Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129292
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada providencia del 22/12/2020, debiendo en la instancia de origen en su caso, de así peticionarse, procederse de conformidad a establecido en el considerando 5 del presente. Con costas (art. 68 del CPCC).REGISTRESE.
La Plata, 1 de junio de 2021.
VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La providencia del 22/12/2020 ordenó al acreedor -que pretendía iniciar este juicio sucesorio- que en forma previa a su apertura acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2289 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN).
Ese modo de resolver viene apelado en forma subsidiaria mediante el escrito del día 11/1/2021, en el que se fundan los agravios. El recurso fue concedido el 17/3/2021 (arts. 238, 241, 148 del Código Procesal Civil y Comercial, en adelante CPCC).
2. Sostiene básicamente la recurrente “Sedemi S.A.” a través de su apoderada, doctora Agustina Tremouilles, que no le es exigido el cumplimiento de ese recaudo legal en tanto no inicia la sucesión en el carácter de acreedor de un heredero sino en el de acreedor directo del causante, señor Ricardo Héctor Chapa, quien falleció el día 21/4/2019.
3. Dispone el artículo 2289 del CCCN: “Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor de tres meses, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido la intimación, se lo tiene por aceptante. La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve días de la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos. Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una vez cumplida la condición.”
4. Esgrimiéndose, entonces, la legitimación desde la óptica del acreedor, debe ser instando el proceso universal de conformidad a lo prescripto en los artículos 2289 del CCCN y 729 del CPCC.
En efecto, la sucesión es un proceso universal en el cual se conjugan las normas formales del Código Procesal y las disposiciones del Código Civil y/o Código Civil y Comercial de la Nación (el que rija en definitiva el juicio), por lo que es función del juez el cumplir con las mismas. En el caso, los pasos dispuestos en la causa son los propios de un proceso sucesorio iniciado por un acreedor, en el cual se requiere, conforme lo dispone el artículo 729 del Código formal, intimar al heredero a que acepte o repudie la herencia (esta Sala, Causa 114025 RSI 267/2011, del 24/11/2011).
Ello así, para considerar habilitada la aptitud de un acreedor del causante o del heredero para abrir el juicio sucesorio, además de acreditar su calidad de tal, deben haber transcurrido cuatro meses desde la fecha del fallecimiento del causante (art. 729 CPCC), como así haberse intimado a los herederos a efectos de que acepten o repudien la herencia (art. 2289 CCCN –anterior art. 3314 Cód. Civil-). Recién cumplidos estos requisitos, los acreedores se encuentran facultados para promover por sí mismos la sucesión (Cfme. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos..." T° IX, ed. 1979, pág. 115, 119, juris. allí citada).
Tales recaudos deben ser efectuados, tanto por los peticionantes acreedores del causante, como por los acreedores de los herederos, en el ejercicio de la acción subrogatoria (arts. 739 a 742 del CCCN –anterior art. 1196 Cód. Civil; arts. 114 y conc. del CPCC; esta Sala Causa 118045, RSI 239/2014 del 15/10/2014), por lo cual no le asiste razón al recurrente en su planteo.
El acto de aceptación de la herencia importa una manifestación según la cual el llamado a suceder, sea por ley o por disposición del causante, expresa su voluntad de ser heredero. La ley anterior establecía un plazo de 20 años para ejercer el derecho de opción entre la aceptación o renuncia (art. 3313 del Cód. Civil), prescribiendo en cambio el actual artículo 2288 del CCCN, aplicable en la especie, que el derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la apertura de la sucesión y que el heredero que no haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante.
Conforme lo expuesto -en principio- los llamados a la herencia no tienen la obligación de aceptar e iniciar, en consecuencia, el juicio universal en forma inmediata al deceso del causante. Sin perjuicio de ello, los terceros interesados no pueden encontrarse atados a tal plazo, otorgándole la ley sustancial la posibilidad de intimar a los llamados a heredar a que efectúen dicha manifestación de voluntad, sea en forma positiva o negativa, a fin de proteger sus derechos y darles la posibilidad de ejercer luego, por sí, todos los actos inherentes a la conservación de los mismos, si los herederos no aceptan la herencia o no inician el juicio sucesorio.
5. No obstante ello, de así solicitarse, no existe obstáculo para que el acreedor que pretende iniciar un juicio sucesorio, efectúe dicha intimación judicialmente y que en ese proceso se disponga, en forma previa, la intimación legal que prescribe el artículo 2289 del CCCN, de la cual derivará -necesariamente- la acción positiva del heredero en aceptar la herencia e iniciar el juicio. Ante la omisión del mismo de realizar tales actos, quedaría abierta la posibilidad para que el acreedor inicie efectivamente el proceso universal.
La acción del acreedor siempre queda supeditada, entonces, a los actos que realicen los herederos en el ejercicio de sus legítimos derechos, y ante la inacción injustificada de ellos, puede aquél realizar las peticiones que estime procedentes (cfme. esta Sala, Causa 108194, RSD 198/2007 del 09/08/2007).
POR ELLO, En virtud de las consideraciones que anteceden, se confirma la apelada providencia del 22/12/2020, debiendo en la instancia de origen en su caso, de así peticionarse, procederse de conformidad a establecido en el considerando 5 del presente. Con costas (art. 68 del CPCC).REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia