Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124400
AUTOS
I. Que el 12/04/19 el Dr. Hugo Severino, por sí y como apoderado de la heredera Norma Lidia Gonzalez, dedujo recurso de apelación contra la resolución del 5/04/19 (fs. 152/153) que dispuso tomar como base regulatoria la valuación fiscal del año en curso. Para así decidir el a quo tuvo en cuenta lo dispuesto por el art. 35 de la ley 8904/77, que la constancia de fs. 94 no fue aportada por la totalidad de los herederos, ni realizadas con el fin de efectuar actividades que resulten pertinentes al trámite del proceso sucesorio. El 3/05/19 presentó su memoria el letrado apelante. Defendió su postura e informó que antes de la petición de regulación de honorarios ambas herederas estuvieron de acuerdo en establecer la valuación en U$S 175.000, en la que además intervino un martillero de la zona.
Por ende, no existiría controversia sobre el valor determinado. Cuestionó, además, la carga de las costas, entendiendo que hubo exceso en su imposición. El memorial mereció réplica el 27/05/19. II.- En primer lugar debe recordarse que según el art. 35 del decreto ley 8904/77, tercer apartado, "cuando en el proceso constare un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal, dicho valor será considerado a los efectos de la regulación". Más al respecto cabe señalar que estimación y tasación deben haber derivado de actos propios y específicos del proceso sucesorio y no realizada con la única finalidad de engrosar la base regulatoria (esta Sala, causa 121.409 reg. int. 149/17).
Que el mayor valor aportado por la valuación o estimación debe interpretarse en el sentido que éstas deben haber sido efectuadas por los sucesores o herederos o por alguna otra circunstancia encontrarse agregadas en el proceso con anterioridad a la regulación de honorarios y además, debidamente aprobada (HITTERS - CAIRO, "Honorarios de Abogados y Procuradores", pp. 425/426). III.- Cabe repasar que a fs. 107 la co-heredera Norma Lidia Gonzalez y Fusaro denunció que el bien inmueble en cuestión iba a ser objeto de venta por tracto abreviado, denunciando que su valor ascendía a U$S 175.000. Agregó a fs. 94 autorización de venta otorgada a la inmobiliaria Roma, cuyo objetivo sería justamente concretar la operación.
El valor allí consignado es el referido por la Sra. Norma Gonzalez. Ahora bien, la oposición puesta de manifiesto a fs. 128/129 -presentación electrónica suscripta solo por la Dra. Rondinoni- se funda en que en aquella oportunidad la venta no se había concretado y que el precio de venta autorizado a la inmobiliaria no fue determinado por una operación firme. En decir, que la enajenación no se había producido. Sin embargo, reconoce que su parte dio autorización a la inmobiliaria para proceder a la venta del inmueble. Al no negarse la autorización -la de fs. 94- ni tampoco su contenido, cabe entender que la estimación realizada, con el fin de proceder a la venta del inmueble, ha sido con conformidad de ambas herederas -tal lo dicho a fs. 128-.
Ello así en tanto, se insiste, la oposición oportunamente planteada se justificó que la falta de concreción de la venta, tratándose de ver con ello una especie de condicionante del valor propuesto. Haber otorgado autorización de venta por un valor concreto es un hecho positivo, inequívoco y representativo de la voluntad de tener en miras ese importe con carácter estimatorio. Apartándose así de la valuación fiscal que pudira tener el bien. Debe avizorarse que el art. 35 citado, establece un principio (valuación fiscal) que podrá dejarse de lado cuando concurran tasación, estimación o valor de venta superiores, y se encuentren agregados a la causa. Existiendo dicho valor, aportado antes de la regulación y que, por caso, no lo ha sido con ese único fin, sino con el de posibilitar una inscripción por tracto abreviado, y que, asimismo, ha existido conformidad de los herederos en estimarlo a los efectos de una futura venta privada, es éste el que debe prevalecer por sobre la valuación fiscal aportada.
IV. En nada obsta tal conclusión el hecho sostenido por el Dr. Combal a fs. 161, punto 2.b, toda vez que la base para el cómputo de la tasa de justicia surge del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, no siendo aplicable para su determinación la ley 8904/77. V.- En consecuencia, debe hacerse lugar al recurso planteado y revocarse la resolución apelada, tomándose como base para la regulación de honorarios el valor que surge de la estimación de venta acordada por ambas herederas, que luce a fs. 94 (U$S 175.000). VI.- En función de la decisión que se adopta, corresponde modificar la imposición de costas impuesta a fs. 152/153. Las costas de primera y segunda instancia, atento las razones que aquí se han expuesto y la índole de la materia sometida a decisión, se impondrán por su orden (art. 68 del CPCC).
La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad. POR ELLO, se hace lugar al recurso y se revoca la resolución de fs. 152/153 debiéndose tomar como base regulatoria el valor que surge de la estimación acordada entre ambas herederas (U$S 175.000). Costas de ambas instancias por su orden. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia