Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.864 "DI LUCA MAGDALENA CRISTINA S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de la sucesión de Magdalena Cristina Di Luca, procedió a homologar el acuerdo presentado (v. sentencia de 12-VIII-2023).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó dicha decisión, en el entendimiento de que faltaba uno de los requisitos esenciales para lograr la homologación, que es el acuerdo de todas las partes. Así, concluyó que, más allá de la conflictiva familiar que se observaba y el desmedro económico que para los hermanos coherederos significaba mantener la situación actual, les recordó la posibilidad de realizar un nuevo acuerdo con las pautas señaladas o designar un administrador para el emprendimiento agrícola ganadero, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la partición judicial de los bienes que integran el acervo sucesorio (v. fallo de 6-VI-2023).
Frente a tal pronunciamiento, el coheredero Adrián Hugo Piccioni dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 5-VII-2023), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada (v. resolución de 14-VII-2023). Ello, motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito de 11-VIII-2023 y sus archs. adjs.).
II. En el caso, es oportuno señalar que esta Corte ha dicho reiteradamente que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas Ac. 96.148, "Italcar La Plata S.A.", resol. de 13-XII-2006; Ac. 96.902, "Carfagno", resol. de 30-V-2007; Ac. 101.108 "Fernández Alegría", resol. de 26-XI-2008; C. 118.081, "Martino", resol. de 25-IX-2013 y C. 123.904, "Reyes", resol. de 5-VI-2020).
Así, también se ha declarado que corresponde relacionar el concepto de sentencia definitiva con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado. Pues, mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio, en tanto exista un medio por el que sea viable reparar el agravio causado por la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal, no ha de tenerse un pronunciamiento por definitivo (conf. causas Ac. 92.989, "Barbosa", resol. de 9-II-2005; C. 99.577, "Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos", sent. de 9-XII-2009; C. 117.121, "Reverdito", resol. de 12-XII-2012 y C. 118.081, cit.).
En esa inteligencia, no es pertinente atribuir tal naturaleza a la resolución del Tribunal de Alzada que en un proceso sucesorio revocara la homologación por los motivos señalados, destacando la posibilidad de realizar un nuevo acuerdo con las pautas que mencionó o designar un partidor judicial para efectuar el mismo (ver sentencia de 6-VI-2023), desde que no produce el indicado efecto (conf. doctr. causas C. 118.081 cit.; C. 119.027, "Romero", resol. de 15-X-2014; C. 121.925, "Toledo", resol. de 20-XII-2017 y C. 124.696, "Colombini", resol. de 17-III-2022).
Finalmente, tampoco se vislumbra en los presentes obrados -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que, en el contexto reseñado, se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018: C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 125.491, "Vazquez", resol. de 10-VI-2022; C. 126.070, "Simonelli", resol. de 27-IV-2023).
En consecuencia, se impone el rechazo del recurso de hecho intentado (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2024 13:08:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2024 15:32:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/02/2024 12:28:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:36:34 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:41:40 hs. bajo el número RR-178-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia