Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la decisión recurrida de fecha 28 de agosto dejándose establecido que se tiene por subsanada la personería invocada por el Sr. Manuel Ordas Carboni, correspondiendo que se provea la petición formulada en la presentación del día 10 de agosto del año en curso. Postergase la regulación de honorarios para su oportunidad.
AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I. Mediante la resolución de fecha 28 de agosto del corriente año, el sentenciante de la instancia anterior dispuso no hacer lugar a la sustitución de poder efectuada mediante carta poder, debiendo la misma efectuarse por los mismos medios que el poder originario, es decir por escritura pública.
Para así decidir entendió que más allá de la libertad en la elección de las formas que consagra en materia de actos jurídicos el artículo 284 del Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo con el artículo 363 del Código citado que establece la forma que debe observar el apoderamiento en los casos de representación voluntaria, resulta aplicable en las presentes actuaciones el artículo 47 del C.P.C.C con relación a la forma en que deben ser instrumentados los apoderamientos judiciales, esto es la escritura pública.
Contra tal forma de pronunciarse la letrada patrocinante interpuso revocatoria con apelación en subsidio, remedio denegado el día 11 de septiembre, siendo concedido el recurso en relación (art. 248 CPCC). En sus agravios expone en síntesis, que el artículo 1017 del Código Civil y Comercial no contempla la obligatoriedad de la escritura pública para el otorgamiento de poder judicial dando libertad a las partes respecto de la forma de su otorgamiento y que la previsión del artículo 47 del C.P.C.C. no puede limitar los derechos reconocidos en la ley de fondo.
II. Abordando la tarea revisora, se detalla que el proceso sucesorio fue iniciado por los herederos Carlos Cesar Ordas, Sebastián Ordas Cardoni, María Ordas Cardoni y Manuel Ordas Cardoni a fs. 15/16, habiéndose dictado declaratoria de herederos con fecha 6 de agosto del corriente año.
Que con fecha 10 de agosto se presentan en autos el Sr. Carlos Cesar Ordas por su propio derecho y Manuel Ordas Carboni por sí y en representación de sus hermanos Sebastián Ordas Carboni y María Ordas Carboni, con el patrocinio letrado de la doctora Daniela Silvia Defranco y solicitan la designación como administrador de la sucesión del Sr. Carlos Cesar Ordas, acompañando copia de poder general amplio de administración con clausulas expresas pasado por ante escribano público con fecha 26 de marzo del corriente, del cual surge que los herederos Carlos Cesar Ordas, Sebastián y María Ordas Carboni han otorgado poder general amplio a favor de Manuel Ordas Carboni para que en su nombre y representación realice actos de administración, operaciones bancarias, tramites administrativos y tramites judiciales.
Que acto seguido con fecha 14 de agosto el sentenciante de origen señaló que atento a que los poderes para intervenir en juicio deben ser otorgados a favor de abogados de la matrícula y dado que no se advierte que el Sr. Manuel Ordas Carboni revista tal carácter, deben los herederos Sebastián y María Carboni comparecer en autos con patrocinio letrado o por apoderado o bien el Sr. Manuel ordas Carboni sustituir el poder que le fuere otorgado en favor de un letrado.
A continuación, y dando cumplimiento con lo señalado por el magistrado, se acompaña en autos carta poder otorgada por el Sr. Manuel Ordas Carboni por sí y en representación de los herederos Carlos Cesar Ordas y Sebastián y María Ordas Carboni, mediante la cual da, confiere y sustituye el poder especial a favor de la Dra. Defranco. Reiterándose el pedido de que se designe como administrador de la Sucesión al Sr. Carlos Cesar Ordas.
III. Ha dicho esta Sala en otras oportunidades que de conformidad a las distintas normas que regulan lo atinente a la forma de actuar en juicio y la acreditación de la personería invocada, no es posible actuar ante los tribunales de justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación legal expresamente contemplados, de modo que, habiéndose dado mandato a un tercero no profesional, éste debe suplir su inhabilidad sustituyéndolo en un abogado o procurador (conf. esta Sala, causa 89.081, reg. int. 425/02, 99.538, reg. int. 37/03, 107.796, reg. int. 9/07, 121250 reg. int. 25/17, e. o.).
En el caso de autos, el Sr. Manuel Ordas Carboni sustituyó el poder que le fuere otorgado por los herederos (mediante escritura pública de fecha 26 de mazo de 2018) en favor de la Dra. Defranco, dicha sustitución fue efectuada mediante carta poder, entendiendo el sentenciante de origen que la misma debió efectuarse por escritura pública (art. 47 del C.P.C.C.).
Sentado lo expuesto, corresponde señalar que mediante la Ley 26.994 se aprobó un nuevo Código Civil y Comercial unificado que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015 (Ley 27.077), siendo dicho cuerpo legal de aplicación al caso en virtud que el poder acompañado es de fecha 26 de marzo de 2018 y la carta poder por la cual se sustituye el mismo es del mes de agosto del corriente año.
En tal normativa rige en materia contractual el principio de libertad de formas (art. 284). En consonancia con la vigencia del principio de autonomía de la voluntad, la regla es que para la validez de un acuerdo no resulta necesario cumplir con formalidad alguna, bastando la sola manifestación de voluntad con los requisitos establecidos para la formación del consentimiento. De la misma manera que es constitutivo del principio de autonomía negocial elegir el contratante con quien se quiere celebrar el acto como así también elegir libremente el modo de regulación de los intereses, también rige la regla de que no es necesario que la manifestación de voluntad tenga que adecuarse al cumplimiento de solemnidades. Por ello, el criterio general del ordenamiento jurídico es que los contratos no son formales como regla y sólo deben cumplir exigencias de forma por excepción, cuando ellas provienen impuestas por la ley o por el acuerdo de las partes (Ariza, Ariel "Código Civil y Comercial de la Nación - Comentado" Director: Lorenzentti, Ricardo Luis; Ed. Rubinzal - Culzoni; Tomo V, pág. 763).
Analizando el caso de autos, cabe mencionar que conforme estatuye el art. 363 del código citado el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar, es decir, que dicho acto jurídico determinará la forma que debe revestir.
El artículo 1015 del mismo cuerpo legal establece que son formales los contrato a los cuales la ley les impone una forma determinada. Y el artículo 1017 establece que deben ser otorgados por escritura pública: a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedando exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa; b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles; c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública; d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública.
Sentado ello, conforme han señalado los distinguidos colegas de la Sala II (integrada) en la causa 120.272 (reg. int. 133/2016) el Código Procesal es un conjunto de disposiciones tendiente a desarrollar un juicio justo, por el cual, en palabras de Francesco Carnelutti, se logre resolver los conflictos y comprobar o tutelar las relaciones no litigiosas (autor citado, “Estudios de Derecho Procesal”, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1952, Tomo I, pág. 67). Por el sistema de gobierno de nuestro país, su dictado está reservado a las Provincias (arts. 5, 121 y sig., Const. Nac.) y por su intermedio el Juez aplica las normas de los Códigos de derecho común, cuyo dictado fue delegado al Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, Const. Nac.). Por ende, no puede el legislador provincial hacer modificaciones a aquellas materias atribuidas al legislador nacional (art. 75, inc. 12, CN), entre ellas, los contratos. Aun cuando el legislador provincial debe asegurar la prestación del servicio de justicia, ello lo será en la aplicación de las normas que integren el universo jurídico, ya sea creadas por el Congreso de la Nación o las legislaturas locales.
También allí se dijo, que el anterior artículo 1184 inc. 7 del Código Civil ya derogado disponía que el poder de representación en juicio se debía realizar por escritura pública. Es así que cuando el letrado intervenía en el proceso con poder de su cliente, debían respetarse las formas que la ley de fondo establecía para su otorgamiento. Fue ante aquel marco general que el art. 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia prevé la instrumentación del mandato frente al Actuario cuando el valor del proceso fuera inferior a 120 jus. En esos casos, el fedatario de ese acto de apoderamiento otorgado por un particular al abogado que lo representa deja de ser ante un escribano para concretarse ante el Secretario del órgano.
Y en esta misma linea argumental la Suprema Corte estableció en el marco del “Protocolo para presentaciones electrónicas” que a los fines de que los peticionantes que actúen por derecho propio confieran poder suficiente a su letrado para realizar presentaciones electrónicas y no se encuentren comprendidos en los supuestos enunciados por los arts. 46 y 85 del CPCC, la parte podía en el momento de producirse la adhesión conferir poder suficiente frente al Secretario labrándose el acta pertinente (Ac. 1827 y Resolución 3415, acápite 2 –cuarto párrafo-). Normativa que se encuentra derogada por el Acuerdo 3886, que entró en vigencia recientemente -1 de junio del corriente-.
En este contexto, también se ha señalado en la decisión mencionada dictada por la Sala II, que de haber una disposición que haya nacido a resguardo de la ley anterior y fuera contraria al nuevo orden público interno, aquélla se deberá adaptar al nuevo sistema -en tanto, como es en este supuesto, las mismas son operativas y consecuencia de las de derecho común-. No se podría continuar estando por la validez de disposiciones que responden a una ley ya derogada. Sería una forma de continuar perviviendo una ley ya desaparecida. De así suceder, habría una divergencia temporal, porque el Código Procesal reflejaría a un Código sustancial ya perimido. Dicho en otras palabras, el Código Procesal mantendría viva una disposición fenecida, desaparecida del universo normativo actual y cuya sobrevivencia no le es atribuible a las legislaturas locales.
En consecuencia, el auto atacado debe revocarse pues como acaba de verse, siendo de aplicación en la materia el principio de libertad de formas, la sustitución del poder para actuar en juicio efectuada mediante carta poder a favor de la Dr. Defranco, es suficiente para tener por subsanado el defecto que contenía la petición de fecha 10 de agosto mediante la cual se solicitaba que se designe administrador de la sucesión al Sr. Carlos Cesar Ordas (esta Sala, causa 123695, reg. int. 163/18).
POR ELLO, se modifica la decisión recurrida de fecha 28 de agosto dejándose establecido que se tiene por subsanada la personería invocada por el Sr. Manuel Ordas Carboni, correspondiendo que se provea la petición formulada en la presentación del día 10 de agosto del año en curso. Postergase la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia