Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 8 de noviembre de 2023;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 17 de noviembre de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de noviembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.478 "NEGRETE TOMASA S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 17 de noviembre de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el día 8 de noviembre del mismo año.
II. Las herederas Miriam Esther y Silvia Gabriela Negrette deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (art. 292, CPCC y Acordada 4068; v. resol. de 13-IX-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 27-IX-2023 y su archivo adjunto identificado como "RF.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar al pedido de ampliación de la declaratoria de herederos dictada en la sucesión de Tomasa. En tal sentido, dispuso que, por fallecimiento de la mencionada causante, además de las herederas ya declaradas -Miriam Esther y Silvia Gabriela Negrette- también le sucede, en carácter de universal heredera, su hermana Fortunata Negrete, quien concurre con las nombradas en la citada declaratoria (v. sents. de 17-VIII-2022 y 9-III-2023, en archivo adjunto al trámite "RECURSO DE QUEJA-DEDUCE" de fecha 14-IV-2023 a las 11:53:14 hs.).
III.1. En la vía ahora intentada, las impugnantes fundan la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley, supremacía constitucional, acceso a la justicia y razonabilidad (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 12 y 22 y 116, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 6, 8/12, 16/18, 27/28, 30 y 37/39, adjunto cit.).
III.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de la normativa que rige al caso, de las constancias de la causa y de las pruebas aportadas, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproducen- relacionados con la falta de legitimación de la Asociación presentada en autos como acreedora o heredera testamentaria de la señora Fortunata Negrete. En consecuencia, desestimó -con exceso ritual- la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 342:584; 338:875; 102:219; 125:247; 148:62; 172:149; 31:125; entre otros).
Alegan, además, que el fallo atacado descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que aseguran haber planteado. Y en razón de ello, aducen que, ante la insuficiencia de valor, debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el art. 278 del Código de rito, norma que peticionan sea declarada inconstitucional, para ingresar al estudio del recurso de inaplicabilidad de ley -cuyos agravios también replican- (v. págs. 7/17 y 27/39, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 11-X-2023 y trámite titulado "OFICIO RECIBIDO" de fecha 2-XI-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la Asociación Civil Amigos del Hogar de Ancianos de Tapalqué (v. adjunto al trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 17-XI-2023).
Respecto de dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2/5 y 7/9; v. archivo adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de noviembre de 2023 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. Respecto del remedio federal, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
En el caso, si bien se cuestionó la constitucionalidad de los arts. 278 y 280 del Código Procesal provincial, bajo la pretensión de ser contrario a la Carta magna (v. pág. 11, adjunto cit.), lo cierto es que se advierte que las alegaciones formuladas al respecto devienen inadmisibles, toda vez que resultan fruto de una reflexión tardía y novedosa que no ha sido planteada en la oportunidad pertinente, lo que descarta la configuración de la cuestión federal invocada (arg. art. 14, inc. 2°, ley 48; Fallos: 285:322; 287:73; 300:474; 866; 301:478; 302:998; 308:441; 311:96; 955; 312:2340; 313:714; 318:1357; 327:5747; 5794 y 5799; 331:2223; entre otros).
Poe otro lado, debe señalarse que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la ampliación de la declaratoria de herederos cuestionada y la insuficiencia del valor de los agravios traídos, conforme el art. 278 del CPCC), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por las impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que las recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para desestimar la queja intentada, alegando que se ha incurrido en exceso ritual. Así, reiteran agravios allí expuestos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada e insisten, además, con los cuestionamientos invocados en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de este Tribunal por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la vía de hecho en esta sede (v. págs. 4/14 del trámite "RECURSO DE QUEJA-DEDUCE" de fechas 14-IV-2023 y págs. 11/30 de su archivo adjunto identificado como "DOC.+(2).pdf"; págs. 7/17 y 27/39 del adjunto "RF.pdf" cit. y resol. en crisis cit.).
Y en dicha tarea, soslayan rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- las puntuales razones brindadas en el pronunciamiento impugnado, es decir, la insuficiencia del valor del agravio representado por la valuación fiscal del único inmueble denunciado como componente del acervo hereditario, en la porción correspondiente a la participación de las recurrentes y la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia (v. resol. en crisis cit.).
V.3. Por otro lado, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 12 y 22 y 116, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 6, 8/12, 16/17, 27/28, 30 y 37/39, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 124.572, "Escalante", resol. de 10-VIII-2022; C. 123.616, "Banco Mayo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.308, "Hernández", resol. de 27-IV-2023; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 17/18, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 8 de noviembre de 2023; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 17 de noviembre de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 2 de noviembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:05:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:58:22 hs. bajo el número RR-449-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia