Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la resolución apelada respecto de la aplicación de la multa por malicia, LA QUE SE EXTIENDE a los Sres Claudio Eduardo Baviera y Maria Beatriz Baviera por el mismo importe determinado por la sentenciante de grado, como así también para el Dr. Carlos Martin Larghi; y se confirma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, por su orden atento a como se resolvió la cuestión (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
“BAVIERA VICENTE JUAN Y PISTONI LUCIA JOSE S/SUCESION AB-INTESTATO Y BAVIERA VICENTA PAULA LUISA Y BAVIERA LUCRECIA ANUNCIATA ANA ROMANA S/ SUCESION TESTAMENTARIA”
Causa Nº MO-38687-2012 R.S.56/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 16 de Abril de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BAVIERA VICENTE JUAN Y PISTONI LUCIA JOSE S/SUCESION AB-INTESTATO Y BAVIERA VICENTA PAULA LUISA Y BAVIERA LUCRECIA ANUNCIATA ANA ROMANA S/ SUCESION TESTAMENTARIA", Causa Nº MO-38687-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , manteniéndose dicha integración a los efectos del presente no obstante lo resuelto en el Acuerdo Extraordinario 822/18, teniendo en cuenta la fecha de sorteo del estudio de orden y votación en las presentes actuaciones, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. A fs. 295 y vta. la Señora Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 2 de este Departamento Judicial reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Para ello tomo como base regulatoria la valuación fiscal obrante a fs. 153 sumado el 10% de bienes muebles.-
Asimismo consideró la conducta de Ema María Baviera como maliciosa e impuso una multa a la misma de $2350; no así con relación Claudio y Mariana Baviera y el letrado Larghi.
2. Contra tal forma de decidir se alzó la recurrente a fs. 298 interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 299 y se fundó con el memorial de fs. 301/303 vta., replicado a fs. 315/318vta..-
3. A fs. 373, se llamó "AUTOS" , providencia que -al presente- se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Dos son los agravios traídos por la quejosa; uno relacionado a la base regulatoria tomada por el sentenciante de grado, pretendiendo el cumplimiento con lo dispuesto por el art. 35 1er. párrafo inc. a) del decreto ley 8904/77; el otro agravio se direcciona hacia la multa aplicada a la Sra. Ema Baviera, considerando que la misma ha de ser aplicada también a los Sres. Claudio y Maria Baviera como al letrado Larghi.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En primer lugar y para el tratamiento del primero de los agravios relacionados a la base regulatoria, efectuaré un breve recorrido a lo largo del expediente en estudio en lo que al recurso se refiere.-
Así tengo que en el escrito de fs. 290 y vta. la hoy recurrente aparte de acompañar el certificado de dominio, peticionó que se apruebe la clasificación de tareas efectuada a fs. 160.
En aquella presentación también solicitó la designación de un perito tasador atento que la valuación fiscal correspondiente al inmueble objeto de autos, no se relaciona con su valor real.
Por último peticiona la aplicación de una multa por conducta maliciosa de los sres. Mariana, Claudio y Ema Baviera como también para su letrado, Dr. Larghi.
Ante ello, la jueza hace saber a la peticionante que " el mecanismo estimatorio contemplado por el art. 27 inc.a del decreto ley 8904/77 resulta inaplicable pues, a tenor de lo dispuesto en el art. 35 inc. a) del mismo cuerpo legal, con relación a los inmuebles relictos, se computará la valuación fiscal al momento de la regulación ".
Ante ello, la Dra. Matrelle interpuso recurso de apelación, el cual una vez concedido, fue desistido a fs. 294 y vta.-
Frente a este cuadro de situación no otra cosa cabe que desestimar el recurso de apelación articulado en este aspecto y ello por cuanto -al sustentar el mismo- se esgrimen argumentos que debieron ser expuestos con anterioridad impidiendo el principio de preclusión procesal atender los mismos en esta instancia.-
En efecto: las consideraciones vertidas al respecto en el memorial de agravios debieron ser vertidos contra el auto de fs. 290 que claramente estipula que la base regulatoria será la valuación fiscal y que el mismo se encuentra consentido.-
Así -lo reitero- atender ahora los argumentos esgrimidos en el memorial aludido deviene totalmente contrario al principio de preclusión procesal antes mencionado.-
Al respecto se ha resuelto que si bien las normas rituales no constituyen un fin en sí mismas posibilitan aquella aplicación del derecho de fondo dentro de las garantías del debido proceso que hace al efectivo ejercicio del derecho de defensa (arts. 18 y cc de la C.N.-; y dentro del debido proceso el mismo no se constituya en un "aquellarre" de presentaciones que pretendan volver sobre temas ya resueltos (esta Sala en causa Nº 45.050, R.S. 479/01).-
Sólo resta decir -para dar respuesta a los agravios traídos- por la quejosa que de la compulsa del expediente no se encuentra a fs. 217 una nueva valuación del inmueble.-
Amen de ello y existiendo una copia de una valuación fiscal a fs. 271, se desprende de la misma que el valor del inmueble es de $140.000.-
Así del simple cálculo aritmético se colige que la sentenciante de grado tomó para regular los estipendios la valuación de fs. 153 la cual es aún mayor a la denunciada por el quejoso con posterioridad.-
De conformidad con lo vertido corresponderá desestimar el recurso de apelación articulado en este aspecto, confirmando el decisorio recurrido en cuanto a la base regulatoria.-
Ahora bien.-
En cuanto al otro aspecto del recurso, es bueno memorar algunos conceptos.-
Así diré que por temeridad se entiende, en principio toda conducta de la parte que sabe a ciencia cierta que no tiene razón valedera, que no esta asistido de razón, no obstante lo cual, abusando de la jurisdicción componen un proceso del que se ha de generar daño a la otra parte. Y a su vez, la malicia se perfila en la actuación u omisión, durante el desarrollo del trámite, es decir cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, provoca articulaciones improcedentes, mañosas, con el propósito de dilatar la tramitación del proceso. La sanción cumple una función moralizadora del proceso, cual es la de castigar el obrar de las partes y/o sus letrados, violatorio del deber de actuar en el mismo con lealtad, probidad y buena fe (esta Sala en causa nro. 44007 R.S. 594/00).-
Dicho esto, y con relación a la aplicación de la multa respecto de los otros coherederos -Claudio y Maria Beatriz Baviera- y del letrado actuante, debo señalar que -a mi modo de ver- le asiste razón al apelante, por cuanto los argumentos esgrimidos por el sentenciante de grado colisionan contra los actos propios de los que suscribieron el escrito de fs. 175/177.-
Véase que en el petitorio del mismo (pto. V de aquella presentación) reza "SOLICITAN", con lo cual la pluralidad de la redacción formulada nos refiere que todos ellos son conscientes -y saben- que se está peticionando.-
Mal pueden aquellos desconocer el contenido de lo que se firma y, mucho menos, las consecuencias que se espera con tal actitud.-
Si bien es cierto que los hijos pueden ignorar las firmas de sus progenitores (y cuando se les confiere el traslado de alguna documental, manifestar desconocimiento), no menos cierto es que las conductas asumidas por ellos tienen consecuencias; en este caso la obstrucción del proceso lógico de la sucesión.-
Nótese que aquí no medió solo desconocimiento de alguna documentación, sino que -en lugar de ello- existió un concreto planteo de falsedad de firma que -a la postre- terminó generando una considerable dilación en el proceso, hasta que -pericialmente- se llegó a determinar que la firma impugnada pertenecía a quien aparecía como su autora.-
Conste que, recibiendo este adverso resultado, no se pidieron explicaciones ni se hizo ningún planteo.-
Y, posteriormente, desisten de parte de la pericial (ver fs. 285).-
Esto generó una considerable dilación procesal, además de gastos suplementarios (para la perito) sin ningún tipo de sentido ni razonabilidad.-
Se ha dicho que toda facultad procesal debe ejercerse de manera compatible con la vigencia de ciertos principios éticos, de los cuales deriva el deber de las partes de comportarse con lealtad, probidad y buena fe y la consecuente facultad de los jueces de sancionar todo acto contrario a ese deber.
La regla del art. 10 del CCyCN es bien puntual en cuanto a la respuesta frente al abuso del derecho, aquí puntualmente el abuso procedimental, al generar un cúmulo de actuaciones sin ningún tipo de razón que lo avale.-
Ello así resulta claro que la conducta asumida tanto por aquellos -tanto los herederos como su letrado patrocinante- con pié o fundamento en inatendibles razones, en este proceso sucesorio cuya inconducencia no podían desconocer en orden a su contenido, permiten calificarla como maliciosa, en cuanto revela un proceder destinado a retardar el proceso, que se agrava por el hecho de encontrarse en juego derechos de índole alimentaria (la retribución de la apelante).-
Y tal circunstancia debe, incluso, hacerse extensiva al letrado pues dada la índole de la presentación (falsedad de firma en ciertos escritos, firmados además por una colega suya) debió haberse cerciorado de que lo que iba a plantear tenía algún grado de verosimilitud, no ajustándose a los mínimos standards de buena fe esperables el introducir un planteo como ese sin ningún aval técnico que, al menos prima facie, haga razonable la formulación del planteo.-
Por todo lo dicho es que, a mi modo de ver, procede la imposición de una multa en forma conjunta a todos los firmantes de la presentación de fs. 175/177.-
Si mi propuesta es compartida se deberá modificar la resolución apelada respecto de la aplicación de la multa, la que será extensiva a los Sres Claudio Eduardo Baviera y Maria Beatriz Baviera por el mismo importe determinado por la sentenciante de grado, como así también para el Dr. Carlos Martin Larghi y confirmarla en todo lo demas que decide y ha sido materia de agravios.-
Las costas seran soportadas por su orden atento a como se resolvio la cuestión (arts. 68 y 71 CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la resolución apelada respecto de la aplicación de la multa por malicia, LA QUE SE EXTIENDE a los Sres Claudio Eduardo Baviera y Maria Beatriz Baviera por el mismo importe determinado por la sentenciante de grado, como así también para el Dr. Carlos Martin Larghi; y SE CONFIRMA en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, por su orden atento a como se resolvió la cuestión (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.)
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia