Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 30.084-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 91/07 y 09/09, las liquidaciones del Distrito Marcos Juárez, las Notas Externas Nros. 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07, 331/07 del Distrito Marcos Juárez y la Nota Externa N° 291/09, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
A. Por el Expediente N°30.084-I, en las sumas de $43.691 por la representación procesal y $109.228 por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N° 30.667-I, en las sumas de $22.040 por la representación procesal y $55.100 por el patrocinio letrado.
C. Por el Expediente N°33.160-I, en las sumas de $340 por la representación procesal y $847 por el patrocinio letrado. d. Por el Expediente N°33.454-I, en las sumas de $157 por la representación procesal y $393 por el patrocinio letrado.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-122583980-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Noviembre de 2025 Sucesión de Oscar Antonio Biolato.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 30.084-I (y sus acumulados Nros. 30.677-I, 33.160-I y 33.454-I) caratulado “Sucesión de Oscar Antonio Biolato s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Sucesión de Oscar Antonio Biolato (en adelante, la Sucesión) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra los siguientes actos emitidos en la Dirección Regional Rio Cuarto de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 91/07, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre del 2002, marzo, abril y mayo de 2003, y se la intima a ingresar $940.434,57, más intereses resarcitorios (art. 37). Allí, además, se redujeron los saldos a favor declarados en los periodos fiscales febrero, julio, noviembre y diciembre de 2002 y enero, febrero y junio de 2003. Asimismo, en dicho acto se hace reserva de juzgar la conducta infraccional de los responsables de la Sucesión por los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre del 2002, marzo, abril y mayo de 2003 por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- las liquidaciones del Distrito Marcos Juárez y las Notas Externas Nros. 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07 y 331/07, en las que se rechazaron las solicitudes de compensación de las retenciones del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales abril, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, y abril y julio de 2003 con los saldos de las declaraciones juradas del mismo gravamen que fueron impugnadas en la Resolución N° 91/07.
c.- la Resolución N° 09/09, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado del período fiscal febrero de 2003, y se la intima a ingresar $4.759,26, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Allí, además, se redujeron los saldos a favor declarados en los periodos fiscales diciembre de 2002 y enero de 2003.
Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional por el periodo fiscal febrero de 2003, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
d.- la Nota Externa N° 291/09 del Distrito Marcos Juárez, en la que se rechaza la solicitud de compensación de las retenciones del impuesto al valor agregado del periodo fiscal febrero 2003 con el saldo de la declaración jurada del mismo gravamen del período enero de 2003, que fuera impugnada en la Resolución N° 09/09.
En sus presentaciones ante este Tribunal, la Sucesión se agravia por la nulidad de las Resoluciones Nros. 91/07 y 09/09, por falta de fundamentación y causa y por haberse omitido en su dictado el cumplimiento de requisitos esenciales, en violación a las normas al debido proceso. Alega que el Informe Final de Inspección contiene reiterados excesos en las facultades de los funcionarios, los que imprudentemente emitieron juicios de valor a partir de hechos supuestos, perdiéndose así, la posibilidad de llegar a la verdad objetiva, induciendo a la jueza administrativa a formarse una equivocada opinión de la conducta fiscal del contribuyente.
Explica que para cancelar las operaciones y a pedido de sus proveedores utilizó bonos, lo que fue corriente a partir de la ruptura de la convertibilidad a principios del año 2002, que provocó que muchos productores preferían cobrar el monto de sus ventas de cereales en lecops o títulos similares; que era una operación legal, absolutamente corriente y usual en la época. Agrega que las operaciones se hacían de ese modo no porque ella quisiera o no pudiera hacerlo de otro modo, sino porque era una exigencia de los proveedores. Aclara que la entrega de los títulos a los proveedores la hacía a su requerimiento la firma Guardatti-Torti S.A.
Señala que la jueza administrativa no cuestionó la adquisición de bonos, ni que hayan sido entregados en cancelación de las compras de cereales, sino que se limitó a señalar que al haberse cancelado las operaciones de ese modo no puede comprobarse el circuito financiero.
Destaca que le resultaba aplicable la ley 25.345, pero que dicha norma recién fue reglamentada en la RG 1547/2003, es decir que no le era exigible ningún requisito especial en la emisión de los cheques. De cualquier modo alega que de las actuaciones surge que los cheques fueron emitidos a la orden de los proveedores y endosados por éstos, que fueron cobrados por ellos mismos o por sus apoderados, algunos de ellos munidos de autorizaciones extendidos ante el entonces juez de paz de la Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, Sr. Roberto Jorge Valfré (vgr. autorizaciones dadas a los Sres. Tazzioli a fs. 246/251).
Hace saber, asimismo, que algunos de los cheques eran emitidos por el importe del impuesto al valor agregado y depositados en las cuentas de los proveedores (vgr. Dellarosa, Albano, Funes).
Seguidamente realiza un análisis de la situación particular de cada uno de los proveedores impugnados y afirma la veracidad de las compras de cereal a los mismos, descartando que haya incurrido en una operatoria marginal en connivencia que la jueza administrativa le atribuye en las Resoluciones.
En particular, en el caso de los proveedores Albano, Iacovone y Cicas S.R.L. dice que las operaciones fueron confirmadas por ellos mismos a la fiscalización, por lo que no puede calificárselos como firmas insolventes, ni que hayan sido hechas al solo efecto de evadir el pago de los tributos.
Sobre éstos y el resto, señala que los proveedores estaban inscriptos como contribuyentes y como productores en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres; que tenían certificados de exclusión de retenciones en el IVA y que no estaban en la Base APOC.
Alega así que no se trata de operaciones inexistentes, ni de actividad simulada, como invoca la jueza administrativa, prueba de lo cual es que no se cuestionó la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias y agrega que si los proveedores recurrieron a prestanombres como supone el Fisco Nacional, es a ellos a quien debió fiscalizar. Expresa en este mismo sentido que “… resulta cuanto menos irrazonable que AFIP considere inexistentes las operaciones con sujetos que sortearon satisfactoriamente los controles previos establecidos por ella misma y que, por ende, quedaron habilitados para operar en el mercado granario”.
Reconoce que las cartas de porte utilizadas en las operaciones tenían inconsistencias y/o errores, pero los califica como detalles irrelevantes, tanto los referidos a los del transporte utilizado que en algunos casos estaban completos o corregidos a mano, como los del origen y destino. Agrega que en algunos casos se usaban cartas de porte prestadas por otras empresas y explica también que era habitual que la descarga del cereal se hiciera directamente en las empresas cerealeras exportadoras o en las industrias (vgr. ADM Argentina S.A., Vicentin S.A., Bunge Argentina S.A.), es decir, que no había acopio previo por parte de la Sucesión.
Respecto de la capacidad operativa de los proveedores, destaca que algunos de ellos tenían contratos de arrendamiento (vgr. Funes y Albano) que la Sucesión solicitaba al comenzar la relación con ellos, más no era de su responsabilidad controlar los datos de los mismos, en cuanto a las actividades ejercidas o si eran o no realmente los propietarios de los campos arrendados.
Aporta prueba documental, ofrece la producción de abundante prueba informativa a diversas entidades y empresas y pericial contable, y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
Con relación a las Notas Externas apeladas, se agravia que el organismo recaudador haya rechazado las compensaciones e intimado los saldos a pesar de haberse recurrido las determinaciones de oficio ante este Tribunal, y por lo tanto, considera que sus efectos estaban suspendidos. Invoca, así, la nulidad de dichos actos, en los términos del art. 14 de la ley 19.549 de aplicación supletoria al procedimiento tributario.
II. A fs. 171/190, 394/399, 532/541 y 566/581 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas. En relación a los recursos de apelación interpuestos contra las liquidaciones y Notas Externas del Districto Marcos Juárez plantea la excepción de incompetencia de este Tribunal, la que fue rechazada en las sentencias obrantes a fs. 421/422, en la que las costas se impusieron en el orden causado, y fs. 593/595, con costas.
III. A fs. 204 obra el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar a la informativa ofrecida en el Exp. N°30.084-I, dirigida a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, al Juzgado de Paz de Leones, Provincia de Córdoba, a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, a Miguel M. Rosental y Asociados S.A., a la Mutual de Amigos del Club Sarmiento de Leones y a Brancatelli Sociedad de Bolsa S.A.; además, se hizo lugar a la prueba pericial contable ofrecida, que obra producida a fs. 312/322.
Asimismo, a fs. 607 se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida en el Exp. N° 33.160-I, dirigida a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, al Nuevo Banco de Santa Fe, a Casa Central Rosario y a la Cooperativa Agrícola de Armstrong Ltda., y a fs. 639 la entonces Vocal Instructora hizo lugar también a la prueba pericial contable ofrecida, que fue agregada en el Informe de fs. 680/681.
A fs. 230 obra la contestación de Rosental S.A. Soc. de Bolsa, que informa las compras de bonos que hizo la Sucesión; en igual sentido contestó Brancatelli Soc. de Bolsa S.A. a fs. 231/232; por su parte, la Mutual de Amigos del Club Sarmiento de Leones a fs. 233 informó el nombre de los asociados que ingresaron los cheques de la Sucesión a la mutual, los Sres. Ramón Cesar Vissani y Odilio R. Rotta, y también informó que el Sr. Jorge Magnin no había tenido relación alguna con los cheques en cuestión.
A fs. 238/244 contesta el oficio la empresa Productos Agroindustriales S.R.L. Allí manifiesta que la Sucesión le remitió varias veces granos para su acondicionamiento. Puntualmente sobre la carta de porte incluida en el oficio, hace saber que correspondía al envió de soja a la planta de Vicentin S.A.I.C. por cuenta y orden de la Sucesión. Agrega que era común que la Sucesión entregara mercadería a Vicentin S.A.I.C, atento a que por el elevado nivel de humedad que contenía solicitaba su acondicionamiento, se la reemplazaban por la misma cantidad de su propiedad mientras se quedaban con la que debían acondicionar y justifica así que en las cartas de porte figurara como cargador Productos Agroindustriales S.R.L. y la ciudad de San Lorenzo, como lugar de procedencia de los granos. Por último, adjunta a su respuesta documentación extraida de sus sistemas (vgr. cuenta corriente con la Sucesión, recibos X no válidosfiscalmente y planillas de propia confección con las operaciones).
A fs. 254 contesta el oficio el Sr. Roberto Valfréquien manifiesta que como juez de paz de Leones, Provincia de Córdoba, certificó las firmas de los Sres. Perez y Ademár, que actuaron en nombre de los proveedores Construline S.R.L. y Cicas S.R.L., y del Sr. Iacovonne, aunque también dice no recordar si los documentos fueron protocolizados.
A fs. 257/278 obra la información suministrada por la Dirección del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y a fs. 284/286 y fs. 614/627, contesta la ex Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la situación de los proveedores comprendidos en las determinaciones de oficio y adjunta copia de actuaciones seguidas al Sr. Priotti; a fs. 647 contesta la Coop. Agropecuaria de Armstrong LTDA. que informa que el Sr. Priotti operó con la Cooperativa durante el periodo 15/01/2003 al 18/07/2003.
A fs. 649 contesta el Nuevo Banco de Santa Fe, que informa que el Sr. Priotti tenía dos cuentas bancarias en la institución. A fs. 657/660 contesta el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, informando que la Administración Federal de Ingresos Públicos no se presentó a reclamar su deuda en la quiebra decretada al Sr. Priotti.
Por su parte, como ya se dijo, las pericias contables obran agregadas a fs.312/322 y fs. 680/682.
A fs. 596 obra la acumulación por Tribunal en Pleno de los Exptes. Nros. 30.677-I, 33.160-I y 33.454-I al que lleva el N° 30.084-I.
A fs. 684 se declara el cierre del período probatorio y a fs. 703 se eleva el Expediente a Sala. Luego, se pusieron los autos para alegar, obrando a fs. 719/721 únicamente el escrito presentado por el Fisco Nacional.
Por último, a fs. 725 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar en primer término los agravios de nulidad de la Sucesión por falta de fundamentación y causa de las Resoluciones, los que, cabe ya adelantarlo, no pueden prosperar, por cuanto se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus más de 95 páginas, así como también en las voluminosas actuaciones administrativas, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
En cuanto a la validez de las notas externas que rechazaron las compensaciones de las obligaciones de la Sucesión con los saldos de las declaraciones juradas impugnadas, tampoco se constatan en dichos actos los vicios que la Sucesión les atribuye ya que, no existía norma alguna que impidiera su dictado, ni impusiera como recaudo tampoco aguardar la sentencia firme sobre las determinaciones de oficio como pretende. Un recaudo en dicho sentido, además, implicaría para el Fisco Nacional el riesgo de prescripción de los créditos fiscales que tiene a su cargo resguardar para eventualmente ejercer sus facultades de cobro.
El agravio, además, no puede prosperar en atención a la declaración de competencia de este Tribunal dispuesta en las sentencias antes citadas que implicaron asignarles a dichas notas el efecto suspensivo que declamara el contribuyente en sus presentaciones.
Por ello, corresponde rechazar los planteos de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. En cuanto a la legitimidad de las Resoluciones recurridas, surge de sus Considerandos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización a la Sucesión, cuya actividad es el acopio de cereal, se impugnaron las compras de granos a proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos, por insolventes y falta de capacidad operativa para hacer las ventas -Aníbal Daniel Funes, Norberto A. Dellarossa, Consignataria del Sur S.A., Los Peludos S.A., Carlos Roberto Albano, Construline S.R.L., N.O.A. Agropecuaria S.R.L., Eduardo E. Pérez, Leonardo R. Pignataro, Cicas S.R.L., Adrián H. Iacobone, Norte Cereal S.R.L. –Resolución N° 91/07,- y Jorge Bartolomé Priotti – Resolución N°09/09-.
Para ello se tuvo en cuenta, entre muchos otros aspectos, que no tenían capacidad para vender los granos facturados (vrg. Aníbal Daniel Funes, Carlos Roberto Albano, Adrián H. Iacobone, Norte Cereal S.R.L., Javier B. Priotti.); que no se los pudo localizar en sus domicilios fiscales (vgr. Norberto A, Dellarossa, Consignataria del Sur S.A., Los Peludos S.A., Construline S.R.L. NOA Agropecuaria S.R.L., Leonardo R. Pignataro, Cicas S.R.L., Javier B. Priotti.), ni respondieron a la circularización efectuada por la fiscalización (vgr. Aníbal Daniel Funes, Eduardo E. Pérez); que carecían de bienes registrables o que no tenían personal en nómina (vgr. Cicas S.R.L., Construline S.R.L, NOA Agropecuaria S.R.L, Javier B. Priotti). Fue por este motivo que la fiscalización consideró que su único propósito era simular las operaciones Por otro lado, en el análisis de las cartas de porte y tickets de entradas de cereales aportados por la Sucesión relacionados con las operaciones con los proveedores, se detectó que contenían datos falsos, o que estaban incompletos, entre ellos, los datos de origen y/u destino del cereal, como así también los datos del transportista que fueron completados o corregidos a mano (vgr. Aníbal Daniel Funes. Norberto A, Dellarossa, Consignataria del Sur S.A., Los Peludos S.A. Carlos Roberto Albano, Eduardo E. Pérez, Leonardo R. Pignataro, Cicas S.R.L. Adrián H. Iacobone, Norte Cereal S.R.L.). Había, además, inconsistencias en las fechas de las cartas de porte y los tickets, que la propia Sucesión reconoce pero luego de dar explicaciones, los califica de detalles irrelevantes.
Contrariamente a ello, las anomalías constatadas en dicha documentación, esencial en el comercio de granos, fueron graves ya que impidieron a la fiscalización hacer el seguimiento del transporte del cereal desde su origen hasta su destino y conocer de esa manera quien fue el productor que es lo que aquí interesa.
En efecto, es la Sucesión la que reconoce errores en los datos allí volcados, como los de la debida identificación del transporte, las fechas de las operaciones, entre otros. Además, en muchas de ellas aparecen otras empresas actuando por cuenta y orden de la Sucesión, en particular cuando el cereal se descargó directamente en las empresas exportadoras, sin que se hayan exhibido contratos u otra documentación que permita tener por cierta dicha modalidad comercial. Tales deficiencias, que no son en una sino en muchas cartas de porte, como ya se dijo, aunque algunas hayan podido ser involuntarias, obstan a que se identifique debidamente a los proveedores de los cereales, que como ya se dijo, es lo que aquí interesa en virtud de lo dispuesto en el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado, y da sustento al criterio fiscal de considerar junto con los demás elementos a las operaciones como simuladas.
Tiene dicho la Cámara al respecto que “… cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre” (“Bisi S.R.L. (TF 27.386-I) contra D.G.I.”, sent. del 12/06/14 -el destacado es propio-)” -conf. “Avital S.A., sentencia del 24.2.2022-. Sin embargo, en el caso, esa prueba no fue rendida. En cuanto a los pagos, la fiscalización constató que la mayoría de los cheques entregados por la Sucesión a los proveedores fueron emitidos sin la cláusula “no a la orden”. Asiste razón a la representación fiscal cuando invoca que la Sucesión estaba obligada a cumplir con la ley 25.345 y su reglamentación, que a la fecha de las operaciones era la RG 151/98, que en su art. 3° también imponía requisitos en las formas de pago.
Surge de las actuaciones que los cheques no fueron cobrados por los proveedores, sino que fueron endosados a otros destinatarios (vgr. Aníbal Daniel Funes, Norberto A, Dellarossa, Consignataria del Sur S.A., Los Peludos S.A. Carlos Roberto Albano, Eduardo E. Perez, Leonardo R. Pignataro, Cicas S.R.L., Adrian H. Iacobone, Norte Cereal S.R.L.). En el caso del Sr. Javier B. Priotti, la fiscalización constató que gran parte de los cheques fueron cobrados por la Sra. Tazzioli – que era la administradora de la Sucesión- ; otros, por la Sra. Natalia Susana Andreani – empleada en relación de dependencia de la Sucesión- y por el Sr. Leandro Biolatto- hijo de la Sra. Patricia Tazzioli-, es decir, por personas allegadas al contribuyente.
Lo mismo se constató con los proveedores Carlos Roberto Albano, Consignataria del Sur S.A., Construline S.R.L., Cicas S.R.L., esto es, que los cheques fueron cobrados por la Sra. Tazzioli – a través de autorizaciones otorgadas al efecto ante el entonces juez de paz de la ciudad de Leones, cuyas copias obran en el Expediente. Sin embargo, al contestar la prueba informativa ante este Tribunal el Sr. Valfré no pudo confirmar que los documentos que se extendieran en su presencia fueran protocolizados, dejando a dicha prueba sin fecha cierta y, por ende, sin el valor probatorio que la Sucesión pretende darle.
En cuanto a los pagos efectuados con bonos -lecops-, si bien la Sucesión acredita haber comprado dichos títulos en el mercado (v. prueba documental e informativa a fs. 225/231) lo cierto es que al no haber registro documental de la entrega a los proveedores sus efectos probatorios tampoco tienen el alcance buscado. Por otro lado, y a mayor abundamiento, no resulta del todo creíble que hayan sido los proveedores quienes impusieran esta forma de cobro que, al decir de la Sucesión, se vio obligada a respetar y comprar los lecops, dado el limitado poder cancelatorio que éstos tenían. En otras palabras, el hecho que la Sucesión acredite la compra de lecops en modo alguno prueba que se destinaron a pago de las operaciones con los proveedores cuestionados.
Así, ante a la gravedad y entidad de las anomalías detectadas por la fiscalización a cada uno de los proveedores y la imposibilidad de seguir el circuito físico del cereal y el circuito financiero de los pagos y determinar de ese modo el real beneficiario de los mismos, resulta razonable que la jueza administrativa haya puesto en duda la real existencia de las compras de cereal que la Sucesión dice haber hecho y, como consecuencia de ello, la impugnación de los créditos fiscales. Correspondía entonces a la Sucesión probar en contra de la pretensión fiscal.
En esta instancia, entre las pruebas rendidas, además de la documentación aportada con sus escritos que ya estaba agregada a las actuaciones administrativas, están los informes periciales contables obrantes a fs. 287/322 y fs. 681/682. En el primero de ellos, los expertos analizaron el circuito físico del cereal, y el circuito financiero de los pagos efectuados a cada uno de los proveedores impugnados en la Resolución N° 91/07, constatando que monto del impuesto al valor agregado se depositaba en las cuentas de los proveedores o bien se emitían cheques que en algunos casos fueron cobrados por la Sra. Tazzioli o por el Sr. Tazzioli, personas vinculadas a la Sucesión. En cuanto al saldo, informan que se emitían cheques nominativos a los proveedores que en algunos casos cobraban los Sres. Tazzioli con autorización extendida ante el juez de paz de Leones o bien se ordenaba el pago en lecops a través de su corredor financiero que los entregaba directamente al proveedor. En estos casos, los lecops, eran previamente adquiridos por la Sucesión a agentes de bolsa. Dieron cuenta en sus informes que el importe de compras de lecops resulta coincidente con el importe total abonado con estos títulos a los proveedores.
En la segunda pericia, los expertos también analizaron el circuito físico del cereal y de los pagos hechos al proveedor Priotti por las operaciones impugnadas en la Resolución N° 09/09.
Si bien los informes no fueron impugnados por las partes, sus conclusiones en modo alguno dan certeza que las compras del cereal se hicieron realmente a los proveedores que emitieron los comprobantes fiscales. En particular porque el trabajo fue hecho, como allí se dice, sobre la base de información de uso interno de la Sucesión –cuenta corriente en granos y cuenta corriente en pesos-. Por otra parte, cuando se analiza la documentación de respaldo de las operaciones, como las cartas de porte, los expertos se refieren a los errores y anomalías que poseen las mismas a partir de las explicaciones de la propia Sucesión, por lo que sin perjuicio del exhaustivo trabajo realizado, lo cierto es que los informes no tienen entidad suficiente para validar las compras.
En definitiva, los informes periciales muestran a lo sumo que la Sucesión comercializó cereal, pero no que lo compró a los proveedores objetados.
Por otro lado, de la prueba informativa producida tampoco surge elemento alguno que pruebe la existencia de las operaciones.
La Mutual de Amigos del Club Sarmiento de Leones informó los cheques emitidos por la Sucesión que fueron presentados por sus asociados y que el Sr. Magnin, uno de sus asociados, no tuvo nada que ver con los cheques. Cabe destacar que el Sr. Magnin era, según se desprende de las actuaciones administrativas, el contador de la Sucesión, y fue quien intervino como perito de parte en la labor pericial encomendada en este Expediente.
Por su parte, a efectos de restar relevancia a las inconsistencias en las cartas de porte, la Sucesión solicitó se oficie a Productos Agroindustriales S.R.L., en su carácter de cargador de cereal de uno de los proveedores -Construline S.R.L.-. Esta empresa, al contestar, informó operaciones con Vicentin S.A., es decir, haber descargado el cereal en la planta de dicha empresa, pero dijo que fue por cuenta y orden de la Sucesión, y aún cuando ello puede eventualmente ser prueba de la existencia de la operación -razón por la cual la jueza administrativa no impugnó el gasto-, no demuestra que fue con la Sucesión con la que lo comercializó. Las mismas anomalías se dan, por otra parte, en las cartas por las compras con NOA Agropecuaria S.R.L. y Eduardo Perez, en las que sus datos tampoco coinciden con la realidad de las operaciones y, ya se dijo, no pueden considerarse detalles meramente irrelevantes como los denomina la Sucesión.
Lo mismo sucede con los datos de los vehículos que hicieron el traslado del cereal.
Alega la Sucesión que cometió errores involuntarios en las cartas de porte ya que eran formularios que se llenaban por quintuplicado y a veces quedaban ilegibles; con la finalidad de probar sus dichos ofreció que se oficie a la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor. Si bien a fs. 257/277 adjunta los informes de dicha Dirección respecto de la titularidad dominial de determinados rodados, esta prueba, tampoco muestra que las operaciones se hicieron con los proveedores, máxime cuando es la Sucesión la que a la misma vez reconoce haber cometido errores en las cartas de porte, como dominios que no eran los reales y fueron corregidos o completados a mano.
Por otra parte, si bien el Sr. Roberto Valfré informó que como juez de paz de Leones (Córdoba) certificó las firmas de los apoderados de las empresas proveedoras que extendieron a la Sra. Tazzioli autorización para cobrar los cheques emitidos por la Sucesión a su nombre -según documentación obrante a fs. 246/251-, a la vez aclara que no recuerda que las haya protocolizado, por lo que sus manifestaciones y la documentación que en copia simple adjunta, carecen del valor probatorio pretendido al no poder asignarle fecha cierta, es decir que esas autorizaciones realmente se otorgaron ante él al momento de las compras.
Ello, sin perjuicio de señalar que la información publicada en medios de comunicación da cuenta que el Sr. Valfré fue destituido por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba por mal desempeño del cargo en el año 2009. Siguiendo con la abundante prueba informativa producida en este Expediente, la Administración Tributaria también oficiada informó a fs. 284/286 que no inició procedimiento de determinación de oficio a los proveedores porque los consideró insolventes, sin capacidad operativa, y cita en apoyo el Dictamen DAL 61/2001. Informa, asimismo, que los proveedores fueron excluidos del Registro Fiscal de Operadores de Granos. Dicha prueba no aporta nada diferente a lo que surge de las propias Resoluciones.
En cuanto a los contratos de arrendamiento aportados respecto de los proveedores (vgr. Albano y Funes), la Sucesión se desentiende de las inconsistencias que tienen, aunque la fiscalización verificó que los que aparecían como dueños de los campos no los tenían registralmente a su nombre, los DNI consignados eran erróneos, y, además, no estaban inscriptos como contribuyentes, prueba suficiente para que la jueza administrativa presumiera que se trata de documentación ficticia, hecha para encubrir operaciones simuladas.
En el caso del proveedor Priotti, la falta de prueba sobre la realidad de las operaciones se contrasta con la recabada por la fiscalización. En particular, las tareas llevadas a cabo en dicha instancia dieron cuenta de la falta de capacidad operativa del Sr. Priotti, que no pudo ser localizado en su domicilio fiscal, no tenía autos, ni inmuebles a su nombre; estaba inscripto en la actividad de venta de pizza y parrillas y cuando comenzó a emitir comprobantes agregó la de cultivos de cereales, momento a partir del cual tuvo un importante volumen de ventas.
Relevante es también que en las cartas de porte aparecía como cargador la Sucesión –lo que impide probar que el cereal era del proveedor-, y tenían como lugar de origen una ciudad diferente a la que éste ejercía su actividad. Como ya se dijo, los cheques fueron cobrados en ventanilla del banco por la misma persona que los emitió por la Sucesión, su administradora, la Sra. Tazzioli, por hijos de esta última y por empleados en relación de dependencia de la Sucesión. Cabe aquí recordar que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles …”. Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchos otros.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” - conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que en el caso la Sucesión no logró acreditar. En efecto, las pruebas rendidas por la Sucesión a tal fin no fueron suficientes, ya que con ellas no probó el circuito de los granos ni el circuito de los pagos y con ello no demostró que efectivamente fueron esos proveedores los que vendieron los granos, dando así sustento a la presunción de simulación invocada por el Fisco Nacional.
Las tareas de investigación llevadas a cabo por éste, sumadas a las propias manifestaciones de la Sucesión que explicó en forma deficiente y confusa la modalidad en que operaba con sus proveedores, y los errores e inconsistencias incurridos en la documentación de respaldo, principalmente en las cartas de porte, dan cuenta que las compras fueron simuladas, es decir, al sólo efectos de generar el crédito fiscal computado. Ello así, máxime cuando no se encuentra en discusión que los cheques de la Sucesión no se depositaban en las cuentas de los proveedores, salvo los del importe del IVA, y que muchos se descontaban en la Mutual de Amigos de Club Sarmiento de Leones, donde el contador de la Sucesión era asociado, o en otras entidades financieras, o bien los cobraban personas vinculadas a la Sucesión, como su administradora o familiares de ésta.
Por otro lado, los pagos a los proveedores en lecops, efectuados directamente a través de agrofinancieras como Guardatti- Torti S.A., tampoco permiten arribar que llegaron a manos de éstos, supuestos productores del cereal. Debe decirse que la Sucesión no ofreció prueba a dicha entidad.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones Nros. 91/07 y 09/09, en todas sus partes, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ellas por aplicación del art. 37 de la ley 11.693.
Por ello, corresponde también confirmar las liquidaciones del Distrito Marcos Juárez y las Notas Externas Nros. 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07, 331/07 y N° 291/09 que son directa consecuencia de los saldos impugnados en dichos actos que en esta sentencia quedan sin efecto, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Las costas se imponen a la vencida.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell respecto a confirmar los ajustes practicados en los actos determinativos apelados -con más sus intereses- con relación a la impugnación de los proveedores Aníbal Daniel Funes, Norberto A. Dellarrosa, Consignataria del Sur S.A., Los Peludos S.A., Carlos Roberto Albano, Construline S.R.L, Leonardo R. Pignataro, Cicas S.R.L., Adrián Iacobone, Norte Cereal S.R.L., y Jorge Bartolome Protti, con costas. No obstante hacer algunas precisiones adicionales.
Corresponde traer a colación, que uno de los requisitos para tener por acreditada la veracidad de las operaciones comerciales y con ello la viabilidad del cómputo de créditos fiscales o gastos deducibles es acreditar la capacidad económica de los proveedores (cfr. Sala IV de la CNACAF in re “SA Tala Viejo”, sentencia del 6 de octubre de 2022). Puede advertirse de los actos recurridos que como rasgo común de los proveedores impugnados se hace mención a la falta de capacidad económica, operativa y/o financiera. Que tal situación no sólo no puede soslayarse sino que no puede calificarse como meros incumplimientos formales de terceros (cfr. Sala I de la CNACAF, in re “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9 de diciembre de 2015). A su vez, tal incapacidad fáctica para desarrollar las actividades facturadas impide considerar a los pretendidos proveedores como generadores genuinos del crédito fiscal (cfr. criterio de la CSJN in re: “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25 de septiembre de 2015).
Además, las anomalías expuestas no se limitan a la situación fiscal de los pretendidos proveedores, sino que tienen que ver con la forma en que éstos supuestamente desarrollaban su actividad comercial con la aquí recurrente (cfr. Sala I de la Alzada in re “Tropini y Salcedo S.A.”, sentencia del 19 de agosto de 2021) tales como carecer de una mínima infraestructura o que los domicilios verificados no observarse elementos que indiquen que en los mismos se desarrollan las actividades declaradas (vide fs. 54 de autos).
En cuanto a los pagos con cheques, además de las irregularidades expuestas en los actos apelados y receptados en el voto de la Vocal Instructora, ha dicho que el hecho del libramiento de cheques a favor de determinados sujetos y la constatación de un débito al respecto, no enerva el criterio del organismo fiscal, ya que ello no es apto para determinar cuál fue la contraprestación que la firma actora recibió por ellos, ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones. En efecto, al haberse realizado actos y presentado documentación carente de sinceridad se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella (cfr. Sala II de la CNACAF in re “Lo Bruno Estructuras S.A.”, sentencia del 3 de noviembre de 2023). A mayor abundamiento, la Sala “A” de este Tribunal se ha pronunciado respecto a la apocrificidad de los pretendidos proveedores Carlos Roberto Albano, Cicas S.R.L, Norte Cereal S.R.L in re “Productos Argentinos S.R.L.”, sentencia del 23 de marzo de 2022.
II. Que distinto criterio corresponde tomar respecto a los proveedores Noa Agropecuaria S.R.L. y Eduardo E. Pérez. En tal sentido, esta juzgadora consideró la capacidad de estos proveedores como con capacidad operativa, financiera y logística para operar en el mercado de la compra y venta de cereales, criterio confirmado por la Sala V de la Alzada (cfr. “Cerealera Santafesina SRL” sentencias del 17 de octubre de 2016 -Sala D, de este Tribunal- y 3 de agosto de 2017, respectivamente).
Puntualmente lo que hace a los pagos realizados con Lecops es dable traer a colación que resulta contemporáneo a los períodos determinados, la inaudita situación vivida en todo el país a partir del dictado del decreto N° 1570 del 1/12/01 (B.O. Ext. 3/12/01), por el que se establecieron restricciones transitorias para los retiros de dinero de las instituciones bancarias, las que duraron más de un año y medio, hasta que el sistema financiero fue reordenado, a lo que se agregó la circulación de cuasimonedas que, ante la escasez de efectivo y la dificultad sobreviniente de utilizar cheques, tarjetas de créditos o débito automático, propiciaba su utilización para cancelar operaciones comerciales e incluso el pago de sueldos, situación ésta que resulta inoponible a la recurrente en tanto hubiera impedido el desarrollo normal de sus actividades. En este sentido, se ha dicho que “Ha de tenerse presente que el principio de la realidad económica, en tanto elemento jurídico de captación de la verdadera entidad sustantiva de esa realidad, de manera alguna importa consagrar institutos que funcionen unilateralmente a favor exclusivo de uno de los sujetos de la relación tributaria, ya que de lo que se trata es de la necesaria prevalencia de la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define a la justicia, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea esta favorable al Fisco o al contribuyente (v. ib. en "Christensen Roder Argentina SA c/EN - Ministerio de Economía - AFIP - Ley 24073 - Decreto 214/2002 s/proceso de conocimiento", 26/9/2008 y sus citas de doctrina y de CSJN, Fallos: 307:118)” (Gómez, Erardo E. , Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, de fecha 3/09/2009). Que cabe hacer notar que el Fisco respecto a estos proveedores no emite observaciones en su aspecto formal o material sino solamente sobre el medio de pago en sí.
Ello así, corresponde revocar el ajuste del Fisco Nacional en este punto, con costas.
III. Que con relación a las Notas Externas Nro. 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07, 331/07 y 291/09, atento resultar consecuencia de los saldos impugnados en autos y no existir elemento adicional que permita sostener la pretensión de la recurrente, corresponde su confirmación en la proporción correspondiente. Costas a la vencida.
En atención a la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 91/07 y 09/09, las liquidaciones del Distrito Marcos Juárez, las Notas Externas Nros. 321/07, 322/07, 323/07, 324/07, 325/07, 326/07, 327/07, 328/07, 329/07, 330/07, 331/07 del Distrito Marcos Juárez y la Nota Externa N° 291/09, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°30.084-I, en las sumas de $43.691 por la representación procesal y $109.228 por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 30.667-I, en las sumas de $22.040 por la representación procesal y $55.100 por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N°33.160-I, en las sumas de $340 por la representación procesal y $847 por el patrocinio letrado. d. Por el Expediente N°33.454-I, en las sumas de $157 por la representación procesal y $393 por el patrocinio letrado.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°30.084-I, en las sumas de $95.371, equivalente a 1,32 UMA, por la representación procesal y $238.428, equivalente a 3,30 UMA, por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 30.677-I, en las sumas de $80.746, equivalente a 1,12 UMA, por la representación procesal y $ 201.864, equivalente a 2,79 UMA, por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N° 33.160-I, en las sumas de $46.972, equivalente a 0,65 UMA, por la representación procesal y $72.265, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado.
d. Por el Expediente N° 33.454-I en las sumas de $46.972, equivalente a 0,65 UMA, por la representación procesal y $72.265, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado.
4. Regular los honorarios del CP Guillermo García Fuster, también a cargo de la recurrente, en la suma de $ 180.662 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional en los Expedientes Nros. 30.084-I y 33.454-I, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
5. Regular los honorarios del CP Rubén Miguel Rubiolo, a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente en relación a la excepción de incompetencia resuelta en el Expediente N° 33.454-I, en la suma de $125.051, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2025.11.04 11:56:36 -03:00 Date: 2025.11.04 12:07:45 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.04 12:28:26 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.04 12:28:27 -03:00
Fin de la sentencia