Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa S1 117416
N° de Orden:
Libro: I-194
Expte: SI-117416
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 8
Juicio: PEREZ RUBEN DOMINGO S/ SUCESION AB-INTESTATO
////cedes, 7 de Marzo de 2019.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Daniel Germán Giuliano, invocando el carácter de apoderado de la heredera declarada en autos, las facultades conferidas por la ley 13.419 y la franquicia del art. 48 del C.P.C., contra el auto de fs. 98, p. I, que ordena acreditar la personería conforme a lo dispuesto por los art. 46 y 47 del C.P.C. y los arts. 363 y 1017 del C.C.C., sin aceptar, en consecuencia, el poder por instrumento privado que obra a fs. 95.
I. Se agravia el apelante de la exigencia de acreditación de la personería mediante escritura pública, alegando que desde la vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) no es exigible.
Argumenta, con cita de autores procesalistas, que la “escritura de poder” mentada por el art. 47 del Código Procesal no necesariamente debe ser la escritura extendida por un escribano público, sino que puede ser un testimonio expedido por un funcionario del Poder Judicial o bien constancias públicas, y sostiene que las normas procesales deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines de las leyes en cuestión, y en el caso que nos ocupa, el contexto se ha modificado por la sanción del Código Civil y Comercial, que permite – por vía de los arts. 363 y 1017 – que el poder para actuar en juicio pueda ser por instrumento privado.
Discute el precedente de la Sala 2 Departamental (causa n° 29.712, “Demichellis”, 21/06/16) citado en el auto apelado, contraponiéndolo con el criterio de la Sala 2 de la Cámara II de La Plata, expuesto en los autos “Sciatore, Diego Martín c. Rossini s. Daños”, resol. del 6/06/16. Afirma que este último parte de la base de que las provincias han delegado al Congreso Nacional la sanción de la legislación de fondo – y por ende lo relativo a la forma de los contratos -, y, siendo que el C.C.C. consagra la libertad de formas (art. 1015), y no prevé en el artículo respectivo que los poderes judiciales deban extenderse por escritura pública (art. 1017), el Código Procesal local no puede prevalecer sobre aquél (art. 75 inc. 12 C.N.).
Por tal razón plantea la inconstitucionalidad del art. 47 del C.P.C.
Asimismo, expresa que, si bien la sra. Pérez cuenta con la posibilidad de otorgar mandato gratuito (conforme art. 46 2do. párr. C.P.C.), su precaria situación económica le impide trasladarse desde Chivilcoy a Mercedes para apersonarse frente al Secretario.
Finalmente, dice que, si bien actualmente no hay divergencias respecto del tema en las Salas Departamentales (debido a las últimas resoluciones de la Sala 2, que cambiaron el precedente “Demichelis”), ante la eventualidad de que ello se haya modificado, pide que se convoque a dictar fallo plenario.
II. Cabe señalar en primer lugar que, como bien dice el apelante, por el momento, habiendo la Sala 2 variado el precedente “Demichelis” luego del cambio de su integración, no existe jurisprudencia contradictoria de las Salas de esta Cámara que justifique, la convocatoria a plenario que prevé el art. 37 de la ley 5827.
III. Sobre el tema que motiva la apelación, esta Sala en las causas n° 116.179, “Ponte de González, Carmenia s. Sucesión” y 116.178, “González, Hipólito s. Sucesión” del 22/11/16, siguió la postura de la Sala 2 de la Cámara 2da. de La Plata citada por el apelante en el sentido de que el Código Civil y Comercial en materia de contratos ha establecido la libertad de formas (arts. 284 y 1015 C.C.C.), normativa que debe prevalecer sobre la legislación nacional. Ello así – se dijo – porque las provincias habían delegado al Congreso Nacional lo relativo a la legislación de fondo (art. 75 inc. 12 C.N.), y por ende debía prevalecer sobre la legislación procesal local.
Un nuevo estudio del tema conduce ahora a esta Sala a rever la posición asumida en dichos precedentes.
En efecto, el tema ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria en las Cámaras de la provincia y en la Cámara Nacional en lo Civil, como asimismo en la doctrina. Una es la ya señalada y la otra es la que sostiene que el C.C.C. no ha derogado, ni expresa ni implícitamente el art. 47 del Código Procesal de la Provincia y del Código Procesal Nacional (como veremos, esta es la tesis mayoritaria en la actualidad). Existe una tercera posición que sostiene que el poder para actuar en juicio puede ser en instrumento privado pero que debe ser ratificado ante el actuario del Juzgado interviniente.
Sintetizaremos las tres posturas, la doctrina y luego diremos a cuál adherimos.
1. Postura que sostiene que es suficiente el poder otorgado por instrumento privado.
Como ya anticipamos, la resolución señera en este sentido fue de la Cámara Civil y Comercial II, Sala 2, en los autos “Sciatore, Diego Martín c. Rossini, Estela s. Daños y perjuicios, resol. del 16/06/16 (L.L. Bs. As., 2016 (julio), 414).
Parte de la base de que el Código Civil de Vélez preveía expresamente que los poderes generales o especiales a presentarse en juicio debían hacerse por escritura pública (art. 1184 inc. 7), lo que no está previsto ahora en el Código Civil y Comercial que consagra la libertad de formas (arts. 284, 285, 363, 1319) y es a través del análisis específico de cada acto jurídico el que determina qué forma debe revestir el apoderamiento. Las provincias – dice – han delegado en el Congreso Nacional el dictado del código de fondo y teniendo en cuenta el carácter meramente procesal de las reglas que sobre la acreditación del mandato establece el art. 47 del C.P.C. – que fuera redactado en consonancia con el art. 1184 inc. 7 del C.C. – no es admisible que la normativa local limite el alcance establecido por esa normativa de fondo (por imperio de arts. 5, 31, 75 inc. 12, 121 y 126 C.N.)
Sostiene que no puede optarse por la validez de una norma que responde a una ley derogada; “sería como continuar perviviendo una ley ya desaparecida”, “el Código Procesal mantendría viva una disposición fenecida, desaparecida del universo normativo actual y cuya sobrevivencia no le es atribuible a las legislaturas locales”.
No se queda ahí la resolución, sino que agrega que pretender que la parte ratifique ante un Secretario judicial la firma del documento como un resguardo adicional, “soslayaría la responsabilidad profesional del propio letrado”. Argumenta también que la mayor libertad de formas que el nuevo C.C.C. da a los ciudadanos se compadece con el art. 19 de la C.N.
Este precedente, en su argumento principal (prevalencia de la legislación de fondo sobre la procesal basada en un código derogad) ha sido seguido por la Sala 1 de la C.C.yC. de San Isidro (“G, G. M. c. F, M. E. s. Petición de herencia” del 6/12/16, donde también dice que no es necesaria la ratificación ante el actuario), por la C.C.C. de Lomas de Zamora, Sala 3, “Astorga c. Ramirez” y “Catromono c. Sotelos”, 14/11/17), y por las Salas 1 (resoluciones arriba citadas) y 3 de esta Cámara (causa n° 4905, “Dolezor c. Ibarrra”, del 20/02/19). Asimismo, la Sala 2, luego de una primera resolución en sentido contrario (que luego veremos) se inclinó por esta postura (causa n° 30.930, “Retegui c. Conde”, 12/09/18).
2. Postura que sostiene que siguen vigentes los arts. 47, 46 y 85 del C.P.C.
En un orden cronológico, el primer tribunal que se pronunció por esta tesitura fue la Sala H de la C.N.Civil en los autos “Medina c. Saettone s. Daños”, resol. del 20/11/15.
Sintéticamente sostiene que el art. 1017 inc. d) del C.C.C. – que expresa que deben ser otorgados por escritura pública “los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública”. – es una cláusula residual que otorga carácter obligatorio a otras disposiciones del Código Civil y Comercial y a otras leyes como por ejemplo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que requiere escritura pública para los poderes judiciales. El legislador – dice la resolución – al mencionar en forma amplia “disposición de la ley” -decidió respetar las autonomías provinciales, y a su vez, en concordancia, el art. 363 del C.CC. dispone: “El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar”. Por ello – agrega – no existe libertad absoluta de formas en la medida que las distintas normas procesales o de fondo regulen la cuestión (con cita del C.C.C. comentado de Rivera- Medina, T. I, p. 812).
La misma Sala repitió el criterio en los autos “Arroyo, Nicolás c. Dreid, Carlos s. Prueba anticipada” (resol. del 12/05/16 (pub. en L.L. 2016-D, 118, con nota de Osvaldo Gozaíni).
En nuestra provincia, esta postura es la seguida por la Sala III de la Cámara de San Isidro en los autos “Oroppel c. Gomez s. Acción declarativa” (resol. del 25/02/16). Añadió que el art. 47 del C.Proc. complementaba el art. 363 del C.C.C., lo que se justifica plenamente dada la trascendencia de los actos a realizar por el apoderado, que comprometían derechos de la parte, y en pos de la seguridad jurídica.
Igual criterio sigue la Sala 2 de la C.C.C. de Mar del Plata (“Grippaldi c. Consorcio”, resol. del 31/05/16; la Cámara de San Nicolás (“Albarracín s. Beneficio”, resol. del 15711/16); la Sala 2 de la Cámara de Quilmes (“Hidalgo”, resol. del 7/03/18, y “Alessandrini” del 3/07/17); la Sala 2 de la C.C.C. de Mar del Plata (“Miranda c. Visvequi”, resol. del 13/07/17).
En esta línea, merece especial mención por lo enjundioso de los argumentos, la resolución de la Sala 1 de la C.C.C. de Azul en los autos “González c. Castellano s. Daños y perjuicios” (resol. del 10/08/17 ) (pub. en RCCyC (agosto), 10/08/17, p. 80). Además de señalar que el juego armónico de los arts. 1017 inc. d) y 363 del C.C.C. con el art. 47 del C.P.C. no conduce a que pudiera prescindirse de la escritura pública, señala que el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no contempla que el poder en juicio pueda instrumentarse sólo por instrumento privado. Agrega que la S.C.B.A., si bien no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema, en Ac. 74.409, “Carnevale”, del 8/02/17, avaló que en las presentaciones electrónicas debía otorgarse carta-poder ante el secretario; o sea, implícitamente entendió que esta forma de trámite judicial no había sido modificada por la vigencia del nuevo código (en cuanto a que pudiera hacerse por instrumento privado).
Como hemos dicho, la Sala 2 de ese Departamento, cuando estaba integrada por los Dres. Marchió y Etchegaray siguió este criterio con los argumentos principales que hemos señalado (Causas “Demichelis”, 21/06/16; “Romero c. Ilundai”, 28/09/17) (Luego, al cambiar la composición de la Sala (por la jubilación del Dr. Marchió), el Dr. Etchegaray adhirió a la postura sostenida que se había impuesto como mayoritaria por razones de economía procesal (causa 30.9030, “Retegui”, 12/09/18)).
Finalmente, la Sala B dela C.N.Civ. se ha pronunciado por este criterio (causa “Vita, Mauro c. Lopardo s. Daños”, resol. del 16/10/18).
Naturalmente, los argumentos de esta posición son extensibles a los supuestos en que el Código Procesal habilita la extensión del poder por acta labrado ante el actuario (arts. 46 2do. párr, y 85).
3. Postura que sostiene la validez de instrumento privado pero ratificado ante el actuario del Juzgado.
La Cámara Civil y Comercial de Dolores acepta que el nuevo Código Civil y Comercial consagra la libertad de formas, pero dice que no puede desconocerse la trascendencia del acto jurídico que importa actuar en nombre de otra persona en juicio, lo que conlleva al cumplimiento de un mínimo de garantías o recaudos que no pueden ser soslayados. “En tal sendero – dice – sabido es que resulta función intrínseca de la judicatura munir de certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, y por ende el consecuente deber de realizar el control de legalidad de los mismos “. Por tal razón entiende que el contrato entre mandante y mandatario requiere de modo necesario y por razones de seguridad jurídica la intervención del actuario, a fin de evitar futuros planteos acerca de la existencia o autenticidad de las grafías y/o contenido del instrumento. Termina diciendo que el C.C.C. funda su exégesis en los principios y valores jurídico (causa “Focke, Teófilo s. Sucesión”, RCCyC 2016/marzo), 7/03/16).
Igual criterio sigue la Sala 1 de la Cámara II de La Plata (“Ortiz, Roberto c. Sassaroli, Ana”, resol. del 10/03/16).
4. La posición de la doctrina.
En el Código Civil y Comercial Comentado dirigido por Julio César Rivera y Graciela Medina (La Ley, 2014, ps. 810/14), Luis Alvarez Juliá y Ezequiel Sobrino Reig comentan el art. 363 del C.C.C., y luego de señalar que sigue literalmente el Proyecto de Código de 1998, dicen que “… sin dar por tierra con la libertad de formas, impone una nueva regla general: la forma en que deba realizarse el apoderamiento estará dada por el acto que el representante deba realizar. De modo que ata la suerte de la formalidad del poder a aquella prescripta para el acto objeto de la representación”. Y agrega: “Debemos entonces sumergirnos a lo largo del nuevo Código para establecer, a grandes rasgos, qué formalidades se requerirán para efectuar mediante distintos actos”.
Relacionan dicho artículo con el art. 1017 inc. d) que establece que deben hacerse por escritura pública los demás contratos, según acuerdo de partes o disposición de la ley. En función de ello, señalan que si bien el no ha repetido el art. 1184 inc. 7 del C.C. en cuanto a la exigencia de la escritura pública para los poderes generales o especiales a presentarse en juicio, que ello no implica una libertad absoluta de formas en la medida que distintas normas, procesales o de fondo, regulan la cuestión. Y pone como ejemplo el art. 47 del C.P.C.C.N., así como el art. 85 del mismo código que prevé, en determinados casos, que el mandato se otorgue ante el oficial primero del Juzgado, o el art. 53 de la ley 24.240 que autoriza a acreditar el mandato mediante “simple acta poder” en los términos que establezca la reglamentación.
Es decir, estos autores claramente entienden que el art. 363 del C.C.C. remite a las leyes que concretamente regulen la actividad para la cual ha de presentarse el poder. (Llama la atención, por ello, que algunos fallos hayan citado a estos autores para sostener la postura de la libertad absoluta de formas).
En la misma tesitura se enrola Osvaldo Gozaini en el trabajo titulado “Formas de acreditar la personería en juicio (sobre el art. 1017 del Código Civil y Comercial” (L.L. 2016-D, 118), quien dice que hay que ir al Código Procesal para ver qué instrumento hace falta.
En el Código Civil y Comercial Comentado dirigido por Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso (T. III, ed. del Ministerio de Justicia de la Nación, http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_ Tomo_ 3- final-completo_digital.pdf) se dice que no se ha repetido el art. 1184 del Cód. de Vélez, no porque se hayan eliminado los distintos supuestos que la norma aludía sino porque el art. 1017, inc. d) remite a las disposiciones espefícicas, como ocurre con las convenciones matrimoniales (art. 448 CCyC); la renuncia de herencia (art. 2299 CCyC); la constitución de renta vitalicia (art. 1601 CCyC); la renuncia a la herencia (art. 2299 CCyC) o el otorgamiento de mandato de representación para la celebración de actos que deben ser celebrados en escritura pública (art. 363 CCyC).
En el Código Comentado dirigido por Jorge Horacio Alterini (La Ley, Bs. As., 2015, p. 887), José W. Tobías habla del “paralelismo de las formas”: el poder debe extenderse con las solemnidades que el ordenamiento jurídico determina para el acto que el apoderado va a realizar (con cita de Alvarez Juliá y Sobrino Reig).
Héctor Eduardo Leguizamón en el trabajo “La representación convencional o voluntaria en juicio según el Código Civil y Comercial. Cuatro fallos y una gran incertidumbre” (L.L. Bs. As., 2016 (julio), 401), luego de analizar fallos de la provincia, se inclina por decir que la seguridad jurídica vuelca la decisión a favor de la escritura pública o el acta ante el Secretario en los casos que el código procesal prevé, dada la gran trascendencia que los juicios tienen.
A la misma conclusión llegan Andrés Nizzo y Gastón Bielli en un prolijo y detallado trabajo titulado “La acreditación de la representación procesal en juicio bajo el Código Civil y Comercial. Estado actual de la jurisprudencia en la Provincia de Buenos Aires. Análisis y perspectiva” ( ttp://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/3112-acreditacion-representacion-juicio-bajo-codigo-civil-y-comercial ). Sostienen, en definitiva, que el art. 47 del C.P.C. no ha perdido vigencia por remisión del art.1027 inc. d) del C.C.C.
III. La interpretación que esta Sala entiende correcta.
Dijimos al comenzar el considerando precedente que un nuevo estudio de este espinoso tema nos ha hecho cambiar la posición que asumimos en las causas arriba citadas.
Esa interpretación se basó – influidos por lo resuelto por la Sala 2 de la Cámara 2 de La Plata en el precedente “Sciatore” – en un enfoque constitucional acerca de la prevalencia de la legislación de fondo (lo relativo a las formas de los contratos) sobre la legislación procesal local. Sin embargo, concordando con la segunda postura jurisprudencial reseñada, cuando leemos con cuidado los arts. 363 y 1017 del C.C.C. llegamos a la conclusión de que no existe tal contradicción entre estas normas y el Código Procesal de la provincia.
En efecto, en la sección titulada “Representación voluntaria”, el art. 363 prescribe: “Forma: El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar”, y el art. 1017, luego de mencionar los actos que deben hacerse por escritura pública (incisos a, b, y c), en el inc. d) establece: “los demás contratos que, por acuerdo de partes o por disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública”.
El nuevo código, en lugar de seguir el criterio del código de Vélez (art. 1184), optó por una metodología flexible: enumeración de tres supuestos ineludibles y luego, tanto dejarlo librado al acuerdo de partes como a lo que las leyes especiales establezcan
Es así, entonces, que tanto el art. 363 y el art. 1017 inc. d) son normas de reenvío o remisión. Es decir, remiten a lo que las leyes (en sentido amplio, nacionales, provinciales y normas reglamentarias) establezcan cuando regulan determinadas actividades o actos jurídicos.
Como se dice en el Código Comentado de Herrera-Caramelo-Picasso, la remisión surge del mismo C.C.C. cuando prescribe la obligatoriedad de la escritura pública para las convenciones matrimoniales (art. 448), para la renuncia a la herencia (art. 2299) y la constitución de renta vitalicia (art. 1601).
Pero también de varias leyes (nacionales y provinciales) y sus reglamentaciones. Veamos:
Para inscribir la transferencia de dominio de un automóvil y cualquier otro trámite en el Registro Automotor a nombre de un tercero, el art. 13 del dec.ley 6582/58 (ratif. por ley 14.467, t.o. 1997) establece que el apoderado debe acreditar su personería mediante mandato otorgado por escritura pública. ¿Acaso se cree que esta norma está derogada por el C.C.C.? ¿Alguien puede sostener que una persona puede invocar su carácter de apoderado con un instrumento privado para vender o comprar a favor de otro un automóvil? ¿Puede decirse que ley posterior deroga la anterior? Evidentemente que no, ya que se trata de la ley ley especial que regula el tan delicado tema de las transferencias de los automotores. Y además, no existe contradicción alguna con el C.C.C. dado que el inc. d) del art. 1017 remite a lo que las leyes dispongan.
La reglamentación de la ANSES establece un estricto sistema de cartas-poderes para poder tramitar jubilaciones o pensiones a nombre del
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