Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 73867
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1CONSIDERAR NULAS la declaración de puro derecho dispuesta a fs. 314 así como la decisión recurrida.
2Disponer la remisión del proceso a través de la Receptoría de Expedientes para la intervención de juez hábil.
3Imponer las COSTAS de Alzada a la demandada.
4Diferir la regulación de los honorarios del letrado de la recurrente para su oportunidad.
En General San Martín, a los días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Presidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez (Ac. Ext. N° 666 de esta Excma. Cámara), con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 73.867 caratulada “ALONSO, ALBERTO ANDRES C/ SUCESION ABINTESTATO Y TESTAMENTARIA C/ ANGELI, SUSANA INES S/ NULIDAD DE TESTAMENTO”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces, Scarpati, Pérez.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Scarpati dijo:
I. Que a fs. 314 el señor juez de la instancia anterior a partir de la declaración de puro derecho dicta sentencia a fs. 316/325 rechazando la demanda de nulidad de testamento y las pretensiones conexas, imponiendo las costas a la reclamante.
Apelada la misma por la actora perdidosa, la misma expone sus agravios mediante la incontestada memoria de fs. 339/347.
Se queja del rechazo, puntualmente de la interpretación que se diera a la nulidad de testamento que promoviera por vía incidental, en tanto se la ha ponderado como una demanda que no dedujo, pues jamás promovió una acción autónoma, considerando que se ha violado su derecho de defensa.
Afirma que sólo accionó a modo incidental y que no dedujo una demanda de nulidad de testamento, considerando que el tratamiento que se le confirió fue el de una demanda autónoma, tanto en relación a la cuestión principal como a las restantes, insistiendo en que la pretensión no estaba destinada a ser resuelta en el marco de este expediente.
Asevera que el rechazo decidido vulnera su derecho de defensa, marcando que el juzgador le endilga ausencia de prueba cuándo se ha negado a abrir a prueba la causa, lo que comporta arbitrariedad y vulnera su derecho de defensa.
Marca también que ha considerado la pericial caligráfica que existe en el proceso principal, capitalizando así prueba de otro proceso, apuntando que ha glosado a su demanda informe de perito calígrafo sobre la autenticidad del testamento, pieza que el juzgador ha desatendido.
Hace referencia a los antecedentes relativos a la concurrencia de la audiencia de conciliación fijada, aludiendo al rechazo de las peticiones que al respecto efectuara.
Invoca la violación del principio de razonabilidad al decidir en contra de las constancias del proceso y fundarse en la falta de pruebas cuya producción él mismo ha impedido, convalidando un informe pericial aportado en otro proceso.
Sostiene la existencia de contradicción en la decisión, ya que por un lado señala que el accionante no ha probado los hechos en que sustenta el reclamo, más impidió la realización de toda prueba, lo que comporta la violación del principio de no contradicción en la motivación, lo que autoriza su nulidad.
Así le atribuye error lógico, falta de fundamentación y apartamiento de las reglas de la sana crítica.
Cuestiona la aplicación de las costas a su respecto, esgrimiendo que ha accionado con una convicción razonable y fundada sobre su derecho, habiendo incluso abonado honorarios a un experto calígrafo, cuyo informe habilitó que se considerara con derecho a reclamar.
Solicita la producción de prueba en esta instancia, la que se desestima a fs. 352.
II. El planteo que aporta el perdidoso resulta procedente, apuntando que tal criterio no implica concordar con la acotada intención litigiosa que se invoca, en cuánto la misma no guarda concordancia con las constancias que emergen del proceso.
A ese respecto surge de la providencia de fs. 197/199 que su reclamo fue encausado expresamente en el trámite ordinario, ello conforme el criterio que consagra el art 319 del Cód. Proc., antecedente que determina la improcedencia del tramo en el que se queja de la consideración que en aquel marco le prodigara el sentenciante.
Destacado esto, sí le asiste razón en los demás planteos que produce los que en mi entendimiento conducen a la inexorable nulidad de la decisión, ello con efectos expansivos a la providencia que declara la cuestión de pleno derecho en el marco de la audiencia de fs. 314.
Es que la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. No es, pues, sólo el imperio del juez lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, y estos aspectos dependen de las motivaciones que sirven de base a la decisión (C.S. Fallos 308:309).
Esto indica que toda sentencia debe ser motivada a través de argumentos fácticos y jurídicos que sea la consecuencia lógica de la decisión arribada.
De este modo, aprecio que carece de asidero lógico sostener que “si bien existen hechos controvertidos no hay necesidad de comprobación jurídica…” declarando la cuestión de puro derecho (audiencia fs. 314), habilitando el rechazo de la pretensión por ausencia de prueba (fs. 323 apartado quinto in fine).
Este devenir decisorio exhibe una flagrante contradicción, comprometiendo el llamado “principio de congruencia interno” referido como sabemos a la exigible presencia de argumentos ordenados y coherentes, indispensables para proteger la razonabilidad de la decisión.
Es que la errada y contradictoria inncesariedad de prueba al impedir la demostración de la nulidad articulada, conduce a vaciar de contenido a la pretensión (arg. arts. 358 y 375 del Cód. Proc.).
En este contexto, tal como lo marca la agraviada, mal puede achacársele la indemostración del vicio en el que sustenta la nulidad que reclama, cuándo es el propio sentenciante quien le cancela tal posibilidad.
Y tampoco corresponde hacerle extensiva las conclusiones de la pericia producida en el sucesorio en el marco de lo dispuesto por el art. 2339 del C.C. y C. (fs. 88/93), pues ello implica afectación del derecho de defensa del litigante, ajeno al proceso respectivo. Es que en tal garantía está involucrada la posibilidad de ofrecer y controlar las pruebas, con lo que la inobservancia del derecho de este linaje descalifica el soporte probatorio en el que sostiene su entendimiento (arg. art. 18 C.N. y 15 C. de la Provincia y arts. 458, 463, 469, 473 del Cód. Proc.).
Y nótese que tampoco cabe inferir que lo manifestado por el letrado apoderado a fs 260/263 (puntualmente fs. 260) conlleva un consentimiento tácito sobre la autenticidad del testamento que impugnara. Es que no sólo la redacción respectiva impide inferir la admisión de autenticidad del mismo y, por tanto, considerarla como desistimiento formal a este respecto, sino que además la norma del art. 948 del C.C. y C. desautoriza la interpretación que se le diera.
De este modo aprecio que debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia impugnada así como la decisión que se plasma en la audiencia que le antecede por la que se declara la cuestión de puro derecho. Ello en cuánto impide contradictoriamente a la reclamante toda posibilidad acreditativa de la nulidad que impetra, incorporando prueba aportada en un proceso ajeno, desconsiderando el derecho de debido control sobre ella, vicios que en mi criterio fulminan de nulidad la declaración de puro derecho dispuesta a fs. 314 y la decisión recurrida (arg. arts. 389 y 390 del C.C. y C. y 174 del Cód. Proc.), correspondiendo remitir el proceso a través de la Receptoría de Expedientes para la intervención de juez hábil.
En cuánto a las costas de Alzada, conforme el criterio aplicado han de imponerse a la demandada, difiriéndose la regulación de los honorarios del letrado de la recurrente para su oportunidad (arts. 68 y 74 Cód. Proc. Y 31 decreto 8904/77).
Doy mi voto por la NEGATIVA
La Sra. juez Pérez, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que termino el Acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo precedente SE RESUELVE: 1°) CONSIDERAR NULAS la declaración de puro derecho dispuesta a fs. 314 así como la decisión recurrida. 2°) DISPONER la remisión del proceso a través de la Receptoría de Expedientes para la intervención de juez hábil. 3°) IMPONER LAS COSTAS de Alzada a la demandada. 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios del letrado de la recurrente para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia