Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 29677
“ DOMINGUEZ MARIA ESTER S/SUCESION AB-INTESTATO ”
Causa Nº MO-29677-2012 R.S.126/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Junio de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "DOMINGUEZ MARIA ESTER S/SUCESION AB-INTESTATO", Causa N º MO-29677-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. A fs. 131/132 la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental resolvió rechazar la solicitud de la coheredera de tener por decaído el derecho real de habitación del Sr. Carlos Laureano Segovia. Ello sin imponer costas.
2. Contra tal forma de decidir se alzo a fs. 133 el Sr. Carlos Segovia interponiendo el pertinente recurso de apelación. Lo propio hizo la coheredera el día 28/12/18; los mismos fueron concedidos en relación a fs. 134 y fs. 135, respectivamente y se fundaron con los memoriales del día 17/12/2018 y el día 18/02/2019, respectivamente que han sido replicados el 24 y 28 de febrero de 2019.
3. A fs. 144, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
El Sr. Carlos Segovia centra sus agravios en relación a la imposición de costas
Por su parte la coheredera Natalia Segovia direcciona sus quejas hacia el rechazo de su solicitud para tener por decaído el derecho de habitación respecto de su padre del inmueble de autos.
A los términos de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Primeramente me abocare al estudio de los agravios traídos por la coheredera y luego haré lo propio con los del Sr. Segovia.
Así, la quejosa manifiesta que el señor Segovia no exteriorizó su intención de continuar habitando el inmueble. Asimismo pretende hacer notar que los recaudos exigidos en el art. 3573 bis del código civil -hoy derogado- no han sido cumplidos.-
Por otra parte se agravia por haberse dado por probada las manifestaciones con la carta documento enviada el 3/8/2018 y no decir nada con relación a la audiencia celebrada en autos.
Ahora bien.
Para dar solución a la cuestión traída a debate debemos preliminarmente verter diversos conceptos doctrinario jurisprudenciales; ello en el entendimiento que los mismos arrojaran claridad sobre el tema a dilucidar.-
En éste orden -entonces- habremos de señalar que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es asimilable al derecho alimentario, dado el carácter eminentemente asistencial que el mismo reviste -Conf. CNCiv. Sala I, 24/10/95, ED, 168-866; ídem Sala L, 6/10/94, ED, 162-253, entre otros- siendo independiente de la legítima -Conf. CNCiv., Sala L, 6/10/94, ED, 162-253-.
Este derecho real de habitación de cónyuge supérstite es gratuito y vitalicio siendo necesario para su procedencia que el acervo hereditario esté integrado por un solo inmueble habitable, que en el inmueble se haya radicado el hogar conyugal, que el valor del inmueble no sobrepase o exceda el que autoriza a constituirlo como bien de familia, que se trate de sucesiones abiertas a partir de la entrada en vigencia del art. 3573 bis y que el cónyuge concurra con otros herederos o legatarios (Ver BUERES -HIGHTON, "Código Civil y normas complementarias...", Tº 3-A, pág. 725/7, Ed. Hammurabi).-
El derecho real en estudio persigue un propósito asistencial que resulta ciertamente loable, pues responde a sentimientos de justicia el tratar de que el cónyuge sobreviviente no se vea privado de habitar el único inmueble que, en vida, haya constituído la sede del hogar conyugal, frente a requerimientos de partición -en especie o por venta- de coherederos o legatarios. Aseverando que el propósito de la ley es asegurar su casa al cónyuge sobreviviente aunque sin impedir la adjudicación del bien como medio de concluir con la indivisión hereditaria; quien resulte adjudicatario quedará como nudo propietario correspondiendo el dominio útil al cónyuge (ob.cit. pág. 730 y jurisprudencia allí citada).-
La citada obre, la autora Mariani de Vidal afirma que por "hogar conyugal" debe interpretarse el lugar donde hubieran convivido cónyuge y causante al momento del fallecimiento de éste, porque de lo que se trata es de que por efecto de la transmisión hereditaria el cónyuge no se vea arrojado de lo que hasta entonces fue su vivienda (ob. cit. pág. 735). (Esta Sala en causa 48.418 R.S. 782/04).-
Entonces, lo que pretende el articulado, su espíritu es evitar que el viudo luego del fallecimiento de su cónyuge quede sin vivienda.
También, en esta línea argumental, se viene sosteniendo que se ha dicho que "El derecho de habitación se acuerda al cónyuge supérstite atendiendo indiscutibles motivaciones asistenciales. Algo así como el oficio pietatis que, en la tradición romanista del pretorio, fue configurando la legítima hereditaria. La satisfacción del derecho involucra una carga legal impuesta a los herederos en beneficio del cónyuge supérstite, independientemente de la cuota o porción a él asignada en concurrencia con otros herederos" (Zannoni, "Tratado de derecho de las sucesiones" T° II pág. 636).
Para la aplicación del instituto se debe verificar, entonces, la concurrencia de una serie de recaudos, a saber: a) que el acervo esté integrado por un solo inmueble habitable; b) que dicho inmueble integre en su totalidad el acervo -sea propio del cónyuge premuerto o ganancial-; c) que hubiere sido sede del hogar conyugal; d) que el valor del bien no supere o exceda el que autoriza a su constitución como bien de familia y e) que el cónyuge concurra con otros herederos o legatarios.
Por otra parte, de la atenta lectura del articulo que regula el caso de autos, en ninguna línea del mismo se pide una manifestación de voluntad por parte del cónyuge supertite de querer seguir habitando el inmueble.
En todo caso, lo lógico seria la manifestación de efectuar la partición y no a la inversa.
Pero -en complemento con lo antedicho, y al margen de lo estrictamente probatorio- en supuestos como los de autos no puedo soslayar hacer notar que la tutela legal requerida no se agota ni se limita a una restricción dominial, pues además de su fin asistencial, presenta implicancias claramente afectivas, a la vez que tiende a proteger al cónyuge supérstite para que no se encuentre necesitado de abandonar la sede del hogar conyugal para dividirlo con sus coherederos; más aún cuando -como ocurre en la especie- su edad es avanzada y alcanza los 76 años, a la fecha de este pronunciamiento (ver fs. 5).-
Esta posición a la que hago referencia es la que se ha abierto camino a través de los años, siendo la que incluso -y con gran acierto- se ha visto sumamente potenciada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 2383 CCCN).-
En efecto, la nueva normativa refuerza la importancia social del instituto y simplifica su aplicación en favor del cónyuge supérstite, al establecer su reconocimiento "de pleno derecho", es decir, sin petición judicial previa. (Art. 2.383, nuevo Código Civi y Comercial de la Nación)
Tanto es así, que el nuevo marco legal elimina también la necesidad de que se trate de un solo inmueble, habitable, integrante del haber hereditario, y que su estimación no sobrepase el límite máximo para ser declarado como bien de familia, a la vez que se reconoce tal derecho incluso a la pareja conviviente o concubino (aunque limitado en el tiempo); todo lo cual, a mi modo de ver, refuerza aún más la importancia social del instituto.
Esta avanzada y moderna concepción, no hace más que conciliar nuestro derecho interno con las convenciones internacionales introducidas a través del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional -en punto a la protección de la vivienda y, especialmente, de la ancianidad- siendo incluso superadora de normas similares actualmente vigentes en gran parte del derecho comparado (tales como las existentes en Uruguay, Chile, Perú, Bélgica, España, Italia, entre muchas otras), todas las cuales tienden en acentuar la protección del cónyuge supérstite para que la partición sucesoria no lo prive de la vivienda (Cfr. Art. 17, Convención interamericana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional de San Salvador)
Tales convenciones internacionales resultan aplicables a la fecha y resultan orientadoras del criterio amplio con el que debe ser evaluada la concesión del beneficio en análisis cuando, claro está, se encuentran reunidos los requisitos que la ley establece para otorgarlo.-
Por lo demás, lo antedicho se potencia por el hecho se estar en juego el lugar de residencia de una persona adulta mayor.-
Decíamos en la causa MO-12821-2014 R.S. 36/2019
"es necesario tener presente que el colectivo de la ancianidad es uno de aquellos que, por imperio constitucional, resulta destinatario de una mayor protección (art. 75 inc. 23 Constitución Nacional).-
Este necesario respeto -y resguardo- de sus derechos no tiene como sujeto pasivo -en mi concepción- únicamente al Estado, sino a todas las personas integrantes del conglomerado social.-
En alguna ocasión anterior (causa 58.317 R.S. 82/11) desde esta Sala se ponía de manifiesto que cuando la cuestión involucraba a niños, no era solo el Estado quien debía velar por sus derechos, sino todas las personas vinculadas a la cuestión.-
Pues bien, desde mi punto de vista, cuando se trata de adultos mayores (y mas aun cuando portan algún problema de salud) sucede exactamente lo mismo.-
El respeto hacia los mayores (los miembros mas antiguos de la comunidad) ha sido, a lo largo de los tiempos, una cuestión de relevancia en las sociedades; aunque, al parecer, en las épocas mas modernas (con todos los cambios que se han ido desarrollando) esto se ha ido diluyendo.-
No obstante ello, desde el orden normativo han aparecido diversas normas específicas, en las que necesariamente debemos abrevar.-
Fundamentalmente, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27.360).-
Sobre el tema, la doctrina ha señalado que el derecho de la vejez, denominado también derecho de la ancianidad, es una nueva especialidad transversal destinada al estudio de la condición jurídica de las personas mayores, de 60 años de edad en adelante, en el derecho interno, regional e internacional. Este derecho se propone también el reconocimiento de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad o abusos que puedan padecer estos sujetos, por el hecho de ser “viejos”. Pero además, aborda el análisis de las herramientas jurídicas que permiten legítimamente la intervención y restitución de la autonomía, la libertad, la igualdad, la participación o la dignidad dañada en el caso. Por ello, en este marco se consideran tanto los principios y reglas, institutos, relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, como los sistemas de protección y las garantías, en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del envejecimiento y de la vejez de cada persona, en particular.
La ratificación de la ley 27360 constituye, en la actualidad, la culminación de todo un complejo movimiento de visibilización de los adultos mayores como sujetos de derechos y de búsqueda de una mayor protección de sus derechos, así como también se instituye en un instrumento que representa el punto de partida de un proceso de reformas normativas e institucionales orientadas a que este nuevo enfoque termine impactando en la realidad y la vida de las personas mayores (ROBINO, Alejandro D., Análisis de la ley 27360. Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, Erreius, Junio 2018, p. 397).-
También se ha dicho que en la sociedad actual los adultos mayores conforman un colectivo social vulnerable. Ello por cuanto el concepto de vulnerabilidad se refiere a las personas o grupos de personas que son más susceptibles de ser lastimadas o heridas, ya sea en lo físico, psicológico o económico, o de cualquier otra forma, o por cualquier otro medio. En el caso de las personas mayores, producto del proceso de envejecimiento, experimentan cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales que pueden ser de diferente intensidad. Es decir, es frecuente observar una disminución en las funciones físicas, psicológicas y sociales, lo que suele colocarlas en situación de mayor vulnerabilidad. En el Derecho Internacional se produjo el denominado proceso de especificación de los derechos humanos consistente en la elaboración de diferentes convenciones y tratados dirigidos a los miembros de los considerados grupos vulnerables -v. gr., mujeres, niños, personas en situación de discapacidad-. Este proceso de especificación distingue grupos de personas a los que reconoce derechos especiales en función de su situación, cuando se detecta la inoperancia de los derechos generales. En síntesis, es un proceso que tiene por objeto paliar la situación de desventaja social que atraviesan estas personas y que no resulta reparable mediante la igualdad formal en derechos, requiriendo en consecuencia la afirmación de derechos de grupos como herramienta para la eficacia de los derechos individuales. Dentro de estos grupos de sujetos en situación de vulnerabilidad se incluyen los adultos mayores.
Agregando que, por ello, en el ámbito internacional se observó que la problemática de las personas mayores que determinaba que en muchas ocasiones que se encontraran en situación de vulnerabilidad era una problemática con causas y características propias, que por lo tanto requerían un marco normativo que diera soluciones adecuadas a una realidad específica de este grupo social.
Así, en el año 2015 se aprobó en el seno de la OEA la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, resultando este el primer instrumento internacional que regula sus derechos y que, conforme el artículo 75, inciso 22), de nuestra Constitución Nacional gozan de jerarquía superior a las leyes.
Lo importante, se dice, de esta Carta Internacional es que establece un marco regulatorio propio, tomando en cuenta la realidad particular de las personas mayores y proponiendo una nueva mirada sobre el proceso de envejecimiento.
Indicando que la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores constituye un hito en la materia de tutela de los derechos de los adultos mayores, por cuanto antes de dicha Carta este colectivo social debía recurrir a la protección mediante las normas de carácter general para todas las personas, no teniéndose en cuenta los rasgos diferenciales de su realidad. Hoy con el instrumento internacional se cuenta con una herramienta específica que observa las diferentes problemáticas por las cuales se puedan ver vulnerados los derechos de las personas mayores, observando sus propias causas y por lo tanto promoviendo soluciones adecuadas (SANJUAN, Alejandro, Tutela jurídica de los adultos mayores: vulnerabilidad y protección legal a partir de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Erreius, Mayo 2018, Cita digital: IUSDC285846A).
Coincido totalmente con esas lúcidas reflexiones.
Desde esta Sala, se ha puesto de manifiesto la necesidad de atender la particular situación de los adultos mayores.
Se decía en la causa Nº MO-40548-2011 ( R.S. 246/2017) que
"las situaciones de edad avanzada son presupuestas -en nuestro enconfrado constitucional- como desniveladoras respecto de las personas mas jóvenes (art. 75 inc. 23 Const. Nac., 36 Const. Pcial.).-
En efecto: los adultos mayores son, o deberían ser, en nuestro ámbito jurídico destinatarios de una especial protección estatal.-
Ello involucra todos sus estamentos (poderes administrador, legislativo y poder judicial); en lo específicamente jurisdiccional, ello se dará en los diversos casos que el juzgador tenga para resolver y su materialización dependerá de cada cuestión que se presente y sus exigencias específicas.-
Quiero significar, con esto, que la especial protección a este particular grupo etáreo (al igual que acontece con niños, niñas y adolescentes) es obligación específica del Estado, impuesta por la Constitución, incluso ya antes de la suscripción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (y actualmente reforzada por dicha Convención).-
Ahora, cómo se la materialice, dependerá de las circunstancias del caso.-
En algunos supuestos, mediante tutelas diferenciadas (para hacer mas pronta o específica la prestación jurisdiccional); en otros, mediante los ajustes procedimentales razonables; y, finalmente, cuando se encuentren involucradas cuestiones de fondo como las que aquí se debaten, teniendo muy presentes -al juzgar- las puntuales circunstancias del caso en lo que hace a la subjetividad de las personas.-
Esto, en realidad, no es mas que la aplicación de la directriz del art. 171 in fine de la Constitución Provincial, en cuanto nos manda a aplicar la ley teniendo presente las concretas -y vivificantes- circunstancias del caso.-
¿Qué quiero significar con esto?
Que no puede tratarse (so pena de violentar el principio de igualdad) un caso que involucre a un adulto mayor sin tener presente tal circunstancia".-
Incluso, el Dr. de Lázzari en uno de sus votos ha expresado la necesidad de reconocer el valor intrínseco de todas las etapas vitales y auspiciar la contemplación de los flancos vulnerables de los adultos mayores, su protagonismo e interacción en base a los derechos que, como ciudadanos plenos les asigna la Constitución (su voto en causa B 65072 fallo del 29/12/2008, "Rojas, Angel Gualberto c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Prov. Bs. As. s/Amparo").-
Sobre este piso de marcha, vayamos a la Convención aludida, trayendo a colación los puntos que pueden ser relevantes para el presente.-
Su art. 4 inc. c) determina que los Estados parte: "c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos".-
En cuanto a la vivienda, el art. 24 determina que
"La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y
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