Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 14465
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio en el punto tercero de fs. 432 vta., con costas a la recurrente.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (art. 35 Ley 14.967).
San Isidro, ... de Diciembre de 2019.
I. La resolución del 4-11-2019 estimó ajustada a derecho la providencia del 18-10-2019 que dispuso el cese de la intervención de la acreedora Susana Agrelo y la continuación del sucesorio bajo impulso exclusivo de las herederas. Concedió la apelación deducida en subsidio por la cesada.
La recurrente rememora el origen alimentario que ostenta su crédito por honorarios y la autorización que se le confirió a fs. 279 para impulsar las actuaciones. Destaca que, como las herederas no habían gestionado útilmente la etapa particionaria, se ordenó designar un inventariador-partidor. Trascurridos 3 años, se presentaron aquellas acompañando un convenio de partición, señalándoseles los requisitos previos que debían cumplir para obtener la homologación. Pasado otro año sin que se avance con dicha etapa, se queja de que la a-quo considere que las herederas se encuentran tramitando el sucesorio.
Hace hincapié en las normas que amparan su legitimación y facultades para impulsar la partición cuando los herederos se exhiban desidiosos. Dice que hay un interés subyacente de aquellas en que su crédito por honorarios sea alcanzado por la prescripción.
Sustanciados los fundamentos, Rosa Carlassare responde el 6-11-2019. Dice que es cierto que los terceros pueden intervenir pero cuando no hay actividad, lo que no sucede en autos, pues se acompañó un convenio particionario y se está ofreciendo en venta la propiedad para liquidar las deudas, entre las que se encuentra la de la acreedora Agrelo. Advierte contradictorio el planteo de la recurrente, pues tuvo tres años para lograr la partición y no lo hizo, plazo que feneció al presentarse el convenio. Contra la queja de que ha trascurrido un año desde la exigencia de los recaudos, expone que la actividad se está llevando a cabo extrajudicialmente, tratando de concertar la venta del bien.
Martha Lisi responde el 11-11-2019, exponiendo haber realizado arduas gestiones para lograr una solución global a la partición. Dice no contar con recursos para acompañar la documentación que se le exige, poniendo énfasis en la situación difícil que atraviesa el país, específicamente para el mercado inmobiliario. Si bien la acreedora fue autorizada a impulsar el trámite, es lógico que tal venia ceda frente al acuerdo particionario acompañado por las propias herederas.
II. En el marco de este proceso voluntario, suscita debate la conducta que adoptan las herederas en la etapa de indivisión, pues ello resulta determinante para decidir la intervención que le compete a la acreedora.
Como primera medida, el texto del art. 729 del CPCC estipula que la intervención de los acreedores “cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de éstos, en cuyo supuesto los acreedores podrán activar el procedimiento”.
Así pues, habría que analizar si el comportamiento de las herederas puede calificarse como “inacción manifiesta”, figura ésta que habilitaría a la acreedora a realizar actividades para avanzar con el trámite y materializar su crédito.
Resulta certero que Agrelo se vio compelida a impulsar el proceso debido a la inacción de las herederas, obteniendo la respectiva autorización judicial (fs. 271 y 279). Realizó actividad tendiente a inventariar y tasar las propiedades del acervo del causante, lo cual le demandó un plazo temporal extenso (de septiembre de 2015 a los primeros días de 2018).
Sin embargo, a fs. 410/413 (28-9-2018) se presentaron las herederas acordando el modo de partir la herencia, requiriéndoseles los recaudos de estilo para cumplir la etapa correspondiente, lo que –a la fecha- no ha sido efectuado.
Ahora bien, en este contexto ¿Corresponde que la acreedora de la co-heredera Carlassare siga impulsando el proceso sucesorio del progenitor de aquella para intentar percibir su crédito por honorarios?
Con este interrogante, lo primero que debe destacarse es que, tratándose de una acreedora de una heredera, ésta no puede agredir directamente el patrimonio del causante (conf. Maffia, Jorge O., Tratado de las Sucesiones, t. I, Ed. Depalma, 1981, pág 398), sino que debe limitarse a los derechos hereditarios que pudieran corresponderle a Rosa Carlassare en la sucesión de su padre.
Se ha dicho que “los acreedores podrán formular peticiones tendientes a activar el procedimiento para suplir negligencia de los herederos, pero su intervención cesa cuandoéstos demuestran su propósito de continuar los trámites del juicio” (CACC La Plata, 124433 RSI-275-18 I, 4-10-2018).
Entendemos que, cuando la norma se refiere a “inacción manifiesta”, lo hace bajo el supuesto que los herederos exhiban desidia, o bien, acontezca un lapso prolongado de tiempo en el que no demuestren interés en proseguir las actuaciones (art. 729 del CPCC).
En tal inteligencia, es pacífica la recepción de la regla que dispone el cese de intervención a los acreedores cuando los herederos se encuentren impulsando el proceso. La variable que faculta la legitimación de la recurrente (la mentada inacción manifiesta) no se encuentra configurada en la especie. Y decimos ello pues, en el marco de un proceso voluntario, donde la participación de sujetos ajenos debe apreciarse dentro de un marco restrictivo, la pasividad a la que alude el art. 729 del CPCC implica una gravedad o una notoriedad tal que signifique que, de no impulsarlo, la acreedora pueda ver malogrado el cobro de los honorarios que le son debidos. Vale recordar que la deudora tiene un derecho en expectativa a recibir su porción hereditaria y, por ello, el embate dirigido a forzar una partición para satisfacer un crédito que no adeuda la sucesión, excede las prerrogativas que confiere el art. 729 del CPCC.
Si bien es cierto que el pacto fue anejado a la causa hace poco más de un año (ver fs. 410/413) no escapa al conocimiento de los interesados que hay negociaciones que deben celebrarse extrajudicialmente para poder finalizar la etapa particionaria y así contar con los recursos suficientes para abonar lo que adeuda Carlassare. Esta circunstancia no puede ser catalogada como inacción manifiesta con los efectos para que la acreedora gestione la partición subrogándose en los derechos de las herederas, quienes ya presentaron en la causa su convenio particular (aún pendiente de homologación).
Por lo cual, estando asegurado el derecho de la recurrente mediante la nota de embargo de fs. 239 y siendo que su intervención está condicionada únicamente a la inactividad manifiesta de los herederos, es que compartimos el criterio signado en la instancia precedente, cesando -por el momento- la facultad de impulsar el proceso por parte de la acreedora Agrelo (arts. 2364 y 2365 del CCCN, art. 729 del CPCC).
III. Las costas de Alzada serán soportadas por la acreedora vencida, ello respetando el principio objetivo de la derrota estipulado por el art. 68 del CPCC.
Por lo expuesto, este Tribunal Resuelve:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio en el punto tercero de fs. 432 vta., con costas a la recurrente.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (art. 35 Ley 14.967).
Regístrese.
Hugo O. H. Llobera Analía Inés Sánchez
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia