Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 74374
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada por los fundamentos expresados.
2Imponer las costas de Alzada a las coherederas María Fernanda y María Florencia Carieri, en su condición de vencidas.
3Diferir la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna.
En General San Martín, a los días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Presidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez (Acs. Exts. 666 y 819 de esta Excma. Cámara), con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 74.374 caratulada “CARIERI, SALVADOR y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTADO”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Pérez, Scarpati.-
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Pérez dijo:
I. El pronunciamiento de fojas 307 decide homologar los convenios partitivos a los que arribaran las herederas, a la luz de los instrumentos suscriptos a fojas 80/81 y fojas 121/122.
La coheredera María Laura Carieri apela la resolución a fojas 308 y funda su recurso en la pieza de fojas 315/318, replicada a fojas 329/336.
II. La agraviada solicita que se deje sin efecto el pronunciamiento homologatorio.
Considera que obstaba a la posibilidad de su dictado: 1º) el incumplimiento de la legalización del testamento de fojas 117/119 requerido por el agente fiscal interviniente en su dictamen de fojas 124; 2º) la falta de ratificación por su parte del acuerdo particionario de fojas 121/122, conforme lo ordenado a fojas 123 tercer párrafo; 3º) la omisión de constatar el avalúo de los bienes denunciados en el escrito de fojas 82/83 y en la cláusula segunda del acuerdo de fojas 121/122, cuyos valores, asegura, fueron duplicados arbitrariamente, con lo que se perjudicó a su parte en la adjudicación de los bienes hereditarios y se vulneró la legítima hereditaria; 4º) la inaplicabilidad del artículo 3462 del Código Civil que la señora juez “a quo” citara en el pronunciamiento recurrido; 5º) la falta de manifestación bajo juramento por los herederos de la voluntad de ellos de asumir la obligación de pago de los impuestos y tasas que gravan los inmuebles, según el artículo 5º de la ley 22,427; 6º) la falta de aprobación judicial del testamento de fojas 117/119, al haber sido él ponderado en el acuerdo partitivo; 7º) el cómputo de porcentuales erróneos al calibrar las partes alícuotas asignadas a las distintas herederas sobre la masa indivisa, y 8º) la omisión incurrida por el juez de resolver las denuncias sobre irregularidades que afectaran tanto el proceso como al inventario de bienes integrantes del acervo.
Destaca también que la señora juez “a quo” ha decidido suspender las inscripciones de las declaratorias de herederos y que ciertos bienes denunciados como integrantes del acervo hereditario no pertenecen a los causantes en su totalidad.
Estima también que no se han respetado las disposiciones de los artículos 761 y 766 del CPCC. Repara en que los informes de dominio e inhibiciones personales de los causantes se hallaban vencidos al dictarse el auto homologatorio.
Entiende que el dictado de ese pronunciamiento le acarrea un gravamen irreparable, al ver reducida su porción en la legítima hereditaria, de modo manifiesto y arbitrario. Resalta que se ha duplicado maliciosamente la valuación del inmueble que se le ha adjudicado, que el inventario y el avalúo no fueron aprobados por el juez y que, en lo sustancial, no se ha respetado el procedimiento que debe seguirse para otorgar eficacia jurídica al acuerdo particionario.
III. Las restantes coherederas, María Fernanda y Maria Florencia Carieri, controvierten los argumentos de la recurrente al contestar el traslado de la memoria.
En lo sustancial, destacan que: 1º) la falta de legalización del testamento fue subsanada a fojas 299/301; 2º) la supuesta omisión de notificar el auto de fojas 123 no invalida la partición privada; 3º) la apelante suscribió en calidad de parte los acuerdos partitivos que ahora cuestiona; 4º) el inventario y avalúo resultan innecesarios frente una partición privada, acordada por la totalidad de los coherederos legitimados, todos ellos mayores y capaces; 5º) el error al consignar la disposición del artículo 3462 del Código Civil en lugar del artículo 2369 del Código Civil y Comercial no puede dar lugar a la invalidación, ni a la revocación del pronunciamiento cuestionado; 6º) se ha cumplido el deber previsto en el artículo 5º de la ley 22.427, pues del propio texto de la partición realizada surge precisamente que cada parte asume todos los gastos relativos a la inscripción de los bienes que reciben, lo que incluye cualquier pago que pueda obstaculizar esas diligencias; 8º) la falta de aprobación del testamento no obsta al otorgamiento y homologación del acuerdo otorgado, y 9º) que, lejos de perjudicar a la recurrente, el acuerdo incrementa y mejora la participación que a ella le correspondía.
IV. Anticipo que el recurso debe prosperar.
IV.1. Los actos partitivos celebrados a fojas 80/81 y fojas 121/122 configuran particiones privadas en los términos del artículo 2369 del Código Civil y Comercial, al congregar a la totalidad de las herederas de los sucesivos causantes (y la cónyuge supérstite, en el primer sucesorio) y al resultar sus otorgantes, “prima facie”, plenamente capaces y legitimados. De tal suerte, tales actos pueden otorgarse “en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes”, según prescribe esa disposición.
Reunidos los requisitos para plasmar este tipo de partición, esta Sala (causa Nº 71.331) ha dicho que: 1º) se admite la posibilidad de que se adjudiquen lotes desiguales sin compensación, porque el fin del acto es hacer a cada uno dueño exclusivo de lo se le asigna, y 2º) nada impide que, al momento de realizar la liquidación entre mayores y capaces, algunos de ellos obtengan partes menores, o diferentes, por motivos personales, al quedar gobernado el contrato por el principio de autonomía de la voluntad (artículo 958, Código Civil y Comercial). Remató diciendo el Tribunal que la partición privada no pierde tal carácter cuando se hayan pactado lotes desiguales sin compensación alguna a favor del heredero al que se le adjudicaron bienes por menor valor que el de su porción hereditaria (causa citada).
El artículo 2342 del Código Civil y Comercial admite la sustitución del inventario por la denuncia de bienes realizada por manifestación de voluntad de todos los herederos, a menos que el inventario hubiera sido pedido por acreedor o lo imponga otra disposición de ley. El inventario debe incluirse en el instrumento particionario, como base de la partición, sin que el avalúo de los bienes resulte necesario ante el acuerdo unánime de los herederos, por lo que su eventual omisión no acarrea la nulidad del acto partitivo (“Código Civil y Comercial. Tratado exegético”, Alterini J.H. Director General, tomo XI, página 388, Editorial La Ley, año 2015).
IV.3. Más allá de esas aclaraciones que permiten, por la naturaleza de los actos partitivos celebrados, dar respuestas a algunas objeciones de la coheredera apelante, existe, empero, un íter procesal soslayado, que devenía necesario para el dictado del pronunciamiento homologatorio. Ese eslabón previo no es otro que la aprobación del testamento invocado por sus supuestas beneficiarias, que requería de la tramitación de la correspondiente sucesión testamentaria.
a) El acuerdo particionario presentado por las coherederas a fojas 121/122 alude, en su cláusula primera, al testamento otorgado por la madre fallecida a 2 de sus 3 hijas, María Fernanda y María Florencia Carieri. Por la incidencia de la disposición de última voluntad en la participación hereditaria de las descendientes beneficiarias, esa misma cláusula gradúa el porcentual asignado a cada heredero con los incrementos derivados de la mejora correspondiente a la porción disponible.
Los lotes indicados en las cláusulas subsiguientes tienen en cuenta, según se desliza expresamente en la cláusula segunda, las proporciones indicadas en la primera, que comprenden, insisto, los incrementos resultantes del testamento invocado en autos.
b) La disposición testamentaria en cuestión fue denunciada en autos en la presentación de fojas 120, por la entonces letrada patrocinante de la totalidad de las herederas, Dra. Sandra B. Cilia. El Fiscal Departamental Adjunto indicó, en la pieza de fojas 124, que previo a emitir su dictamen requerido en el auto de fojas 123, correspondía legalizar el testamento. La misma letrada, patrocinante en esa oportunidad de las 2 herederas presuntamente beneficiarias del testamento, denunció el cumplimiento de la requerida legalización en su presentación de fojas 303. Empero, no se imprimió trámite alguno a esa presentación y se dispuso, tras ordenarse su agregación por el actuario (fojas 304), la homologación de los acuerdos partitivos presentados en autos.
c) El testamento invocado es, según el texto mismo del acuerdo partitivo de fojas 121/122, un antecedente jurídico de los derechos determinantes de las asignaciones que allí se dispusieran.
De tal suerte, la posibilidad de convalidar judicialmente esa convención plasmada entre los coherederos requería, también como antecedente necesario, el seguimiento de los pasos procesales previstos en el artículo 742 del CPCC y, como corolario, la aprobación del testamento en los términos y con los alcances de la disposición subsiguiente.
Ese acto aprobatorio es esencial dentro del proceso testamentario y equivale jurisdiccionalmente a la declaratoria de herederos en la sucesión intestada (conf. Morello, Passi Lanza y Berizonce, “Códigos Procesales...”, tomo IX, página 273, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, año 1979; Falcón E.M., “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo VII, página 214, Rubinzal Culzoni, año 2007).
En el caso de la convención particionaria de fojas 121/122, si la declaratoria comportaba un paso precedente necesario para la homologación del acuerdo labrado entre sucesores declarados tales en el pronunciamiento, también lo es, “mutatis mutandi”, el auto homólogo en la testamentaria, por el que el juez se pronuncie sobre la validez de esa disposición de última voluntad, con los alcances del citado artículo 743 del CPCC.
El acuerdo en cuestión, al fin de cuentas, computa las participaciones hereditarias de las sucesoras sobre la masa indivisa adquiridas tanto sobre la parte legítima (deferida en forma intestada, con declaratoria dictada a fojas 111), como sobre la porción disponible, cuya causa transmisiva se arraiga en el testamento esgrimido en estas actuaciones.
d) En materia registral impera, en carácter de regla general, el principio del tracto sucesivo.
El artículo 15 de la ley 17.801 prevé que “no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente” y añade que “de los asientos existentes en cada folio deberán resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones”. El tracto sucesivo importa la exigencia de previa inscripción del derecho en cabeza de su disponente, ya que no se admite el ingreso al registro de un documento en el que no sea él quien invista ese carácter (Kiper C. en “Tratado de Derechos Reales”, 2da edición actualizada, tomo II, página 685, Rubinzal Culzoni, año 2017).
El artículo 16 del citado ordenamiento consagra el denominado “tracto abreviado”, que exime de la necesidad de inscripción o anotación previa al disponente para lograr la inscripción de un documento que él otorgue en ciertos casos. El inciso “c” del precepto incluye dentro de esta situación de excepción al supuesto de los documentos otorgados como consecuencia o relativos a la partición de bienes de la herencia.
En este sentido, la inscripción del causante sirve de soporte de la inscripción de la adjudicación del heredero, por lo que se salta un eslabón en el tracto, quedando eliminado el asiento relativo al derecho hereditario (Adorno L.O. y Marcolín de Adorno M. en “Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801. Comentada y anotada”, 2da edición, página 279, Editorial Hammurabi, año 1989). De tal suerte, la inscripción de la partición hereditaria no se apoyará en la previa anotación del derecho hereditario, sino en la inscripción anterior a favor del causante.
Se trata, el mencionado, de una simplificación del procedimiento de inscripción, fundado en un elemental principio de economía procesal. En vez de asentarse 2 o más asientos, en uno solo se concentran los diversos actos dispositivos (Kiper C, obra y tomo citados, página 686).
La instauración del tracto abreviado o comprimido no implica la inaplicabilidad del principio del tracto sucesivo. En estos casos, la verificación del cumplimiento del requisito del tracto aludido se traslada al instrumento en que se documenta el acto dispositivo, sea éste de naturaleza judicial o notarial. En estos casos, el encadenamiento se vuelca no ya en las inscripciones, sino en los propios documentos con vocación registral. El tracto sigue siendo sucesivo, pero se encuentra comprimido en una única actividad inscriptora (Kiper C., obra y tomo citados, página 686).
En consonancia con estas conclusiones, el apartado final del citado artículo 16 consigna que, en todos los casos comprendidos en su texto, “el título deberá expresar la relación de los antecedentes del dominio o de los derechos, motivo de la transmisión o adjudicación, a partir del que figure inscripto en el Registro”.
e) En este contexto, el adecuado respeto del mentado principio, que debe observar estricto orden cronológico (artículo 14 último párrafo, ley 17.801), exige que, previo al dictado del auto homologatorio requerido, se decida la aprobación del testamento invocado, a fin de plasmar el acto procesal que decida sobre la validez formal del título que sirve también de antecedente necesario del acuerdo particionario en que las herederas beneficiarias hicieran valer el propugnado acrecimiento de sus alícuotas hereditarias, con fundamento de esa disposición del última voluntad.
f) No ignoro que la observación en la que afinco estas conclusiones incide sólo en el acuerdo de fojas 121/122, mas no la convención que la precediera (fojas 80/81), que se realizó en el marco de la sucesión Salvador Carieri, padre y marido de las allí contrayentes, sin que en ese proceso universal se esgrimiera disposición testamentaria suya alguna.
Mas la homologación fue pedida por los interesados respecto de ambos acuerdos (fojas 294/295 y fojas 305/306), por lo que la pendencia de recaudos procesales habilitantes para convalidar el segundo impone el rechazo total del pedido, teniendo en cuenta la posible o hipotética conexión o ensamble entre ambos negocios declarativos (artículo 1073, Código Civil y Comercial). Ello sin mengua de la eventual reformulación de la solicitud que pueda realizarse en la instancia anterior una vez devueltas las actuaciones, a fin de acotarla, en su caso, al primer acuerdo y sin perjuicio de lo que pudiere decirse al respecto.
V. Por lo expuesto, propongo: 1º) revocar la resolución apelada por los fundamentos expresados; 2º) imponer las costas de Alzada a las coherederas María Fernanda y María Florencia Carieri, en su condición de vencidas (artículo 68, CPCC), y 3º) diferir la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna (artículo 31, ley arancelaria).
Voto por la NEGATIVA.
La señora juez Scarpati, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo precedente SE RESUELVE: 1°) REVOCAR la resolución apelada por los fundamentos expresados. 2º) IMPONER las costas de Alzada a las coherederas María Fernanda y María Florencia Carieri, en su condición de vencidas. 3º) DIFERIR la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia