Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 35.642-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el ajuste fiscal relativo al proveedor “Condominio García Francisca Nélida y otro”, con costas.
2Confirmar la resolución apelada respecto de los proveedores Jorge Alberto Elola -hoy Sucesión de Elola Jorge Alberto- y Eco Sagga SA, con costas.
3Ordenar al organismo fiscal para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación de los montos ajustados a las pautas establecidas en la presente, debiendo entregarse los antecedentes administrativos de autos por el mismo término.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121976859-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Noviembre de 2022 En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 35.642-I caratulado: “Sucesión de Castro Héctor Santos s/ recurso de apelación”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 141/158vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 100/2011 que determinó de oficio el IVA de los períodos 01/2007 a 12/2008, e intimó su pago con más los intereses resarcitorios. La recurrente informó que los proveedores Condominio García Francisca Nélida y O´Nunell Argentina S.A. eran locadores del Sr. Castro de los locales comerciales de venta de zapatos y que el proveedor Eco Sagga SA es otro fabricante de zapatos cuya documentación respaldatoria acredita la compra de la mercadería comercializada.
Opuso excepción de nulidad como de previo y especial pronunciamiento por entender que el acto apelado se encuentra viciado en su motivación y causa, en virtud de no haber considerado la totalidad de los hechos acontecidos, limitándose a la aplicación literal de la norma, sin merituar razones de hecho que pudieran enervar su aplicación.
Individualizó tres hechos que -a su criterio- permiten fundar la nulidad articulada: el fisco resolvió no diligenciar el oficio dirigido al proveedor Sucesores de Jorge Alberto Elola porque no se encontraba en ese momento el representante legal del contribuyente; en la resolución apelada se mencionó que una factura del proveedor Eco Sagga S.A. presentaría inconsistencias, sin que las mismas fueran detalladas; y se omitió considerar la acreditación de las operaciones que fueron concertadas con el Condominio García Francisca Nélida.
Asimismo, solicitó la nulidad del acto apelado con fundamento en el inc. “d” del art. 7 de la ley 19.549, en atención a que no se cumplieron los procedimientos esenciales para el dictado del acto. Afirmó que el fisco dictó la medida para mejor proveer sin verdadera voluntad de arribar a la verdad material de las operaciones generadoras del crédito fiscal impugnado, sino que generó el marco apropiado para la resolución determinativa. Destacó que el cumplimiento de dicha medida en el exiguo plazo fijado al efecto resultó imposible debido a la falta de contacto con el negocio durante los períodos fiscalizados (debido a las especiales circunstancias personales que rodean el caso), lo que le generó serias dificultades para evacuar la vista y aportar la documentación requerida.
Concluyó que la nulidad del acto se encuentra acreditada con fundamento en su ausencia de causa y motivación y la violación del derecho de defensa.
Señaló que la totalidad de las facturas aportadas reflejan operaciones debidamente concertadas en vida por el Sr. Castro, y todas debieron necesariamente llevarse a cabo para permitir el desarrollo de su giro comercial de venta al público de calzado.
Adujo que si bien apriorísticamente las regulaciones dictadas para que un contribuyente pueda emitir una factura (RG 1575, RG 100, etc.) tienen por finalidad evitar la existencia desleal de tales instrumentos, también hay que tener muy clara la circunstancia de que estas normas a su vez condicionan y limitan radicalmente las posturas impugnatorias del ente fiscal cuando éste justifica como presupuestos para desechar la validez de una operación las situaciones contempladas en las resoluciones mencionadas. Por ello, toda vez que cumplió con la normativa pertinente, debe admitirse la totalidad del crédito fiscal que surge de las facturas cuestionadas.
Afirmó que toda la documentación aportada respalda hechos imponibles reales y de sencilla apreciación y agregó que la verdad jurídica objetiva indica que existieron cada uno de los proveedores cuestionados, que todos se encuentran debidamente inscriptos ante la AFIP en el rubro en que giraba la actividad comercial del Sr. Castro y que fueron localizados en sus respectivos domicilios fiscales.
Con relación a los pagos efectuados, puntualizó que en el ámbito tributario la no utilización de los medios de pago dispuestos por la ley 25.795 no hace caer a las operaciones, siempre que a través de otros medios de prueba el contribuyente logre acreditar la autenticidad de las operaciones, tal como -a su criterioocurrió en autos.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y solicitó que se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 171/181vta. el fisco nacional contestó el traslado del recurso interpuesto y acompañó los antecedentes administrativos (aa) de la causa. Asimismo, solicitó que oportunamente se confirme en todas sus partes la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 197/197vta. se abrió la causa a prueba, a fs. 365 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 370 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho sólo el fisco nacional a fs. 379/381. Finalmente, a fs. 383 se llamaron autos a dictar sentencia.
IV. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes sino sólo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco se encuentra obligado a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que por una cuestión de lógica precedencia corresponde me pronuncie primeramente sobre la excepción opuesta por la actora, toda vez que de ser acogida favorablemente, derivaría en la nulidad de la resolución recurrida. En efecto, la recurrente afirma que el acto apelado carece de causa y motivación como así también que no se observó el procedimiento para su dictado, violándose su derecho de defensa. En este sentido, debe tenerse presente lo dicho por nuestro Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Al respecto, cabe precisar que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del mismo. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justificaron su dictado. Del análisis del acto recurrido, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549) y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada -como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto, por lo que corresponde rechazar la excepción articulada, con costas.
VI. Que respecto de la cuestión de fondo, del informe final de inspección obrante a fs. 44/47 de las actuaciones administrativas (aa) y de la resolución apelada, surge que el presente caso se originó en la ampliación de la fiscalización 483.725, referida al impuesto a las ganancias (IG) de los ejercicios 2007 y 2008.
Asimismo, se aclaró que el 30/06/2009 se produjo la defunción del Sr. Héctor Santos Castro, quien se encontraba inscripto en la actividad de “venta al por menor de calzado excepto ortopédico”, actuando la Srta. Lorena López como administradora de la sucesión.
El 07/10/2010 la sucesión de Héctor Santos Castro presentó DDJJ rectificativas del IVA de los ejercicios 11 y 12/2007 y 11 y 12/2008, como consecuencia del aumento de ingresos por ventas declarados en el IG. El crédito fiscal fue impugnado en atención a que no pudo verificarse su real existencia, puesto que la administradora de la sucesión manifestó no conocer dónde se encontraban los comprobantes, aportando denuncia de extravío de la documentación. Con fecha 4/11/2010 se le notificó a la administradora de la sucesión los ajustes en el IVA.
Como consecuencia de la contestación de la vista del art. 17 de la ley 11.683 y de las pruebas aportadas por el contribuyente, el fisco intimó a la actora para que -como medida para mejor proveer- aporte recibos y/o constancias fehacientes del pago de los comprobantes relativos a los proveedores Eco Sagga S.A., Sucesión de Elola Jorge, Juan Carlos Chillemi S.R.L. y Condominio García Francisca y otro (v. 394/399, aa), indicando la forma de cancelación de los mismos, y de corresponder, original del resumen bancario donde se encuentre debitado el/los cheques utilizados para realizar cada operación, debidamente correlacionado con la factura que lo/s motiva/n a efectos de verificar el cumplimiento de los medios de pago dispuestos por el art. 1° de la ley 25.345. Dicha medida no fue cumplida por la recurrente. Asimismo, se ordenó el libramiento de oficios a los siguientes proveedores habiendo obtenido las siguientes respuestas:
a) Condominio de García Francisca y otro contestó que los cobros se realizaron en efectivo y aportó los recibos (v fs. 412/430, aa).
b) Juan Carlos Chillemi, adjuntó resumen de la cuenta corriente que Sucesión De Castro, Héctor Santos posee con la firma e informó que los pagos se realizaron por transferencia bancaria. (v. fs. 425/430, aa). c) Eco Sagga S.A. no respondió el requerimiento pese a haberse notificado (v. fs. 433/436, aa). d) Sucesión de Elola, Jorge no pudo ser notificada (v. fs. 440 y 441, aa).
Asimismo, a fs. 393 se detectó una factura -0001-00000436- correspondiente a Eco Sagga SA con inconsistencias acerca de su validez.
Finalmente, del Dictamen Jurídico se desprende que el crédito fiscal proveniente de las operaciones con los proveedores Juan Carlos Chillemi S.R.L. y Pablo Sznajderhaus fue considerado computable (v. fs. 465/467, aa).
Respecto de las retenciones y percepciones sufridas, las mismas fueron practicadas por entidades financieras y tarjetas de créditos por lo que se consideró procedente computar a favor de la fiscalizada los importes que surgen de los sistemas informáticos del organismo que resultaron superiores a los exteriorizados en las ddjj presentadas por los períodos 01 a 12/2007 y 01 a 12/2008.
VII. Que tal como surge de la resolución apelada el fisco fundó el ajuste en el inc. “a” del art. 12 de la ley del IVA, como así también en el art. 1° de la ley 25.345.
En efecto, el inc. “a” citado (t.o. en 1997 y sus modif.), establece que: “Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restarán: a) El gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios —incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso— y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras o locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad. Sólo darán lugar a cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación…” Mientras que el art. 1° de la ley 25.345 dispone: “No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente autorice el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en expedientes que por ante ellos tramitan”.
Corresponde señalar que de la lectura de la resolución apelada, se observa que el fisco -luego de haber revisado su postura original, tal como dan cuenta los últimos dos párrafos del considerando anterior- ajustó el crédito fiscal carente de documental de respaldo correspondiente, pero considerando las retenciones y percepciones que surgían de su sistema informático. Asimismo, debe observarse que las facturas de O'Nunell Argentina SA no fueron cuestionadas, tal como surge del listado obrante a fs. 399 del Cuerpo II de los aa que corren por cuerda separada y de las actuaciones anteriores a dicha foja.
Como es sabido, en la etapa de revisión del acto, la carga impugnatoria se desplaza al contribuyente o responsable. En efecto, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente –cfme. art. 377 del CPCCN- que las operaciones de compra se vinculaban con operaciones gravadas.
VIII. Que con respecto a las facturas relativas al proveedor “Condominio García Francisca Nélida y otro”, cabe destacar que conforme las pruebas reunidas en los aa de la causa que corren por cuerda separada y la documental aportada por el recurrente (v. fs. 92/114 y 115/116 consistentes en facturas de venta y contrato de locación celebrado entre la actora y las Sras. Francisca Nélida García de Muniagurria y Carmen Rosa García Temossi de fecha 01/11/2004, vigente entre el 01/11/2004 y 31/10/2007 debidamente certificado) y la producida en la presente instancia (v. respuesta al oficio librado a “Condominio García Francisca Nélida y otro” en el que se acompaña copia del contrato de locación vigente entre el 01/01/2008 y 31/12/2010 con las copias de los recibos de alquileres -v. fs. 299/313-), entiendo que se encuentra acreditada -sin margen de duda alguna- la veracidad de las operaciones cuestionadas (v. fs. 399 del Cuerpo II de IVA de las aa relativas a “Condominio García Francisca Nélida y otro”) que la actora canceló en efectivo con este proveedor, tratándose de operaciones vinculadas con operaciones gravadas.
Además, debe destacarse especialmente que, tanto del acto por el que se ordenó la medida para mejor proveer como de la resolución apelada, se desprende claramente que el fisco no cuestionó concretamente la veracidad de estas operaciones y su relación con la actividad gravada, sino principalmente la forma de pago utilizada en las mismas, objetando que se hayan hecho en efectivo -en violación al art. 2° de la Ley Antievasión-. Pues bien, dejando ello en claro, corresponde señalar que el art. 2° de la ley 25.345 fue declarado inconstitucional por la CSJN en la causa “Mera, Miguel Angel (TF 27.870-I) c/ DGI” (M.1328 XLVII) en sentencia de fecha 19/03/2014 , al señalar en sus considerandos: “..15) Que ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con el a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada. 16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr.
Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.” En adición a lo expuesto en el primer párrafo de este considerando, respecto de la prueba que surge de la causa respecto del proveedor en trato, y toda vez que este ajuste se funda además en un argumento que surge de una norma declarada inconstitucional por nuestro Máximo Tribunal, criterio que el suscripto comparte plenamente, corresponde revocar la resolución apelada respecto de “Condominio García Francisca Nélida y otro”, con costas.
IX. Que distinta es la solución a la que cabe arribar respecto de los restantes proveedores -Jorge Alberto Elola -Hoy Sucesión de Elola Jorge Alberto- y Eco Sagga SA, respecto de la cual, además de impugnarse la forma de pago de las operaciones por resultar contrarias a la Ley Antievasión, el fisco destacó que la factura 0001-00000436- relativa a Eco Sagga SA presenta “inconsistencias acerca de su validez” (v. fs. 393, Cpo. II-IVA, aa), en atención a que, respecto de los mismos, si bien se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora en su recurso de inicio, lo cierto es que a fs. 326 desistió de dichas medidas probatorias y finalmente, a fs. 330 se la tuvo por desistida, no sólo de la prueba informativa sino también de la pericial contable, ambas ordenadas en estos autos.
En este sentido, reitero que siendo la carga de la probanza correlativa a la carga de la proposición de los hechos, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción (art. 377, CPCCN), por lo que habiendo tenido a la actora por desistida de las pruebas ofrecidas, no se logró acreditar que los créditos fiscales impugnados se relacionen con la actividad gravada de la apelante. En esta línea, dada la naturaleza de las operaciones, el contribuyente tampoco aportó datos del circuito financiero de las mismas, ni surgen datos que las confirmen. Es más, de la respuesta al oficio librado al Banco Credicoop Coop. Ltda. -v. fs. 204/261-, se desprende que durante el período comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/12/2008, inclusive, no se efectuaron transferencias desde la cuenta corriente Nro. 130-059751/7 registrada a nombre del Sr. Héctor Santos Castro, ni cheques girados contra dicha cuenta durante ese período, salvo los que figuran como cheques de mostrador que fueron abonados por ventanilla al titular de la cuenta, sin que surja dato alguno que los vincule con las operaciones contenidas en las facturas cuestionadas.
En este sentido, conforme se deprende de los aa, el fisco ha excluido ajustes realizados previamente como consecuencia de las pruebas arrimadas por el contribuyente, lo que evidencia la voluntad del fisco por arribar a la verdad material de las operaciones.
En tales condiciones, cabe concluir que los agravios de la actora, al no encontrar respaldo en probanza fehaciente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos expuestos por el fisco respecto de la impugnación de los créditos fiscales de IVA oportunamente computados por la actora.
Ello así, corresponde confirmar el ajuste fiscal en cuanto impugnó el crédito fiscal del IVA con origen en las operaciones realizadas con los proveedores Jorge Alberto Elola -hoy Sucesión de Elola Jorge Alberto- y Eco Sagga SA, con costas.
X. Que en cuanto a los intereses resarcitorios, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN, revisó la doctrina del precedente "Ika Renault" al exponer que: "...si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes.... se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represiva" (cfr. CSJN, "Citibank NA c/. DGI", 01/06/2000).
Por ello, procede confirmar los intereses resarcitorios, sólo en la proporción correspondiente conforme lo resuelto en el Considerando VIII, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
La Dra. Marmillon y el Dr. Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE
1. Revocar el ajuste fiscal relativo al proveedor “Condominio García Francisca Nélida y otro”, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada respecto de los proveedores Jorge Alberto Elola -hoy Sucesión de Elola Jorge Alberto- y Eco Sagga SA, con costas.
3. Ordenar al organismo fiscal para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación de los montos ajustados a las pautas establecidas en la presente, debiendo entregarse los antecedentes administrativos de autos por el mismo término.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.11.11 11:50:14 -03:00 Date: 2022.11.11 13:08:39 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.11 13:27:03 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.11 13:27:04 -03:00
Fin de la sentencia