Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136731
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 15 de noviembre de 2024, en cuanto difiere para "su oportunidad" el tratamiento del pedido de subasta por no existir orden de inscripción y encontrarse el bien en cabeza del causante. Costas de Alzada por su orden.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Marzo de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "FARIAS JOSE ALBERTO S/ SUCESION AB-INTESTATO" (causa: 136731), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 15 de noviembre de 2024?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 15 de noviembre de 2024, la Sra. Jueza de la instancia, sostuvo que "el bien denunciado -integrante del acervo sucesorio- todavía se encuentra en cabeza del causante" y que aún no se había "ordenado la inscripción de la Declaratoria de Herederos dictada a fs. 39 y ampliación de fs. 123"; de allí que "por el momento no resulta procedente resolver la cuestión planteada -subasta judicial-", debiendo "ser valorado en su oportunidad".
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó Roxana M. Farías, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 21 del mismo mes y año; donde comenzó por referir que tal rechazo es incorrecto, pues la orden de inscripción no es requisito para ordenar la subasta; máxime cuando en la causa se ha determinado quiénes son los respectivos herederos, que el dominio se encuentra en un 50% a nombre del causante y que, sobre el mismo, no pesan gravámenes ni embargos.
Asimismo, considera que ello atenta contra la economía procesal e impone a su parte la carga de realizar altísimos gastos innecesarios (abonar honorarios, aportes, tasa sobre tasa, entre otros gastos); y que si es posible la cesión de derechos hereditarios (arts. 1616 inc. a y 2302 al 2309 del Código Civil y Comercial), es factible también su venta en subasta judicial (arts. 1129 y 1614 del digesto de fondo), por lo que no existe ningún impedimento legal para ordenar la subasta sin inscribir previamente el bien.
1.c. Dicha postura mereció la réplica de las coherederas María José y Claudia Cristina Farias; quienes, en su escrito del 9 de febrero de 2024, han sostenido y refrendado el sentido de la decisión puesta en crisis.
2.a. Liminarmente se impone referir que la Magistrada, limitándose a poner de resalto dos circunstancias procesales (inmueble registrado a nombre del causante y ausencia de inscripción de la declaratoria a su respecto), sostuvo la imposibilidad temporaria de avanzar con la subasta, sin brindar entonces explicación alguna de la forma en que ésta conclusión se deriva -necesaria e ineludiblemente- de aquellas premisas; lo que ha dificultado la íntegra comprensión de su razonamiento.
Pero más allá de esa circunstancia y en un sentido contrario al invocado por la Sra. Jueza, considero que son precisamente dichas condiciones las que habilitan la venta forzada pretendida.
2.b. En efecto, por un lado cabe mencionar que, habiéndose dictado declaratoria de herederos -el 5 de septiembre de 2008 y el 29 de noviembre de 2022-, resulta optativo o dispensable proceder a la inscripción de la misma, dado que, además de no estar así exigido en los digestos que establecen los trámites del proceso sucesorio (arts. 2335 a 2423 del Código Civil y Comercial; 734 a 738 y 751 a 767 del CPCC), su mero dictado no asigna un derecho real y su anotación registral simplemente publicita la existencia de una comunidad (esta Sala, causa 133256, RR 613, del 13-12-2022).
A riesgo de reiteración y como dijéramos en el precedente aludido: no obstante la forma en que el Registro de la Propiedad asienta dicho acto -colocando porciones indivisas concretas a favor de los sucesores (DTR 3/1992 RPIBA)-, lo que ha sido objeto de agudas y certeras críticas (ver, por ejemplo: Angeletti Alvarez - Arriola, Efectos de la registración...", en http://www.rpba.gov.ar/files/Normas/Doctrina/19-CNDR-2017-1-Angeletti-Alvarez-Arriola.pdf; o las conclusiones de la 41° Jornada Notarial Bonaerense: http://www.rpba.gov.ar/files/Normas/2019/JNB/41JNB-DESPACHO-T2.pdf; e.o.), ni la orden de inscripción ni su inscripción crean o asignan derecho real alguno, sino que simplemente se publicita la existencia de tal indivisión.
Así pues, si bien no se me escapa que hay ciertos trámites que irremediablemente son compartidos entre el dictado de la orden de inscripción y la subasta (v.gr.: aportación de informe de dominio y de anotaciones personales -art. 568 del CPCC-; pago de tasa de justicia y su contribución -art. 337 y sigs. del Código Fiscal; regulación y pago de honorarios y aportes profesionales -art. 35 ley 14.967 y 21 ley 6716-; etc), lo cierto es que no advierto la exigencia legal de que deba dictarse, necesaria e ineludiblemente, una orden de inscripción con anterioridad a proveerse lo requerido (esta Sala, causa 101043, RSI 295/09, del 29-10-2009).
2.c. Por otro lado, en lo que refiere al restante argumento, entiendo que el sólo hecho de que el bien se encuentre en cabeza del causante no es obstáculo alguno para proceder a la referida subasta, pues es precisamente su acervo hereditario el que debe liquidarse a los fines de culminar el proceso sucesorio (art. cit.).
Y ello cobra especial relevancia al reparar en los efectos que produce la partición, que es declarativa y no traslativa, juzgándose que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a sus coherederos; solución que se aplica también respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos (art. 2403 del Código Civil y Comercial).
2.d. Como consecuencia de lo expuesto, ante la situación en que arriban los autos -con declaratoria y un bien identificado- y en la medida que el bien se encuentre en cabeza del causante, resta entonces determinar la forma en que habrán de repartirse el mismo a través de la partición, acto mediante el cual los herederos pasarán de tener una porción ideal a detentar la propiedad de los bienes (en especie o por subrogación real; art. 2363 del Código Civil y Comercial; cfr. SCBA B 72543 I 21/05/2014).
2.d. Ahora bien, sin perjuicio de las distintas modalidades que el Código de fondo establece para llevar a cabo la partición (art. 2363 y sigs. del Código Civil y Comercial) y tal como ocurre en varios procesos sucesorios, las últimas actuaciones cumplidas en los presentes (en particular, el acta del 13 de junio de 2023) permite evidenciar que, al día de la fecha, no existe acuerdos entre las interesadas respecto a la forma en que debe cumplirse con tal acto; de allí que, al menos una de ellas, ha optado por requerir la subasta del bien.
En este punto y antes de concluir, creo propicio realizar una disgresión personal: los años de experiencia en el ejercicio de la Magistratura (en ambas instancias) me llevan a advertir que esta vía es -o, al menos, suele ser- la más perjudicial en términos de tiempo, dinero y actividad para la totalidad de los herederos. La referida consecuencia, por lo general, se ve de forma tardía, recién en el lejano tiempo de repartir el producido de la hipotética subasta; y es ahí cuando la realidad demuestra que las sumas a percibir son mucho menores que si se hubiese optado, a tiempo y mediando consenso, por una atribución en especie o una venta privada. He decidido volcar estas líneas previas con el único objetivo de que las hijas del causante tomen oportuno y fehaciente conocimiento de los efectos de este camino, en resguardo de sus legítimos intereses.
2.e. Pero sin perjuicio de ello, y en ausencia -como se ha visto- de las referidas conformidades mínimas, resulta ineludible utilizar una vía que permita la desintegración de la comunidad; circunstancias todas que me convencen de la necesidad de revocar lo decidido (art. 164 del CPCC).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la resolución dictada el día 15 de noviembre de 2024, en cuanto difiere para "su oportunidad" el tratamiento del pedido de subasta por no existir orden de inscripción y encontrarse el bien en cabeza del causante.
Las costas deben imponerse en el orden causado, pues no obstante la oposición que han sostenido las coherederas con respecto al recurso, se trata de un agravio generado de oficio, con anterioridad a tal postura e independientemente de la misma (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 15 de noviembre de 2024, en cuanto difiere para "su oportunidad" el tratamiento del pedido de subasta por no existir orden de inscripción y encontrarse el bien en cabeza del causante. Costas de Alzada por su orden. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia