓN articulado a fs. 1/6, por la defensa particular de ROBERTO SUBIRA y en consecuencia CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 8/40 vta. del presente incidente...”.- II.-) La parte recurrente planteó como cuestión preliminar la recusación de los vocales del Tribunal Superior de Justicia Dres. Clara Salazar, Enrique Osvaldo Peretti y Alicia de los Ángeles Mercau, la que fue resuelta por este Alto Cuerpo a fs. 152/155 donde no se hace lugar a la recusación planteada.-
Luego de ello, fundamentó el defensor "...contradicción con el Derecho Federal y la Constitución Nacional... la errónea interpretación y aplicación del concepto de sentencia definitiva por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz... agravia a esta defensa que el recurso de Casación desestimado atacaba la resolución que denegaba la excarcelación, causando un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, a la vez que en el ordenamiento jurídico local dicho recurso, no obstante no compartirlo es tratado por el STJ, siendo el superior tribunal de la causa a los fines del recurso de (sic) Extraordinario Federal, y que los agravios formulados no podían ser resuelto (sic) mediante una vía distinta. El resolutorio ha incumplido con la doctrina sentada por vuestra Excma. Corte Suprema Federal en cuanto a que las decisiones que mantienen la privación de la libertad del imputado (art. 14 C.N.) o la restringen con anterioridad al fallo final de la causa le ocasionan un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, por lo cual son equiparables a sentencia definitiva...".- Agregó que "...agravia a esta defensa... que la aplicación de la coerción durante el proceso que no responda a la custodia de los fines de éste se transforma en un anticipo de pena, violando de esta forma la presunción de inocencia y el debido proceso, situación que repugna al estado de derecho, y en tal sentido el Superior Tribunal de Justicia se limita en su resolutorio a justificar el encarcelamiento preventivo por la pena no firme impuesta...".-
Manifestó que "...esta defensa tacha de arbitraria (art. 18 C.N.) la resolución del Superior Tribunal de Justicia que rechaza el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación, sustentando tal decisorio en la pena de 8 (sic) años de prisión impuesta, desconociendo que la sentencia penal firme es la que pone fin al proceso, y no indicando de manera concreta en el caso en particular mediante que constancia de autos tienen por acreditado alguno de los peligros procesales en sus dos manifestaciones: fuga o entorpecimiento probatorio, resaltando con al (sic) primero que nuestro asistido estuvo sujeto siempre al proceso, tienen domicilio constatado y constituido en las actuaciones, y con respecto al segundo el mismo se encuentra neutralizado, dado que finalizó el debate oral.
Nos agravia que el Superior Tribunal mediante su resolutorio negó su competencia para decidir sobre la afectación de garantías constitucionales federales (vgr. arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 7 de la C.A.D.H. y 9 del P.I.D.C.P.) desconociendo la obligación que en su calidad de Superior Órgano Jurisdiccional Provincial le atañe de velar por la efectiva y prioritaria aplicación de la Ley Suprema (art. 31, 5 y cc. de la C.N.), y de asegurar que así lo hagan los tribunales inferiores. Todo, prescindiendo de la jurisprudencia constante de esa Corte Suprema de Justicia de la Nación...".- Agregó la defensa que "...Superior Tribunal pretende fundar la presunción de que el encausado intentará eludir el accionar de la justicia, pero ha omitido esgrimir en aval de la mentada afirmación y de qué manera el imputado podría obstaculizar su realización o eludir el accionar judicial, en caso de recuperar su libertad.
Aspecto que, por otra parte, no se alcanza a vislumbrar, máxime cuando mi defendido se sometió desde el año 2007 al proceso haciéndose presente por ante la justicia cada vez que le fuere solicitado, estuvo presente durante el juicio oral y en el momento en que durante los alegatos el Fiscal de Cámara solicitó la condena de dieciocho años de prisión y la parte querellante pidió la pena de veinte años de prisión, y sin perjuicio de que, ya en ese momento se vislumbraba la condena que iba a recaer en autos, y a pesar de continuar excarcelado durante el lapso de 8 días que medió entre los pedidos de pena y el dictado de la sentencia, mi defendido en ningún momento trató de evadir el accionar de la Justicia, haciéndose presente el día de la lectura del fallo, a pesar de conocer la posible condena que iba a recaer en autos y el hecho de que su detención iba a hacerse efectiva el día de la lectura del fallo, toda vez que la detención inmediata había sido pedida tanto por el Fiscal de Cámara como por los querellantes en ocasión de los alegatos...".- El recurrente finaliza su presentación sosteniendo la existencia de cuestión federal manifestando "...el agravio constitucional portado en el recurso extraordinario (la arbitrariedad -art. 18 C.N.- de la resolución se vincula directamente, entonces, con el resguardo de la organización federal en tanto impone que las provincias garanticen la administración de justicia que se han reservado, ejerciéndola hasta que las causas 'fenezcan' en su jurisdicción (art. 14 de la ley 48, primer párrafo) y evitando que antes de que ello ocurra la Corte Federal se 'inmiscuya' en la tramitación de una causa de jurisdicción provincial (art. 5 y cc. de la Constitución); con la obligación que en función de ello tiene la Suprema Corte, cuando ante ella se denuncia la afectación irreparable de garantías constitucionales, de admitir la propia competencia a fin de velar por la Supremacía de la Ley fundamental garantizando que la administración de justicia que encabeza respete la Constitución..." (fs. 145 y vta.).- III.-) A fs. 157 se ordena traslado del recurso extraordinario interpuesto al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo que a fs. 158/159 dictamina que “...el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que, en abstracto, podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamentos suficientes para la invocación de indudable carácter excepcional, como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica... los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran “ab-initio” demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras...
La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa... Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correcta, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...”, siendo de opinión que se declare inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos del reglamento, no así de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1), y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2 y el anexo de las leyes requerido por artículo 8.-
Que, no obstante el escrito recursivo no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente se limita a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invoca como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrentamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- A mayor abundamiento, este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por el Defensor particular deviene improcedente, toda vez que los argumentos expuestos en representación del condenado ROBERTO SUBIRA son una mera repetición –con errores tales como la cantidad de años de condena- de los desarrollados en la etapa casatoria, reeditando los mismos para intentar habilitar la instancia extraordinaria.-
Este defecto se encuentra agravado por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 125/131, o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior para rechazar los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 137/146 están referidos netamente a la aplicación de derecho común. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: “...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal...” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “G.T., C. c/ L.B., R.”, 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); “...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante ‘Reserva Caso Federal’, pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito...” (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, “C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.”, 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)” (C.S.J.N., “González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.”, 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, “El recurso extraordinario federal”, pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) Por rechazar por improcedente la instancia casatoria el recurrente acusa al Tribunal de haber violado las reglas del debido proceso legal, en razón que el impugnante se agravia por rechazar este Tribunal Superior el recurso de casación deducido.-
Tal agravio resulta infundado, pues abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos “Casal, Matías E. Y otro” (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando un análisis integral de lo planteado en el recurso de casación por el letrado de Subirá.-
En el resolutorio de fs. 125/131, este Tribunal se avocó al “contralor de logicidad” del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la medida cautelar impuesta, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.-
VIII.-) En los considerandos de la resolución obrante a fs. 125/131, se señaló que "...la privación de libertad de Subirá -a título cautelar-, no resulta arbitraria, ya que la sentencia que así lo dispone es consecuente con los requisitos normativos exigidos para las medidas de coerción previstas por el código adjetivo. Es que teniéndose en cuenta las particularidades circunstancias de autos, la sentencia condenatoria de fecha 2 de mayo de 2012 por el cual se le impuso al recurrente la pena de diecinueve años de prisión (como autor del delito de Corrupción de Menores agravada por ser encargo de la guarda y educación reiterada -seis hechos- permite sustraer del ámbito de la arbitrariedad el decisorio de la Cámara Criminal al evaluar que, en relación a esa concreta expectativa de pena de cumplimiento efectivo, aún cuando derive de una sentencia que no ha adquirido firmeza, el riesgo de fuga se ha incrementado, por lo tanto la medida impuesta resulta plenamente compatible con los lineamientos fijados por el art. 302 del C.P.P...." (fs. 129 vta.).- IX.-) Por otra parte, el escrito de la defensa de ROBERTO SUBIRÁ impetrando el remedio federal padece de inconsistencia material, pues si bien el recurrente alega que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanza a establecer ni discernir en qué medida se encontró impedida la parte de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realizan este Alto Cuerpo y el Tribunal Oral en sus respectivos fallos.- Que, Rafael Bielsa decía: “...la violación de la defensa en juicio se verifica cuando se le impide a la parte el ejercicio de los recursos legales, o cuando no se lo oye, es decir cuando no se observan los requisitos esenciales del proceso...” (autor citado, “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, pág. 99, Depalma, 1958), no incurriendo este Alto Cuerpo ni la instancia de grado en tales desaciertos, pues en la sustanciación del proceso se ha velado por escuchar a todas las partes –en un pie de absoluta igualdad- y permitido el ejercicio de sus recursos legales.-
En efecto, la mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que el recurrente pretende habilitar.-
X.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 125/131 no deviene “arbitrario” por la circunstancia de no compartir el peticionante los argumentos del Tribunal para confirmar el fallo denegando la excarcelación dictado por la Cámara Criminal, reiterándose que el recurrente no demuestra causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; este T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- En la estructura del pronunciamiento atacado no se advierten fisuras en orden al absurdo o la arbitrariedad que plantea el recurrente, ni se incurre en violaciones de normas constitucionales. Analizado lo actuado desde este cuadrante, la sentencia atacada no evidencia un error grave y ostensible en el concepto, juicio o raciocinio cuando debió interpretar o valorar la ley, conforme a las reglas de la sana crítica (Fallos 236:27) .-
XI.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la “excepcionalidad” del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, “...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal...” (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: “...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XII.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en el escrito de interposición del remedio federal impetrado, surge de manera clara y manifiesta su falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.-
Además, surge evidente la insuficiencia recursiva pues no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia “arbitraria”, “insostenible”, “irregular” o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Genaro Carrió y Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Finalmente, es dable recordar que este Alto Cuerpo ha resuelto en los autos principales casar parcialmente la sentencia recurrida modificando la calificación legal de los hechos y en consecuencia el monto de la pena, condenando a ROBERTO SUBIRA, como autor penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR SER EL EDUCADOR -REITERADO 6 HECHOS- EN CONCURSO REAL (art. 119 primer párrafo inc b) y 55 del Código Penal) a la pena de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo, más accesorias legales, resolución que no se encuentra firme toda vez que fue elevada a la Corte Suprema de Justicia ante los recursos extraordinarios presentados por el Sr. Defensor Particular y el Sr. Fiscal ante este Alto Cuerpo.- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un planteo ajeno a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 137/146 por el Dr. Daniel Albornoz, en representación del condenado ROBERTO SUBIRÁ, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar e inhibida la Dra. Ludueña (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau- Vocal. Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2005O.141 TOMO:III– OTROS RECURSOS - T.S.J.
REGISTRO Nº:022 FOLIO Nº:145/150 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia