Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126342
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967), y 2) desestimar la queja traída en cuanto a la vía de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.342 "BATAFARANO MARIA TERESA C/ MARZOL ALBINA ZULEMA S/ SUCESIÓN HEREDERO GARCÍA RUBÉN OSCAR S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la decisión que, a su turno, hiciera lugar a la usucapión incoada por María Teresa Batafarano contra el heredero de Albina Zulema Marzol -Rubén Oscar García- y desestimara la reconvención por reivindicación interpuesta por este último contra la primera. En tal sentido, rechazó la demanda de prescripción adquisitiva y receptó la reconvención por reivindicación respecto del inmueble de autos (v. sentencias de fecha 5-VII-2022 y 22-XII-2022).
Contra dicho pronunciamiento, la actora reconvenida dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presents. electrs. de 10-II-2023). El primero fue concedido, en tanto que la denegatoria del restante -fundada en la insuficiencia del valor del agravio- (v. resolución de 16-II-2023), motivó la interposición de una queja ante esta sede, luego acumulada al principal (v. present. electr. de 28-II-2023 -con sus arch. adj.- y proveído de 8-III-2023; art. 292, CPCC).
II. Con relación a la vía anulativa otorgada, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, esta solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.468, "V. M. S.", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.659, "Guidozzolo", resol. de 9-VI-2023).
En este sentido cabe señalar que en la presentación en tratamiento no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia ni en su contenido normativo (causas C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018 y C. 125.538, "Mellinger", resol. de 7-IX-2022).
Así, de su lectura se observa que, no obstante la denuncia de omisión de cuestiones esenciales y de falta de fundamento legal -con cita de los arts. 168 y 171 mencionados-, las alegaciones efectuadas apuntan, en realidad, a plantear su disconformidad con la interpretación fáctica y jurídica que realizara el Tribunal de Alzada. Ello así en tanto se atacan las conclusiones del Tribunal sobre la intervención del título y la posesión invocada, cuestionando la apreciación de los elementos probatorios -o la falta de consideración de algunos de ellos- alegando asimismo la recurrente absurdo y arbitrariedad en la forma de decidir de la Cámara. Por tanto, los argumentos expuestos se refieren, en rigor, a presuntos errores de juzgamiento que no son propios del carril recursivo en consideración sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 121.593, "Gómez", resol. de 6-IX-2017; C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021; C. 124.829, "Romero", resol. de 10-III-2022).
Por lo demás, en relación a la denuncia de falta de fundamentación de la sentencia atacada en los términos del art. 171 de la Constitución provincial que se realiza en el desarrollo de este carril recursivo, deviene pertinente destacar que ha sostenido esta Corte que la transgresión de tal precepto solo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de las previsiones legales correspondientes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. de 22-XII-2022; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021; C. 126.115, "Goiburu", resol. de 5-IV-2023; C. 125.659, cit.). En su articulación la recurrente expone lo que considera una indebida fundamentación de las conclusiones de la Cámara sobre los tópicos de los que se agravia, que como ya se señalara, es un planteo ajeno a este carril recursivo (conf. doctr. causas cits. en el presente párrafo).
Por otro lado, en cuanto a la denuncia de una eventual afectación de garantías constitucionales, se aprecia que tales cuestionamientos, más allá de la ausencia de desarrollo argumental, resultan de todos modos ajenos al ámbito de la vía anulativa concedida (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas C. 119.744, "Donelli", resol. de 17-VI-2015; C. 120.996, "A., L. L.", resol. de 15-XI-2016; C. 123.041,"Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 125.703, "Gianmaría", resol. de 31-III-2023).
En tales condiciones, cabe concluir que el recurso extraordinario de nulidad deviene inadmisible, por lo que ha sido mal otorgado (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.153, C. 125.468 y C. 125.659, cits.).
III. En cuanto al recurso de hecho articulado por la denegatoria del de inaplicabilidad de ley, cabe observar que el recurrente -sin controvertir que el valor del agravio, como fuera indicado en la resolución denegatoria, no supera el monto mínimo contemplado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141 y Ac. 4088/2022) para acceder a la revisión por la vía intentada-, tal como ya lo había planteado al deducir la vía de inaplicabilidad de ley (v. presentación 10-II-2023), pretende que el valor sea considerado como indeterminado y declarada inconstitucional tal limitación pecuniaria. Invoca, asimismo, a fin de sortear tal valladar la existencia de cuestión federal y menciona la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de admitir la revisión pretendida (v. escrito electrónico de 28-II-2023).
Sobre la base de tales argumentos en relación al mentado recaudo de admisibilidad que se consideró incumplido en el caso, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos de excepción señalados por la parte recurrente en su queja (conf. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 124.122, "Israel Silicaro", resol. de 2-IX-2020; C. 125.381,"Banco de la Pampa SEM", resol. de 28-X-2022).
En el caso se impone recordar que, en supuestos como el presente, esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que el valor del agravio -a fin de cumplir con lo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- es de monto determinado y está representado para el impugnante, de acuerdo a los planteos expuestos, por la valuación fiscal del inmueble objeto del juicio a la fecha de interposición del medio de impugnación (doctr. causas C. 117.551, "Mere", resol. de 18-XII-2013; C. 119.745, "Tedesco", resol. de 29-IV-2015; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 123.850, "Garreton Rifo", resol. de 29-VII-2020; C. 125.381, cit.). De tal modo, su pretensión de considerar el monto como indeterminado resulta inatendible, al igual que el planteo de acudir a lo que considera el "valor real" del bien que menciona -v. acápite III.1 del escrito recursivo y tasación en arch. adj. a la queja- (conf. doctr. causas C.123.110, "Mahiques", resol. de 8-V-2019; C. 125.381 cit.; C. 125.909, "Ojeda", resol. de 19-XII-2022; C. 124.809, "Dioratti", resol. de 29-XII-2022; C. 125.024, "Coronel", resol. de 3-II-2023 y C. 126.274, "Martin", resol. de 1-VIII-2023).
Sentado ello, frente a la insuficiencia apuntada del monto de la referida valuación para acceder a la revisión por la vía intentada nada se alega en la queja sobre algún valor del bien informado por el ente recaudador que pudiera controvertir dicha afirmación (v. arch. adj. al escrito de queja), ni resultan atendibles sus planteos sobre la indeterminación del monto o la consideración del importe que surge de una tasación particular (conf. doctr. causas citadas).
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 278 citado, esta Corte tiene dicho que las limitaciones fijadas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 124.226, "Valea", resol. de 20-IV-2022; C. 125.381, cit.).
Por lo demás, con relación a la invocación de la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- a fin de soslayar dicho requisito legal, cabe señalar que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por la mentada norma que justifique que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando la limitación referida (conf. doctr. causas C. 121.631, cit.; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020; C. 124.856, "Soriano", resol. de 15-III-2022; C. 126.312, "F., M. E.", resol. de 5-IV-2023).
Finalmente, la alegación efectuada acerca de la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada del precedente "Di Mascio" (v. rec. de hecho), carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa a la circunstancia de que estas no sean aplicadas limitando el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se alega arbitrariedad y la supuesta transgresión de diversas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 125.381, cit.).
En consecuencia, los planteos esgrimidos en la queja no logran revertir la inadmisibilidad decretada del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 278 cit. y Acordada 4088/22), por lo que se impone su desestimación (art. 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967), y 2) desestimar la queja traída en cuanto a la vía de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:38:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 14:39:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2024 18:08:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:02:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:33:55 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:34:59 hs. bajo el número RR-82-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia