Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 118414
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV
Causa N° 118414; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº21 - LA PLATA
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
REG.HON.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 23 de Mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a tratar:
a) El recurso de apelación interpuesto por la co-heredera y cesionaria S. Castello a fs. 564 contra el auto de fs. 560 en cuanto ordena que previo a fijar la audiencia peticionada a fs. 559 a efectos de establecer pautas para la partición de la herencia, debe cumplirse con la regulación de honorarios por las sucesiones de Esteban Colombini y Antonia Merlo y cumplimentarse con la tercera etapa de los sucesorios de Angel José Colombini y Francisca Salinas conforme fuera resuelto a fs. 547/5 por esta Sala.
El recurso se concedió a fs. 566 y resultó sustentado con el memorial obrante a fs. 570/572, que mereciera réplica sólo de María Cristina Fukelman a fs. 578/580 (v. fs. 596).
b) El auto regulatorio de fs. 563, mereció impugnación por parte de co-heredera Sra. Fukelman respecto del monto de los honorarios allí fijados por considerarse altos, remedio que fuera concedido a fs. 568 en los términos del artículo 57 del decreto ley 8904/77.
Asimismo, dicho auto mereció también impugnación por parte del doctor Alsina a fs. 574 (escrito electrónico) por considerar altos (por su mandante) y bajos (por su propio derecho) los estipendios establecidos a fs. 563, recursos que fueran concedidos a fs. 577 puntos 1 y 2 (art. 57 del decreto ley 8904/77). Sin perjuicio de ello, también promovió incidente de nulidad del auto regulatorio.
c) El recurso de apelación interpuesto el día 30 de agosto de 2018 por el doctor Alsina, contra el decisorio de fs. 577 que proveyendo el escrito de fs. 573/574 (v. ahora fs. 575/576) desestima el incidente de nulidad allí articulado.
El mismo se concedió a fs. 584, se fundó a fs. 586/589 y fue replicado a fs. 591/592 sólo por la co-heredera Fukelman (v. fs. 596).
II. Abordando el tratamiento del primer recurso propuesto cabe indicar en forma previa que el apelado a fs. 578/580 punto II plantea su improcedencia, por tratarse de una providencia simple contra la que se interpuso una revocatoria que fue denegada, sin que se haya planteado en los términos del artículo 241 del CPCC la apelación en subsidio. Sostiene que aquélla decisión denegatoria devino en ejecutoria y ha dejado firme la providencia cuestionada, por lo que considera que ha sido mal concedido por el Juez a quo.
Cabe indicar al respecto que el recurrente no apeló el decisorio que resuelve la revocatoria, sino que interpuso a fs. 564 oportunamente reposición no obstante lo cual también apeló en forma directa el auto de fs. 560 (v. fs. 564 punto II).
Sentado ello, deviene improcedente atacar un decisorio por dos vías impugnativas que resultan incompatibles entre sí, ya que si se intenta una reposición (art. 238 del C.P.C.C.), su decisorio hará ejecutoria salvo que hubiese sido acompañada de la apelación subsidiaria y el resolutorio sea pasible de ser atacado por ese tipo de recurso (art. 241 Código citado). Concretamente, no puede intentar el justiciable la reposición de un decisorio y a su vez atacarlo por apelación directa (art. 242, 246 del C.P.C.C.).
No obstante, ello y a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio, ante ese supuesto debe el Juez de grado desestimar el tratamiento de la reposición y conceder directamente el recurso de apelación, desbaratando de ese modo el intento de impugnar el auto por dos vías distintas e incompatibles, pues corresponde interpretar las normas de un modo que conserve el ejercicio de los derechos y no que los cercene (arg. arts. 34 inc. 5 apartado c; 36 inc. 2 y conc. del C.P.C.C.; 18 C.N.).
Es por ello, que más allá de señalar que las vías elegidas ab initio por el recurrente resultaban incompatibles entre sí, la concesión de la apelación directa deviene en este caso procedente (arts. 242, 246 y conc. del C.P.C.C.).
III. Liminarmente cabe indicar cuál es la ley sustancial aplicable al caso, dado que se citan como operativas normas del nuevo Código.
Es entonces que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar la cuestión con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
Por otra parte, tratándose de un juicio sucesorio, el actual artículo 2644 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento.
En el caso, se verifica que los causantes fallecieron todos con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (v. certificados de defunciones de fs. 5, 6, 8,9), quienes se domiciliaban, todos en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.
Es en este sentido que, tratándose de un juicio sucesorio, deberá aplicarse entonces la ley vigente al momento del deceso de los causantes, que es anterior, en todos los casos, a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (art. 3 C.C.; art. 7 y conc. del C.C.C.N.; ley 26.994).
IV. Ahora bien, no se avizora cual es el agravio que pretende subsanar el apelante a través del primer recurso en tratamiento.
La finalidad primordial de la partición es, adjudicar los bienes relictos y poner con ello fin a la comunidad o indivisión hereditaria (arts. 3462 y sgtes. Código Civil). Asimismo, que “El contenido de la adquisición a título universal, representado por el todo o una parte alícuota de la herencia, obtiene, mediante la partición o división, existiendo pluralidad de sucesores, una atribución concreta entre ellos de las titularidades comprendidas en la herencia. La abstracción representada por la cuota en la universalidad… se concreta… en derechos exclusivos sobre determinados objetos de adquisición que, así, se incorporan al patrimonio del sucesor ut singuli.” (Zannoni, Eduardo A., “Derecho Civil. Derecho de las Sucesiones”, Ed. Astrea, 4ta. Edición, T ° 1., págs. 629, 701, 706).
El artículo 3503 del Código Civil prescribe que: “Se juzga que cada heredero ha sucedido sólo e inmediatamente en los objetos hereditarios que le han correspondido en la partición, y que no ha tenido nunca ningún derecho en los que han correspondido a sus coherederos; como también que el derecho a los bienes que le han correspondido por la partición, lo tiene exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus coherederos”.
Es decir, la partición es declarativa y no atributiva de derechos, dado que los bienes comprendidos en la porción de cada heredero le pertenecen en propiedad desde el momento mismo de la muerte del causante y que son recibidos directamente del mismo y no de sus coherederos.
La norma considera que cada heredero ha recibido del causante sólo e inmediatamente los bienes comprendidos en su hijuela y que no tiene derecho alguno sobre los bienes atribuidos a los otros coherederos.
Asimismo, la partición privada exige que se contemplen los instrumentos que hagan posible, luego, la concreción y la inscripción de los bienes que corresponden a cada heredero, a su nombre, de modo de garantizar el derecho pleno de los adjudicatarios (arg. arts. 3474, 3475 y conc. del C. Civil).
En virtud de lo expuesto, si bien es cierto que la partición puede ser pedida en la oportunidad prevista en el artículo 761 del C.P.C.C., ya se ha indicado en estas actuaciones que se trata de un solo inmueble, por lo que la partición no puede realizarse con los efectos que prevé el artículo 3503 del C. Civil. Por ello, es necesario que la inscripción de las declaratorias de herederos de los diferentes sucesores que involucren al mismo bien deban estar al menos ordenadas, porque de otro modo no se puede lograr luego una transferencia del dominio a quien sea adjudicatario o comprador, si así los herederos eligen dividir la herencia (arg. arts. precitados).
La posibilidad de subdivisión del inmueble que denuncia el apelante (v. informe de fs. 302/309) no lo torna partible en sí, porque previo a ello deberían ser efectuados, eventualmente, los trámites pertinentes ante los organismos que correspondan a los efectos de inscribir los documentos que demuestren que el bien puede ser afectado a ese modo de división, y, por ende, proponer posteriormente la adjudicación de cada parte a un co-heredero y/o cesionarios que actúan en autos. Es que, de otro modo, no puede aplicarse la norma del artículo 3503 del Código Civil; como con la obligación de los co-herederos que deben entregar los títulos y/o documentación que permitan la inscripción de la declaratoria y/o acuerdo particionario.
Conforme lo expuesto y más allá de los argumentos subjetivos que vierte el apelante en torno a la negativa u obstaculización de la pretensa partición por parte de los co-herederos o sucesores y/o cesionarios o del Juzgado interviniente, es lo cierto que no se advierten en el caso configuradas esas circunstancias, porque las actuaciones no se encuentran aún con la posibilidad de acudir a la forma de división de la herencia que el apelante pretende.
No obstante ello, si así el Juez de grado lo considera para poder avanzar sobre ese estadio, podrá convocarse a una audiencia para establecer el modo que las partes unánimemente decidan dividir la herencia, lo que impondrá a todas –de llegar a un acuerdo- a realizar concretamente las gestiones necesarias para realizar la partición en la forma que convengan.
Corresponde, pues, rechazar el remedio intentado, con costas de Alzada al vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
V. Se impone ahora, el tratamiento del recurso de apelación contra el rechazo de la nulidad articulada respecto del auto regulatorio.
1. Planteó oportunamente el nulidicente incidente de nulidad contra el auto regulatorio por sostener: 1) omisión en el mismo de manifestar el monto de la base regulatoria de honorarios, lo que le impide determinar el porcentaje aplicado en cada caso, violándose así en forma palmaria el art. 15 inc. a), Ley 14.967 o el art. 35 y conc. Dec. Ley 8904/77, y además, sostiene que no se ha hecho en la unidad “Jus”, como lo exige el art. 15 inc. d), Ley 14.967; b) omisión de sustanciar con los demás herederos para la conformación de la masa partible, o monto del acervo hereditario, que debe ser la base regulatoria de honorarios, alegando la existencia de gastos reconocidos como costas comunes y a cargo de la masa que integran el acervo hereditario de los causantes y no han sido tenidos en cuenta en la regulación de honorarios efectuada errónea y presurosamente por el Juzgado; c) Omisión de computar créditos judiciales contra terceros, art. 68 CPCC, y deudas de solidaridad por costas, art. 58 Dec. Ley 8904/77 y art. 58 Ley 14.967, sosteniendo que la masa partible hereditaria no sólo comprende el bien inmueble denunciado por uno de los coherederos, sino que merced al reconocimiento expreso de los herederos declarados, intervinientes en la audiencia realizada el 29 de abril de 2016, se integra con créditos por costas judiciales y deudas imputables a la masa, art. 2.376 del Código Civil Ley 26.994, y ello no ha sido tenido en cuenta en el citado auto regulatorio.
Sostuvo como perjuicio a subsanar: a) que la carencia de monto del acervo hereditario hace incurrir al auto regulatorio de honorarios en una palmaria nulidad por afectar el derecho de propiedad de cada heredero, art. 17 de la Constitución Nacional, y ello por ignorarse no sólo la base regulatoria y el porcentaje aplicado en cada fijación de honorarios, sino por ausencia de sustanciación pertinente ante la pretensión de un heredero ante los demás coherederos y letrados, no existiendo comunidad unánime de intereses en este sucesorio; b) que se ha violado el derecho de la parte y también del letrado, al conformar la base regulatoria de honorarios en forma incompleta e insuficiente, sin consentimiento de los demás interesados en la cuestión, procurando subsanar este defecto de procedimiento, para arribar a una base regulatoria de honorarios consensuada, que permita luego fijar los estipendios profesionales que correspondan por derecho, conf. art. 35 Dec. Ley 8904/77 y arts. 15 y 35 Ley 14.967.
2. El Juez de grado sostuvo que el incidente de nulidad solo opera frente a las omisiones o defectos de procedimiento en sí, ya que los pronunciamientos que deciden artículo o causen gravamen irreparable necesariamente deben ser atacados mediante el recurso de apelación que comprende el de nulidad (Morello, Sosa, Berizonce, "Código..." vol. II C 2° ed., Ed. Platense, SCBA. "Ac. y Sent." 1974, v.III p. 727; Gozaini, O. "Codigo... vol.I, pag. 361 y sig.). En virtud de ello, desestimó la nulidad articulada a fs. 573/4 en los términos en que ha sido planteada (arts. 34 inc. 5, 169 y conc. CPCC.).
3. El apelante vuelve a insistir sobre la temática, indicando que lo que se ha atacado fue justamente errores in procedendo y que invalidan, a su criterio, el procedimiento llevado a cabo para la determinación específica del monto del acervo hereditario de los causantes Esteban Colombini y Antonia Merlo, y que luego derivara en el auto regulatorio impugnado; que también debe ser declarado nulo por omisión de citar el monto de la base regulatoria, lo que impide evaluar la aplicación de los porcentajes prescriptos por la Ley de honorarios aplicable y que tampoco existe cumplimiento de regulación en “jus” para la tercera etapa de inscripción de la declaratoria de herederos”, regida por la Ley 14.967.
Argumenta sobre el rechazo in limine de la nulidad y su viabilidad.
VI. La reparación de los defectos de procedimiento o también denominados vicios in procedendo debe perseguirse mediante el respectivo incidente de nulidad, aún después de dictado el auto, resolución o sentencia, porque tales vicios deben ser subsanados en la misma instancia que se produjeron. De modo que al no plantearse en su oportunidad el respectivo incidente de nulidad (arts. 169 y conc. del C.P.C.C.), los vicios -de existir- quedan compurgados (arg. art. 170 mismo cuerpo legal).
No obstante ello, la eventual nulidad no puede ser subsanada por vía de recurso de apelación, porque la nulidad subsumida en este remedio procesal (art. 253 del C.P.C.C.) sólo es comprensiva de los vicios formales in iudicando o solemnidades para el dictado de la sentencia, requisitos señalados en el artículo 163 del Código ritual, como así que se configuren los presupuestos que la doctrina y jurisprudencia han sostenido para que la misma sea declarada, esto es haber puesto en peligro los derechos del reclamante y siempre que los agravios no puedan ser reparados por vía de la apelación interpuesta (art. 253 del CPCC, esta Sala, causa 101323, RSD 266/03, sent. del 23/10/2003, causa 95139, RSD 14/04, sent. del 12/02/2004, e/o).
Señalado ello, el Juez se encuentra autorizado a rechazar directamente la nulidad si entiende que los reclamos se encuentran dirigidos a impugnar vicios in iudicando que son propios de ser atacados mediante el recurso de apelación, pues no pueden ser materia de incidente de nulidad, ya que como se dijo, éste no comprende la reparación de un error de juzgamiento sino de procedimiento (arts. 169, 242 y conc. del C.P.C.C.).
VII. Previamente a dirimir el recurso, cabe indicar cuál es la ley aplicable al caso.
1. En principio la regulación de honorarios de los abogados debe efectuarse según las pautas establecidas por la norma vigente al momento en que fueron realizados los trabajos, conforme los lineamientos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires expuso en el antecedente I 73.016, “Morcillo”, resol del 8-XI-2017 (conf. SCBA LP C 114917 Sent. del 10/10/2018).
Sentado ello, la presente sucesión se inició durante la vigencia del decreto ley 8904/77 y es cierto que todos los trabajos que se pretenden remunerar en el decisorio de fs. 563 fueron realizados con anterioridad al 21 de octubre de 2017, oportunidad en que entró a regir la ley arancelaria 14.967.
Por ende, resulta aplicable al caso el decreto ley 8904/77.
2. No obstante ello, esta Sala También ha dicho que de la lectura de ambas normas se evidencia una divergencia en las proporciones que se han previsto a los efectos arancelarios entre las etapas, en tanto el dec.ley 8904 disponía que sea de 1/3 para cada una (inicio, trámites hasta la D.H e inscripción de los bienes) y la nueva norma que establece 1/4, para cada una de las dos primeras y ½ para la tercera (artículos 28 y 35 de ambas legislaciones).
Es así que en tanto la aplicación de legislaciones distintas en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley anterior (S.C.B.A. in re Morcillo, sent. del 8/11/2017; C.S.J.N. in re “Establecimientos Las Marías” sent. del 4/9/2018) puede afectar los intereses de los letrados o sus patrocinantes, por la incompatibilidad de ambos criterios legales, habrá de buscarse en lo posible el modo de su coordinación.
Sin perjuicio de ello, toda vez que las proporciones computadas en cada etapa del sucesorio son consideradas de manera diferente en el decreto ley 8904 y en la ley 14.967, se considera que habrá que estar a lo dispuesto en la primera normativa, pues fue la ley inicialmente aplicable en la especie para la división de las etapas, con alcance a todo el proceso sucesorio, división a la que habrán de atenerse tanto las partes como los letrados, ya que no es factible en el caso la coexistencia de ambos regímenes por justipreciar en forma distinta las mismas etapas (cfme esta Sala, (conf. esta Sala, causas 124.289 del 18/9/18, reg.hon. 83/18; 124.395 del 2/10/18, reg.hon. 101/18; 124.419 del 11/10/18, reg.hon.118/18; 124.497 del 11/10/18, reg.hon.119/18; 124.682 del 8/11/18, reg.hon.135/18; 124.768 del 15/11/18, reg.hon.152, e/o).
VIII. La nulidad consiste en que la falta de alguno de los requisitos exigidos para el acto procesal acarrea, por imperativo del ordenamiento jurídico, la pérdida de todos o parte de los efectos que el acto normalmente tendería a producir (Guasp, Jaime, "Derecho Procesal Civil", Madrid, 1956, pág. 314 y ss.). En el procedimiento puede incurrirse en vicio capaz de producir esa sanción, debiendo procurarse su declaración por vía de incidente (arts. 169, 170 del C.P.C.C.).
La nulidad procesal debe estar fundada en un vicio de forma. Si el vicio alegado se funda en una discrepancia relativa al modo de resolver, que se considera erróneo, tal tópico no puede proponerse a través de este remedio, sino que debe atacarse por las vías impugnativas pertinentes, de ser procedente.
Y en este caso, más allá del esfuerzo que realiza el nulidicente para fundar su recurso, las discrepancias propuestas son todas relativas a como, según su consideración, debió encaminarse el procedimiento previo para regular los honorarios, sin que se advierta en todos esos supuestos que ello importe incurrir el desvío del procedimiento, sino que tiene relación a la aplicación del derecho por parte del Juez de grado al caso concreto, materia propia del recurso de apelación.
Así, en primer término, cabe señalar que existe indicada la base regulatoria tomada en cuenta para establecer los honor
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