Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132924
La Plata, 11 de Octubre de 2022.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. El día 11 de noviembre de 2021, la Dra. Imaz denunció haber recibido una nota en la que se le comunicaba la sustitución de su patrocinio respecto de la coheredera Vedia Santilli, por lo que pidió regulación de honorarios por las tareas cumplidas "en todas las etapas del proceso sucesorio"; a lo que el órgano resolvió que, con carácter previo y a los fines de evaluar lo requerido, debía la interesada clasificar tareas (art. 35 ley 14967).
Posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año, se presentaron todos los herederos, con nuevo patrocinio; y el 23 de marzo de 2022 manifestaron que, luego de varios años de controversias y disputas sobre la división de los inmuebles y la respectiva subdivisión de las parcelas denunciadas oportunamente y en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, habían arribado de común y perfecto acuerdo a una pacífica solución, repartiendo los bienes que conforman el acervo de la siguiente manera: a) inmueble Partida: 055-264791, designado catastralmente como: Circunscripción: X, Sección: C; Parcela: 3155B, Matricula 171320, se adjudica 50% a la Sra. Velia Santilli y el otro 50% al Sr. Vicent Santilli; y b) inmueble Partida: 055-264790, designado catastralmente como: Circunscripción: X, Sección: C; Parcela: 3155C, Matricula 171321, se adjudica en un 100% a favor del Sr. Cesidio Santilli.
El día 25 de marzo de 2022, la Dra. Imaz adujo que a fs. 150/151 y 156 obraba una clasificación de trabajos parcial, por la que se efectuó una regulación provisoria de honorarios por las etapas hasta esa instancia, respecto de la cual prestó conformidad, no habiendo percibido de modo íntegro esos estipendios; de allí que: a) solicitó actualizar los honorarios regulados por esas etapas del proceso sucesorio, proponiendo el cálculo pertinente; y b) realizó la clasificación de trabajos por la etapa de partición, rectificando así el amplio pedido que hiciera inicialmente.
Ambas pretensiones fueron sustanciadas por el Juzgado; la primera de ellas en la resolución puesta en crisis (ver pto. 1.b del presente), no habiendo sido aun anoticiada "a los obligados al pago"; y la restante, tiempo atrás, en el proveído del día 30 de marzo de 2022 (pto. II), sin recibir respuesta alguna (ver también proveído del 18 de agosto de 2022).
Como consecuencia de ello y a través del escrito presentado el 21 de agosto de 2022, la Dra. Josefina Imaz solicitó que, en virtud del estado de autos, "se tenga por aprobada la clasificación de trabajos realizada [...] y se proceda a la regulación de honorarios".
1.b. Como consecuencia de ello y mediante la resolución dictada el día 30 de igual mes y año, el Sr. Juez de la instancia dijo, por un lado, que los honorarios correspondientes a la inscripción de los bienes pertenecientes al acervo sucesorio habían sido regulados a fs. 156, siendo abonados parcialmente en su oportunidad, por lo que correspondía correr traslado de su actualización a los obligados al pago por cinco días; y, por el otro, que debía desestimarse la regulación de estipendios profesionales solicitada, ello toda vez que el canon locativo declarado por la requirente no había sido resuelto en autos.
1.c. Contra dicha forma de resolver se alzó la profesional aludida, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 6 de septiembre de 2022; donde comenzó por referir que la regulación parcial de honorarios de fs. 156 se efectúo el 14 de septiembre de 2000 y por la tareas realizadas a esa fecha; mas, luego y hasta el 31 de mayo de 2004, siguió patrocinando a Vedia Santilli y realizando actividad profesional, judicial y extrajudicial útil, a los fines de lograr la partición privada y/o judicial de los bienes relictos, efectuando cuantiosas y valiosas tareas profesionales tendientes a poner fin a la indivisión hereditaria, demostrando la imposibilidad de dividir en 3 lotes como pretendían algunos herederos.
En ese sentido, dijo que se designaron peritos ingeniero y martillero, se celebró la audiencia de fs. 217, a la que concurrió, con el objeto de acordar la división de herencia, siendo además relevante el informe de la Municipalidad de La Plata de fs. 178/207, que fue requerido, gestionado y diligenciado por ella; y además invocó haber solicitado el canon locativo a favor de Vedia Santilli contra sus dos hermanos, que usaban y gozaban de la tierra, lo que fue sustanciado, requiriéndose al martillero Seoane que proceda a determinar aquel valor.
Luego de ello, adujo que la partición judicial por subasta o acuerdo particionario no se efectivizó por la falta de voluntad o decisión de su ex patrocinada de exigir el dinero a sus hermanos por el uso y goce y/o rematar los lotes, lo cual no es óbice para que pueda percibir honorarios por tales tareas, dado que no se obligó a un resultado; agregando que, dieciocho años después, las partes arribaron a un acuerdo particionario en el que se observa que no se dividió el acervo en tres partes iguales, sino que dos de ellos se quedan con un lote y, el otro heredero, con otro lote.
Con base en ello, concluyó que es improcedente y abusivo sostener que como el canon locativo no ha sido resuelto no se puede pedir honorarios, pues ello importa vulnerar su derecho constitucional de propiedad y el carácter alimentario de los estipendios; debiendo fijarse sus estipendios por las tareas que se realizaron desde fs. 157 y hasta la sustitución de patrocinio.
2.a. No obstante haberse incurrido en ciertas imprecisiones al tiempo de concretar su solicitud (ver los amplios términos de aquel del 11 de noviembre de 2021, confrontado con aquel más ceñido del 25 de marzo de 2022), es posible concluir que, a la postre y como consecuencia de la clasificación de tareas realizada, el pedido de la Dra. Imaz consiste puntualmente en que se regulen honorarios a su favor por las labores cumplidas en la etapa de partición.
Sobre esa base, es posible referir también que el decisorio consecuente no contiene una respuesta vinculada de modo directo a lo requerido, pues se ha desestimado la solicitud sobre la base de no haberse resuelto aun el canon locativo que se peticionara en autos, temática -en principio- ajena a la que fuera materia de expresa pretensión.
2.b. A partir de estas diferencias y sobre la base de los agravios que se invocaran, habremos de abordar el recurso (art. 273 CPCC); y a esos efectos, es preciso referir que el proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes (art. 2335 del Código Civil y Comercial).
Siguiendo dichas premisas y en el marco de una causa como la presente, donde ya se ha dictado declaratoria de herederos (ver fs. 37 y 124), identificado los bienes que conforman el acervo hereditario e incluso ordenado la inscripción de aquellas resoluciones respecto de los inmuebles descriptos a fs. 148, sólo restaba -desde dicha oportunidad- determinar la forma en que habrían de repartirse los mismos mediante la pertinente partición, en tanto acto que pone fin a la indivisión hereditaria y, desde ya, previo pago de las cargas pertinentes (art. 2363 del Código Civil y Comercial).
Vale aclarar en este punto que, por la totalidad de las tareas profesionales cumplidas hasta la referida orden de inscripción, ya se fijaron los honorarios de las profesionales por entonces actuantes, no de forma parcial sino definitiva; ello a través de la regulación de fs. 156, consentida por las beneficiarias y los obligados al pago (ver fs. 157 y 163), donde no sólo se aprobó la clasificación de tareas y se justipreció la labor, sino que también se aclaró a cargo de quien se encontraban los mismos.
Así pues, y aunque huelgue decirlo, resulta de las propias constancias de la causa que, con motivo de ello y las diferencias habidas entre los coherederos, existió numerosa tarea profesional con el objeto de arribar a la partición (nótese, incluso, que el Ing. Hourcade convino y percibió los honorarios por su labor; ver trámite del 10/03/2020), la que fue alcanzada -en forma privada- recién el 23 de marzo de 2022, esto es, casi treinta y ocho años después de iniciadas las actuaciones y por convenio celebrado entre aquellos.
La referida labor profesional queda subsumida, desde nuestra óptica y en el plano de la legislación de fondo, en la figura de los gastos previstos en el art. 2384 del Código Civil y Comercial; generando así -y salvo declaración de inoficiosidad (art. 30 ley 14.967)- un derecho a la respectiva fijación de estipendios, debiendo determinarse no sólo su utilidad, sino también si los mismos deben imputarse a la masa o algún heredero en particular.
Incluso el temperamento asumido por el órgano en su proveído del día 15 de noviembre de 2021 daba cuenta de esta interpretación, por cuanto, una vez solicitados los honorarios y a dichos fines, el órgano le indicó a la letrada que debía efectuar una clasificación de tareas; otorgándosele incluso, días después y a instancia de la Dra. Imaz, un préstamo de las actuaciones.
2.c. En este sentido y respecto de los profesionales de la abogacía, es dable referir que ni el derogado dec. ley 8904/77 ni la ley 14.967 contienen un precepto específico sobre el punto, sino que ambos prevén -de modo análogo y en su art. 28 inc. c- que la tercera etapa de este proceso está dado por las diligencias y trámites hasta la inscripción (efectiva o simplemente su orden, según el respectivo texto) de la declaratoria de herederos o del testamento; lo cual también es receptado expresamente por el art. 35 inc. a de la ley 14.967 (su par de la ley arancelaria anterior no aclaraba nada al respecto).
En cualquiera de ambos casos y de acuerdo a la literalidad de la norma (art. 2 del Código Civil y Comercial), no se alude -al menos de modo expreso- a la partición como parte de la tercera etapa del sucesorio, aun cuando es la única manera de finalizar con la indivisión -como refiriéramos previamente-; limitándose a incluir, únicamente, el porcentaje y base que debe tomarse en cuenta al tiempo de fijar los "honorarios del abogado o abogados partidores". Vale decir, que se ha previsto la situación del profesional que cumple ese rol, y no la de los letrados que, sin asumir tal labor, despliegan relevantes tareas en esta crucial instancia (ver último párrafo del art. 35 de ambas normas).
No obstante dicha omisión, mal puede sostenerse que éstas últimas no merezcan regulación alguna, toda vez que, en tanto importan aplicar labor técnica propia de su profesión, deben ser retribuidas; y ello encuentra su debido quicio legal en lo previsto en el art. 28 última parte de la ley arancelaria, que reza que "Todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal".
En esa misma línea, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que la partición de los bienes sucesorios debe ser considerada como una etapa separada del proceso sucesorio, con el cual concluye, siendo su tramo final (esta Sala, causa A-37.390, RSI 35-83; CC0000 TL 8522, RSI-18-74, del 12/05/1987; Hitters, Juan M. - Cairo, Silvina, Honorarios de Abogados y Procuradores, 2007, Lexis Nexis, pág. 435; Larroza, Ricardo O. - Taranto, Hugo O., Honorarios de Abogados y Procuradores. Ley 8904 de la Provincia de Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, 1990, pág. 283), resultando de aplicación el art. 35 in fine de la ley arancelaria (cfr. CC0202 LP, A-39.917 RSI-152-88).
2.d. Como consecuencia de ello, e independientemente de la resolución que pueda tomarse tanto con la diferencia de honorarios regulados a fs. 157 y no abonados a la Dra. Imaz (ver fs. 166) como con la fijación de canon locativo oportunamente solicitada (ver fs. 227/228 y 239 vta) -materias ajenas a este recurso-, entendemos que la fijación de honorarios por las tareas profesionales que resultaran ajenas al auto regulatorio de fs. 156 y hubieran tenido por objetivo arribar a la partición mal puede ser denegada sobre la base de no haberse resuelto aun aquella incidencia puntual -tal como hizo el Magistrado-; sino que las mismas merecen la debida retribución (arts. 2384 del Código Civil y Comercial; 16, 28 y 35 dec. ley 8904), una vez que se cumplan con los recaudos pertinentes a dicho fines (arts. cits. y 2369, 2376, 2377, 2384 y ccs. del Código Civil y Comercial; 761, 766, 767 y ccs. del CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el 30 de agosto de 2022 último párrafo; y, en su mérito, dejar establecido que las tareas profesionales que resultaran ajenas a la regulación de fs. 156 y hubieran tenido por objetivo arribar a la partición merecen ser retribuidas, lo que deberá concretarse una vez que se cumplan con los recaudos pertinentes a dicho fines. Las costas de Alzada se imponen por su orden, atento tratarse de un agravio generado de oficio (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia