Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-121649256-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, no resulta incompatible que, tal como se mencionara supra, la empresa Altamirano y Palacios S.A. informara a través del régimen informativo establecido por la R.G. 4120 que “Sucesión de Palacios Juan Bautista” poseía al 31/12/2019 unas 450 (cuatrocientas cincuenta) acciones y que de acuerdo a la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- también se identificara a dicho sujeto como titular, toda vez que recién se procedió a inscribir en el Libro de Registro las transferencias el 04/06/2020.
En razón de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al planteo de falta de legitimación pasiva articulada por la recurrente y proceder a revocar la resolución apelada, con costas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal instructor en su voto.
Atento los términos en que ha quedado trabada la litis, corresponde resolver si la recurrente de autos se encuentra o no alcanzada por el Aporte Solidario y Extraordinario de la ley 27605.
Al respecto corresponde señalar que el artículo 2 de la citada ley establece que: “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966 …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-50410083-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Mayo de 2024 BAUTISTA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expediente N° EX-2022-121649256- -APN-SGAI#TFN caratulado “SUCESIÓN DE PALACIOS JUAN BAUTISTA s/ Recurso de Apelación” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, mediante el RE-2022-119924826-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 115/2022 (DV RRES) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, de fecha 20 de octubre de 2022, suscripta por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia, mediante la cual se determina de oficio la obligación de la recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia del período fiscal 2020 por la suma de $ 5.813.662,76, con más intereses resarcitorios por la suma de $ 4.192.619,79.
Expresa la recurrente que el acto apelado exterioriza errores en la aplicación del derecho previsto para el caso concreto, lo que se traduce en la indebida identificación de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, razón por la que entiende se verifica en el caso de marras la falta de legitimación pasiva de la propia actora en relación a la pretensión fiscal ensayada por el organismo recaudador.
Desde su punto de vista, señala que la Ley N° 27.605 en su art. 2° remite a la Ley N° 23.966, referida al Impuesto sobre los Bienes Personales, tanto para la determinación de los bienes comprendidos como para su valuación, de lo cual dicha parte deduce que conforme señala el segundo párrafo del art. 17 inc. b) de la Ley N° 23.966, “las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad”, norma que la recurrente entiende de aplicación al caso concreto.
De forma sintética -a efectos de evitar reiteraciones innecesarias-, destaca que el Sr. Juan Bautista Palacios falleció el 19/09/2016, y que en el marco del proceso sucesorio se dictó la declaratoria de herederos en fecha 08/09/2017, momento hasta el cual la sucesión tributó sobre la totalidad de los bienes patrimoniales que componían el acervo hereditario, tanto en el Impuesto sobre los Bienes Personales como en el Impuesto a las Ganancias, en este último caso sobre los resultados obtenidos con los bienes de la misma. Informa que con posterioridad a la referida declaratoria, cada uno de los herederos adquirió, según el caso, el carácter de sujeto tributario en uno y/u otro gravamen, respectivamente. Por esta cuestión es que la recurrente alega que desde la declaratoria de herederos en adelante, cada uno de los herederos resulta sujeto pasivo de los gravámenes sobre una parte proporcional de los bienes de la sucesión, ya fuere el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales o del ASE.
En ese mismo orden de ideas, sostiene que la Administración Fiscal incurre en un equívoco al pretender aplicar al caso concreto el art. 2363 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) referido a la partición del acervo hereditario, so pretexto de no estar prevista expresamente la aplicación supletoria de la Ley del Impuesto a las Ganancias ni la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales en el texto de la Ley N° 27.605.
Por su parte, plantea el caso federal y finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, mediante el IF-2023-27877624-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Por su parte, la representación fiscal expresa que no resulta procedente el planteo de falta de legitimación pasiva formulado por la parte actora, toda vez que se trata de uno de los sujetos enumerados en la norma que regula el ASE.
Asimismo, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, mediante el PV-2024-32313025-APN-VOCVI#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala y mediante el IF-2024-44288990-APN-VOCVI#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que, del modo en que ha quedado trabada la litis en el presente caso, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se resume en dilucidar si el sujeto sucesión indivisa denominado “Sucesión de Palacios Juan Bautista” resulta alcanzado por la Ley N° 27.605, sobre Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
Por un lado, la parte actora sostiene que en su caso, se verifica la falta de legitimación pasiva y que, eventualmente, si procediere, debieran ser cada uno de los herederos los sujetos pasivos del ASE, toda vez que la norma que lo sancionara remite a la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales y que, habiendo mediado declaratoria de herederos, finalizó su existencia como sujeto del derecho tributario respecto de ambos gravámenes. Por otro lado, el Fisco Nacional sostiene que en aras del estricto resguardo del principio de legalidad tributaria, no puede entenderse que la Ley N° 27.605 remita a las Leyes de los Impuestos sobre los Bienes Personales ni a las Ganancias sino en los específicos supuestos en que dicha norma expresamente efectúa la mencionada remisión, motivo por el cual resulta aplicable el CCyCN, en concreto su art. 2363, el que establece que “(l)a indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos”.
Ahora bien, para una mejor comprensión de la situación fáctica en el presente caso, resulta conveniente efectuar un breve recuento de los hechos.
En efecto, surge de los antecedentes administrativos que, previo a su deceso, el Sr. Juan Bautista Palacios transfirió el 05/09/2016 su fondo de comercio -empresa unipersonal- en los términos de la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio a la sociedad Altamirano y Palacios S.A., cuya inscripción se produjo en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Chaco el 05/10/2018, razón por la que en virtud de la referida transferencia el Sr. Juan Bautista Palacios resultó titular de 450 (cuatrocientas cincuenta) acciones de la referida sociedad, transferencia que fuera efectuada conforme a la legislación comercial e impositiva vigente, por lo que fue declarada según lo dispuesto en el art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias como una reorganización empresaria, hecho que llega indiscutido a esta instancia jurisdiccional (cfr. fs. 27 y fs. 69/100, Cuerpo 0, AA, IF- 2023-27901696-APN-DTD#JGM y fs. 101/104, Cuerpo 1, AA, IF-2023-27901977-APN-DTD#JGM).
Sin perjuicio de ello, y por cuestiones de orden cronológico, el fallecimiento del Sr. Juan Bautista Palacios en fecha 19/09/2016 implicó, en la práctica, que los bienes que componían su patrimonio -mayormente las referidas acciones- se convirtieran desde su fallecimiento en el acervo hereditario de sus sucesores, en el caso concreto su cónyuge supérstite -María del Carmen Altamirano- (50% de los bienes gananciales por la división de la sociedad conyugal) y sus seis hijos -José María Palacios, Fabiana Alejandra Palacios, Maximiliano Gabriel Palacios, Andrés Fabián Altamirano, Juan Ramón Altamirano y Carlos Guillermo Altamirano (50% de los restantes bienes gananciales), todo lo cual surge de la declaratoria de herederos de fecha 08/09/2017 dictada en el marco de la causa “Palacios, Juan Bautista s/ Sucesión Ab-Intestato” Expte. N° 11920/2016, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia (cfr. fs. 11/12, Cuerpo 0, AA, IF-2023-27901696-APN-DTD#JGM). En esa tónica, también llega indiscutido ante esta instancia que una vez producida la declaratoria de herederos, se procedió a la baja definitiva de la recurrente frente a los diversos gravámenes y regímenes y que en lo sucesivo, los herederos procedieron a justificar los respectivos incrementos de sus patrimonios en el Impuesto a las Ganancias declarando la parte proporcional de su acervo hereditario (cfr. fs. 39/43, Cuerpo 0, AA, IF-2023- 27901696-APN-DTD#JGM, y fs. 220/230, Cuerpo 2, AA, IF-2023-27902372-APN-DTD#JGM).
Ahora bien, el inconveniente se presenta a partir del hecho de que la empresa Altamirano y Palacios S.A., informó a través del régimen establecido por la R.G. 4120 que el contribuyente “Sucesión de Palacios Juan Bautista” posee al 31/12/2019 450 (cuatrocientas cincuenta) acciones y que de acuerdo a la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- presentada el 14/10/2020 -en su carácter de responsable sustituto del gravamen- para ese mismo período fiscal 2019 dichas acciones se correspondían con un monto de $ 290.683.138,13, mientras que para el período fiscal 2020 ya no se identifica a la Sucesión como titular de las acciones ya apuntadas (cfr. fs. 39, fs. 46/50, Cuerpo 0, AA, IF-2023-27901696-APN-DTD#JGM, y fs. 108/109 -RG4697-, Cuerpo 1, AA, IF-2023-27901977-APN-DTD#JGM).
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico el inconveniente que motiva el diferendo entre las partes se presenta debido al hecho de que si bien la Ley N° 27.605 contempla a la sucesión indivisa residente en el país como un sujeto tributario alcanzado por el referido ASE en su art. 2° inc. a), no es menos cierto que dicha norma no define el alcance temporal por el que debe considerarse a este especial sujeto del Derecho Tributario -ficción legal toda vez que fuera de la esfera tributaria, no existe en el ordenamiento jurídico argentino-. Tampoco lo hace su Decreto Reglamentario N° 42/2021, cuya única mención puntual a las sucesiones indivisas se encuentra en el art. 8° el que dispone que “(t)ratándose de sucesiones indivisas iniciadas a partir del 1° de enero de 2020 inclusive, estas deberán regirse a los fines de la determinación del aporte, por la residencia del o de la causante al 31 de diciembre de 2019”.
Dicho de otro modo, y a diferencia de lo establecido en las Leyes del Impuesto a las Ganancias, arts. 33 y 34, Ley N° 20.628 -t.o. Decreto N° 649/1997, vigente al momento del fallecimiento del causante- y del Impuesto sobre los Bienes Personales, art. 17 inc. b) segundo párrafo, Título VI, Ley N° 23.966, la ley que introdujo el ASE, omitió brindar a la sucesión indivisa, de un arco temporal que delimite su existencia. En ese sentido, le asiste razón al Fisco Nacional cuando afirma que la Ley N° 27.605 solo remite de manera específica a los cuerpos normativos precedentemente mencionados, a los efectos de precisar los bienes comprendidos y su valuación (Ley N° 23.966), por un lado, y a los efectos de los criterios de residencia (Ley de Impuesto a las Ganancias -t.o. en 2019-), por otro lado. A su vez, debe tenerse presente que conforme se establece en el segundo párrafo inciso “d” del art. 5° de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias), “(r)evisten el carácter de contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria… las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva”.
En ese sentido, no habiendo establecido la Ley N° 27.605 las condiciones necesarias para definir el alcance temporal de este particular sujeto del Derecho Tributario que constituye la “sucesión indivisa” y no habiendo remisión directa a norma tributaria alguna prevista a este respecto en ese mismo cuerpo normativo, también asiste razón al Fisco Nacional en cuanto que debe estarse a lo dispuesto en las normas del CCyCN.
En ese orden de ideas, recurrir al CCyCN en procura de una solución para el caso concreto, implica reconocer que, a tenor de las normas civilistas, el sujeto “sucesión indivisa” no existe. Tal es así, que en todo su articulado no se haya ni una sola mención a la “sucesión indivisa”, toda vez que dicha terminología es propia del Derecho Tributario, más no del Derecho Civil. Tampoco tiene personalidad jurídica, ya que en la normativa civilista la sucesión es un modo de transmisión de los derechos, conforme surge del Libro Quinto “Transmisión de Derechos por causa de muerte”, Título I “Sucesiones”, Capítulo I “Disposiciones Generales”, art. 2277 (sobre apertura de la sucesión) el que establece que “la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley”, siendo reputados los herederos desde la muerte del causante como tenedores de todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, continuando en la posesión de lo que el causante era poseedor (cfr. art. 2280 CCyCN).
Dicho de otro modo, “sucesión”, “herencia”, “masa indivisa”, “estado de indivisión” y “partición” son algunos conceptos del Derecho Sucesorio que no reciben en el caso concreto la interpretación que pretende el ente recaudador para aplicar el denominado ASE, tanto menos cuando es la propia ley del gravamen aquella que omite definir al sujeto “sucesión indivisa” en miras de resguardar el principio de legalidad tributaria. Si, como el propio Fisco Nacional sostiene, debe dirigirse a las normas del Derecho Civil, ello es para suplir la omisión en que hubo incurrido el legislador al momento del dictado de la norma.
Ahora bien, el argumento fiscal reposa en la aplicación al caso de marras del art. 2363 CCyCN (sobre conclusión de la indivisión), el que ubicado en el Libro Quinto, Título VIII “Partición”, dispone que “la indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos”. En efecto, la partición o acción de partición implica necesariamente que existe más de un heredero, como en el caso concreto. Sin embargo, es la propia normativa sucesoria la que dispone que la partición puede ser provisional o definitiva (art. 2370 CCyCN), puede realizarse de forma privada en caso de estar presentes todos los copartícipes siendo los mismos plenamente capaces, pudiendo hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes, y a todo evento ser la misma parcial o total (art. 2369 CCyCN). Tal como se verá a la brevedad, esto es lo que ha sucedido en el caso de marras.
Sin embargo, en determinadas circunstancias la ley exige que la partición debe ser realizada judicialmente -esto es mediando la intervención de un perito partidor designado por los propios copartícipes de forma unánime y/o en su caso, por el juez interviniente en el proceso sucesorio (art. 2373 CCyCN)-, casos que por su gravedad y/o importancia el legislador no ha dejado librados al azar, tal el supuesto en que hubiere copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes, o si terceros con un interés legítimo, se opusieran a que la partición se efectuara privadamente, o incluso si siendo capaces todos los copartícipes no pudieran ponerse de acuerdo en hacerla de forma privada. Esta enumeración prevista en el art. 2371 CCyCN es taxativa y ninguno de dichos supuestos se verifica en autos, razón por la cual la argumentación fiscal en torno a que de las constancias del proceso sucesorio no surge que se hubiere realizado la partición carece de sentido.
Por otro lado, no es un requisito exigido por la ley que exista en el expediente judicial de la sucesión una constancia de la partición efectuada por los herederos, ya que tal como se ha expresado supra esta puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes los herederos. A mayor abundamiento, tal como expresamente establece el art. 2403 CCyCN, “la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella, se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a sus coherederos”. Vale decir, la norma es conteste con la inteligencia prevista por el legislador, en cuanto a que es la muerte del causante y no la apertura de la sucesión o proceso sucesorio lo que genera la transmisión, siendo la partición, al igual que anteriormente la declaratoria de herederos, actos y/o acciones meramente declarativos de un estado jurídico pre-existente.
Ahora bien, en el caso concreto puede válidamente afirmarse que se produjeron diversos actos jurídicos que dan cuenta de la existencia de una partición privada y que el Fisco Nacional fue debidamente informado de ello. En efecto, conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados por el propio Fisco Nacional en oportunidad de la contestación del recurso de apelación, resulta que el 04/06/2020 la cónyuge supérstite y madre de los seis (06) herederos restantes efectuó una cesión de derechos, acciones y obligaciones sucesorias a favor de sus seis hijos, la que éstos aceptaron en esa misma oportunidad, acto que fuera otorgado por Escritura Pública en un todo conforme con lo establecido en los arts. 1017 inciso d) y 1618 segundo párrafo inciso a), CCyCN. Tal como surge del referido instrumento, se tuvo especialmente en cuenta la cesión de las acciones societarias que le correspondían al difunto en la sociedad Altamirano y Palacios S.A. (cfr. fs. 13/17, Cuerpo 0, AA, IF-2023-
27901696-APN-DTD#JGM).
Por otro lado, y en sintonía con el argumento del Fisco Nacional basado exclusivamente en el art. 2363 CCyCN, también surge de las actuaciones administrativas que en la misma fecha de la cesión, esto es el 04/06/2020, todos los herederos capaces y de acuerdo procedieron a anotar la cesión mencionada y a dividir y asignar en el Libro de Registro de Acciones de la firma Altamirano y Palacios S.A. la cantidad exacta de las mismas que corresponden a cada heredero, lo que en los términos de la normativa civilista se denomina un instrumento particular no firmado en un todo conforme con lo establecido en los arts. 286 y 287 CCyCN, lo que resulta conteste con el hecho de que la partición privada puede ser realizada en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes los herederos (cfr. fs. 66/67, Cuerpo 0, AA, IF-2023-27901696-APN-DTD#JGM).
Dicho de otro modo, habiendo todos los herederos aceptado la cesión efectuada por su madre a través de la escritura pública de fecha 04/06/2020 -cuya falsedad no ha sido redargüida por el ente recaudador-, al tiempo que en la misma fecha se procedió a la anotación de la cantidad exacta de acciones que correspondían a cada uno de los seis hermanos herederos en el Libro de Registro de Acciones -acto que puede perfectamente ser entendido como una partición privada-, la tesitura fiscal no se sostiene, ni aún considerando la argumentación referida a que dicho cambio de titularidad de las acciones no fuera informado al Registro Público de Comercio, toda vez que las acciones no resultan en la normativa privada bienes registrables -esto es, cuando a su respecto se establece la obligatoriedad de la inscripción de su trasmisión en un registro público, como el caso de los inmuebles y algunos bienes muebles registrables- ni la Ley General de Sociedades establece tampoco la obligación de publicación, información y/o inscripción de las referidas transmisiones, como sí sucede, por el contrario, con las cesiones de cuotas de las sociedades de responsabilidad limitada, cuya oponibilidad a terceros comienza solamente a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio (cfr. art. 152, Ley N° 19.550). En ese mismo orden de ideas, rige a su respecto lo dispuesto en el primer párrafo del art. 215 de la Ley N° 19.550, el que establece que la transmisión surte efecto contra la sociedad y los terceros -en el caso, el Fisco Nacional- desde su inscripción en el Libro de Registro, lo que aconteció el 04/06/2020.
Por ello, no resulta incompatible que, tal como se mencionara supra, la empresa Altamirano y Palacios S.A. informara a través del régimen informativo establecido por la R.G. 4120 que “Sucesión de Palacios Juan Bautista” poseía al 31/12/2019 unas 450 (cuatrocientas cincuenta) acciones y que de acuerdo a la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y Participaciones- también se identificara a dicho sujeto como titular, toda vez que recién se procedió a inscribir en el Libro de Registro las transferencias el 04/06/2020.
En razón de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al planteo de falta de legitimación pasiva articulada por la recurrente y proceder a revocar la resolución apelada, con costas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal instructor en su voto.
Atento los términos en que ha quedado trabada la litis, corresponde resolver si la recurrente de autos se encuentra o no alcanzada por el Aporte Solidario y Extraordinario de la ley 27605.
Al respecto corresponde señalar que el artículo 2 de la citada ley establece que: “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley” (el resaltado me pertenece).
Que del texto transcripto surge claramente la remisión a la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales a los efectos de determinar los bienes alcanzados por el ASE. En efecto, del texto antes transcripto surge que las personas humanas y las sucesiones indivisas se encuentran alcanzados por el aporte por la totalidad de los bienes comprendidos en la Ley 23966. Es decir que la voluntad del legislador ha sido sujetar el alcance y la cuantía del Aporte a las normas previstas en aquella ley. Precisamente esta última ley en su Título VI, Capitulo I, artículo 17 dispone que: “Son sujetos pasivos del impuesto: a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior. b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país. Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. A los fines de este artículo se considerará que están domiciliados en el país los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integran comisiones de la provincias y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañaren.” (el destacado me pertenece).
Por lo tanto, habiéndose dictado declaratoria de herederos con fecha 8/9/2017 en el marco de la causa “Palacios, Juan Bautista s/Sucesión Ab-Intestato”, Expte Nº 11920/2016, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, cabe concluir que los bienes que aquí se tratan no pueden ser considerados a los efectos de la base de cálculo del ASE en cabeza de la sucesión, toda vez que la misma ha dejado de ser sujeto pasivo en aquel tributo, quedando la carga tributaria en cabeza de cada uno de los herederos en función de su participación en el acervo hereditario.
En virtud de lo expuesto, corresponde revocar el acto traído en apelación, con costas Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Hacer lugar a la falta de legitimación pasiva articulada por la recurrente y, en consecuencia, revocar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.05.15 14:38:23 ART Date: 2024.05.15 15:52:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.15 17:03:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.15 17:03:42 -03:00
Fin de la sentencia