Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4320
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y ordenar que, radicado nuevamente el expediente en la instancia de grado, se intime a los poderdantes a reconocer firmas y proceder a la ratificación del instrumento a primera audiencia ante el Secretario del Juzgado sin que resulte necesario el otorgamiento del acto por escritura pública.
Sin costas por no mediar contradicción (art. 68/69).
CAUSA N° 4320-21 - MELIN, RUPERTO TEODORO Y OTRA S/SUCESION AB-INTESTATO (INFOREC 970) - Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Colón.
Pergamino.
Arriban los autos a esta Alzada por conducto del recurso de apelación subsidiariamente interpuesto con fecha 11/6/2021, contra la providencia de fecha 7/6/2021 en la que el A-quo le hizo saber al recurrente que debía acreditar su personería a través de escritura pública y ello surge de la interpretación armónica de los arts. 1017 inc. D) y 363 del Código Civil y Comercial de la Nación y del art. 47 del C.P.C.C.B.A. Como fundamento de lo dispuesto, la Jueza de grado sostuvo que: "...Si bien en el citado artículo no se encuentra mencionado en forma expresa el contrato de mandato y en particular el poder general judicial para actuar en juicio, lo cierto es que la norma citada en su inciso d) expresa que deben ser otorgados por escritura pública los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública...". Por lo que el mencionado inciso mencionado funcionaría como una especie de cláusula residual que otorga carácter obligatorio a otras disposiciones del Código Civil y Comercial y a otras leyes, como por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que requiere escritura pública como medio de instrumentación de los poderes para la representación en juicio. Y dado que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su art. 47 establece: "Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder" es que el poder otorgado por escritura pública devendría jurídicamente exigible para acreditar personería en juicio.
En sustento de la crítica recursiva, el apelante adujo que la solución aplicada entraría en contradicción con la normativa de fondo en cuanto el art. 1017 del Código Civil y Comercial consagraría la libertad de formas y excluiría al inc. 7 del derogado art. 1184 del Código de Vélez, omitiendo replicarlo en la nueva codificación. A partir de lo cual concluye que la ley de fondo prescindiría entonces del requisito de la escritura pública para acreditar la personería necesaria para la representación en juicio de una determinada persona, la que podría ser instrumentada por medio de mandato privado presentado en el expediente. En este aspecto, sostiene que una norma de fondo como lo es el CCCN que se dicta por el congreso nacional, en uso de sus atribuciones art 75 inc 12, no puede ser desconocido por ninguna normativa provincial, y mucho menos invocarla, una magistrada.
Asimismo, argumenta que el Juzgado interviniente consintió la tramitación del expediente de referencia con base en el mandato privado y recién en la momento procesal oportuno para la regulación de honorarios profesionales viene a exigir este requisito. Señala también que en el expediente n° 35.806 el órgano judicial de referencia no sólo habría aceptado el poder de referencia durante el trámite correspondiente sino que incluso no lo habría cuestionado en ningún momento. Concluye que ambas circunstancias ponen en jaque el deber de coherencia del Juzgador y sobre dicha base pretenda que se lo exima de acreditar por escritura pública la representación invocada.
I. Entrando a resolver, se ha de anticipar que la cuestión en debate coloca a este Tribunal frente a la necesidad de tomar postura frente al conflicto interpretativo suscitado en torno a las fuentes normativas que regulan la forma de acreditar la personería para actuar en juicio de los apoderados judiciales.
En punto a esta cuestión, se han esbozado diferentes posiciones que fluctúan entre la más absoluta libertad de formas y la exigencia de escritura pública como forma de instrumentación del mandato-poder.
Existe una tesis, coincidente con el fundamento del agravio vertido, que propugna la suficiencia del poder otorgado por instrumento privado.
La resolución señera sobre la que se edifica esta postura nos remite a un fallo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La plata, en los autos “Sciatore, Diego Martín c. Rossini, Estela s. Daños y perjuicios, resol. del 16/06/16 (L.L. Bs. As., 2016 (julio), 414). Tras lo cual se alinearon otros pronunciamientos judiciales en la provincia (Sala 1 de la C.C.yC. de San Isidro (“G, G. M. c. F, M. E. s. Petición de herencia”, del 6/12/16, donde también dice que no es necesaria la ratificación ante el actuario), por la C.C.C. de Lomas de Zamora, Sala 3, “Astorga c. Ramirez” y “Catromono c. Sotelos”, 14/11/17).
Sus partidarios construyen su razonamiento sobre la base de que el Código Civil de Vélez preveía expresamente que los poderes generales o especiales a presentarse en juicio debían hacerse por escritura pública (art. 1184 inc. 7), lo que ya no está contemplado en el Código Civil y Comercial que consagra la libertad de formas (arts. 284, 285, 363, 1319) y es a través del análisis específico de cada acto jurídico que debe determinarse qué forma debe revestir el apoderamiento. En virtud de ello, sostienen que las provincias han delegado en el Congreso Nacional el dictado del código de fondo y teniendo en cuenta el carácter meramente procesal de las reglas que sobre la acreditación del mandato establece el art. 47 del C.P.C. – que fuera redactado en consonancia con el art. 1184 inc. 7 del C.C. – no es admisible que la normativa local limite el alcance establecido por esa normativa de fondo (por imperio de arts. 5, 31, 75 inc. 12, 121 y 126 C.N.).
Al respecto, argumentan que no puede optarse por la validez de una norma que responde a una ley derogada; “sería como continuar perviviendo una ley ya desaparecida”, “el Código Procesal mantendría viva una disposición fenecida, desaparecida del universo normativo actual y cuya sobrevivencia no le es atribuible a las legislaturas locales”.
Así pues, esta posición no se limita a abogar por la inexigibilidad del poder otorgado por escritura pública, sino que también plantea que no es necesario siquiera que la parte ratifique ante un Secretario judicial la firma del documento como un resguardo adicional.
Finalmente, sus defensores arguyen que la mayor libertad de formas que el nuevo C.C.C. da a los ciudadanos se compadece con el art. 19 de la C.N. Por lo que el mandato privado se autoabastecería como forma legal suficiente para acreditar la personería.
II. En un sentido claramente contrapuesto, existe otra postura -que es la que adopta la Jueza a quo-, que afirma que los arts. 47, 46 y 85 del C.P.C. continúan plenamente vigentes.
El primer tribunal que se pronunció por esta tesitura fue la Sala H de la C.N.Civil en los autos “Medina c. Saettone s. Daños”, resol. del 20/11/15. Posteriormente, suscribieron otros tribunales bonaerenses al criterio sentado (ver la Sala III de la Cámara de San Isidro en los autos “Oroppel c. Gomez s. Acción declarativa”, resol. del 25/02/16; Sala 2 de la C.C.C. de Mar del Plata “Grippaldi c.Consorcio”, resol. del 31/05/16; la Cámara de San Nicolás, “Albarracín s. Beneficio”, resol. del 15711/16; la Sala 2 de la Cámara de Quilmes, “Hidalgo”, resol. del 7/03/18, y “Alessandrini”, del 3/07/17; la Sala 2 de la C.C.C. de Mar del Plata, “Miranda c. Visvequi”, resol. del 13/07/17, Cámara de Mercedes, Perez Ruben Domingo S/ Sucesion Ab-Intestato, resol. de 07/03/2019).
Sintéticamente sostiene que el art. 1017 inc. d) del C.C.C. – que expresa que deben ser otorgados por escritura pública “los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública”. – es una cláusula residual que otorga carácter obligatorio a otras disposiciones del Código Civil y Comercial y a otras leyes como por ejemplo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que requiere escritura pública para los poderes judiciales. El legislador – dice la resolución – al mencionar en forma amplia “disposición de la ley” -decidió respetar las autonomías provinciales, y a su vez, en concordancia, el art. 363 del C.CC. dispone: “El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar”. Por ello – agrega – no existe libertad absoluta de formas en la medida que las distintas normas procesales o de fondo regulen la cuestión (con cita del C.C.C. comentado de Rivera- Medina, T. I, p. 812)".
III. Finalmente, subsiste una postura intermedia que postula la validez del instrumento privado pero ratificado ante el actuario del Juzgado. Al respecto, la Cámara Civil y Comercial de Dolores sostuvo que si bien el nuevo Código Civil y Comercial consagra la libertad de formas, no puede desconocerse la trascendencia del acto jurídico que importa actuar en nombre de otra persona en juicio, lo que conlleva al cumplimiento de un mínimo de garantías o recaudos que no pueden ser soslayados. En tal sendero se dijo que resulta función intrínseca de la judicatura munir de certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, y por ende el consecuente deber de realizar el control de legalidad de los mismos. En virtud de ello, se consideró que el contrato entre mandante y mandatario requiere de modo necesario y por razones de seguridad jurídica la intervención del actuario, a fin de evitar futuros planteos acerca de la existencia o autenticidad de las grafías y/o contenido del instrumento (Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial de Dolores, causa “Focke, Teófilo s.Sucesión”, RCCyC 2016/marzo, 7/03/16).
Igual criterio siguió la Sala 1 de la Cámara II de La Plata (“Ortiz, Roberto c. Sassaroli, Ana”, resol. del 10/03/16).
IV. Tras esta somera exposición del panorama jurisprudencial que campea en la provincia de Buenos Aires, este Tribunal ha de fijar su posición en favor de la tesis intermedia.
Es cierto que en el Código Civil de Vélez Sarsfield se preveía de modo expreso que los poderes generales o especiales a presentarse en juicio, debían hacerse por escritura pública, conforme el art. 1184 inc. 7 del CC. Empero, esta forma de regular la cuestión no ha sido replicada en el ordenamiento civil vigente. La nueva codificación por el contrario consagra el principio de libertad de formas al respecto (arts. 284, 285, 363, 1319 del CCCN), debiendo indagarse en las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para cada acto que el representante deba realizar en particular para determinar qué forma deberá revestir el acto de apoderamiento (causa “Focke, Teófilo s.Sucesión”, op. cit).
A su vez, la presunción de racionalidad del legislador (art. 1, 28, y 33 de la CN.) nos conduce a suponer que si la nueva norma eliminó el inciso que imponía expresamente la necesidad de otorgar por escritura pública el poder para estar en juicio y al mismo tiempo preservó otros incisos relativos a actos particulares en los que la exigencia resultaría imperativa, es porque evidentemente la intención del autor de la norma fue la de limitar el alcance de esta exigencia en el caso de referencia.
Rige aquí entonces el principio de “paralelismo de las formas”: el poder debe cumplimentar las mismas solemnidades que el ordenamiento jurídico requiere para el acto que el apoderado va a realizar en nombre del poderdante. La forma en que deba realizarse el apoderamiento estará dada por el acto que el representante deba realizar de modo que ata la suerte de la formalidad del poder a aquella prescripta (Alvarez Julia, Luis y Sobrino Reig, Ezequiel, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Julio Cesar Rivera y Graciela Medina, La Ley, Buenos Aires. 2010 T I, p-811).
En virtud de ello, desde este sede, y sobre la base de una revisión del tema a la luz del diálogo de fuente como método interpretativo armonizador de la disposiciones legales que rigen la cuestión (art. 1 y 2 del CCyC), se concluye que tal libertad de formas permite que los actos jurídicos puedan hacerse en instrumento público o privado. Habrá que indagar en las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para cada acto que el representante deba realizar en particular para determinar qué forma deberá revestir el acto de apoderamiento (ALTERINI, Jorge. “Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético”. Ed. La Ley 2015 T II. pág. 887/888. Comentario art. 363).
Y atento a que el Código adjetivo provincial aún no se ha adecuado al sustantivo manteniendo el recaudo de la escritura pública o la comparecencia ante el Secretario en determinados supuestos (arts. 46, 47, 85 del C.P.C.C.), corresponde propiciar una interpretación armonizante entre los preceptos del código ritual y el código de fondo.
En esta inteligencia, este Tribunal considera que debe descartarse la exigencia de la escritura pública que ya no se halla contemplada en la ley fondal. No obstante, ello no debe conducirnos a admitir sin más al mandato otorgado por instrumento privado como requisito formal autosuficiente, sino que en tales supuestos deviene razonablemente exigible complementar la forma privada del acto con el requerimiento judicial de reconocer las firmas y ratificación del instrumento a primera audiencia (o en su defecto, cuando se se advierta la falta de ratificación) en orden a la acreditación de la personería.
Tal requisito resulta tuitivo del proceso, pues tiene como fin evitar cualquier tipo de planteo de ineficacia o nulidad, etc., sobre el otorgamiento o alcance del acto en cuestión (arts. 34, 36, C.P.C.C.). A la vez, funciona como un reaseguro para la relación entre el letrado y su cliente, en virtud de los efectos y responsabilidades que se derivan a partir de la admisión de la personería (op. cit. “Ortiz, Roberto c. Sassaroli, Ana”).
Dicho de otro modo, no se trata de satisfacer una simple exigencia ritual, sino de asegurar una representación procesal auténtica que se halle rodeada de garantías de certeza no sólo en resguardo de los derechos de la contraparte en un juicio sino de la misma parte que presenta el poder y del mismo letrado apoderado. Estamos pues ante un acto de vital importancia para el proceso toda vez que, desde tal momento, “el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare” (art. 49, C.P.C.C.).
De este modo, la resolución del problema interpretativo planteado no estriba en determinar la primacía de una disposición legal por sobre otra ni de resolver un conflicto de competencias entre dos personas de derecho público, sino más bien en determinar la forma en que deben conciliarse el sentido y alcance de las disposiciones normativas precitadas.
En cuanto a los agravios basados en la circunstancia de que el órgano judicial interviniente habría dado trámite a las actuaciones sobre la base del mandato privado acompañado al expediente, se entiende que no corresponde atender a la crítica efectuada.
Es que si bien es cierto que resulta aconsejable que los jueces intimen al cumplimiento de las formas legales en la primera oportunidad procesal útil, la omisión de hacerlo en las más tempranas instancias del proceso no puede convertirse en un valladar infranqueable que impida ejercitar un control de legalidad posterior tendiente a enmendar los defectos que acusa una determinada actuación procesal. Una interpretación contraria equivaldría a derogar las facultades ordenatorias de los magistrados para dirigir el procedimiento dentro de los límites establecidos por el Código ritual. De ahí que la circunstancia del requerimento tardío o inexistente -conforme sostiene el recurrente que ha sucedido en otros expedientes- no resulta determinante para invalidar el control de juridicidad de los actos procesales, sin perjuicio de la necesidad y conveniencia de que los órganos judiciales tengan el deber de resolver de modo coherente y concordante con sus decisiones pretéritas. En virtud de lo señalado, el agravio basado en lo dispuesto en otros precedentes deviene virtualmente irrelevante para cuestionar la potestad del Juzgador de controlar la juridicidad de la forma del acto.
Por todo lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:
Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y ordenar que, radicado nuevamente el expediente en la instancia de grado, se intime a los poderdantes a reconocer firmas y proceder a la ratificación del instrumento a primera audiencia ante el Secretario del Juzgado sin que resulte necesario el otorgamiento del acto por escritura pública.
Sin costas por no mediar contradicción (art. 68/69).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 3845 SCBA) remitiéndose copia digital de la presente resolución a los domicilios electrónicos de las respectivas partes que se detallan a continuación.- Devúelvase.-
Fin de la sentencia