Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la Sentencia Interlocutoria Nº 0463/26 en todo lo que ha sido materia de agravios.
II. Imponer las costas de Alzada a los apelantes (art. 69 del CPCC).
III. Regular los honorarios del Dr. , letrado apoderado de los apelantes , y , y por su actuación en esta instancia en el 0,17 %; y los del Dr. , letrado apoderado de y , en el 0,24%; en ambos <PER_2> <PER_1> <PER_3> <PER_4> <PER_4> casos de la base regulatoria que corresponda y que incluyen el plus procuratorio; y con más el IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 32 y 46 de la Ley XIII N.º 4).
Trelew, 17 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados: “ s/ Sucesión Ab- Intestato” (Expte. N° 682 - Año 2026 CAT), venidos a despacho a fin de resolver el llamado del día 16/10/2026,
I. Mediante la Sentencia Interlocutoria N° 0463/2026 del 03/09/2026, la magistrada de primera instancia hizo lugar a la solicitud formulada por la administradora judicial definitiva de la sucesión y autorizó la utilización de fondos depositados en la cuenta judicial para cancelar las deudas correspondientes al canon de riego y al impuesto inmobiliario que gravan el inmueble identificado como de la ciudad de Rawson, identificada catastralmente como .
La decisión comprendió las sumas de $4.639.400,36, correspondientes al canon de riego de la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut, y de $1.075.411,60, en concepto de impuesto inmobiliario, por un total de $5.714.811,96.
II. Contra dicha resolución, los coherederos , y interpusieron recurso de apelación mediante presentación del 13/09/2026 (ID 2519618), cuyos fundamentos fueron desarrollados en la expresión de agravios presentada el 20/09/2026 (ID 2531245).
En primer término, cuestionaron la autorización judicial para cancelar obligaciones cuyos acreedores no se habían presentado en el proceso sucesorio a reclamar sus créditos. Sostuvieron que la decisión vulneraba el régimen de liquidación del pasivo hereditario previsto en el art. 2356 del CCyC, al disponer el pago de deudas sin la previa intervención de sus titulares.
Asimismo, opusieron la prescripción de las obligaciones correspondientes al canon de riego y al impuesto inmobiliario, con fundamento en los arts. 2562 inc. c y 2560 del CCyC.
En subsidio, cuestionaron que se destinara más de la mitad de los fondos depositados en la cuenta judicial a cancelar íntegramente las deudas de la . Argumentó que dicha decisión beneficiaba principalmente a los coherederos adjudicatarios de la mayor superficie del inmueble, en perjuicio de sus representados, y afectaba la igualdad entre los herederos.
Solicitaron, en definitiva, la revocación de la resolución apelada.
La expresión de agravios fue contestada por y , quienes solicitaron su rechazo, con costas, y la confirmación de la resolución recurrida. Sostuvieron que el pago de las obligaciones correspondientes a <PER_1> <DIRECCION> <DIRECCION_2> <PER_2> <PER_1> la no constituye un beneficio exclusivo para determinados coherederos, sino una medida necesaria para obtener el libre deuda exigido por la Municipalidad de Rawson y posibilitar la mensura del inmueble, indispensable para ejecutar el acuerdo particionario homologado judicialmente. Señalaron que las obligaciones cuya cancelación se autorizó integran el pasivo hereditario y que el convenio no estableció una distribución proporcional de esas deudas según las superficies adjudicadas. Asimismo, rechazaron que fuera necesaria la presentación formal de los acreedores en el sucesorio y que el pago afectara indebidamente el remanente dinerario adjudicado a . Finalmente, afirmaron que los apelantes no acreditaron un perjuicio concreto derivado de la decisión impugnada.
III. Tratamiento de los agravios:
a) Preliminarmente, debe recalcarse que esta Alzada no se encuentra obligada a analizar cada uno de los planteos introducidos por los apelantes en su expresión de agravios, sino tan sólo aquéllos que resultan conducentes para decidir respecto de la disposición impugnada y que resultan suficientes para emitir un pronunciamiento válido, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 258:304; 262:222; 2723:225; 278:221; 291:390, entre otros.
b) En forma preliminar, corresponde recordar que la partición privada constituye un negocio jurídico plurilateral de naturaleza contractual, regido por la autonomía de la voluntad de los copartícipes (arts. 957 y 2369 del CCyC). En consecuencia, el acuerdo celebrado obliga a sus otorgantes en los términos convenidos, sin que resulte admisible desconocer unilateralmente las estipulaciones válidamente asumidas.
Este acto jurídico plurilateral, destinado a regular relaciones jurídicas patrimoniales entre los comuneros, es un contrato en los términos del artículo 957 CCCN (Ferrer, Francisco A. M., “La partición mixta de herencia”, en La Ley, Buenos Aires, Thomson Reuters, 23/11/2016 (t. 2016-F, p. 886, cita online AR/DOC/3623/2016, citado por Lamber, Néstor Daniel, “El título de adjudicación de inmueble por partición privada de la indivisión hereditaria y poscomunitaria”, Revista del Notariado, N° 927, 05/06/2017, www.revista-notariado.org.ar).
c) En el caso que nos ocupa, los coherederos estipularon expresamente, en el apartado IV del acuerdo particionario (ver hojas 1062/1073 del expediente digital), que los impuestos inmobiliarios, las patentes de los vehículos y las obligaciones impositivas ante ARCA adeudados hasta la fecha de homologación serían abonados con los fondos depositados en la cuenta judicial.
Asimismo, convinieron que cada adjudicatario debía presentar las deudas documentadas correspondientes a los bienes o derechos que le fueran adjudicados y solicitar al Tribunal la entrega de los fondos necesarios para su cancelación. En tal sentido, el primer agravio referido a la oposición de los apelantes a que la administradora judicial abone las deudas de los bienes sin que se haya verificado el trámite dispuesto por el Art. 2356 del CCyCN no guarda relación alguna con el acuerdo particionario celebrado en autos.
Conforme a lo acordado por los herederos, la jueza de grado autorizó a la administradora judicial a cancelar las deudas de los bienes involucrados e intimó a los coherederos a acreditar documentalmente las correspondientes a los bienes adjudicados. En cumplimiento de lo convenido, los coherederos y acompañaron la documentación correspondiente a las deudas de la , cuya cancelación con fondos de la cuenta judicial fue posteriormente autorizada por la magistrada de grado.
En este contexto, el planteo de los recurrentes relativo a la falta de comparecencia de los acreedores al proceso sucesorio no resulta atendible, pues introduce una exigencia que no surge de los términos del acuerdo particionario homologado.
En efecto, los coherederos convinieron que las deudas correspondientes a los bienes adjudicados fueran acreditadas documentalmente por los respectivos adjudicatarios, a fin de posibilitar su cancelación con los fondos depositados en la cuenta judicial, sin supeditar dicho procedimiento a la previa presentación de los acreedores en el sucesorio. Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.
d) Seguidamente, en cuanto a los agravios relativos a la prescripción de las deudas correspondientes al canon de riego y al impuesto inmobiliario, así como al cuestionamiento referido a la utilización de más de la mitad de los fondos judiciales para cancelar las obligaciones de la , corresponde señalar que ambos planteos no resultan atendibles.
En efecto, se trata de cuestiones que no fueron introducidas ante la magistrada de primera instancia y que, por consiguiente, no integraron oportunamente la materia sometida a su conocimiento y decisión. En tales condiciones, su tratamiento por esta Alzada importaría exceder los límites de la competencia revisora que le es propia, en tanto el art. 280 del CPCC impide pronunciarse sobre cuestiones que no fueron propuestas al juez de grado.
Como de manera reiterada ha sostenido este Tribunal, el ejercicio de la jurisdicción plena de la Alzada encuentra un doble límite delineado por la actitud procesal de los propios litigantes: por un lado, las pretensiones, oposiciones y hechos sometidos a la primera instancia y, por el otro, la materia de agravios. De allí que pronunciarse más allá de tales contornos quebrantaría el principio de congruencia, vulnerando directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y derecho de propiedad (conf. Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Astrea, 1989, vol. 1, págs. 76, 115, y 165/166; Azpelicueta - Tessone, “La Alzada. Poderes y deberes”, Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).
Además, respecto de la oposición al pago de las deudas de la Chacra N° 38, debe tenerse presente que se trata de una carga que se encuentra expresamente comprendida entre las obligaciones cuyo pago con fondos de la sucesión fue acordado por los coherederos en el apartado IV del convenio particionario, agregándose a ello que los recurrentes no acreditaron en autos deudas comunes de los bienes que le fueran adjudicados.
En este sentido, el principio de buena fe contractual, consagrado en el art. 961 del CCyC, impone a las partes el deber de observar una conducta coherente con los compromisos asumidos y con la confianza legítimamente generada en los demás contratantes.
Como derivación de dicho principio, la doctrina de los actos propios impide adoptar una conducta jurídicamente incompatible con otra anterior, deliberada y jurídicamente relevante, cuando esta última ha generado en los demás una legítima expectativa de comportamiento futuro.
Bajo tales premisas, la oposición de los recurrentes a la utilización de los fondos judiciales para cancelar las deudas de la Chacra 38 contradice la conformidad que expresamente prestaron al suscribir el convenio particionario, en el que acordaron ese mecanismo de pago.
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, confirmando la Sentencia Interlocutoria N° 0463/26 en todo lo que ha sido materia de agravios.
En cuanto a las costas de Alzada, corresponde imponerlas a los apelantes (art. 69 del CPCC).
Por las labores desarrolladas en esta instancia, corresponde regular los honorarios de los Dres. , letrado apoderado de los apelantes, en el 0,17 % de la base regulatoria que corresponda, con más el IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 32 y 46 de la Ley XIII N.º 4).
Por ello, la Sala “2” de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:
I. CONFIRMAR la Sentencia Interlocutoria Nº 0463/26 en todo lo que ha sido materia de agravios.
II. IMPONER las costas de Alzada a los apelantes (art. 69 del CPCC).
III. REGULAR los honorarios del Dr. , letrado apoderado de los apelantes , y , y por su actuación en esta instancia en el 0,17 %; y los del Dr. , letrado apoderado de y , en el 0,24%; en ambos <PER_2> <PER_1> <PER_3> <PER_4> <PER_4> casos de la base regulatoria que corresponda y que incluyen el plus procuratorio; y con más el IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 32 y 46 de la Ley XIII N.º 4).
IV. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por los Jueces de Cámara: Dr. Guillermo WALTER (PRESIDENTE) y Dr. Marcelo PERAL (JUEZ DE CÁMARA).
Registrada como Sentencia Interlocutoria N.º __14____/2026 - SIE.
Dra. Florencia CESARI (Secretaria de Refuerzo).
Fin de la sentencia