Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121058
Dictamen de la Procuración General:
I. Llegan en vista las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto por V.E. a fs. 712, para que esta Procuración General que represento asuma la participación que le compete en los términos del artículo 283 del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
II. En cuanto aquí resulta relevante destacar, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás resolvió a fs. 629/632 vta., confirmar la resolución de primera instancia obrante a fs. 584/588 que, a su turno, había dispuesto con fundamento en los artículos 3279, 3549, 3588 y cctes. del Código Civil, leyes 13.252, 19.134 y 24.799, que por el fallecimiento de Da. Clelia Cipriana Tarsetti le sucedía en carácter de universal heredero, Raúl Alberto Artigue y Giorge respecto de los bienes recibidos por la causante a título gratuito de la familia de sangre y aquellos adquiridos con un origen distinto a la incorporación por título gratuito recibidos de la familia de adopción de aquella. Mientras que respecto de estos últimos, dispuso que la herencia debía reputarse vacante en los términos del artículo 3588 del Código Civil, que estimó de aplicación en la especie.
En su análisis revisor el tribunal de Alzada sostuvo que la transmisión de la herencia a las personas llamadas a recogerla y los derechos de los herederos deben ser juzgados por la ley vigente al momento del fallecimiento del causante, por lo que en autos, correspondía aplicar la ley 24.779, aunque dicha norma no se encontrara vigente al momento de decidir.
De conformidad con lo resuelto en la instancia de origen, refirió que la causante había sido adoptada bajo la vigencia de la ley 13.252, cuyo artículo 12 prescribía que el parentesco que creaba dicha adopción se limitaba al adoptante y al adoptado, quien sería considerado como hijo legítimo, sin que el adoptado adquiriera vínculo familiar alguno con los parientes del adoptante, ni derechos sucesorios por representación. Por su parte, expuso que la sanción de la ley 19.134, que reconocía un doble régimen de adopción -plena y simple- estableció en su artículo 34 que las adopciones anteriores a su vigencia -tal, la habida en el caso de autos- quedaban sometidas al régimen de la adopción simple, salvo conversión expresa a pedido de parte interesada. Que igual solución era prevista por la ley 24.779, en lo relativo a los efectos de la adopción simple, según la incorporación de los artículos 329 y 331 que dicha norma concretaba en el Código de Vélez. Desde tal marco normativo, el magistrado ponente valoró que en autos no se verificaba la conversión de la adopción de Clelia Cipriana Tarsetti, por lo que debía estimarse que la misma había mantenido su condición equiparable a una hija legítima de los adoptantes, pero sin vínculos con la familia biológica de éstos, según los referidos efectos de la adopción simple que excluían a estos últimos del carácter de herederos de la adoptada.
Sostuvo que la adopción simple crea un vínculo de parentesco limitado a la relación paterno-filial. Consecuentemente, el adoptado es emplazado como hijo legítimo del adoptante pero no resulta pariente de la familia biológica del adoptante. Ello así, por cuanto subsiste la relación de parentesco del adoptado con su familia de sangre (arts. 329 y 331 del C.C.). A renglón seguido señaló que como resultado de las particularidades de dicha forma de adopción, se derivan especiales consecuencias en materia sucesoria por las que el adoptante hereda ab intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres legítimos, pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de los miembros de su familia de sangre, niéstos -sus parientes de sangre- heredan magistrado ponente, la regla sentada por el art. 3547 del CC que establece que en la sucesión intestada no se atenderá al origen de los bienes. Por ello, estimó correcta la distinción que efectuara el magistrado de origen en relación al acervo del causante. En tal sentido, reiteró que correspondía formar tres masas de bienes, a saber: a) la compuesta por los bienes recibidos a título gratuito de su familia de sangre, respecto de los cuales queda excluido el adoptante aunque no hubiera ningún heredero por vínculo de sangre, supuesto en el cual la herencia quedaría vacante; b) la compuesta por los bienes recibidos por el adoptado a título gratuito de su familia de adopción, respecto de los cuales quedan excluidos los parientes de sangre, de modo que si no hubiera herederos de esta familia adoptiva, también correspondería declarar la vacancia de la sucesión y c) la compuesta por los restantes bienes del adoptado, respecto de los cuales los padres de adopción desplazan a los de sangre, pero si hubiera sólo de sangre, ellos heredarían.
Estimó además, que el planteo de inconstitucionalidad llevado por los recurrentes en torno al conjunto de normas sustantivas en las que el sentenciante de origen había fundado su decisión resultaba insuficiente para el fin perseguido, toda vez que no se había demostrado cabalmente de qué modo dichas normas contrariaban la Constitución Nacional causándole agravio. Destaca en su voto que los parientes biológicos de los adoptantes pretenden que se equipare la adopción simple de la causante a una adopción plena, a fin de crear un vínculo de parentesco con aquella, pero para ello invocan un precedente de V.E. que resulta inaplicable al caso, incorporando argumentos relativos al concepto humanitario de familia y valoración del niño como sujeto de derecho, que estimó inatinentes al supuesto en juzgamiento. Tampoco tuvo por acreditado el magistrado ponente el despojo denunciado por los impugnantes, por cuanto al no haber existido nunca vínculo de parentesco con la causante, los recurrentes jamás pudieron haber entrado en posesión, siquiera ficta, de la herencia.
III.-Contra dicha resolución, se alzan, por un lado, la Sra. Ana Lía Nocito -"prima adoptiva" de la causante-, quien a través de su letrado apoderado interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra agregado a fs. 639/657vta. Por el otro, a fs. 658/660, a su turno, se presenta el Sr. Raúl Alberto Artigue —sobrino de sangre de la causante-, quien con el patrocinio de su letrado interpone igual remedio extraordinario.
IV. Recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Ana Lía Nocito (fs. 639/657 vta.).
1. En su intento revisor extraordinario la Sra. Nocito, pretensa sucesora de la causante, cuestiona la aplicabilidad de las leyes 13.252, 19.134 y 24.779, alegando que ello configura la violación de normas constitucionales por acarrear una solución irrazonable para el caso. Argumenta que la actividad judicial, para ser válida constitucional y axiológicamente, debe ser razonable, según todas las circunstancias de la causa. Desarrolla los fundamentos que, según su apreciación, han dado razón de ser a la previsión legal de la "herencia vacante". Y, en consonancia con ello, reitera su planteo relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 16 de la ley 13.252, arts. 20 y 34 de la ley 19.134, arts. 329, 333 y 3588 del Código Civil para este caso en concreto, toda vez que su aplicación, conforme a las circunstancias comprobadas de la causa, produce a su juicio un resultado irrazonable, con grave perjuicio patrimonial, lesionado su derecho de propiedad.
Argumenta que en el caso de autos, la causante recibió desde su adopción el trato que la integró plenamente en el seno de la familia adoptiva. Consecuentemente, alega que el fallo en crisis desconoce el "estado de familia" que imperaba en relación a la causante, merecedor de protección constitucional y convencional. Entiende entonces que corresponde recalificar la adopción como plena, pues es ésta la categoría que se corresponde con la realidad del trato familiar que la vinculaba con la causante.
En ese discurrir, señala que se debió considerar a su adopción como equiparable a plena, a partir de lo previsto en el artículo 16 inc. "c" de la ley 19.134 y el artículo 325 del Código de Vélez, conforme la reforma introducida por la ley 24.779. En particular, sostiene que tales normas preveían que las adopciones anteriores a la vigencia de dichas leyes debían ser consideradas simples salvo que los padres biológicos hubieran manifestado expresamente la voluntad de dar al menor en adopción. Por lo que estima que cuando la legislación reconoció las dos categorías del instituto, previó que en los supuestos en que los padres biológicos cedieran la patria potestad, entonces, debía considerarse la adopción como plena, con todos sus alcances legales. Reitera así que por aplicación de los artículos 16 de la ley 13.252 y 325 inc. "c" del Código Civil, correspondía dejar de lado, previa declaración de inconstitucionalidad, las normas de los artículos 12 y 16 de la ley 13.252 y 20 y 34 de la ley 19.134, arts. 329 y 333 del Código de Vélez.
Cuestiona igualmente la previsión del artículo 3588 del Código Civil y argumenta que su aplicación al caso genera un enriquecimiento sin causa del Estado y un despojo para su parte de los bienes que, por haber pertenecido a su familia (padres adoptantes de la causante), debían permanecer en el acervo de esta última. Alude a los fundamentos dados por el codificador para justificar el instituto de la vacancia de la herencia y refiere haber demostrado que ostenta la posesión de los bienes con animus domini. Califica la aplicación al caso de las normas de vacancia como una ficción de Derecho, un supuesto de enriquecimiento del Estado y en definitiva, la configuración de una injusticia.
Luego se explaya sobre la aplicabilidad inmediata de las normas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entiende que por virtud del artículo 7 de ese cuerpo normativo, dicho plexo es el que debería regir el caso. En concreto, expone que en autos se trata de una situación cuyas consecuencias no se han agotado y que por estar pendientes sus efectos, los mismos están alcanzados por la nueva normativa. En tal sentido, cita el artículo 622 que prescribe la posibilidad de convertir una adopción simple en plena, con el consiguiente rechazo de toda vocación estatal sobre los bienes que integran el acervo sucesorio.
2. El recurso no puede prosperar.
Tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades V.E.: 'Quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado." (Doctrina causas C. 106.770, sent. del 11-VII-2012; C. 116.855, sent. del 7-V-2014; C. 120.653, sent. del 7-VI-2017; entre otras).
En consecuencia, debe ser calificado de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite efectuar una réplica idónea a las conclusiones que fundamentan el pronunciamiento, y que se limita a trasuntar una discrepancia de criterio, no demostrando de qué manera se habría producido la infracción legal o el absurdo que alega (conf. causas Ac. 90.860, sent. del 29-VI-2005; Ac. 90.372, sent. del 14-11-2007; C. 101.401, sent. del 4-V-2011; C. 99.429, sent. del 22-11-2012; C. 118.443, sent. del 12-VII-2017; entre muchas otras).
En autos, la recurrente ha focalizado sus intentos argumentales en la defensa de sus tesis respecto de cómo debería resolverse el caso y asimismo, alega cuáles eran las normas que a su entender se debían aplicar. Y con este proceder, la pieza en análisis no demuestra de qué modo la decisión cuestionada vulnera la ley o doctrina legal aplicables al caso, carga argumental que como se ha dicho, recae sobre quien recurre. En tal sentido, cabe recordar que en términos de la doctrina de V.E., es carga específica de los impugnantes denunciar aquella ley o doctrina que reputan violada o erróneamente aplicada (doct. causas C. 90.421, sent. del 27-VI-2007; C. 115.710, resol. del 8-VIII-2012; C. 117.092, resol. del 19-XII-2012), mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (Ac. 90.541, sent. 24-V-2006; C.95.000, resol. del 9-XII-2010; C. 107.310, sent. del 3-XI-2010; C. 109.023, resol. del 18-IV-201 1; e.o.), actividad ésta última soslayada por quien aquí recurre, lo que conlleva a desechar el intento recursivo en vista.
V. Recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Raúl Alberto Artigue (fs. 658/660).
l .- El impugnante Artigue se presenta en la sucesión por derecho de representación de su padre, Osvaldo Sebastián Artigue, medio hermano de la causante, fruto de la unión de su madre, Rosa Misente con Leopoldo Artigue.
Sostiene en su prédica recursiva que la sentencia en crisis aplica erróneamente los artículos 3, 333 y 3465 del Código Civil, así como también las disposiciones de la ley 13.252. Se agravia, en definitiva, de las disquisiciones realizadas por las instancias anteriores en relación a la masa de bienes que integrarían el acervo hereditario. Entiende que le corresponde ser declarado universal heredero de la causante sin distinción alguna, por resultar ello así de la ley 13.252, aplicable al caso.
Señala que la norma referida creaba un vínculo limitado al adoptante y adoptado, pero que el adoptado no se integraba a la familia de aquél. Arguye que si bien el adoptante era padre del adoptado, y este último hijo del primero, el adoptado carecía de relaciones familiares de trascendencia jurídica con el núcleo del padre adoptivo. Estima que la aplicación de los efectos de la adopción a la sucesión, apoyándose en normas de sanción ulterior, constituye un supuesto de aplicación retroactiva de la ley. Refiere que esta resolución afecta derechos de raigambre constitucional lo que justifica la vía federal para el supuesto de confirmarse el criterio objetado.
2. El recurso no puede prosperar en atención a su insuficiencia argumental. El mismo abunda sobre una descripción de los efectos de la normativa que entiende aplicable al caso, valorando su constitucionalidad, subrogándose en la función que es propia de los magistrados, pero sin una crítica que demuestre con suficiencia la violación o errónea aplicación de las leyes que denuncia infringidas por el a quo. Lo mismo cabe señalar de la supuesta aplicación retroactiva de la ley, toda vez que incluso dicho argumento aparece más como un mero arbitrio que como la adecuada demostración de una transgresión relevante de la ley o doctrina legal aplicable al caso.
En este sentido, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto el impugnante sólo expuso, de manera subsidiaria la inaplicabilidad de las normas que cita. En suma, su escrito recursivo se limita a discrepar con las conclusiones del a quo, exponiendo su propio criterio interpretativo, que no es base idónea de agravios. Es que tal como lo ha sostenido V.E. de manera reiterada "resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo, al desprender la quejosa conclusiones distintas de las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y no teniendo en cuenta que, para estudiar el asunto desde otra perspectiva, debe indicar a esta Corte por qué el encuadre es como él pretende y por qué promedia error en el modo en que el tribunal de la causa ha resuelto la controversia. (Doctrina emergente de las causas C. 117.735, sent. del 24-IX-2014; C. 109.310, sent. del 15-IV-2015; C. 118.783, sent. del 16-111-2016; C. 1 19.426, sent. del 29-III-2017; entre muchas otras).
VI. Con los argumentos hasta aquí expuestos, tengo entonces por contestada la vista conferida, reiterando que corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Sra. Lía Nocito, así como el interpuesto por el Sr. Artigue, en los términos del artículo 279 del C.P.C.C.B.A.
La Plata, 15 de noviembre de 2017.
Julio M. Conte-Grand
Procurador General
En la ciudad de La Plata, a 16 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.058, "Tarsetti, Clelia Cipriana. Sucesión ab intestato".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás confirmó la sentencia de grado que, oportunamente, había dispuesto que por el fallecimiento de Clelia Cipriana Tarsetti le sucedía en carácter de heredero universal el señor Raúl Alberto Artigue y Giorge respecto de los bienes recibidos a título gratuito por la causante de la familia de sangre y aquellos adquiridos con un origen distinto a la incorporación por título gratuito recibidos de la familia de adopción. Mientras que, respecto de los bienes recibidos a título gratuito de la familia de adopción, se dispuso que la herencia debía reputarse vacante (v. fs. 629/632 vta.).
Se interpusieron, por Ana Lía Nocito y Raúl Alberto Artigue y Giorgi, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 639/657 vta. y 658/660).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El Juzgado de Paz Letrado de Arrecifes, perteneciente al Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco del juicio sucesorio de la señora Clelia Cipriana Tarsetti dictó declaratoria de herederos (v. fs. 584/588 vta.), en la cual sostuvo que la causante había sido adoptada bajo la vigencia de la ley 13.252 que prescribía que el parentesco que creaba dicha adopción se limitaba al adoptante y el adoptado, quien sería considerado como hijo legítimo, sin que adquiera vínculo familiar alguno con los parientes del adoptante, ni derechos sucesorios por representación. Indicó que las leyes posteriores en dicha materia -que contemplaban el doble régimen de adopción simple y plena- establecieron que las adopciones anteriores a su vigencia, salvo conversión expresa de la parte interesada, quedaban sometidas al régimen de la adopción simple (v. art. 34, ley 19.139).
En ese camino, señaló que de esa forma de adopción, al no resultar el adoptado pariente de la familia biológica del adoptante, se derivaban especiales consecuencias en materia sucesoria por las que el adoptante hereda ab intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres legítimos, pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de los miembros de su familia de sangre, ni estos -sus parientes de sangre- heredan los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de los componentes de su familia de adopción, mientras que en el resto de los bienes, los adoptantes excluyen a los padres de sangre.
Así, distinguió tres conjuntos de masas de bienes, clasificándolos según su origen:
-los recibidos por la causante a título gratuito de la familia de sangre: son llamados a suceder sus parientes de sangre (resultando el señor Raúl Alberto Artigue y Giorge -sobrino biológico, colateral en tercer grado- el más cercano);
-los recibidos a título gratuito de la familia de adopción: corresponde que se repute como herencia vacante;
-y los adquiridos por la causante por otro origen: pre-fallecidos los adoptantes son llamados a suceder sus parientes de sangre (el señor Raúl Alberto Artigue y Giorge).
A partir de dicha clasificación, declaró que a Clelia Cipriana Tarsetti le sucede en carácter de universal here
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