Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63776
Causa nº: 2-63776-2018
"LIZASO RICARDO JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 73 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los cuatro días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lizaso, Ricardo José s/ Sucesión Ab-intestato” (causa n° 63.776), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 649/651?
2da-¿Es justa la sentencia apelada de fs. 735/738?
3ra- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. En el presente expediente sucesorio de Ricardo José Lizaso, fueron declaradas herederas, a fs. 52 y vta., sus tres hijas (Celia, Nelly Noemí y Adriana Lizaso), y su cónyuge supérstite, Nélida Fernández. Se denunciaron como bienes inmuebles –algunos gananciales-integrantes del acervo hereditario tres chacras, una casa y tres fracciones de campo por una valuación fiscal última de $17.112.189,95 (ver fs. 721/722), así como bienes muebles por un valor último denunciado de $461.750 (ver fs. 572 vta.), y muebles registrables (incluidos vacunos, caballos y lanares) valuados en la suma de $938.250. A fs. 519, la administración de los bienes de la sucesión fue asignada en forma conjunta a todas las coherederas, aún cuando, en los hechos y acorde las constancias del expedientes, ella ha sido ejercida en el último tiempo, y en lo que interesa a los recursos, por las coherederas Celia y Nelly Lizaso.
Por la resolución apelada de fs. 649/651, se dispuso, en lo que aquí importa, rechazar la oposición presentada a fs. 642 por la coheredera Nelly Lizaso, y autorizar la venta a favor de terceros de los bienes muebles descriptos a fs. 619 (acoplado playo de madera, tres tranqueras, silo comedero, tolva 3.500 kg, silo chico fijo, cuatro garrafas, motor villa, bombeador, carretilla, silo portátil 50.000 kg), y del tractor Fiat 900, en los términos indicados por el Sr. Ricardo Álvarez (designado mandatario para la venta de hacienda y bienes muebles; fs. 534 vta. y 539), quien deberá rendir oportuna cuenta, denunciando el comprador, montos, plazo y formas en que se efectuarán los depósitos en la cuenta judicial. Para así decidir, se consideró que la oposición planteada por la citada coheredera resultó extemporánea, por no haberse formulado al disponerse la venta (en la audiencia del 15/11/17 –fs. 511 y vta.- y resolución del 28/11/17 –fs. 533/534), ni haberse alegado en esa oportunidad que la venta de determinados bienes muebles afectaría la utilidad de la casa del establecimiento “El Desafío”; ni haberse acompañado tasaciones con el fin de acordar un valor referencial de venta. Por ello, y a fin de que la cuestión no se torne antieconómica con la designación de expertos en la materia, y de no seguir dilatando la cuestión, estimó razonables, acorde los valores de mercado, las dos propuestas formuladas por el mandatario.
Por otra parte, el decisorio apelado rechazó la oposición formulada en igual presentación (ver fs. 643 in fine) a los gastos por la venta de hacienda (flete, diligencia ante Senasa, tasa por control de marcas y señales) denunciados por el aludido mandatario Álvarez, ordenando la transferencia en su favor de la suma de $29.094. Ello por considerar que en ningún momento se le había impedido operar con la firma “Colombo y Colombo” a quien representa en Olavarría. Agregó que lo abonado por el Sr. Álvarez permitió dar cumplimiento a la función encomendada; esto es, poner fin a la explotación agropecuaria con la venta de hacienda, acorde lo unánimemente pactado por las herederas. Asimismo, añadió que los gastos aducidos se encuentran acreditados a fs. 633/640.
Finalmente -siempre en lo que interesa al recurso a abordar por esta Alzada- se dispuso ordenar a las coherederas (atento sus variadas propuestas de arrendamiento del predio rural “El Desafío”), que en el plazo de diez días, presenten un plan de administración consensuada de los arrendamientos rurales, determinando su valor y forma de distribución, bajo apercibimiento de designarse un experto a costa del sucesorio.
II. Con fecha 04/03/18 (ver fs. 658), se interpuso recurso de apelación contra la aludida resolución. Aducen las coherederas Celia y Nelly Lizaso en su memorial electrónico, impreso a fs. 670/673 vta., que determinados bienes muebles cuya venta se autorizó hacen a la funcionalidad del establecimiento rural, se arriende o venda. Respecto de la falta de oportuna alegación –referida en el decisorio apelado- de la inutilización de la casa principal, se remiten a lo expresado a fs. 642/643. Asimismo, refieren que no resulta menester remarcar aspectos que hacen al sentido común, y que si bien estuvieron conformes con la venta de bienes muebles, ello no significa que se desarmen circuitos que hacen justamente a que una casa habitación sirva como tal. Aducen que si bien en la audiencia del 15/11/2017 se resolvió, entre otras cosas, vender bienes muebles, se encuentran pendientes actos procesales ineludibles en una sucesión, como el inventario y avalúo y su aprobación. Por lo demás, destacan que en la audiencia en cuestión se acordó la rectificación del cuerpo de bienes y la realización de los inventarios, de allí que no se conformaron ninguno de los actos anteriores que podrían interpretarse como tales. Agregan que la no realización de un posterior inventario por falta de acuerdo de todas las partes, no puede importar la aprobación de un acto –en referencia al inventario- al que las partes no reconocieron eficacia de tal y que no fue aprobado por resolución judicial.
En lo concerniente a la aprobación de los gastos por venta de hacienda que denunciara el mandatario Álvarez, destacan que el mencionado no rindió cuentas de las facturas acompañadas, y que surgen importantes diferencias en las categorías y kilaje (en relación con lo constatado en el inventario del 23/11/17; fs. 541 y vta.), que ameritarían explicaciones o ampliación de lo informado. De allí que entienden que corresponde dar traslado de las ventas efectuadas, o se debe declarar la nulidad del proveído. Agregan que tampoco han sido consideradas otras inconsistencias resaltadas por su parte. Así, respecto de la factura n° 2337 del 31/12/17 (fs. 626), destacan que en el establecimiento no obraban 100 terneros (sino que acorde el inventario eran 75), y que no se adjuntó ticket de pesada ni se detalló en la factura el total de kilos. Critican el valor de $8.200 al que se vendió cada animal; subrayan que se descontaron dos comisiones y que se aludió a un plazo de 65 días. Respecto de la factura N° 296 (fs. 627), del 31/12/2017, ponen de relieve que se agregaron otros 21 terneros que no estaban en el inventario; que tampoco obra ticket de pesaje, y, nuevamente, cuestionan el valor de venta. Finalmente, respecto de la factura 693 del 19/12/17 (fs. 631), destacan que tampoco se adjuntó ticket de pesaje y que se detallon 53 cabezas; con lo que, en total, los animales vendidos serían 174 cuando había 175 inventariados. Solicitan se brinden explicaciones al respecto.
Agregan que de la categoría detallada en Senasa en la vacunación del 24/10/17 (acta agregada en autos con presentación del 04/03/18), resulta que la categoría y valor de venta denunciados no reflejan la realidad de los animales inventariados. Esgrimen que se vendieron 121 terneros (cuando había 75), y que debieron valer, mínimamente $11.000, y, tras añadir otros indicios que sugerirían el escaso valor pactado para la venta, entienden que no puede darse por aprobada la gestión del mandatario sin la previa rendición de cuentas correspondiente por ley y por despacho de fs. 533/534.
Finalmente, Celia V. y Nelly N. Lizaso, se agravian de la imposición a las partes de que presenten un plan consensuado para al arrendamiento de los bienes rurales, bajo apercibimiento de designarse un experto a costa de la sucesión. Esgrimen que ello resulta imposible pues existen diferencias irreconciliables entre las coherederas, y destacan que ya en la audiencia del 15/11/17 se acordó agregar tasación respecto de “El Desafío”. Señalan que su parte ya la agregó a fs. 558/560 y 562/563 junto con un proyecto de partición provisional y una propuesta de arrendamiento y distribución de las rentas. Sostienen que ese proyecto permite que cada una de las coherederas reciba en kilos de carne, convertidos a pesos, lo que corresponda a su haber sucesorio. Agregan que la propuesta de arrendamiento de la coheredera Adriana Lizaso (fs. 591/593) es por un valor inferior, y que existe una tasación en autos de 100 kg/año/ha no observada, lo que tornaría innecesaria la intervención de un experto, que generaría mayores gastos a la sucesión. Añaden que en autos obran elementos para resolver la forma del arrendamiento y/o partición provisional, existiendo un proyecto integral que no se ha considerado ni sustanciado. Por ello, solicitan que se revoque el proveído en cuestión y se ordene el traslado del proyecto de partición provisional integral por ellas formulado.
A fs. 679 se corre traslado del recurso articulado, el que es contestado por la coheredera Adriana Lizaso, por escrito electrónico impreso a fs. 690/692.
A fs. 763 se elevan las actuaciones a la Alzada departamental, quedando radicadas en esta Sala (fs. 766 y 767). A fs. 773 se dispone que resultando definitiva la cuestión, ella debe resolverse con la formalidad del acuerdo, con lo que, practicado el sorteo de rigor (fs. 774), se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
III. Adelanto que a mi juicio, el primer agravio a abordar en autos, planteado contra la autorización de venta de bienes muebles, no puede prosperar.
Ello así por cuanto, a la luz de las constancias obrantes en autos, valoradas acorde la doctrina de los actos propios (con específica recepción en materia contractual; art. 1067 CCCN), el fundamento del referido agravio (que determinados bienes hacen a la funcionalidad del establecimiento, sea que se arriende o venda), no puede ser de recibo. Es que, cuando las recurrentes acordaron con sus coherederas la venta de los bienes muebles integrantes del acervo sucesorio (audiencia del 15/11/17; fs. 511 y vta.), no esgrimieron limitación alguna vinculada con la índole, naturaleza o utilidad de los bienes muebles que integran ese acervo, pese a que ya habían sido denunciadas las tranqueras, garrafas y bombeador a los que luego me referiré. Y si bien es cierto que en esa ocasión, las coherederas también acordaron rectificar y presentar de manera conjunta un cuerpo de bienes definitivo (lo que incluye, naturalmente, los bienes muebles), ello no afecta el alcance de la cláusula por la cual acordaron su venta sin restricciones, antes del 31 de diciembre del corriente.
No omito que las cláusulas convencionales deben ser interpretadas razonablemente y que, en su caso, podría excepcionarse el unívoco sentido de lo pactado entre las partes en el acuerdo en cuestión, y ponderarse la oposición a la venta de un bien mueble que resultara manifiestamente absurda, y, por ende, ajena a la intención común de todas las partes (art. 1061 CCCN.). Sin embargo, no advierto que esa circunstancia de excepción aparezca configurada en autos, por varios motivos. En primer término por cuanto el memorial de las recurrentes ni siquiera indica con precisión a qué bienes se refiere, ni el modo en que resulta palmaria la irrazonabilidad de su venta, considerando un posterior arrendamiento o venta del inmueble rural implicado. En efecto, el memorial sólo se remite –en forma improcedente; art. 260 CPCC- a la presentación de fs. 642/643.
Pero además, y en segundo término, advierto que aun olvidando la improcedencia de la remisión antes aludida, lo cierto es que la motivación allí aportada tampoco sería suficiente. Es que, si bien para quien eventualmente arriende o adquiera el inmueble sería de evidente utilidad contar con las tres tranqueras, las garrafas y el bombeador que allí se destacan, no advierto que sean elementos de dificultosa reposición cuya ausencia obstaculice luego la venta o arrendamiento del inmueble, perjudicando así los intereses de las coherederas en su conjunto. En particular, debo enfatizar que, en contraste con el criterio de las apelantes, no observo que la ausencia de esos bienes imposibilite que la vivienda cumpla su función, aún cuando quien la arriende o compre deba proceder a su eventual reposición. De allí que si la voluntad común de todas las herederas fue proceder a su venta, no encuentro motivos suficientes para obviar el acuerdo de partes oportunamente zanjado (art. 959 y 960 CCCN).
Por lo demás, las razones de índole procedimental que también se invocan como fundamento del recurso, tampoco pueden ser de recibo, pues encontrándose emparentadas con la validez del iter procesal seguido en autos, debió aducirse con precisión el perjuicio sufrido y el interés que se pretende subsanar (art. 172 CPCC). Máxime cuando, vale reiterar, la eventual rectificación del cuerpo de bienes muebles, en nada afectaría –como antes de dijo- la extensión de la cláusula 1 del acuerdo del 15/11/17 (fs. 511) aquí analizada, que explica y legitima la operatoria de venta autorizada en autos.
En razón de lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación de fs. 658, confirmando así la decisión atacada en cuanto autoriza la venta a un tercero de los bienes muebles en cuestión (arts. 959, 960, 1061 y 1067 CCCN; arts. 172, 260 y 284 CPCC).
IV. Procede ahora analizar las críticas introducidas a la orden de transferencia de la suma de $29.094, dispuesta en favor de Ricardo Álvarez (designado, como dije, mandatario de hacienda y de bienes muebles a fs. 533/534 y 539), en compensación de los gastos en que incurriera por la venta de hacienda, conforme lo denunciado en el acta de fs. 639 y vta. y la documentación anexa a fs. 626/638.
Como surge del contenido del memorial ya referido párrafos atrás, los argumentos del recurso articulado no están destinados a impugnar la existencia, razonabilidad o prueba de los gastos en sí mismos, ni la efectiva realización de la gestión encomendada, sino a cuestionar los resultados y términos en que se efectuó esa gestión, y a referir las dudas -siempre en relación con esos extremos- que surgen de la documentación acompañada. Sin embargo, el Sr. Álvarez –como bien lo ponen de relieve las mismas recurrentes –no ha efectuado, en rigor, una rendición de cuentas (la que se encuentra pendiente), sino que a fs. 639, al informar en los términos del art. 36 inc. 2 CPCC el estado de la venta de hacienda y bienes muebles que le fue encomendada, acompañó copia de los gastos en que incurrió para efectuar la gestión comprometida. Desde esa estricta perspectiva, y a ese sólo efecto (que se compadece con los términos del traslado conferido a fs. 641 vta., y con los del decisorio atacado en cuanto no aprueba rendición de cuenta alguna sino que ordena la compensación de los aludidos gastos), nada hay que reprochar a la decisión apelada.
En efecto, las críticas de las coherederas Celia y Nelly Lizaso a lo decidido a fs. 650 vta./651, importan la introducción de alegaciones que no son atinentes a la estricta cuestión a resolver, y que, no es ocioso agregar, son parcialmente novedosas respecto de lo aducido a fs. 642 y vta. (art. 272 CPCC). Es que, en esa ocasión las recurrentes adujeron como argumento central que las ventas no eran válidas por haberse efectuado a la firma de Olavarría, “Colombo y Colombo” (también representada por el Sr. Álvarez), y a argüir que la venta se había efectuado sin acompañarse valores de referencia de otros operadores, y a montos muy alejados de los que surgirían en autos.
La primera de las referidas alegaciones fue desechada en el decisorio anterior (con fundamento en que no se había impedido al Sr. Álvarez efectuar operaciones de venta con la firma a quien representa en Olavarría), y, a renglón seguido, se aprobaron los gastos denunciados por el mandatario, por ser acordes a la gestión encomendada por las herederas –poner fin a la explotación agropecuaria- y encontrarse acreditados a fs. 633/640.
Como adelanté entonces, al margen de las dudas que mantienen las impugnantes en punto a la gestión efectuada (sobre las que, en todo caso, podrán insistir oportunamente), lo cierto es que el art. 1328 inc. a CCCN, determina como primer obligación del mandante “suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle, en cualquier momento que le sea requerido, todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin” (el resaltado es propio). Vale destacar que el actual precepto va en línea con las previsiones del derogado Código Civil, en cuanto determinaba que el mandatario no está obligado a esperar la presentación de sus cuentas o el entero cumplimiento del mandato para exigir los adelantos o gastos que hubiese hecho (art. 1955 C.C.), y preveía que el mandatario podía incluso retener cualquier bien o valor del mandante hasta ser pagado de los adelantos y gastos (art. 1956 C.C.).
La señalada obligación, y, particularmente, la previsión de que ella puede exigirse en cualquier momento, “deviene lógica y razonable porque es el mandante quien debe proporcionar los medios y los recursos que sean necesarios para que el mandatario pueda ejecutar su encargo”. Es el mandante quien “tiene la obligación de suministrarlos y compensarlos en cualquier tiempo que le sea requerido”, con la única limitación de su razonabilidad, pues se exime de pagar los gastos que se muestren realmente excesivos (cf. Enrique Carlos Müller, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, T. VII, pág. 96; en igual sentido, Ghersi- Weingarten-Ceriani, Rendición de cuentas. Doctrina y jurisprudencia, Cathedra Jurídica, Bs. As., 2008, pág. 64). De modo que no configurándose en autos un supuesto de gastos a los que se haya endilgado y acreditado “irrazonabilidad”, no advierto motivos para denegar al Sr. Álvarez la compensación de los gastos en que ha incurrido en cumplimiento de la gestión efectuada en beneficio de las coherederas mandantes. Ello sin perjuicio de las explicaciones y documentación adicional que a todo evento deba presentar a efectos de abastecer una adecuada rendición de cuentas, y de la eventual responsabilidad que pudiera resultar si se demostrara que su gestión ha sido perjudicial –por su culpa o dolo- para las coherederas. Así es que propongo al acuerdo el rechazo del recurso de apelación en tratamiento, con la consecuente confirmación de la aprobación de gastos efectuada en la instancia anterior (art. 1328 inc. a CCCN; art. 272 CPCC).
V) 1. Finalmente, Celia V. y Nelly N. Lizaso se agravian de que haya impuesto a las partes la presentación de un plan consensuado para al arrendamiento de los bienes rurales, bajo apercibimiento de designarse un experto a costa de la sucesión. Esgrimen, como se dijo, que ello resulta imposible pues existen diferencias irreconciliables entre las partes, y destacan que ya en la audiencia del 15/11/17 las partes acordaron que agregarían tasación sobre “El Desafío”. Señalan que su parte ya la agregó a fs. 558/560 y 562/563 junto con un proyecto de partición provisional y una propuesta de arrendamiento y distribución. Agregan que la propuesta de arrendamiento presentada a fs. 591/593 por la coheredera Adriana Lizaso es por u
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