Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175382
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso deducido por la ANSES el 14-7-2022 y, en consecuencia, confirmar la resolución del 11-7-2022.
II. Imponer las costas a la apelante vencida.
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175382 JUZGADO N ° 10
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ZOLESIO POLO S/ SUCESION AB-INTESTATO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución del 11-7-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión apelada la jueza hizo efectivo el apercibimiento contenido en la providencia del 25-10-2021 y, en consecuencia, impuso en calidad de multa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la suma de 1 J US diario por cada día de retardo a partir del quinto día de notificada la resolución y hasta que diera cumplimiento al depósito de la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago reconocidas en el juicio previsional ("ZOLESIO POLO C/ANSES S/REAJUSTE DE HABERES”).
La ANSES apeló y fundó su recurso el 14-7-2022. Contestó el Dr. Julio Argentino Roca por las coherederas Yanet Bettina Zolesio González y Mara Andrea Zolesio González el día 10-8-2022, quienes ratificaron la actuación el 26-8-2022.
II. Síntesis de los agravios.
II. 1. La apelante comenzó por señalar que cumplió en informar los oficios que le fueron cursados, solicitando en cada caso que se extendiera el plazo para efectivizar los pagos que le fueron requeridos.
Detalló que en las contestaciones emitidas con fecha 21-10-2021, 26-5-2022 y en las anteriores puso en conocimiento que se formó un expediente administrativo bajo el número 02420-04142389-8-150-000002, que se remitió a la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales y a las dependencias que trabajaron el expediente y que, tras sucesivos movimientos, se hallaba en estado "a liquidación" (ap. "III", párrafo 4 del memorial).
Explicó que se encontraba abocada al cumplimiento de la manda judicial y que, oportunamente, informó que diseñó un "Orden Operativo de Trabajo (OOT)", que hoy es llamado "Orden de Trabajo por Puntaje (OPT)" para los expedientes de sentencias judiciales previsionales en el ámbito de la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales, en el que se indicaban los procedimientos mensuales para trabajar y liquidar dichos expedientes.
Refirió que en virtud del mecanismo interno, no era posible precisar por adelantado la fecha del depósito y que el hecho de haber contestado la manda judicial excluía que su conducta pudiera ser considerada como una desobediencia.
Fundó su postura en los arts. 22 de la ley 25.344 y 20 de la ley 24.624, por las cuales el Estado debía ajustarse al presupuesto para satisfacer el pago de sumas dinerarias.
Solicitó que se dejara sin efecto la multa por expresa disposición del art. 9 de la ley 26.854, que prohibía a los jueces disponer medidas cautelares que afectaren, obstaculizaren o de cualquier forma perturbaren los bienes o recursos propios del Estado, lo que, a su vez, estimó que resultaba concordante con lo establecido en el art. 195 del código de rito nacional.
Añadió con base en lo normado por el art. 804 del CCyC que el funcionario a quien el tribunal ha ordenado una conducta determinada no puede ser obligado a cumplirla por medios coactivos, cuando ello implique un apartamiento de las normas administrativas pertinentes, ni, menos aún, recurrir a institutos propios del ámbito civil como lo eran las astreintes porque no fueron concebidas para compeler al Estado Nacional.
Señaló, finalmente, que correspondía la competencia federal en razón de la materia y de la persona jurídica con carácter estatal sancionada, y que, a todo evento, los herederos contaban con la potestad para hacer valer sus derechos ante el fuero federal en la causa que daba origen al crédito, caratulada "Zolesio Polo c/ ANSES s/ Reajuste Expte. 46876" de trámite ante el Juzgado 4 Secretaría 3 de Mar del Plata.
III. Consideración de los agravios.
El recurso no puede prosperar.
III.1. Comparto el encuadre y conclusiones dados por la jueza de origen al seguir el voto de los Dres. Méndez y Loustaunau en un precedente de la Sala 1ra. que presenta similares características con la cuestión aquí debatida, y que fue dictado en los autos "RIVETTO Carlos Mauricio s/ Sucesión Ab-Intestato" (Expte.Nº 168.385, sentencia del 15-9-2021), el que, a su vez, fue seguido por la Sala 3ra. en los autos "LOPEZ Norberto y ALONSO Elvira s/ Sucesión Ab-Intestato", Expte. N° 174.120, sent. del 27-5-2022, por lo que transcribiré en lo pertinente la doctrina que allí se adoptara.
III.2. El cuestionamiento en torno a la competencia de la colega de la instancia anterior se formula de manera tardía, pues ya se encuentra consolidada a su respecto al encontrarse firmes las sucesivas providencias que contienen intimaciones cursadas a la ANSES, de manera que a esta altura del pleito no es un tema que pueda ser objeto de un nuevo análisis, pues ha precluido la oportunidad para hacerlo y menos todavía adoptar una decisión en un sentido contrario a ello (argto. arts. 1, 2, 4, 150, 238, 242 y cctes. del CPC).
En efecto, pese a los sucesivos requerimientos cursados por el juzgado a dicho organismo estatal para depositar la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago en los autos caratulados "ZOLESIO POLO C/ANSES S/REAJUSTE DE HABERES ” (Expte. Nº 41046876/2008), de trámite por ante el Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 4, Secretaría Nº 3, a la cuenta judicial abierta a nombre de estas actuaciones (Nro de cuenta 870092/8 Sucursal 6102 Denominación CIVIL Y COMERCIAL N 10 Documento Juzgados 61020000010, CUIT Poder Judicial 30-70721665-0, CBU 01404238 27610287009288), no articuló recurso procesal alguno con entidad suficiente para remover la competencia de la jueza natural de la sucesión en los requerimientos cursados a la repartición pública (v. escrito 6-5-2021, prov. 14-5-2021, prov. 28-6-2021, oficio 11-8-2021, contestación ANSES 2-9-2021, acta de contestación por correo electrónico de fecha 14-9-2021, oficio reiteratorio 28-9-2021, contestación 21-10-2021, intimación dispuesta en auto 25-10-2021, oficio reiteratorio 17-5-2022, contestación 26-5-2022, escrito solicitando apercibimiento 28-5-2022, providencia 21-6-2022, escrito reiteratorio 26-6-2022).
En consecuencia, resulta inadmisible la revisión de la competencia de la jueza de la sucesión en los requerimientos cursados a la ANSES, pues aquélla ha quedado consolidada con la firmeza que adquirió el proveído de fecha 14-5-2021, en la que requirió la transferencia al Banco de la Provincia de Buenos Aires (Suc. Tribunales - Mar del Plata), a la orden de ese Juzgado y Secretaría y como pertenecientes a estos autos, los fondos que le correspondieran al causante Polo Zolesio.
III. 2. El agravio expresado en torno a la aplicación de astreintes tampoco puede prosperar.
Las astreintes no son medidas cautelares, sino condenaciones que se aplican a quien no cumple con el deber jurídico impuesto en una resolución judicial. Estas imposiciones son susceptibles de aumentar indefinidamente a través del tiempo, hasta vencer la resistencia del deudor que no cumple con el deber que pesa sobre él (PIZARRO-VALLESPINOS "Tratado de Obligaciones", T. II, Rubinzal Culzoni, págs. 373/374).
De allí que no es viable el encuadre que propone la apelante en los términos del art. 9 de la ley 26.854, pues lo que esta norma impide es el dictado de medidas cautelares, lo cual difiere del dispositivo cuestionado, en la medida que las astreintes no participan de la naturaleza de aquélla.
En efecto, las astreintes son sanciones de carácter pecuniario que pueden imponer los jueces en uso de las facultades disciplinarias para compeler a las partes ante el incumplimiento de un decreto judicial, buscando con ello el respeto a sus mandas. (art. 804 del CCyC, 35 del CPC, ARAZI, Roland y ots. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado" T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 85).
Tienen una función conminatoria y también sancionatoria. Una constituye la razón de la otra pues si la figura de las astreintes se quedara reducida a una simple amenaza (función conminatoria) sin posibilidad de su ulterior efectivización (función sancionatoria), su imposición sería totalmente inoperante como medio de presión (PIZARRO-VALLESPINOS, op. cit., pág. 380/381.).
Por la misma razón, tampoco es procedente el fundamento construido en torno al tercer párrafo del art. 195 del Código Procesal Nacional, el que, además, es inaplicable y ajeno a la actuación de rito en el ámbito provincial (conf. autos 168.385 y 174.120 cit).
Tampoco le asiste razón al apelante en cuanto proclama que la astreintes no han sido concebidas para compeler ni a funcionarios ni a los órganos de la administración estatal, según el argumento construido a partir del último párrafo del art. 804 del CCyC, que dispone que "la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo".
Este precepto es cuestionado por limitar severamente el imperio de los jueces para hacer efectivas sus resoluciones, porque deja librada la observancia de los mandatos judiciales a las normas propias del derecho administrativo, que son por lo general inexistentes en dicho ámbito, lo que genera condiciones para la indemnidad o peor aún impunidad frente a los mandatos provenientes del órgano judicial. Al respecto, se ha dicho que " se quiere con ello convertir a las resoluciones judiciales que contienen mandatos a las autoridades públicas en algo ineficaz, inidóneo para genera secuelas patrimoniales al Estado o al funcionario. Nada de esto debe extrañar dentro de un sistema en el cual el Poder Ejecutivo nacional -durante muchos años- y no pocos gobernadores lisa y llanamente incumplen con sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual es escandaloso ", de manera que " la pretensión de que no se apliquen sanciones conminatorias al Estado evidencia un profundo desconocimiento de la institución " (Conf. Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 409).
En tal sentido, calificada doctrina autoral afirma que la procedencia de las astreintes como facultad que la ley otorga a los jueces para hacer efectivas sus providencias exterioriza el imperium que caracteriza a la jurisdicción basado en elementales principios de derecho público; y que la verdadera esencia de la institución anida en el derecho procesal y no en el derecho de fondo, por lo que toda normativa que impida la aplicación de astreintes al Estado y a los funcionarios públicos devendrá inconstitucional por quebrar el principio de igualdad ante la ley y por cercenar el imperium que la Constitución Nacional otorga al Poder Judicial para hacer cumplir sus resoluciones (conf. Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 409).
Desde otro punto de vista, se interpretó que la norma refiere a la "observancia" y no la "inobservancia" por lo cual sería inocua y las astreintes resultarían aplicables también a las autoridades públicas; es decir, las normas del derecho administrativo se aplicarían sólo al trámite administrativo que hace al procedimiento "interno" para cumplir la manda judicial pero no al "incumplimiento" del mandato judicial que se debe regir por el primer párrafo del art. 804 del CCyC (Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 410, conf. causas 168.385 y 174.120 citadas).
En este sendero, la Corte Federal revocó la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 in fine de la ley 26.944 (Ley de Responsabilidad Estatal), que dispone que "La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios". La Corte indicó que el texto legal solo exime al Estado, sus agentes y funcionarios de la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas pero nada dice acerca de las sanciones conminatorias o astreintes que, por su naturaleza y finalidad, se diferencian claramente de .las mencionadas por el precepto. Aclaró el Alto tribunal que la "sanción pecuniaria disuasiva" tiene por objeto punir graves inconductas y prevenir hechos similares en el futuro, pero que las astreintes constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial. Por ello, concluyó que la Ley de Responsabilidad Estatal en forma alguna cercena la posibilidad de que, ante el incumplimiento de un mandato judicial por parte del Estado Nacional, los tribunales apliquen las medidas compulsivas contempladas en el ordenamiento jurídico a los efectos de vencer esa reticencia ("Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración", 3/03/20, Fallos: 343:140)".
Por los fundamentos expuestos, no es procedente excluir a priori -y en abstracto- a la administración estatal ANSES de la posibilidad de que le sean aplicadas astreintes que han sido impuestas por el incumplimiento de un mandato judicial.
La mera negligencia, la desidia, la renuencia injustificada de quien, pese a ser sujeto pasivo de una orden judicial, actúa de manera remisa, se presumen a partir del incumplimiento, por lo que corresponde al sujeto pasivo alegar y probar lo contrario (Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 385).
Entiendo que la ANSES no acreditó que mediara alguna causal que removiera la antijuridicidad de su incumplimiento.
Por el contrario, y tal como surge de la síntesis de los agravios, reconoce la deuda y sostiene la renuencia alegando que el pago no es prioritario porque carece de naturaleza alimentaria y que el organismo no puede excederse en las previsiones asignadas a las partidas presupuestarias en el rubro "servicios sociales".
No encuentro elementos que avalen su postura.
En efecto, las formulaciones de la recurrente sólo generan incertidumbre acerca de la fecha en que hará efectivo cumplimiento de las obligaciones.
La mera referencia a la normativa que impone la necesidad de ingresar la erogación como partida del presupuesto no está respaldada por la documentación que evidencie en modo alguno que efectivamente ha ingresado el monto reclamado a la correspondiente partida.
El primer oficio enviado a la delegación de ANSES el 2-9-2021 contiene, además del requerimiento expreso para que deposite la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago en los autos caratulados "ZOLESIO POLO C/ANSES S/REAJUSTE DE HABERES” (Expte. Nº 41046876/2008), de trámite por ante el Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 4, Secretaría Nº 3, en la cuenta judicial Nº 870092/8, C.B.U. Nº 01404238 27610287009288, abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales Mar del Plata (Suc. 6102), contiene la transcripción de los arts. 396 y 397 del CPC.
Estos preceptos alertan de buena fe a la oficina pública para que tenga a bien contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de 20 días hábiles, y que en caso de retardo, si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se debe informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá.
Precisamente ANSES se ha limitado a dar explicaciones acerca de la lógica sobre los procedimientos internos de la repartición, pero no ha cumplido en informar acerca de las gestiones concretas del caso, entro lo que destaco la necesidad de poner en conocimiento oportunamente en qué fecha cumplirá con lo requerido. Es más, han transcurrido más de trece meses desde que se contestara el oficio por dicha repartición (2-9-2021) sin que a la fecha se encuentre realizado el depósito de la suma pertinente en la cuenta judicial estos autos.
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación que antecede, corresponde desestimar el recurso deducido por la ANSES el 14-7-2022 y, en consecuencia, confirmar la resolución del 11-7-2022, con costas a la apelante vencida. La regulación de honorarios deberá diferirse en los términos del art. 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso deducido por la ANSES el 14-7-2022 y, en consecuencia, confirmar la resolución del 11-7-2022. II) Imponer las costas a la apelante vencida. III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2022 09:44:01 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2022 12:44:58 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2022 12:57:39 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/12/2022 13:47:59 hs. bajo el número RS-348-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia