Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 121372
En la ciudad de La Plata, a los doce días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar Lopez Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, por integración de la Sala Tercera, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ARCIDIACONO RAUL CARMELO S/SUCESION AB-INTESTATO (SE ACUMULO A ARCIDIACONO, CARMELO EXP. 44.035)", (causa nº 121372), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el Dr. Sosa Aubone.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Es justo el apelado decisorio del 371/372 ?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO: I. Que a través de las presentaciones efectuadas el día 18/12/2019 el Dr. Rapalini, abogado en causa propia, dedujo recurso de apelación y de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución del 14/12/2019. Rechazada la revocatoria el 26 de febrero, se concedieron seguidamente ambas apelaciones -directa y subsidiaria-. Que la apelación directa se fundó con la presentación del 1/03/2019 y la subsidiaria por el mismo escrito en que se dedujo (18/02/2019). En dichas presentaciones efectuó la interpretación que consideró acertada respecto a las cláusulas 5° y 6° del convenio de honorarios objeto de la controversia, propiciando su validez y consecuente aplicación, pese a su renuncia.
Por su parte, Teresa Dolores Roca y María Cristina Roca interpretaron que la renuncia del Dr. Rapalini implicó la nulidad del pacto de honorarios, por aplicación estricta de los términos de la cláusula en cuestión. II. En la anterior instancia se consideró, con fecha 27/12/18, que en virtud de la renuncia presentada por el Dr. Rapalini, se cumplió con la previsión de la cláusula 6ta. del convenio de honorarios de fs. 334/336 y por tanto carecía de virtualidad expedirse respecto a lo pedido por Susana Barazutti el 21/12/2018 y que, una vez firme, habiendo concluido los motivos que justificaban la remisión de los autos, se devolvieran al Juzgado de origen. El 5/02/2019 el apelante solicitó se revoque la referida providencia.
El 6/02/2019 se ordenó sustanciar la revocatoria con la contraparte, quién contestó el 8/02/2019 resolviéndose el 14/02/2019, en resolución que actualmente llega recurrida. III. Las partes no han controvertido la existencia del pacto de honorarios, sino más bien su sentido y alcance, en particular de la cláusula que causaría su nulidad. El convenio ha sido fechado 18 de noviembre de 2013, tiempo en el cual se encontraba vigente el Código Civil de Vélez, el Código de Comercio y el decreto ley 8904/77, los que serán aplicables al caso, máxime que la tarea a emprender será -insisto- desentrañar el sentido que ha de darse a uno de los pactos incluidos en el convenio de fs. 312/313 (la cláusula sexta), como se dijo, celebrado en aquél tiempo (artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
El centro de la atención se coloca en lo allí acordado que para un mejor estudio, habré de transcribir a continuación: "La renuncia del poder o la cesación del mandato o patrocinio por causas imputables al abogado, antes de terminar el juicio o la gestión encomendada, anulará el presente convenio de honorarios. Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio de los honorarios que puedan regularse judicialmente en proporción a la labor profesional efectivamente desarrollada". Debo recordar que el Dr. Rapalini propone que como interpretación correcta, debiera tomarse aquella en la que dicha cláusula absorbe los casos en que el profesional se aleja voluntariamente y no aquellos en que lo haga de manera forzada, como alega ser su caso, en función de la incompatibilidad absoluta emergente del cargo que pasó a desempeñar luego de realizar el pacto -funcionario del Poder Judicial- respecto del ejercicio liberal de la profesión de abogado.
No obstante, informó el pasado 4 de noviembre que dicha causal ha desaparecido, ya que renunció a la función que desempeñaba. IV. La cláusula controvertida guarda cierta analogía con el derogado artículo 7 del decreto ley 8904/77, que el propio Dr. Rapalini ha reconocido como fuente del pacto (ver puntos IV de las presentaciones del 18/02/2019 y 1/03/2019). Sin embargo, lejos esta de ser la "literal transcripción" que allí se sugiere. Véase: "El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, puede separarse del juicio en cualquier momento. En tal caso quedará sin efecto el contrato y sus honorarios se regularán judicialmente" (art. 7 dec-ley 8904/77). El lenguaje utilizado en la derogada norma de la ley arancelaria era claro y concreto, a punto tal que la consecuencia atribuida a la separación del abogado del juicio ya comenzado era "dejar sin efecto el contrato".
Diverso de como se plantea en la cláusula sexta del convenio de fs. 312/313, en el cual la renuncia o cesación del mandato, por causas imputables al letrado, origina su "nulidad". No es ello una consideración menor, puesto que mientras la nulidad implica un supuesto de ineficacia fundado en defectos o vicios estructurales del acto (en el caso, pacto de honorarios), el "dejar sin efecto el contrato" hace alusión a un hecho sobreviniente a su celebración, asimilable a un supuesto de resolución de pleno derecho por acaecimiento de una condición resolutoria legalmente prevista (que el abogado se separe del juicio), lo que supone necesariamente un contrato válido, no nulo (arts. 528, 553, 1037, 1038 del Código Civil, aplicables al tiempo en que se conformó el pacto; correlativos de los actuales arts. 343, 348, 382, 386 del Código Civil y Comercial).
Lo dicho no supone una afirmación puramente dogmática puesto que en el convenio cuya cláusula es materia de interpretación ha intervenido un profesional del derecho y sus clientes, siendo demostrativo de una primera impresición en el lenguaje, ya que la palabra "anulará" no fue adoptada en el sentido normal o usual que la misma conlleva (según pautas interpretativas vigentes: art. 1198 del Código Civil y 217 del Código de Comercio). V.- La segunda indeterminación se origina a partir del supuesto de "separación del juicio" por parte del letrado, ya que a partir de su posterior nombramiento en el Poder Judicial, se originó una incompatibilidad absoluta para seguir actuando como abogado, y por ende ya no tenía libertad para renunciar, sino que debía hacerlo.
Esa es la interpretación que propicia el apelante. Sin embargo, entiendo que no es ese el real entendimiento que ha de hacerse. La doctrina se ha volcado también por esta segunda interpretación que propongo, tanto bajo la vigencia del decreto ley 8904/77 -insisto, aplicable a la cuestión a dilucidar- como durante el imperio de la nueva ley 14.967 en cuyo artículo 7 se reproduce su análogo del decreto de honorarios derogado (también artículo 7mo. ya transcripto). Los comentarios son uniformes en el sentido de no discriminar entre separación justificada o injustificada. Por una u otra, el pacto de honorarios quedaría igualmente sin efecto. Explica Sosa que si el abogado renunció, con o sin justificación, queda sin efecto el acuerdo de honorarios y, entonces, deben ser regulados judicialmente, aunque cabría distinguir que, si se lo hiciera con causa, el profesional quedaría exento de las obligaciones asumidas sobre gastos causídicos (SOSA, Toribio Enrique "Honorarios de Abogados ley 14.967", Librería Editora Platense, 2018, pág. 51).
En el mismo sentido, Bruzoni dice que el profesional tiene libertad para decidir y puede separarse del juicio en cualquier momento y por las causas que le incumbiera en forma expresa, quedándole la posibilidad de cobrar los honorarios regulados judicialmente (BRUZONI, Víctor "Honorarios Profesionales ley 14.967, Editora Lex, 2018, pág. 33). La doctrina anterior, con mayor precisión aún, se había volcado en el mismo sentido. Dicen Hitters-Cairo que el artículo 7 de la ley 8904/77 consagra que si existe convenio de honorarios y el profesional se aparta, quedaría sin efecto tal acto jurídico. Explican que aquella norma no aclaraba que clase de separación profesional se reglaba, si era la voluntaria o la coactiva.
Entre las de retiro voluntario, incluyen los casos en que el abogado decidiera alejarse del juicio porque le insume mucho tiempo o esfuerzo o por una incompatibilidad sobreviniente al comenzar a desempeñarse en un cargo judicial. Refieren los autores citados al criterio de nuestro Máximo Tribunal en la causa "Radice" -que el apelante cita expresamente como aval de su postura- en el cual se ha expuesto que el derogado artículo 7 supone un acto voluntario del letrado, por lo que no se tipificaría el supuesto legal si fue el cliente quien prescindió de sus servicios (HITTERS, Juan Manuel - CAIRO, Silvina "Honorarios de Abogados y Procuradores, Lexis Nexis, 2007, págs. 93/94). Tal como se observa, el precedente en cuestión no guarda analogía con la cuestión que se debate en autos.
Allí se dijo que no se configuraba la situación de "abandono" de la letrada, toda vez que no se separó del juicio por sí misma, por el contrario, se prescindió de su patrocinio por voluntad de su hasta entonces patrocinada, lo que para nada hace situar lo actuado en la norma contenida en el art. 7 de la ley arancelaria por entonces vigente (SCBA, Ac. 42.533 "R., M. I. c/ R., J. s/ liquidación de sociedad conyugal"). El letrado apelante dedujo su renuncia al patrocinio por intermedio del escrito electrónico de fecha 18/12/2018 alegando que había tomado posesión de cargo de Secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial n° 10. La causal de separación no puede imputarse a sus ex defendidos -como ocurría en el precedente "Radice"- sino a su propia voluntad y decisión.
La incompatibilidad derivada de la función judicial que pasaría a desempeñar fue una consecuencia del acto libre de aceptación por el cual optó, es decir, siempre mantuvo la libertad de rechazar la designación, no apartarse de la causa y mantener vigente el pacto de honorarios. En conclusión, su decisión de apartarse ha sido voluntaria. VI.- Entiendo que bajo la redacción que se le ha brindado a la cláusula sexta no puede pensarse que la renuncia voluntaria del letrado pueda mantener la vigencia del acuerdo. Vuelvo a la relación abogado-cliente: dado el lenguaje técnico con el que se redacta un pacto de este estilo, donde el letrado resulta ser especialista en la materia mientras que la otra parte, en general, no participa en su redacción, la pauta de buena fe es mayormente exigible en quien proyecta el acuerdo.
Dicho principio hacía suponer que si el letrado postulaba una interpretación excepcional de aquella que normalmente habría de realizarse respecto a la cláusula objeto de análisis, debió haberla incluido de forma especial (conf. art. 217 del Código de Comercio). Algo así como pensar que el apartamiento del letrado, justificado o no, dejaba sin efecto el pacto, a no ser que el mismo se produjera por renuncia motivada en incompatibilidad absoluta por ingreso a la función pública. La excepción no fue prevista hasta que ocurrió, pero mal puede dicha laguna imputarse al cliente, ya que -insisto- sobre el letrado pesaba el deber de obrar de buena fe, amén de otros como previsión e información hacia sus clientes.
VII. A la misma conclusión arribo respecto al hecho posterior informado a través de la presentación electrónica del 4/11/19. La renuncia al cargo en el Poder Judicial no tiene la virtualidad de hacer renacer el pacto ya extinguido. Si la causal de ingreso a la función judicial se hubiera pensado como un supuesto de suspensión de los efectos del contrato o alguna figura análoga, de modo que paralizaba temporariamente su cumplimiento mientras durase la incompatibilidad, debió haberse pactado especialmente, pues el cliente no esta obligado a soportar las consecuencias de la falta de previsión (arts. 1198 del Código Civil). Por ello, propondré a mi distinguido colega de Sala que la recurrida sentencia de fs. 371/372 sea confirmada.
Voto por la AFIRMATIVA.Por los mismos fundamentos el doctor Lopez Muro votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO: Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde desestimar los recursos de apelación directo y en subsidio deducidos por el Dr. Rapalini, confirmando así la resolución de fs. 371/372. Las costas deben imponerse al recurrente vencido (art. 68 del CPCC). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.ASÍ LO VOTO. El doctor Lopez Muro adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:S E N T E N C I A La Plata, 12 de Noviembre de 2019
CONSIDERANDO: Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 371/372 es justo (arts: 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 528, 553, 1037, 1038, 1198 del Código Civil de Vélez Sarfield; art. 217 del Código de Comercio; art. 68 del C.P.C.C.; doctrina y jurisprudencia citada).POR ELLO:Se rechazan los recursos de apelación deducidos en subsidio y en forma directa y se confirma la resolución de fs. 371/372. Con costas.Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia