Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172765
EXPEDIENTE N ° 172765 JUZGADO N ° 7
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ESPINELLI LUISA EUGENIA S/SUCESION AB-INTESTATO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 10.6.2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la resolución apelada, la Sra. Jueza dejó sin efecto la regulación de honorarios del 11.05.2021 y dictó un nuevo auto regulatorio, con sujeción al límite del 3% sobre la valuación de la vivienda familiar que compone el acervo sucesorio, dispuesto por el art.254 del CCyC.
II. Apeló la anterior letrada de los herederos, la Dra. Guillermina Bengochea, por derecho propio el 21.6.2021. El recurso fue respondido el 04.7.2021.
La apelante cuestiona por bajos sus honorarios y sostiene que la Sra. Jueza ha aplicado una norma que, en el caso, es antijurídica e inconstitucional pues vulnera el sistema de reparto establecido en la Constitucional Nacional, al invadir una materia no delegada por la Provincia al Estado Nacional (arts 75 inc 12 y 121 de la CN)
Sostiene, además, que el tope del 3% vulnera normas de orden público (art.1 ley 14967), desconociendo el carácter alimentario de los honorarios profesionales y violando las garantías constitucionales de justa retribución y de propiedad (args 14 bis y 17 de la CN)
Afirma que los emolumentos de los abogados deben guardar relación con el trabajo efectivamente realizado, conforme a la doctrina de la SCBA y la opinión de autores que cita, y pone de resalto que los herederos obligados al pago son titulares de otro bien inmueble.
III. El recurso no prospera.
1. La solución prevista en el art 254 CCyC, que tiene una redacción similar a su predecesora -art 48 de la ley 14.394-, no infringe ninguna norma constitucional y corresponde seguir lo que en ese sentido ha resuelto la Corte Federal en la causa "Dardo Ireneo Santillán" del 3.10.1983 (Fallos, 305-II-1646).
En esa oportunidad, el Tribunal señaló que "No es arbitraria la sentencia que concluyó que el art.48 de la ley 14.394 establecía una limitación del honorario que se incorporaba al patrimonio del heredero beneficiario, tornando carente de interés la pretensión de los profesionales de obtener la desafectación del inmueble, por el correlativo derecho de la sucesora de liberarse pagando el referido honorario. Ello así, pues la sentencia que acuerda prioridad nacional respecto de la arancelaria que rige en el orden local, así como la inteligencia asignada a lo dispuesto por la ley sustancial, cuya vigencia con relación al caso no podía desconocer los profesionales, no ponen de manifiesto relación directa entre lo resuelto y las garantías constitucionales invocadas"
Sin desconocer que las decisiones de la Corte Suprema se circunscriben a los casos en concreto que se someten a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral de éstas dado el carácter de tribunal supremo. La autoridad institucional de sus fallos en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, provoca el deber de someterse a sus precedentes (fallos: 315:2386)
Aún reconociendo las diferencias que existen entre la ley 14.394 que establecía el bien de familia y el capítulo 3 del título III del Código Civil y Comercial vigente que regula la afectación del inmueble destinado a vivienda, la doctrina nacida bajo el amparo de aquella sigue siendo aplicable en lo pertinente, como lo señala Leopoldo Peralta Mariscal ("Código Civil y Comercial de la Nación Comentado" Dir. Rivera-Medina, tºI p.544, ed. La Ley, BsAs 2014)
2. En cuanto al planteo de la recurrente, sobre el sistema constitucional de reparto de competencias, Aída Kemelmajer de Carlucci sostiene que "La cuestión arancelaria e impositiva debe considerarse accesoria del derecho principal concedido por la propia Constitución Nacional, que, como se ha visto, manda a defender el bien de familia; es criterio mayoritariamente aceptado que la ley nacional puede regular aspectos que competen a la legislación local sin son para asegurar la mayor eficacia de la vigencia de los derechos" (Protección jurídica de la vivienda familiar", p.121Ed. Hammurabi, BsAs1995. p.121).
Ha resuelto la Corte Federal en "Bernabé Correa" (Fallos 138:157, del 22-V-1922) que si bien se reconoce que las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales y, por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar. Ergo, el CCyC puede regular un instituto de derecho de fondo cuando esa regulación es necesaria para la eficacia de ese derecho sustancial.
En "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios" (Fallos 319:1915, del 12/09/1996, reiterado en "Brambilla" -332:1118- y muchos otros) se aplicó ese mismo criterio con relación al art. 505 in fine de CC derogado sobre el tope del 25% en materia de costas (actual art 730 del CCyC.)
Tal como señala mi colega de sala, "Nuestro tribunal cimero ha apuntalado desde siempre la facultad constitucional del legislador nacional para el dictado de normas que, aunque regulatorias del procedimiento, aparecen íntimamente vinculadas con el derecho de fondo a tutelar, sin que ello implique penetrar en las reservas de las jurisdicciones locales" (Monterisi, Ricardo "El nuevo art. 505 CCiv. y su aplicación inmediata en los Estados provinciales (Un trascendente fallo de la Sup. Corte Bs. As.) cita TR LALEY 20031364,señalando los precedentes de la Corte Nacional "Correa" Fallos 138:157, "Perelló" Fallos 247:524; Tamborini" Fallos 211:410, "Broggi" Fallos 227:145; "Santander" Fallos 254:282; "Spinetto" Fallos 271:36; entre otros.)
3. A su vez, la doctrina especializada ha dicho - al analizar la relación del art. 14 de la ley 14.394 con la ley 21.839 de aranceles nacional- que se impone la primera norma por tratarse de un régimen especial y porque, en última instancia, debe prevalecer la finalidad encaminada a la protección de la familia. La reducción de los honorarios no es más que una consecuencia del propósito protector del núcleo familiar (Arena, Beatriz "Bien de familia", Ed. Hammurabi, BsAs2001, p.299/ 301).
La promoción de la vivienda y el derecho consagrado en los instrumentos internacionales de rango constitucional (art. 75 inc 22 CN), admiten para su protección y concreción, entre otros aspectos, asegurar su acceso disminuyendo los costos que puedan ocasionarse en torno a ella. "El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales" (fundamentos del Anteproyecto de CCyC)
En tal sentido, Aída Kemelmajer de Carlucci explica que en aras a la consolidación de las bases patrimoniales de la familia, la constitución del bien de familia involucra el sacrificio de intereses muy diversos, entre los que ubica a los profesionales que resignan parte de sus honorarios, en tanto no puede superar en conjunto, respecto del bien de familia, el 3% de la valuación fiscal (siguiendo a Guastavino y a Zannoni, en ob. cit. p.96, 115 y sgtes.).
De este modo, los profesionales que actúen en un proceso sucesorio en cuyo acervo se encuentre un bien sujeto al régimen de vivienda establecido por el CCyC, deben aceptar la disminución de los honorarios por su actuación, los que deben regularse con esa limitación (v. esta sala causa n° 165802 RSI 232 del 19.6.2018).
4. Por las razones expuestas, considero que debe rechazarse el recurso y, por ende, el planteo de inconstitucionalidad del art.254 del CCyC que en él se efectuó, confirmando la resolución apelada (art 242, 260, 266 y cdtes del CPC)
Así lo voto
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso interpuesto y el planteo de inconstitucionalidad del art.254 del CCyC, confirmando la decisión apelada, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (art 68 del CPC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 S.C.J.B.A.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 09:49:48 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 11:49:51 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 12:22:09 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/10/2021 15:58:46 hs. bajo el número RS-44-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia