Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación articulado de manera subsidiaria a fs. 28/30 (arts. 1, 2, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 73, 74, 2336 y conc. del CCyC).
II. Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.).
REGISTRO N ° 31-S FOLIO N° 170/2
EXPEDIENTE N° 167.035. JUZGADO N° 16.
En la ciudad de Mar del Plata, a los26 días del mes de febrero de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "LORENTE CARMEN S/ SUCESION AB-INTESTATO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución de fs. 26/27?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado el juez de primera instancia se declaró incompetente para intervenir en estas actuaciones de conformidad con lo normado por los arts. 2336 y ss. del Código Civil y Comercial y los arts. 1, 2, 3, 4 y conc. del Código de Procedimientos.
Para arribar a dicha conclusión refirió que del acta de defunción de fs. 10 surgía que la causante falleció el 10-10-2017 en localidad de Las Heras, Provincia de Mendoza, y que se domiciliaba en la calle San Martín nro. 1333 de dicha ciudad, lo que fue corroborado por las manifestaciones de los propios herederos en los puntos II y III de la pieza de fs. 24/25.
Aseveró que la circunstancia de que la causante no poseyera bienes en la Provincia de Mendoza y que éstos se encontraran en nuestra provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no justificaba el planteo de los sucesores de prorrogar la jurisdicción, por no resultar procedente el desplazamiento de la competencia del juez natural del proceso sucesorio a favor de otro magistrado siéstos pertenecían a diferentes jurisdicciones provinciales.
II. Síntesis de los agravios.
A fs. 28/30 se dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio.
En líneas generales se sostuvo que lo decidido colocaba a todos los herederos en la situación de tener que tramitar la sucesión en una jurisdicción muy alejada, como lo era la Provincia de Mendoza, con el incremento de los gastos que ello provocaba.
Se alegó que estando de acuerdo sobre la prórroga pretendida todos los sucesores mayores de edad y en ejercicio de sus plenas capacidades, ella resultaba procedente, máxime existiendo bienes inmuebles en la jurisdicción bonaerense. Ello sin perjuicio de mandar a publicar edictos en los diarios de la provincia en la que falleciera la causante.
III. Consideración de los agravios.
Esta Sala tuvo oportunidad de resolver controversias análogas, entre ellas, en los autos caratulados "Calisto Neiman, Ely Noemí y otro s/ Sucesión Ab Intestato" (expte. nro. 163.456, RSD 168 del 4-7-2017), con voto preopinante del Dr. Loustaunau, al que adherí, y que en lo pertinente habré de transcribir por presentarse consideraciones similares.
III.1. Cabe señalar en primer lugar que corresponde la aplicación del Código Civil y Comercial -ley 26.994-, que rige para los fallecimientos producidos durante su vigencia (arg. art 7 del CCyC).
Es sabido que dicho ordenamiento mantiene -en principio- a través del art. 2336 el sistema de unidad del proceso sucesorio instaurado por Vélez Sarsfield en el art. 3284, es decir, que ante un único magistrado tramita un solo juicio a fin de transmitir los bienes que componen la herencia.
En tal sentido, el reseñado art. 2336 del CCyC dispone que: "la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante..." . En otros términos, el domicilio que tenía el causante al momento de su muerte determina el lugar en que se abre su sucesión (arts. 73 y 74 del CCyC).
A su vez, en el primer párrafo de este canon se prevé una excepción a la regla con la expresa remisión a las disposiciones de derecho internacional privado (arts. 2643 a 2648 del CCyC), ratificando el principio general de que resultan competentes en materia sucesoria los jueces del último domicilio del causante, sea que ello acontezca en nuestro país o en el extranjero, aunque previendo como alternativa que esa competencia se le extienda a los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles cuandoéstos se encuentren en nuestro país.
Ahora bien, en materia de sucesiones mortis causa la competencia territorial atribuida por la ley al juez del último domicilio del causante puede ser prorrogada en aquellos supuestos en que existe conformidad de todos los llamados a recoger la herencia, si -dicha prórroga- es ejercida dentro de la misma provincia y no fuera de ella (arg. arts. 1 y 2 del C.P.C.C.).
En este sentido, hemos expresado que la prórroga de competencia territorial resulta procedente en materia de sucesiones mortis causa cuando cuenta con la conformidad de todos los sucesores y se ejerce dentro de la misma provincia (esta Sala, causa nro. 122.858, RSI 1578 del 31-10-2002).
III.2. En el caso aquí planteado, del escrito liminar (fs. 24/25) y del certificado de defunción de 10 se desprende -conforme lo alegado por los presentantes- que el último domicilio de la causante Carmen Lorente fue en la ciudad de Las Heras, Provincia de Mendoza, circunstancia que obsta a la prórroga de la competencia territorial, pues ésta sólo puede ser efectuada dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires en razón de la limitación espacial de validez de las normas procesales, y lo dispuesto por los arts. 1, 2 y 3 del código de rito.
Sobre el particular, y reiterando lo antes expuesto, según el art. 2336 del CCyC es competente para entender en la sucesión de la causante el juez de su último domicilio, y esta norma ha sido calificada de orden público, o sea -en buen romance- indisponible, por principio, para las partes. Sin embargo se ha decidido que dentro del territorio de la provincia, puede aceptarse la prórroga. Ello es así, por aplicación de lo normado en los arts. 1 y 2 del código procesal, que tiene vigencia -como es obvio- sólo dentro del ámbito bonaerense, resultando improcedente fundar una prórroga de la competencia que corresponde a otra provincia, por haber sido allí el lugar del último domicilio del causante (esta Sala en causa 129.154 RSI-740-04 del 10/6/2004).
En el caso bajo examen, falta claramente este último requisito para hacer viable la prórroga solicitada, pues, el último domicilio del de cujus fue en la ciudad de Las Heras y, por tanto, corresponde, que la sucesión tramite ante un magistrado de esa localidad, toda vez que la admisión de la prórroga de competencia territorial que prevén los arts. 1 y 2 del C.P.C.C., en este supuesto, implicaría la extensión de dicha normativa a un ámbito espacial que le es ajeno y en el cual resultan inaplicables las normas procesales locales (CN art. 5).
III.3. Por su parte, la mención al art. 2643 del CCyC en el que se pretende apuntalar la queja -por existir en el acervo de la causante bienes inmuebles en la Provincia de Buenos Aires- tampoco es de recibo, pues dicho canon y los subsiguientes de la Sección 9na. forman parte del título 4to., relativo a las disposiciones de derecho internacional privado, esto es, para los supuestos de sucesiones por causa de muerte con presencia de elementos extranjeros relevantes, sea porque el patrimonio del difunto está disperso en el territorio de diversos Estados, sea porque el causante ha fallecido en el extranjero o bien tenía una nacionalidad distinta de la del Estado donde se produjo su deceso (Clusellas, "Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado", Astrea, Buenos Aires, 2015, p. 934).
Así las cosas, no presentándose en el caso ningún elemento extranjero no hay razones para tornar operativa las disposiciones previstas en la sección aludida, debiendo estarse al principio general aprehendido por el art. 2336 del CCyC.
III.4. En suma, teniendo en consideración las circunstancias apuntadas, sumado al carácter restrictivo de la prórroga de competencia, por no tratarse el caso de autos del supuesto en que aquella sea ejercida dentro de la nuestra provincia, deviene improcedente el embate de los herederos (arts. 1, 2, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 73, 74, 2336 y conc. del CCyC).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA .
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación articulado de manera subsidiaria a fs. 28/30, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 1, 2, 68 a contrario, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 73, 74, 2336 y conc. del CCyC).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación articulado de manera subsidiaria a fs. 28/30 (arts. 1, 2, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 73, 74, 2336 y conc. del CCyC). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia