Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32161
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia" Ordenar al administrador del sucesorio, con cargo de rendición de cuenta documentada de su gestión (art.748 del CPCC), proceda al cobro de los canones locativos del inmueble que compone el acervo sucesorio sito en la localidad de Florida, Partido de Vicente Lopez en la calle General Roca entre Carlos Pellegrini y Salvador, para lo cual deberá en forma inmediata tomar contacto con quienes resulten inquilinos del inmueble a quienes habrá de poner en conocimiento del contenido del presente resolutorio, quienes a su vez deberán abstenerse de depositar suma alguna por el concepto prealudido en las cuentas denunciadas en la audiencia celebrada en autos. 2°) Hacer saber al administrador del sucesorio que con el dinero del canon locativo que perciba periódicamente deberá efectuar el pago de los impuestos correspondientes al inmueble prealudido y que se hallen a cargo de la sucesión, para luego depositar el remanente de las sumas en una cuenta a abrirse a nombre de estos obrados y a la orden del
“BESSIA LUIS GUMERCINDO Y ARDUINO BEATRIZ NELIDA S/ SUCESION AB INTESTATO”
Causa Nº 32161 R.S.316/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 12 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BESSIA LUIS GUMERCINDO Y ARDUINO BEATRIZ NELIDA S/ SUCESION AB INTESTATO", Causa Nº 32161 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Corresponde rechazar el pedido de caducidad de segunda instancia articulado?
2°¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
Contra el decisorio de fs. 1558/1559, dictado por el Sr. Juez Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº8 Departamental, se alzó a fs. 1584 la Sra. Teresa Bessia, interponiendo recurso de apelación, el que fuera concedido a fs. 1585, presentando el respectivo memorial a fs. 1588/1592, del cual se confirió traslado a fs. 1593.-
El 30 de mayo del 2019, la Sra. Maria Cecilia Bessia, acusa la caducidad de segunda instancia.-
A 1597, el a quo, intima a la recurrente (art. 315 del C.P.C.C.), la cual contesta a fs. 1598, solicitando se eleven las actuaciones a la alzada.-
Dable es señalar, que la finalidad del instituto de la caducidad de instancia no es otra que servir de remedio al mal de la prolongación de los juicios, cuando se advierte el desinterés de la parte, y la necesidad de liberar a sus propios órganos de las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales", Tº IV-A, pág. 93).-
Así, a efectos de determinar si es viable decretar la caducidad de segunda instancia, cuadra en primer término transcribir la letra del art. 315 del C.P.C.C. (según Ley 12.357), en tanto el mismo establece que "La petición... se sustanciará previa intimación a las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia".-
En tal sentido la intimación se realiza a efectos de que la parte conminada realice dos actos, por un lado, manifestar su deseo de continuar adelante con el proceso y, por otro, impulsar el proceso en forma adecuada, esto es, producir actividad procesal útil a los fines de su prosecución.-
Asimismo esta Sala ha sostenido que: "el hecho de que no se haya producido actividad procesal útil por parte del apelante luego de la intimación cursada en los términos del artículo 315 del ritual, no conlleva, por si sola, a la declaración de perención; pues tal precepto mencionado ha de ser interpretado armónicamente con las restantes normas que regulan el instituto. Y entonces, si resultaba imperativo para el personal del Tribunal actuante, el proceder a la elevación de las actuaciones a efectos de la tramitación del recurso de apelación acordado libremente, mal podía exigirse a la parte la realización de actividad procesal alguna" (esta Sala en Causa 45.139, R.S. 125/01).-
Empero, si bien allí el Tribunal entendió, mediante una armónica interpretación de preceptos, que no podía exigirse la realización de actividad procesal útil en el caso de que la realización de los actos pendientes se encontrara impuesta legalmente en cabeza del órgano jurisdiccional, no cabe dispensar, en ningún caso, a la parte intimada de realizar la manifestación que le exige el artículo 315 del ritual (es decir, afirmar concretamente, si tiene intención de proseguir con el proceso).-
De tal suerte, se apuntalarán principios como la celeridad procesal y, especialmente, la efectividad, amén de descongestionar a la jurisdicción de procesos en los cuales las partes ya no tienen interés. El silencio, en este caso, resulta inadmisible y podrá interpretarse válidamente, a mi juicio, como inexistencia de interés en la prosecución del juicio (arg. arts. 16 y 919 C. Civil y 315 del ritual).-
Además, hemos dicho que el realizar un acto impulsorio por parte de la parte perjudicada por un acuse de caducidad denota la intención de ésta de continuar con el proceso (esta Sala en causa nro. 44.055 R.S. 361/02).-
En el caso en estudio, a fs. 1597 y con fecha 14 de junio del 2019 y tal como se lo detallara ut supra, se intimó a la recurrente por el término de cinco días a fin que manifiesten su intención de continuar con la acción y produzca actividad útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de decretarse la caducidad del recurso (art. 315, último parrafo del C.P.C.C.).-
Como lo apuntamos, a fs. 1598, la Sra. Maria Teresa Bessia, se presenta solicitando se tenga por impulsado el recurso y peticionado se eleven las actuaciones a la alzada.-
Dicha presentación data del 26 de junio del 2019.-
Ello, me lleva a considerar que se deberá tener por cumplida la citada intimación, toda vez que lo allí peticionado (elevación del expediente a la Alzada) implica (tratándose de un recurso concedido en relación y habiendo sido fundado) un acto impulsorio a los fines de la prosecución del proceso (art. 251 C.P.C.C.) y en consecuencia, se deberá rechazar el pedido de caducidad de segunda instancia articulado.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. Como lo destacáramos en la cuestión precedentemente abordada, contra el decisorio de fs. 1558/59vta., se alzó la Sra. Maria Teresa Bessia, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 1585 y se fundó con el memorial de fs. 1588/1592, confiriéndose el respectivo traslado a fs. 1593
2. A fs. 1602vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteada así la cuestión, considero oportuno comenzar realizando una breve reseña del trámite de las presentes actuaciones, en lo que respecta concretamente al tema a decidir.-
La coheredera María Cecilia Bessia, mediante la presentación electrónica del 08/05/2017 requiere:
"...II)Se intime a la Sra. María Teresa Bessia a dar estricto cumplimiento de lo acordado oportunamente y en tal sentido se disponga un plazo de 30 días como máximo para que la Sra. María Teresa Bessia arbitre los medios necesarios para desocupar la vivienda de la localidad de Vicente López, bajo apercibimiento de aplicarle una multa pecuniaria por cada día de retraso.-
En igual sentido se intime a la heredera a depositar en autos la suma que mensualmente percibe, o sea $8.000 retroactivamente al mes de enero de 2017, momento en que unilateralmente autorizó al inquilino a continuar ocupando la propiedad en cuestión.-
(...)
IV)Por último y existiendo graves discrepancias entre las partes en la forma en que deben administrarse y partirse los bienes que componen el acervo hereditario solicita respetuosamente se designen PERITO PARTIDOR Y ADMINISTRADOR de la sucesión puesto que esta parte no aprueba bajo ningún concepto la administración que en los hechos fue llevada a cabo por la Sra. María Teresa Bessia durante estos casi 7 años desde que falleciera la causante de autos" .-
Siguiendo la compulsa de las presentes actuaciones nos encontramos con la audiencia celebrada el 19 de octubre de 2018, a la que comparecen los coherederos Maria Cecilia Beatriz Bessia, Maria Teresa Bessia y el Sr.Héctor Omar Bessia, el administrador del sucesorio Cdor. Sergio Ignacio Nino, y la Asesora de Incapaces.-
Abierto el acto..." la Sra.Maria Teresa Bessia manifiesta que la vivienda sita en la localidad de Vicente Lopez continúa alquilada por las mismas personas que contrataran hace años atrás cuyo contrato al día de la fecha se encuentra vencido, quienes abonan la cantidad de $ 10.000.- mensuales en concepto de canon locativo, suma ésta que depositan del siguiente modo: $ 2.000.- en una caja de ahorro del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Paso del Rey que originalmente perteneciera a la progenitora de los herederos y los restantes $ 8.000.- en una cuenta del Banco Credicoop de Paso del Rey. Expone que convino con los inquilinos ese modo de depósito por cuanto, con la suma de $ 2.000.- se abonan los impuestos de la casa sita en la localidad de Paso del Rey donde reside Maria Lucia Bessia y los impuestos de las restantes propiedades que conforman el acervo sucesorio sita en Vicente Lopez y en la Provincia de Córdoba y los $ 8.000.- son utilizados para abonar la totalidad de los servicios (luz, agua, gas, televisión por cable, etc) de la propiedad antedicha.
Agrega que al día de la fecha el saldo de las cuentas oscilan entre los $ 100.- y $ 1.000.- por cuanto las sumas de dinero han sido retiradas progresivamente de las cuentas y dispuestas para los fines anteriormente descriptos por la Sra.Maria Teresa Bessia, expresando que dispone en su calidad de curadora designada de Maria Lucia Bessia. Agrega que asimismo María Lucía Bessia percibe la cantidad de $ 23.000.- por pensiones derivadas de su madre y por discapacidad, las cuales asimismo son administradas y dispuestas por la Sra.Maria Teresa Bessia para el pago de servicios de la propiedad y de las cuidadoras de Maria Lucia quienes a la fecha perciben un total de $ 15.000.-. Acto seguido los tres coherederos manifiestan que están en un todo de acuerdo a que se proceda a la venta del bien que se encuentra en la localidad de Vicente Lopez, restando en consecuencia que brinde su opinión al respecto quien se desempeña y ha sido designado como abogado de Maria Lucia Bessia en el marco del proceso de determinación de la capacidad jurídica.
En este estado la Sra. Asesora de Incapaces peticiona en atención a las particularidades del caso se proceda a remitir al Juzgado de Familia n°2 de Moreno al proceso de determinación de la capacidad jurídica copias certificadas de cada una de las actas de las audiencias celebradas a los efectos que tomen conocimiento de las circunstancias descriptas en cada una de las actas tanto la Magistrada interviniente, el Asesor de Incapaces y el abogado de la causante. Seguidamente a los efectos de avanzar sobre la venta del inmueble sito en Vicente Lopez, se faculta en este acto y encomienda al administrador del sucesorio aquí presente proceda a la toma de contacto con una inmobiliaria de la zona a los efectos de contratar los servicios para el ofrecimiento de la vivienda para la venta en base a las tasaciones aportadas a estos obrados, debiendo el administrador poner en conocimiento del martillero de la existencia del proceso sucesorio así como del determinación de la capacidad jurídica.
Asimismo para constancia de autos la Sra.Maria Teresa Bessia informa que el teléfono de la vivienda sita en Vicente Lopez es 47613590, siendo la inquilina la Sra.Teresa Alonso. Con respecto a las sumas que se perciben en la actualidad en concepto de alquiler del inmueble de Vicente Lopez, pasan los autos a resolver. Con lo que no siendo para más se da por finalizado el acto firmando los comparecientes previa lectura y ratificación y S.S. por ante mi que doy fe" .-
Llegamos así al dictado del decisorio cuestionado, el cual obra glosado a fs. 1558/1559, mediante el cual se resuelve:
" Ordenar al administrador del sucesorio, con cargo de rendición de cuenta documentada de su gestión (art.748 del CPCC), proceda al cobro de los canones locativos del inmueble que compone el acervo sucesorio sito en la localidad de Florida, Partido de Vicente Lopez en la calle General Roca entre Carlos Pellegrini y Salvador, para lo cual deberá en forma inmediata tomar contacto con quienes resulten inquilinos del inmueble a quienes habrá de poner en conocimiento del contenido del presente resolutorio, quienes a su vez deberán abstenerse de depositar suma alguna por el concepto prealudido en las cuentas denunciadas en la audiencia celebrada en autos. 2°) Hacer saber al administrador del sucesorio que con el dinero del canon locativo que perciba periódicamente deberá efectuar el pago de los impuestos correspondientes al inmueble prealudido y que se hallen a cargo de la sucesión, para luego depositar el remanente de las sumas en una cuenta a abrirse a nombre de estos obrados y a la orden del Suscripto. A tales efectos líbrese oficio por Secretaría requiriendo la apertura de la cuenta bancaria. 3°) Citar al abogado designado en el proceso de determinación de la capacidad jurídica de la Sra.Maria Lucía Bessia, Dr. Rodrigo Ezequiel Sosa, para que en el término de 5 días tome en autos la intervención correspondiente. 4°) Librar oficio al Juzgado de Familia n° 2 de Moreno-Gral. Rodriguez a los efectos indicados en el considerando tercero.5°) Proceder a la devolución de los expedientes recibidos "ad effectum videndi" librándose oficio de estilo por Secretaría".-
Como vimos, tal decisión recibió el embate de María Teresa Bessia -por derecho propio y en su carácter de curadora de Maria Lucia Bessia- solicitando que "se resuelva el presente recurso revoque la resolución impugnada y obligue al administrador a abonar con el alquiler de Vicente López los impuestos de los bienes que conforman el acervo hereditario y lo servicios que se prestan en el inmueble donde habita la insana y hasta que se proceda a la venta del inmueble de Vicente López " .-
Planteada como llega la cuestión y frente a la situación de Maria Lucia Bessia, cabe recodar que desde esta Sala II se ha hecho referencia antes de ahora a " ...la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) especialmente en sus artículos 1, 3 inciso a), 12 y 26.1.
Por cierto que el concepto de discapacidad en el contexto de la Convención no se identifica con el concepto de incapacidad del derecho interno, sino que incluye a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Sentado ello es importante resaltar que el art. 12 de la Convención que vengo analizando establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (inciso 1), que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (inciso 2), que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (inciso 3) y que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (inciso 5).-
Por cierto que, como órgano del Estado, estamos obligados a adoptar cuanta medida fuera menester para hacer efectivos los derechos de la Convención (art. 4).-
Son estas pautas las que debemos adoptar como norte y que, incluso, han llevado al legislador a rediseñar –muy recientemente- este tipo de acciones (art. 152 ter C. Civil en su redacción por ley 26657)" (Esta Sala II en causas nros. 52.884, R.s. 84/11 y 34.046, 82/17).-
En este camino, la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional (art. 1°) y reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona (art. 3°).-
Ese cambio de paradigma tan importante para las personas con discapacidad, donde la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume -una de las reglas generales en este tema-, ha sido receptado por nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 31, inciso 2°) ".-
Sentado ello, y con esta perspectiva, he de señalar que las particularidades del caso me llevan a discrepar con la postura que adoptara el juez de la instancia de origen en el decisorio hoy en análisis.-
Ello así pues, desde mi punto de vista, debió incluir en los gastos a deducir de los $8.000 resultantes del canon del alquiler de la casa de Vicente Lopez, también los gastos de la vivienda que la Sra. Maria Lucia Bessia habita en el inmueble ubicado en la localidad del Paso del Rey, el cual también forma parte del acervo hereditario.-
Es lo que subyace a la regla de los art. 2324, 2329 y 2353 del CCyCN.-
Se trata de gastos vinculados con el mantenimiento de los bienes del acervo y, por lo tanto, han de ser satisfechos con los frutos de los mismos.-
Luego, y de existir un sobrante, se deberá actuar conforme lo dispusiera el a quo ; y dicha labor queda a cargo del administrador designado en autos.-
La justificación de lo postulado, radica en la normativa precedentemente citada tanto desde la Convención, como de las pautas del CCyCN.-
Ahora, en cuanto a los gastos del cuidado y atención de Maria Lucia, cabe destacar que en autos el Sr. Juez a quo ha tenido a la vista tanto el proceso de determinación de la capacidad de la misma, como el juicio de alimentos iniciado entre los hermanos, siendo esas las vías para canalizar la cuestión, a lo que debemos agregar que cuenta con una pensión mensual, tal lo que destacara en autos Maria Teresa (ver fs. 1556/1557).-
En virtud de lo expuesto, considero que se deberá modificar el decisorio recurrido, debiéndose incluir en los gastos a deducir de los $8.000 resultantes del canon del alquiler de la casa de Vicente Lopez, también los gastos de la vivienda que la Sra. Maria Lucia Bessia habita en el inmueble ubicado en la localidad del Paso del Rey, el que cual forma parte del acervo hereditario.-
Ello sin costas atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RECHAZA la caducidad de segunda instancia articulada a fs. 256; sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC). Asimismo, SE MODIFICA el decisorio recurrido, DEJANDOSE ESTABLECIDO que se deberá incluir en los gastos a deducir de los $8.000 resultantes del canon del alquiler de la casa de Vicente Lopez, también los
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