Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98137
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada de fs. 89, dejándose sin efecto la designación de perito tasador allí dispuesta; debiendo la jueza de grado proceder a la regulación de los estipendios profesionales considerando los lineamientos expuestos en la presente. Sin costas sde Alzada atento el modo en que se resuelve y el cambio legislativo operado en materia arancelaria (arts. 68 pár. 2do. y 69 CPCC; 1, 15, 16, 27 inc. "a", 28, 30, 35 y ccdtes. leyes 8904 y 14.967; 7 CCyCN.
98137: BADUEL JORGE ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO
Dolores, 10 de diciembre de 2019.
I. Vienen las actuaciones a conocimiento de este Tribunal a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto con fecha 25/06/2019 (v. fs. 91) por María Elena Redmond, contra la resolución de fs. 89.
II. Mediante dicho decisorio la iudex a quo dispone la designación de un perito tasador a los fines de establecer la base regulatoria (art. 27 inc. “a” ley 14.967).
III. De ello se agravia la apelante a fs. 94/96, sosteniendo que lo resuelto por la a quo se aparta de la normativa legal del art. 35 de la ley arancelaria, entendiendo que la regulación de los honorarios profesionales en juicios sucesorios debe practicarse sobre la valuación fiscal de los inmuebles transmitidos.
Conferido el traslado de ley, la Dra. Durand solicita se rechace el planteo recursivo por cuanto se sustenta en normas inaplicables.
IV. Analizando las constancias de la causa, advierte este Tribunal que la labor profesional cuya remuneración en definitiva se pretende, ha sido desarrollada tanto durante la vigencia temporal de la ley 8904 como de la posterior ley 14967 (vigente a partir del 12/10/17).
Tal situación impone como punto de partida para resolver el recurso en análisis, determinar bajo qué normativa arancelaria corresponde fijar la retribución profesional de los abogados intervinientes (art. 7 CCyCN).
Para ello, resulta pertinente recurrir a la doctrina sentada en la materia por el Superior Tribunal Provincial en la causa "Morcillo", n° I-73016 (08/11/17), respecto a la vigencia temporal de la ley arancelaria.
Así entonces, la regulación de honorarios de los abogados debe efectuarse según las pautas establecidas por la norma vigente en el momento en que efectivamente fueron realizados los trabajos profesionales, no siendo pertinente aplicar a una misma etapa del proceso dos normas arancelarias distintas.
Se observa en el caso marras que las tareas sustanciales y viscerales de la primera y segunda etapa del proceso sucesorio se han desarrollado encontrándose vigente la ley 8904/77, por lo que esta normativa es la que resulta aplicable a dichas parcelas; en tanto que la tercera se ha llevado a cabo en vigencia de la ley 14.967, siendo entonces ésta la ley aplicable a su respecto.
V. Aclarado ello, corresponde ahora analizar –a tenor de los agravios propuestos- si resulta pertinente o no recurrir al procedimiento de estimación previsto en el art. 27 inc. “a” de ambas normas arancelarias, de conformidad con lo específicamente establecido para esta clase de procesos en el art. 35 de ambos cuerpos normativos.
a) El art. 35 de la ley 8904 establece que para regular el honorario del abogado cuando se trasmiten bienes inmuebles por sucesión "...el valor se tomará sobre la valuación fiscal vigente al momento de la regulación..." (inc. “a”).
Se ha de tener presente que el art. 35 inc. “a” de la ley 8904 no efectúa remisión alguna al art. 27 inc. “a” de la citada norma, aún cuando alguno de los interesados en la fijación de la base no estuviere de acuerdo; situación que sí acontece –en cambio- en el inciso “b” para los bienes muebles.
Y ello es así por cuanto el precepto citado es específicamente aplicable a los honorarios correspondientes al trámite sucesorio cuando existen inmuebles, desplazando al genérico.
Queda de este modo reglado el principio general (tomar la valía inmobiliaria fiscal, sin aditamento) que sólo cede en situaciones excepcionales, esto es, cuando constare en el proceso un mayor valor por tasación (art. 35, 2° párr., ley 8904). Mas ello debe interpretarse en el sentido de que la tasación la hubieren efectuado los sucesores o herederos, o que por alguna otra circunstancia se encontrare agregada al proceso con anterioridad a la regulación de los honorarios, y además debidamente aprobada; pero de modo alguno debe entenderse que eso configura una remisión al art. 27 inc. a) LHP (Hitters-Cairo, "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 419/420, Ed. Lexis Nexis).
b) Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 14.967 -21/10/2017-, el citado art. 35 tuvo modificaciones.
En efecto, en su inc. “b” tercer párrafo la norma prevé que en el caso en que el profesional reputare inadecuado el valor fiscal del inmueble, podrá estimar su valor real conforme lo previsto en el artículo 27 inc. “a” de dicha ley, en cuyo caso el porcentaje de la regulación respecto de ese inmueble no podrá superar el 12% del valor que finalmente se determine judicialmente.
VI. Despejado aquello y analizando en concreto el caso traído ante esta Alzada, advertimos que la letrada que ha reputado inadecuada la valuación -Dra. Durand) sólo ha desempeñado labores profesionales útiles con relación a las primeras dos etapas del sucesorio, no constando en autos ninguna actividad a remunerar respecto a la tercera parcela.
Se aclara que la presentación que la nombrada abogada efectuó con fecha 4/4/19 -mediante la cual denuncia una serie de bienes que integrarían el acervo hereditario-, no se considera una actuación oficiosa y -por lo tanto- sujeta a retribución (art. 30 LHP), pues la efectúa sin adjuntar documentación alguna para poder determinar la declaración jurada patrimonial y autorizar la correspondiente inscripción.
Se ha señalado que resulta inoficiosa la tarea inútil, superflua e inconducente de manera notable, manifiesta o notoria.
La inoficiosidad queda configurada cuando no se logra impulsar el proceso y el motivo radica en los propios actos de la parte que los lleva adelante o cuando el obrar es manifiestamente improcedente (Hitters-Cairo, "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 374, Ed. Lexis Nexis).
Consecuentemente, la citada profesional no se encuentra legitimada para dinamizar el procedimiento previsto en el art. 27 inc. a de la ley 14.967, pues carece de interés legítimo al no tener retribución pendiente de regulación por la tercera etapa de este sucesorio (única en la cual seria aplicable el trámite estimatorio por considerar inadecuada la valía fiscal).
VII. Para concluir, resulta oportuno resaltar que el establecimiento de la base arancelaria importa una cuestión de orden público, mediante el cual se persigue enaltecer el trabajo profesional de los letrados, proteger a los justiciables y perfeccionar el servicio judicial para toda la sociedad, resultando por ende su conformación materia indisponible tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Revocar la resolución apelada de fs. 89, dejándose sin efecto la designación de perito tasador allí dispuesta; debiendo la jueza de grado proceder a la regulación de los estipendios profesionales considerando los lineamientos expuestos en la presente. Sin costas sde Alzada atento el modo en que se resuelve y el cambio legislativo operado en materia arancelaria (arts. 68 pár. 2do. y 69 CPCC; 1, 15, 16, 27 inc. "a", 28, 30, 35 y ccdtes. leyes 8904 y 14.967; 7 CCyCN.
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2019 10:24:21 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 10/12/2019 10:47:34 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 10/12/2019 10:59:38 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia