Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134748
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la resolución dictada el 27 de diciembre de 2022 y, en su mérito, designar administrador del sucesorio al coheredero Juan Francisco Castello, quien, previa aceptación del cargo por ante la Secretaría del órgano de la instancia, deberá llevar adelante su cometido; 2) confirmar la resolución dictada el 10 de marzo de 2023 en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios; y 3) imponer las costas de Alzada por la primera cuestión a Diego Alejandro y Gastón Nicolás Castello, y por la segunda, a Pablo Castello.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 1 días del mes de Junio de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "TONIOLLI SUSANA ELENA S/ SUCESION AB-INTESTATO" (causa: 134748), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 27 de diciembre de 2022?.
2a. ¿ Lo es la del 10 de marzo de 2023?
3a. ¿ Qué pronunciamientos corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el 27 de diciembre de 2022, la Sra. Jueza de la instancia decidió designar como administrador definitivo del sucesorio a un tercero ajeno a las presentes actuaciones y; una vez firme, librar oficio a la Excma. Cámara de Apelación con el objeto de que sea sorteado.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el coheredero Pablo Castello, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 22 de febrero de 2022; donde luego de reseñar antecedentes de la causa que considera relevantes y recordar que la designación de un tercero como administrador importa una medida de excepcional gravedad, afirmó que el fallo no ha valorado la ausencia de todo fundamento que justifique la oposición a que sea Juan Francisco Castello quien cumpla dicho rol, pero sí ha tomado lo que se ha expuesto en contra de que lo haga Diego Castello.
En la misma línea, sostuvo que el decisorio optó por la solución que reconoce como de aquella índole, quitando a los dos restantes herederos, que nada han tendido que ver hasta el presente con el desastroso y clandestino manejo de los bienes relictos, el derecho de administrar su propio patrimonio, poniendo esa responsabilidad en manos de un tercero; y que si bien el pilar de la sentencia ha sido la eventual generación de constantes incidencias entre los herederos con base en un mal clima familiar, lo cierto es que tal decisión se adoptó de manera previa a que estas aparezcan, máxime cuando Juan Francisco ha sido el principal impulsor del trámite del proceso, lejos de propender a dilatarlo.
Continuó diciendo que las desmanejos de los coherederos Diego y Gastón -cuyas circunstancias fácticas detalló- no pueden hacerse pesar sobre otro de sus hermanos que ninguna tacha tiene y, de hecho, a quien nada se le ha enrostrado, por lo cual, al no existir paridad de conductas entre los involucrados, deviene inequitativa la administración de un tercero; sumando que no están en juego aquí las cuestiones personales entre los herederos, sino de administrar prolijamente y rendir cuentas de manera oportuna y documentada, mereciendo Juan Francisco hacerlo con prelación a cualquier tercero, pues, si no lo hace bien, siempre será posible su reemplazo.
Finalmente dijo que la existencia de tirantez en la relaciones no alcanza para fundar la privación de la administración a quienes no han participado de tales conductas bajo la mera presunción de que ello podría dar lugar a incidencias múltiples e indebidas, que hasta el momento no han acontecido.
1.c. Dicha postura fue replicada por Diego Alejandro y Gastón Nicolás Castello a través de la contestación que brindaran el 22 de marzo de 2023, donde solicitaron que se rechace el recurso interpuesto y se confirme lo decidido.
1.d. Planteada de tal modo la controversia, es preciso recordar que el Código Civil y Comercial trajo novedades relevantes sobre la manera en que se designa al administrador del sucesorio.
En efecto, el artículo 2346 establece que los integrantes de la comunidad hereditaria "pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, sobre el cónyuge sobreviviente y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extraño".
La lectura del dispositivo revela que para elegir al administrador ya no se requiere la unanimidad de los herederos -como disponía el art. 3451 del derogado Código Civil-, sino que ahora alcanza la voluntad de la mayoría, calculada sobre su porción indivisa y no por cantidad de personas. Dicho de otra forma, antes se requería la unanimidad y la decisión de la aquella no obligaba a la minoría -debiendo entonces resolver el juez-; pero hoy, basta la propuesta de la mayoría para obtener la designación de un administrador. Tal reforma implica la modificación de las previsiones que contienen buena parte de los Códigos Procesales sobre la temática -en nuestro ámbito, los arts. 744 y sigs. del digesto ritual-, ya que estos fueron pensados bajo la estructura del sistema previsto por Vélez Sársfield.
De allí que el nuevo ordenamiento sustancial ha modificado la legislación adjetiva, pasando de un esquema conformado por la unanimidad a un régimen donde impera la decisión de la mayoría, en defecto de lo cual cabe designar al cónyuge supérstite y -a falta, renuncia o carencia de idoneidad del cónyuge- a alguno de los herederos, excepto que razones especiales hagan conveniente la designación de un tercero (cfr. Degano, Germán A. - Tagliani, María S., “La administración de la sucesión tras el Código Civil y Comercial”, RDP 2018-1, Rubinzal Culzoni, pág. 148; Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial Comentado, La Ley, 2019, Tomo XI, comentario al art. 2346, pto. 1; Herrera, Marisa - Caramelo, Gustavo - Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, 2015, Tomo VI, pág. 92/93; Di Lella, Pedro, “La administración de la herencia en el Código Civil y Comercial”, RDF 69, 179 -pto. XI-).
1.e. Bajo tales premisas, ante la ausencia de unanimidad o mayoría respecto a la persona que debería asumir aquel rol y no verificándose la existencia de un cónyuge supérstite -quien goza de preferencia para la designación- (ver declaratoria de herederos del día 22 de septiembre de 2020), la cuestión ha quedado gobernada por la última parte de aquella norma, esto es, el pedido de nombramiento de distintos herederos y, a la postre, la decisión de la Magistrada, quien, como se viera, valoró la existencia de "razones especiales" entre ellos que justificaron designar a un tercero.
Ahora bien, aun cuando no es difícil notar que los cuatro coherederos intervienen, al menos en el sentido de sus presentaciones y requerimientos, en forma de dos bloques separados (Gastón y Diego por un lado, Juan Francisco y Pablo por el otro) y que éstos últimos han denunciado a los primeros por inconductas y manejos impropios respecto a los bienes que conforman el acervo hereditario, lo cierto es que no logro advertir que tales circunstancias importen, con criterio de actualidad, indudablemente y en las particulares circunstancias de la causa, razones suficientes para impedir que uno de ellos sea designado administrador; máxime cuando, en dicho rol, debe rendir cuentas y está sujeto al control permanente de sus hermanos y el Juzgado (art. 2355 del Código Civil y Comercial; 748 del CPCC).
Vale aclarar, en este sentido, que, con independencia de un supuesto automóvil que sería de titularidad de la causante (ver escrito del día 31 de diciembre de 2022) y de los retiros de fondos ya realizados, la totalidad de los intervinientes han denunciado la existencia de dos bienes inmuebles como parte del acervo hereditario y han definido, en la audiencia celebrada el día 4 de noviembre de 2022, las tareas que deben cumplirse a su respecto, además de exponer la voluntad de concluir el proceso que se iniciara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cobro de expensas; lo que indudablemente simplifica no sólo la labor de quien asuma el rol, sino también el contralor por el resto de sus coherederos y el órgano (arts. cits.).
En esa inteligencia, es preciso poner de resalto también la lectura de índole económica que cabe aplicar a la temática, pues el simple hecho de que sea un coheredero quien asuma aquella función se traduciría en una sustancial reducción de las erogaciones que supone el nombramiento de un tercero, repercutiendo luego en el patrimonio activo a repartir entre ellos mismos (art. 750 del CPCC).
Esta Sala ha sostenido que el nombramiento de un extraño para ocupar el cargo de administrador de la sucesión importa una medida de excepcional gravedad; y que no resulta conveniente -por regla- prescindir de aquellas personas que, en razón de su vinculación de parentesco, por venir ya ejerciendo esas funciones desde la vida del causante o por sus condiciones de idoneidad para el cargo, deben ser preferidas a un extraño, pues son los herederos en definitiva los verdaderos dueños y señores del patrimonio (cfr. Solari, Néstor E-, “Designación de un tercero como administrador de la sucesión”, LL 1995-A-347, ap. II y jurisp. allí cit.).
Con esas pautas y, reitero, en las circunstancias actuales, no veo configurada una situación de tal índole que imposibilite la designación de uno de los coherederos, esto es, un enfrentamiento de importancia tal que pueda generar sospecha de la ecuanimidad e imparcialidad en el manejo del acervo hereditario (cfr. CNCivil, Sala A, en 'O. de G., M. D.', del 11/05/1993) o imputaciones verosímiles que permitan avizorar con pesimismo el devenir de la causa si la administración la ejerce uno de ellos (esta Sala, causa 132788, RR 559/22, del 15/11/2022), en especial si se tiene en cuenta que la ley ha preferido su designación a la de un tercero; conclusión que me traslada entonces a definir quien debe asumir dicho rol, pues existen dos propuestas a dichos fines.
El día 7 de noviembre de 2022, Juan Francisco y Pablo Castello han requerido la designación del primero, mientras que Gastón y Diego Castello han peticionado que sea éste último quien asuma el rol (ver escrito del 24 de noviembre de 2022). Sin embargo, a mi modo de ver, la diferencia entre ambas propuestas radica en dos puntos sustanciales y dirimentes: por un lado, la ausencia de razones que justifiquen la oposición deducida al ofrecimiento inicial; y, por el otro, el conocimiento técnico que es dable suponer en quien reviste la condición de abogado, colocándolo en una posición conveniente respecto al resto.
En efecto, al tiempo de contestar la primera propuesta (ver escrito del 24/11/22, pto. I, segunda parte), Diego y Gastón Castello se limitaron, pura y simplemente, a decir que "nos oponemos a las propuestas de Pablo Andrés Castello y Juan Francisco Castello para designar a este último como administrador del sucesorio", sin dar la más mínima explicación de los motivos que sustenten tal postura; esto es, que todo su temperamento se ha ceñido a manifestar su disconformidad con la propuesta, omitiendo agregar algún dato de valor para este decisorio. Por el contrario, ante el ofrecimiento de que sea Diego quien asuma la función, la contestación al traslado que brindaran Juan Francisco y Pablo se apoya en razones que, acertadas o no, ponen en seria duda la conveniencia de aquella propuesta.
En lo que hace al segundo aspecto, ya hemos tenido oportunidad de sostener en un precedente que, cuando entre los llamados a recoger la herencia hay profesionales del derecho, estos se encuentran al menos en el plano estático y objetivamente en inmejorable situación para llevar adelante la tarea; por lo que es conveniente considerar ese dato para definir la designación (esta Sala, causa 113.131, RSI 214/10, del 28/10/2010).
6. Bajo tales premisas, entiendo que cabe hacer lugar al recurso y, en su mérito, revocar la resolución dictada el 27 de diciembre de 2022, debiendo designarse administrador del sucesorio al coheredero Juan Francisco Castello, quien, previa aceptación del cargo por ante la Secretaría del órgano de la instancia, deberá llevar adelante su cometido (arts. 2345 y sigs. del Código Civil y Comercial; 164, 744 y sigs. del CPCC).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
2.a. A través del proveído dictado el 10 de marzo de 2023 y en lo que aquí resulta sustancial, la Magistrada expuso que, al no surgir "del acta labrada en la audiencia de fecha 4/11/2023 los dichos expuestos respecto al destino del dinero depositado al pago de las expensas adeudadas por el departamento del barrio de Recoleta en C.A.B.A", no correspondía hacer lugar a la oposición formulada.
2.b. Tal manera de decidir motivó el alzamiento de Pablo Castello, a través del recurso que viene fundado en la pieza del 18 de abril de 2023, donde adujo que, al desestimar su pretensión, se deja expedita la vía para el retiro del dinero del expediente, poniendo en riesgo de subasta a uno de los bienes relictos por falta de fondos suficientes para hacer frente a la deuda que se reclama en juicio ejecutivo por expensas impagas, y que dicha liberación se produce en favor de quienes aparecen como responsables directos de esa deuda.
Con esa lógica, agregó que solo hay otro inmueble del sucesorio, también en poder de los nombrados y que se mantendría improductivo, siendo de difícil venta, por lo no existe actualmente liquidez en el acervo para hacer frente a la ejecución en trámite.
Posteriormente, reseñaron los antecedentes que entendieron relevantes, como así también los extremos que consideraron acreditados, tanto en autos como en proceso que tramita ante el fuero de familia, agregando que ello convierte en prematura la liberación de fondos que pertenecen a Diego y Gastón, en su carácter de poseedores del departamento de la Av. Quintana desde el año 2012 y por el que se ha acumulado una importante deuda por expensas en ejecución, que en ese carácter de hecho debieron haber atendido; solicitando entonces que, con anterioridad a la extracción, los referidos clarifiquen la situación del inmueble, acreditar su locación e importes percibidos y las razones por las cuales, a pesar de ello, no se han pagado las expensas.
2.c. Tal postura mereció la oposición de Diego Alejandro y Gastón Nicolás Castello, quienes solicitaron el 9 de mayo de 2023 que se rechace la pretensión revisora interpuesta por el coheredero.
2.d. Ahora bien, a los fines de abordar el recurso, considero conveniente reseñar que, por medio de la providencia dictada el 10 de febrero de 2023, se resolvió poner "a disposición" de los referidos herederos el 50% (25% para cada uno) de los fondos existentes en la cuenta de autos, por la suma de $263.678,74 para cada uno de ellos, previo cumplimiento de ciertos recaudos formales.
Ante ello y aun cuando no dedujo el recurso pertinente, el coheredero Pablo Castello manifestó -el 27 de febrero del mismo año- su oposición a dicha manda, sobre la base de considerar que, con carácter previo, Diego y Gastón Castello deben "clarificar la situación del inmueble, acreditar su locación e importes percibidos y las razones por las cuales, a pesar de ello, no se han pagado las expensas", entendiendo que "prima facie, la deuda en ejecución aparece como de exclusiva responsabilidad de los nombrados"; motivando así que se dictara el ya citado auto del 10 de marzo de 2023.
Bajo tales condiciones, la resolución puesta en crisis, en cuanto desestima la oposición deducida a una resolución contra la cual no se dedujo recurso alguno, no es más que una reiteración de lo ya dispuesto con carácter previo; de allí que, por tal razón, no sea susceptible del recurso de marras, en virtud de mediar preclusión acerca del tópico (art. 36 inc. 1, 133, 155, 156, 239, 244 del CPCC; esta Sala, causa 114451, Reg. Sent. Int. 31/15, del 19/03/2015; causa 109165, Reg. Sent. 230/14, del 04/11/2014; causa 84431, Reg. Sent. Int. 352-96, del 05/12/1996; e.o.).
Por otro lado, y a sola y única satisfacción del recurrente, es necesario poner de resalto que la pretensión aludida esconde entonces y en verdad una naturaleza cautelar, sobre la base de una pretendida responsabilidad que Juan Francisco y Pablo Castello entienden que le corresponde al resto de los coherederos por ciertos manejos de los bienes que conforman el acervo; cuestión que, por revestir dicha índole, debe satisfacer los recaudos propios de dichas herramientas y plantearse en el ámbito procesal adecuado; circunstancia que termina por sellar la suerte adversa del recurso (art. 164 y cits. del CPCC).
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la resolución dictada el 27 de diciembre de 2022 y, en su mérito, designar administrador del sucesorio al coheredero Juan Francisco Castello, quien, previa aceptación del cargo por ante la Secretaría del órgano de la instancia, deberá llevar adelante su cometido; y confirmar la resolución dictada el 10 de marzo de 2023 en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios.
Las costas de Alzada por la primera cuestión deben imponerse a Diego Alejandro y Gastón Nicolás Castello, dado su objetivos carácter de vencido; y por la segunda, a Pablo Castello, por la misma razón (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por idénticos fundamentos, adhería en un todo a lo propuesto por el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la resolución dictada el 27 de diciembre de 2022 y, en su mérito, designar administrador del sucesorio al coheredero Juan Francisco Castello, quien, previa aceptación del cargo por ante la Secretaría del órgano de la instancia, deberá llevar adelante su cometido; 2) confirmar la resolución dictada el 10 de marzo de 2023 en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios; y 3) imponer las costas de Alzada por la primera cuestión a Diego Alejandro y Gastón Nicolás Castello, y por la segunda, a Pablo Castello. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia