Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64589
Causa nº: 2-64589-2019
"SANTI JORGE ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
Sentencia Registro nº: 176 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusada la Dra. María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados “Santi, Jorge Alberto s/ sucesión ab-intestato” (causa n° 64.589), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 174/178?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Galdós, dijo:
I. El coheredero Bruno Santi Taccari dedujo recurso de apelación (fs. 179) contra la sentencia de fs. 174/178 que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 306 y 309 incs. m y n del Código Fiscal (arts. 91 y 95 inc. m y n de la Ley 14.044), oportunamente formulado por él y sus coherederos (Jorge Horacio Santi y Raquel Nora Taccari, quien falleció con posterioridad a dicha presentación), con relación a la obligación de abonar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes por las acciones que correspondían al causante, Jorge Alberto Santi, en cinco sociedades domiciliadas en Capital Federal (Celulosa Argentina S.A., Ledesma S.A.A.I., Molinos Rio de La Plata S.A., Pampa Energía, y Solvay Induopa SAIC; cf fs. 60, 96 y 109 vta).
El art. 306 del Código Fiscal (en adelante CF) prevé, en lo que aquí importa, que “todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas humanas o jurídicas con domicilio en la misma, estará alcanzado con el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes...” (el resaltado es propio). Por su parte, el art. 309 CF determina que “se consideran situados en la Provincia: (...) m) “Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital social o equivalente que al tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, emitidos por entes o sociedades domiciliados también en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de los emisores que se encontraren en la Provincia; n) Las cuotas o participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, en proporción a los bienes que se encontraren en la Provincia ...”.
Los coherederos declarados a fs. 50 y vta., Bruno Santi Taccari, Jorge Horacio Santi y Raquel Nora Taccari, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos transcriptos (fs. 114/117vta.), alegando que vulneran la territorialidad del sistema impositivo al gravarse bienes (participaciones accionarias) situados fuera de la jurisdicción provincial (por tener las sociedades domicilio en Capital Federal), al margen de que las sociedades tengan o no bienes en el territorio provincial. Agregaron, efectuando un cálculo matemático (fs. 116 vta.), que además, en el caso, la aplicación de la ley resultaría confiscatoria obligándolos a vender gran parte del capital accionario.
Previo traslado a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ver informe a fs. 144/145); se presenta el apoderado de Fiscalía de Estado oponiéndose al planteo de inconstitucionalidad (ver fs. 146/151). Sostiene, en sustancia, que la Provincia de Buenos Aires ha reglamentado el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes de conformidad con las facultades reservadas a las provincias por la Constitución Nacional (arts. 121, 75 incs. 2 y 3), y que el régimen implementado evita, en concordancia con las previsiones de la Ley de Coparticipación Federal, posibles situaciones de doble imposición con otras jurisdicciones. Afirma que tanto el art. 306 como el 309, incs. m y n, del Código Fiscal se aplican en proporción a los bienes situados en la Provincia de Buenos Aires, y pone énfasis en que en el caso se desconoce cuáles bienes de las sociedades en cuestión serían los alcanzados por la norma. Entiende que se ha planteado una inconstitucionalidad en abstracto con agravios meramente conjeturales, y que no se ha acreditado afectación de garantías o derechos constitucionales, recordando, además, la suma gravedad institucional que importa toda declaración de inconstitucionalidad.
Conferida vista al Agente Fiscal, quien se expide a favor del planteo de los coherederos (ver fs. 160/165 vta., más adelante volveré sobre ello), se dicta la sentencia ahora apelada. Dicho pronunciamiento destaca que el criterio para gravar previsto en los preceptos cuestionados es tanto subjetivo (personas domiciliadas en la Provincia), como objetivo (bienes situados en la Provincia). Alude a las distintas hipótesis de hechos imponibles y alícuotas; y destaca, siguiendo la doctrina de la Suprema Corte, que un planteo de inconstitucionalidad debe sustentarse en un sólido desarrollo argumental; en una crítica razonada que señale la manera en la que el precepto en cuestión contraría el derecho o garantía constitucional que se dice vulnerado. Seguidamente advierte que en la hipótesis de autos, la base imponible resultaría de los estados contables que debían obtener los beneficiarios y del porcentaje que representen los bienes situados en la Provincia respecto de todo el patrimonio de la/s sociedades involucradas; porcentaje que debe aplicarse, a su vez, al paquete accionario que el causante tenía en la sociedad. Así las cosas, destaca que los herederos no precisaron fehacientemente el perjuicio que les generaría la aplicación de los incs. m y n del art. 309 del Código Fiscal, pues no acreditaron el patrimonio de las empresas, ni los bienes que tendrían en la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado no comparte la interpretación del agente fiscal del art. 306 CF, pues, a su juicio, el hecho generador del gravamen es el aumento de riqueza obtenido a título gratuito, y el sustento territorial de la potestad tributaria local está dado porque el aumento de riqueza afecte bienes situados en la Provincia y/o beneficie a sujetos domiciliados en ella. Asimismo, aclara que no podría generarse una doble imposición, pues el art. 321 del CF prevé que se podrán computar como pago a cuenta las sumas pagadas en otra jurisdicción por gravámenes similares al presente. Finalmente, considera que le asiste razón al Fisco porque no se probó la confiscatoriedad; ni se expusieron o acreditaron dificultades en el procedimiento liquidatorio de modo que pueda considerarse un supuesto de exceso o arbitrariedad reglamentaria. En consecuencia, rechaza el planteo desestimando el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 306 y 309 incs. m y n CF.
II. 1. En su expresión de agravios (fs. 187/193), el coheredero Bruno O. Santi Taccari, relata los antecedentes del caso, y alega que, a diferencia de lo sostenido en el decisorio atacado, su parte mencionó los derechos y garantías constitucionales vulnerados. Insiste en que los preceptos en cuestión vulneran la territorialidad del sistema impositivo, pues se trata de acciones correspondientes a sociedades (Celulosa Argentina S.A., Ledesma S.A.A.I, Molinos Rio de la Plata S.A., Pampa Energía, Solvay Indupa SAIC), cuyos domicilios se encuentran fuera de la jurisdicción provincial, afectándose facultades impositivas de otro Estado. Insiste en que se vulnera también el principio de igualdad al afectar el derecho de propiedad y el principio de no confiscatoriedad. Destaca que el bien o valor objeto de la transmisión son las acciones, y no los bienes individuales que integran el activo de la sociedad. Por ello, agrega, sería imposible contable y jurídicamente, además de ilógico, detraer los bienes que esas sociedades tengan en la Provincia para calcular el valor de la acción. Es que, añade, el valor de una acción está en función de un activo, pero también de un pasivo, y, en el caso concreto, de lo que el mercado paga por ella. Alega que esos argumentos se introdujeron al plantear la inconstitucionalidad de la norma pero no fueron valorados por la sentencia apelada. Agrega que el error conceptual de la sentencia proviene de pasar por alto que los bienes inmuebles son de la sociedad y no del causante. Se pregunta entonces por qué tendría que probar la incidencia de los bienes inmuebles, si ellos son de la sociedad y no de su padre. Finalmente, se agravia de que no se haya tenido por justificada la confiscatoriedad del gravamen, aduciendo que ella se fundó con un análisis matemático (ver fs. 116 vta.), que mostró que la alícuota a aplicar consumiría gran parte de la participación societaria, pues no se podría solventar ni siquiera con el 100% de los dividendos que generan esas acciones.
2. Al contestar agravios (fs. 210/211 vta.) el representante del Fisco provincial sostiene que los cuestionamientos de la contraria son meras reiteraciones de sus argumentos iniciales, y hace hincapié en la atribución fiscal de obtener recursos para la consecución de los fines públicos; y en que la gravabilidad como derivación de la soberanía de los gobiernos locales, reposa en el lugar de celebración de los actos, y/o de cumplimiento del contrato o radicación de los bienes, lo que se verifica en autos. De lo contrario, sostiene, si el domicilio de la sociedad sirviera para desvincularla de su patrimonio, se consagraría una exención insostenible del principio de igualdad.
Elevadas las actuaciones a esta Cámara (fs. 215), y radicadas en esta Sala (fs. 217), se confiere vista al Fiscal General Departamental, la que es evacuada a fs. 221, remitiéndose a los fundamentos a favor de la declaración de inconstitucionalidad expuestos por la agente fiscal interviniente en primera instancia (fs. 160/165). Cabe destacar que en esa ocasión, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el art. 309 incs. m y n CF, no excluye la aplicación del gravamen de acuerdo al lugar de radicación del bien, sino que utiliza la porción de patrimonio que las empresas pudieran tener radicado en la provincia, para establecer la base imponible del impuesto. Entendió que aún cuando los peticionantes no hayan acreditado el patrimonio de las empresas y el valor de los bienes que estas tuvieran en la provincia, debe considerarse el perjuicio procesal que la exigencia de esa prueba les acarrearía, cuando existe la posibilidad de que deba declararse la inconstitucionalidad del art. 306 CF, a su juicio, inconstitucional. Hace hincapié en que el art. 306 CF grava la transmisión gratuita cuando el beneficiado se encuentre domiciliado en la provincia y/o cuando se reciban bienes situados en ella, cualquiera sea la hipótesis que se presente. De allí que entiende que el art. 309 incs. m y n no es coherente con lo previsto en el art. 306, y que su validez constitucional está supeditada a la del art. 306 CF. Agrega que cuando los beneficiarios son vecinos de la provincia, el gravamen opera con independencia del lugar donde se sitúen los bienes y que, en el caso, esa es la única hipótesis acreditada, pues se desconoce si las sociedades en cuestión poseen bienes en la provincia. Así centrado el análisis, concluye que el art. 306 CF, al alcanzar bienes radicados fuera del territorio provincial, se excede en los límites territoriales, materializando un ejercicio irrazonable y excesivo de la potestad tributaria.
Habiéndose resuelto que la cuestión objeto de apelación resulta definitiva, debiendo resolverse con la formalidad del Acuerdo (fs. 222), se llaman autos para sentencia (fs. 222 vta.); con lo que firme esa providencia y practicado el sorteo de rigor (fs. 223), se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
III. Pese al esfuerzo argumental del apelante, y sin omitir el carácter espinoso de la cuestión a resolver, el recurso no puede ser atendido.
En primer término, conviene recordar el texto de las normas tachadas de inconstitucionales por el apelante, esto es, los arts. 306 y 309, incs. m y n, del Código Fiscal, que corresponden a los artículos 91 y 95 de la Ley impositiva 14.044 (ley que instauró el impuesto a la transmisión gratuita bienes, ordenando en su artículo 114 su incorporación al Código Fiscal). El art. 306 CF prevé que “todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas humanas o jurídicas con domicilio en la misma, estará alcanzado con el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes...” (el destacado es propio).
Conforme la conjunción “y/o” que emplea el precepto, resulta suficiente que concurra una de las dos hipótesis previstas, para que se tenga por configurado el hecho imponible. Es decir que los supuestos de hecho previstos son dos, que pueden presentarse de modo alternativo y no necesariamente conjunto. De manera que, entonces, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes se aplica en el marco de tres circunstancias posibles: 1) que el beneficiario del enriquecimiento gratuito tenga domicilio en la Provincia;
2. que los bienes que reciba gratuitamente se encuentren en ella; y
3. que concurran los dos supuestos anteriores (beneficiario con domicilio en la provincia y bienes situados también en territorio local).
En ese marco, se ha explicado que “el objeto del impuesto es todo aumento de riqueza a título gratuito con tal de que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: que comprenda bienes situados en la Provincia de Buenos Aires, o que beneficie a personas domiciliadas en la Provincia de Buenos Aires (...). Esta diferencia es muy importante, porque si (el contribuyente) no tuviera tal domicilio pagará únicamente sobre el valor de los bienes ubicados en la Provincia de Buenos Aires, mientras que si está domiciliado en la provincia paga sobre todo enriquecimiento a título gratuito, sin importar la ubicación de los bienes” (cf. exposición del Dr. Máximo Bomchil en la Conferencia sobre Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes -19/11/2009, Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.colabogadops.org.ar, revista LaHoja on-line, n° 127, marzo de 2010-; en igual sentido Graciela Medina, Proceso Sucesorio, 3ª ed. amp. y act., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, Tomo II, pág. 409; García Vizcaíno Catalina, Impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la Provincia de Buenos Aires, La Ley, cita online: 0003/015369).
Acorde lo dicho hasta aquí, cabe destacar que cuando concurren ambas hipótesis legales, la primera (beneficiarios con domicilio en la provincia), dado el mayor alcance de la materia imponible, comprende o incluye a la segunda (bienes radicados en territorio bonaerense), tornándose directamente aplicable el art. 318 CF que determina que “el impuesto recaerá sobre el monto total del enriquecimiento” y no sólo sobre “el monto del enriquecimiento originado por la transmisión de bienes ubicados en la Provincia”.
De este modo, el planteo de inconstitucionalidad que los coherederos también introdujeron respecto del art. 309 incs. “m” y “n” del CF, no interesa a la hipótesis fáctica planteada en autos (art. 2 CCCN). Pierden relevancia entonces los agravios reiterados al efecto por el apelante, así como el análisis que a propósito de ese precepto efectuaran el Ministerio Público Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la Fiscalía de Estado, y el Juez de primera instancia. Es que, el citado art. 309 CF que establece las pautas para determinar cuándo los bienes recibidos a título gratuito se consideran situados en la Provincia de Buenos Aires, sólo interesa si el contribuyente debe tributar exclusivamente por esos bienes, pero no cuando, al tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires (como en este caso; ver fs. 14/15), debe tributar por todos los bienes recibidos a título gratuito, se sitúen o no en territorio provincial. En definitiva, siendo manifiesta la irrelevancia normativa de ese precepto para la cuestión litigiosa de autos, advierto que una declaración relativa a su constitucionalidad o inconstitucionalidad, importaría un improcedente ejercicio en abstracto de la jurisdicción (art. 3 CCCN). De allí que el planteo constitucional a resolver, debe considerarse circunscripto a lo reglado por el art. 306 CF, a lo que me aboco en los acápites siguientes (art. 163 inc. 6 CPCC).
1. Sabido es que, como lo ha dicho reiteradamente el Máximo Tribunal local, con cita de igual criterio sostenido por la Corte Suprema Nacional, “la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados.” (SCBA, P128089, “C.,A. y Z. ,E. N....”, del 26/12/2018; P130516, “Zaragoza, Juan Darío...”, del 19/06/2019; P 129831, “Avalos Martínez...”, del 19/09/2018; LP121698, “Gómez, José Alberto...”, del 13/09/2017; LP P 125745, “V. ,S. E....”, del 02/11/2016, entre otras tantas). En relación con ella no puede olvidarse al denominado control de convencionalidad, conforme el cual debe verificarse “si las normas locales son compatibles con las emanadas no sólo de la Constitución Provincial y Nacional sino también de los Tratados Internacionales con jerarquía supralegal” (esta Sala, con mi voto en la causa n° 59.018, “Goñi, Hugo Horacio...”, del 23/09/14).
Ha señalado este Tribunal que “aplicando analógicamente los requisitos formales que rigen la fundamentación de la acción autónoma de inconstitucionalidad del art. 683 y concs. C.P.C.C., es necesario indicar, precisa y certeramente, cuál es la garantía conculcada y su incidencia en el derecho del recurrente. ‘A los efectos de satisfacer los recaudos de admisibilidad -resolvió la Casación Bonaerense- resulta insuficiente la demanda de inconstitucionalidad que sólo realizó una vaga o genérica mención de los derechos supuestamente violados, desde que resulta indispensable precisar de qué modo la norma impugnada habría quebrantado las garantías constitucionales cuya tutela se procura, sin que dichas deficiencias argumentales puedan ser suplidas por el Tribunal’ (S.C.B.A., 18-4-89, “Casa Blanco S.C.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda de Inconstitucionalidad", A. y S., 1989-I, 730)” (esta Sala, mi voto en la causa n° 41684, “Dirección General de Rentas en: Banco Central de la República Arg. c/....” del 26/10/00 y demás jurisprudencia de la SCBA allí citada). Agregó este Tribunal en el mismo precedente que “la mayor exigencia en torno a los requisitos que debe observar quien tacha de inconstitucional una norma no es un mero exceso ritual", sino que atiende a que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última "ratio" del orden jurídico (S.C.B.A., L.45654, 28-5-91, "Silacci de Mage, Ma. Alicia c/ Asoc. Obrera Textil de la R.A.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.