Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176164
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso articulado por la ANSES el 1-11-2022 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas a la apelante en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 176164. JUZGADO N ° 10.
"PERICO RODOLFO CESAR S/SUCESION AB-INTESTATO".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la ANSES el 1-11-2022, contra lo resuelto el 28-10-2022.
I. En la decisión apelada la jueza hizo efectivo el apercibimiento e impuso astreintes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la cantidad de 1 (un) jus por cada día de retardo hasta que dé cumplimiento al depósito de la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago .
II. La ANSES apeló y fundó su recurso el 1-11-2022, que fue concedido el 9-11-2022 y respondido el 22-11-2022.
Sostuvo que el expediente administrativo se encuentra en estado "15-para cómputos y liquidación":
Explicó que se encontraba abocada al cumplimiento de la orden judicial y que, oportunamente, informó que diseñó un "Orden de Trabajo por Puntaje (OTP)" establecido por la circular 41/19 y ctes. para los expedientes de sentencias judiciales previsionales en el ámbito de la Dirección General de Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales, en el que se indicaban los procedimientos mensuales para trabajar y liquidar dichos expedientes.
Recordó que el crédito reconocido por sentencia pasa a ser parte de la herencia del difunto y se transmite a su herederos iure sucesionis , y que carece de naturaleza alimentaria y deja de estar regido por el derecho previsional. Refirió que en virtud del mecanismo interno, no era posible precisar por adelantado la fecha del depósito.
Fundó su postura en los arts. 22 de la ley 25.344 y 20 de la ley 24.624, por las cuales el Estado debía ajustarse al presupuesto para satisfacer el pago de sumas dinerarias.
Solicitó que se dejara sin efecto la multa por expresa disposición del art. 9 de la ley 26.854, que prohibía a los jueces disponer medidas cautelares que afectaren, obstaculizaren o de cualquier forma perturbaren los bienes o recursos propios del Estado, lo que, a su vez, estimó que resultaba concordante con lo establecido en el art. 195 del código de rito nacional.
Explicó que no corresponde la imposición de una multa diaria desde el momento que su mandante no ha desobedecido la manda judicial dado que los oficios fueron debidamente contestados, informando que los pagos de las acreencias judiciales reclamadas se encuentran en tratamiento y sujetas a un orden operativo de trabajo.
Añadió con base en lo normado por el art. 804 del CCyC que el funcionario a quien el tribunal ha ordenado una conducta determinada no puede ser obligado a cumplirla por medios coactivos, cuando ello implique un apartamiento de las normas administrativas pertinentes, ni, menos aún, recurrir a institutos propios del ámbito civil como lo eran las astreintes porque no fueron concebidas para compeler al Estado Nacional.
A su vez, señaló que correspondía la competencia federal en razón de la materia y de la persona jurídica con carácter estatal sancionada, y que, a todo evento, los herederos contaban con la potestad para hacer valer sus derechos ante el fuero federal.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Compartimos el encuadre y conclusiones dados por la jueza de origen. Ha seguido lo resuelto en un precedente de la Sala 1ra. que presenta similares características con la cuestión aquí debatida, y que fue dictado en los autos "RIVETTO Carlos Mauricio s/ Sucesión Ab-Intestato" (Expte.Nº 168.385, sentencia del 15-9-2021), el que, a su vez, fue seguido por la Sala 3ra. en los autos "LOPEZ Norberto y ALONSO Elvira s/ Sucesión Ab-Intestato", (Expte. N° 174.120, sent. del 27-5-2022) y por esta Sala 2da en la causa "ZOLESIO, Polo s. Sucesión Ab- intestato" (Expte nº 175.382, sent. del 15-12-2022), por lo que corresponde remitirnos a la doctrina allí adoptada.
III.2. El cuestionamiento en torno a la competencia de la colega de la instancia anterior se formula de manera tardía, pues ya se encuentra consolidada a su respecto al encontrarse firmes las sucesivas providencias que contienen intimaciones cursadas a la ANSES, de manera que no puede ser objeto de un nuevo análisis, pues ha precluido la oportunidad para hacerlo, y tampoco se pueda adoptar una decisión en un sentido contrario a ello (argto. arts. 1, 2, 4, 150, 238, 242 y cctes. del CPC).
Pese a los sucesivos requerimientos cursados por el juzgado a dicho organismo estatal para depositar la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago y reconocida a favor del causante, no articuló recurso procesal alguno con entidad suficiente para remover la competencia de la jueza natural de la sucesión en los requerimientos cursados a la repartición pública (prov. 16-3-2018; escrito 21-8-2019); escrito solicitando nuevo oficio 26-12-2019, proveído del 5-2-2020- 1-1-2021, escrito del 10-6-2021, oficio reiteratorio el 14-6-2021, solicitud de nuevo oficio reiteratorio 22-9-2021, contestación ANSES 29-9-2021, 14-10-2021, 30-11-2021. 3-5-2022 y escrito solicitando apercibimiento 14-10-2022).
En consecuencia, resulta inadmisible la revisión de la competencia de la jueza de la sucesión en los requerimientos cursados a la ANSES, pues aquélla ha quedado consolidada con la firmeza que adquirió el proveído de fecha 16-3-2018.
III. 3.- El agravio orientado a cuestionar la aplicación de astreintes tampoco prospera.
Las astreintes no son medidas cautelares, sino condenaciones que se aplican a quien no cumple con el deber jurídico impuesto en una resolución judicial. Estas imposiciones son susceptibles de aumentar indefinidamente a través del tiempo, hasta vencer la resistencia del deudor que no cumple con el deber que pesa sobre él (Pizarro-Vallespinos "Tratado de Obligaciones", T. II, Rubinzal Culzoni, págs. 373/374).
De allí que no es viable el encuadre que propone la apelante en los términos del art. 9 de la ley 26.854, pues lo que esta norma impide es el dictado de medidas cautelares, lo cual difiere del dispositivo cuestionado, en la medida que las astreintes no participan de la naturaleza de aquélla.
Son sanciones de carácter pecuniario que pueden imponer los jueces en uso de las facultades disciplinarias para compeler a las partes ante el incumplimiento de un decreto judicial, buscando con ello el respeto a sus mandas (art. 804 del CCyC, 35 del CPC, ARAZI, Roland y ots. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado" T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 85).
Tienen una función conminatoria y también sancionatoria. Una constituye la razón de la otra pues si la figura de las astreintes se quedara reducida a una simple amenaza (función conminatoria) sin posibilidad de su ulterior efectivización (función sancionatoria), su imposición sería totalmente inoperante como medio de presión (pizarro-vallespinos, op. cit., pág. 380/381.).
Por la misma razón, tampoco es procedente el fundamento construido en torno al tercer párrafo del art. 195 del Código Procesal Nacional, el que, además, es inaplicable y ajeno a la actuación de rito en el ámbito provincial (conf. autos 168.385 y 174.120 cit).
No le asiste razón al apelante en cuanto proclama que las astreintes no han sido concebidas para compeler ni a funcionarios ni a los órganos de la administración estatal, según el argumento construido a partir del último párrafo del art. 804 del CCyC, que dispone que "la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo".
Este precepto es cuestionado por limitar severamente el imperio de los jueces para hacer efectivas sus resoluciones, porque deja librada la observancia de los mandatos judiciales a las normas propias del derecho administrativo, que son por lo general inexistentes en dicho ámbito, lo que genera condiciones para la indemnidad o (peor aún) impunidad frente a los mandatos provenientes del órgano judicial. Al respecto, se ha dicho que " se quiere con ello convertir a las resoluciones judiciales que contienen mandatos a las autoridades públicas en algo ineficaz, inidóneo para genera secuelas patrimoniales al Estado o al funcionario. Nada de esto debe extrañar dentro de un sistema en el cual el Poder Ejecutivo nacional -durante muchos años- y no pocos gobernadores lisa y llanamente incumplen con sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual es escandaloso ", de manera que " la pretensión de que no se apliquen sanciones conminatorias al Estado evidencia un profundo desconocimiento de la institución " (Conf. Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 409).
La fijación de estas sanciones es una facultad que la ley otorga a los jueces y las juezas para hacer efectivas sus providencias que exterioriza el imperium que caracteriza a la jurisdicción, y está basada en elementales principios de derecho público. La verdadera esencia de la institución anida en el derecho procesal y no en el derecho de fondo, por lo que toda normativa que impida la aplicación de astreintes al Estado y a los funcionarios públicos devendrá inconstitucional por quebrar el principio de igualdad ante la ley y por cercenar el imperium que la Constitución Nacional otorga al Poder Judicial para hacer cumplir sus resoluciones (conf. Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 409).
Desde otro punto de vista, se interpretó que la norma refiere a la "observancia" y no la "inobservancia" por lo cual sería inocua y las astreintes resultarían aplicables también a las autoridades públicas; es decir, las normas del derecho administrativo se aplicarían sólo al trámite administrativo que hace al procedimiento "interno" para cumplir la manda judicial pero no al "incumplimiento" del mandato judicial que se debe regir por el primer párrafo del art. 804 del CCyC (Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 410, conf. causas 168.385 y 174.120 citadas).
La Corte Federal revocó la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 in fine de la ley 26.944 (Ley de Responsabilidad Estatal), que dispone que "La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios". La Corte indicó que el texto legal solo exime al Estado, sus agentes y funcionarios de la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas pero nada dice acerca de las sanciones conminatorias o astreintes que, por su naturaleza y finalidad, se diferencian claramente de .las mencionadas por el precepto. Aclaró el Alto tribunal que la "sanción pecuniaria disuasiva" tiene por objeto punir graves inconductas y prevenir hechos similares en el futuro, pero que las astreintes constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial. Por ello, concluyó que la Ley de Responsabilidad Estatal en forma alguna cercena la posibilidad de que, ante el incumplimiento de un mandato judicial por parte del Estado Nacional, los tribunales apliquen las medidas compulsivas contempladas en el ordenamiento jurídico a los efectos de vencer esa reticencia ("Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración", 3/03/20, Fallos: 343:140)".
Por los fundamentos expuestos, no es procedente excluir a priori -y en abstracto- a la administración estatal ANSES de la posibilidad de que le sean aplicadas astreintes que han sido impuestas por el incumplimiento de una orden judicial.
La mera negligencia, la desidia, la renuencia injustificada de quien, pese a ser sujeto pasivo de una orden judicial, actúa de manera remisa, se presumen a partir del incumplimiento, por lo que corresponde al sujeto pasivo alegar y probar lo contrario (Pizarro-Vallespinos, obra citada, pág. 385).
La ANSES no acreditó que mediara alguna causal que removiera la antijuridicidad de su incumplimiento.
Por el contrario, y tal como surge de la síntesis de los agravios, se escuda en que el pago no es prioritario porque las sentencias de reajuste se realizan con el dinero asignado por las respectivas partidas presupuestarias en el rubro "servicios sociales" y que conforme un estricto orden operativo de trabajo que asegura transparencia no pueden excederse de tales previsiones.
Todas estas formulaciones de la recurrente sólo generan incertidumbre acerca de la fecha en que hará efectivo cumplimiento de las obligaciones.
La mera referencia a la normativa que impone la necesidad de ingresar la erogación como partida del presupuesto no está respaldada por la documentación que evidencie en modo alguno que efectivamente ha ingresado el monto reclamado a la correspondiente partida.
El primer oficio enviado a la delegación de ANSES notificado el 21-8-2019 contiene, además del requerimiento expreso para que deposite la totalidad de las sumas de dinero pendientes de pago, la transcripción de los arts. 396 y 397 del CPC.
Estos preceptos alertan de buena fe a la oficina pública para que tenga a bien contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de 20 días hábiles, y que en caso de retardo, si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se debe informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá.
Precisamente ANSES se ha limitado a dar explicaciones acerca de la lógica sobre los procedimientos internos de la repartición, pero no ha cumplido en informar acerca de las gestiones concretas del caso, entro lo que se destaca la necesidad de poner en conocimiento oportunamente en qué fecha cumplirá con lo requerido.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso articulado por la ANSES el 1-11-2022 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas a la apelante en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 12:19:26 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 13:29:59 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 13:48:15 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 05/05/2023 11:18:27 hs. bajo el número RR-229-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia