Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 121649256-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y modificar la sentencia apelada en lo relativo a la manera en que deben ser impuestas las costas, las que se fijan por su orden (cfr. art. 68, segunda parte del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, y Fallos 312:2519, 322:3034 y 314:1368).
2Imponer las costas de esta instancia por su orden en virtud de las particularidades del caso (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
3Declarar inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco respecto de los honorarios regulados a favor del Dr. Aníbal Raúl Pérez Otazú, los que se dejan sin efecto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
18517/2024 SUCESION DE PALACIOS JUAN BAUTISTA (TF 121649256-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, el 15 de mayo de 2024, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al planteo formulado por la parte actora y; en consecuencia, revocó la resolución n° 115/2022 (DV RRES) mediante la cual la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia, había determinado de oficio la obligación de la recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia del período fiscal 2020, por la suma de 5.813.662,76 pesos, más 4.192.619,79 pesos en concepto de intereses resarcitorios. Impuso las costas al Fisco en su condición de vencido (cfr. páginas 817/833 del DEO 16081680 incorporado digitalmente a la causa el 28 de octubre de 2024).
Para así resolver, y en cuanto aquí interesa, puso de manifiesto que “la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal se resume en dilucidar si el sujeto sucesión indivisa denominado “Sucesión de Palacios Juan Bautista” resulta alcanzado por la Ley N° 27.605, sobre Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
Resumió la postura de ambas partes y expresó que según la parte actora la sucesión no resultaba sujeto pasivo del tributo y que “[…] eventualmente, si procediere, debieran ser cada uno de los herederos los sujetos pasivos del ASE, toda vez que la norma que lo sancionara remite a la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales y que, habiendo mediado declaratoria de herederos, finalizó su existencia como sujeto del derecho tributario respecto de ambos gravámenes”.
Indicó que el Fisco, por su parte, consideró que “…en aras del estricto resguardo del principio de legalidad tributaria, no puede entenderse que la Ley N° 27.605 remita a las Leyes de los Impuestos sobre los Bienes Personales ni a las Ganancias sino en los específicos supuestos en que dicha norma expresamente efectúa la mencionada remisión, motivo por el cual resulta aplicable el CCyCN, en Alta en sistema: 22/08/2025 concreto su art. 2363, el que establece que ‘(l)a indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos’”. El tribunal explicó que si bien en la Ley n° 27.605 se halla contemplada a la sucesión indivisa residente en el país como sujeto alcanzado por el Aporte Solidario Extraordinario (cfme. art. 2°, inciso a) “…no es menos cierto que dicha norma no define el alcance temporal por el que debe considerarse a este especial sujeto del Derecho Tributario” ni tampoco ese aspecto fue contemplado por el Decreto Reglamentario n° 42/2021. Expresó que, a diferencia de lo establecido en la Ley del Impuesto a las Ganancias, (arts. 33 y 34, Ley N° 20.628 -t.o. Decreto N° 649/1997), vigente al momento del fallecimiento del causante- y en la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, (art. 17 inc. b) segundo párrafo, Título VI, Ley N° 23.966), no existía en la mencionada Ley n° 27.605 “un arco temporal que delimite su existencia”.
Por ello, consideró que “…le asiste razón al Fisco Nacional cuando afirma que la Ley N° 27.605 solo remite de manera específica a los cuerpos normativos precedentemente mencionados, a los efectos de precisar los bienes comprendidos y su valuación (Ley N° 23.966), por un lado, y a los efectos de los criterios de residencia (Ley de Impuesto a las Ganancias -t.o. en 2019-), por otro lado. Por ende, “…no habiendo establecido la Ley N° 27.605 las condiciones necesarias para definir el alcance temporal de este particular sujeto del Derecho Tributario que constituye la “sucesión indivisa” y no habiendo remisión directa a norma tributaria alguna prevista a este respecto en ese mismo cuerpo normativo, [concluyó que] también asiste razón al Fisco Nacional en cuanto que debe estarse a lo dispuesto en las normas del CCyCN” (el destacado no es del original).
Ahora bien, y sin perjuicio de establecer que el Fisco tenía razón en cuanto a que era aplicable lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto dispone que “la indivisión hereditaria sólo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos”, lo cierto es que esa interpretación debía complementarse con lo previsto en las demás normas de ese Código. Explicó, en tal sentido, que la partición implica que necesariamente exista más de un heredero -como ocurría en autos- y que aquella puede ser provisional o definitiva y que; en cuanto interesa, puede efectuarse en forma privada, siempre que estén presentes todos los copartícipes y Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V siendo los mismos plenamente capaces, pudiendo hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes, y a todo evento ser la misma parcial o total.
Consideró que, además, en el caso no se estaba frente a uno de los supuestos en los que la ley exige que la partición sea realizada judicialmente.
Fue así que también explicó que “…tal como expresamente establece el art. 2403 CCyCN, ‘la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón de ella, se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a sus coherederos’. Vale decir, la norma es conteste con la inteligencia prevista por el legislador, en cuanto a que es la muerte del causante y no la apertura de la sucesión o proceso sucesorio lo que genera la transmisión, siendo la partición, al igual que anteriormente la declaratoria de herederos, actos y/o acciones meramente declarativos de un estado jurídico pre -existente”.
En tales condiciones, expresó que en el caso podía concluirse que efectivamente se habían producido diferentes actos jurídicos que dieron cuenta de la existencia de una partición privada y que el Fisco Nacional fue debidamente informado de ello, tal como resultaba además de las constancias administrativas oportunamente acompañadas por el Fisco al tiempo de contestar el recurso.
Expresó que “…habiendo todos los herederos aceptado la cesión efectuada por su madre a través de la escritura pública de fecha 04/06/2020 -cuya falsedad no ha sido redargüida por el ente recaudador-, al tiempo que en la misma fecha se procedió a la anotación de la cantidad exacta de acciones que correspondían a cada uno de los seis hermanos herederos en el Libro de Registro de Acciones -acto que puede perfectamente ser entendido como una partición privada-, la tesitura fiscal no se sostiene, ni aun considerando la argumentación referida a que dicho cambio de titularidad de las acciones no fuera informado al Registro Público de Comercio, toda vez que las acciones no resultan en la normativa privada bienes registrables (…) En ese mismo orden de ideas -añadió el tribunal-, rige a su respecto lo dispuesto en el primer párrafo del art. 215 de la Ley N° 19.550, el que establece que la transmisión surte efecto contra la sociedad y los terceros -en el caso, el Fisco Nacional- desde su inscripción en el Libro de Registro, lo que aconteció el 04/06/2020”. Alta en sistema: 22/08/2025 En tales condiciones, concluyó que correspondía hacer lugar al planteo de la parte actora, y por ende, revocar la resolución n° 115/2022 (DV RRES).
Por otra parte, el 24 de junio de 2024, reguló los honorarios del Dr. Aníbal Raúl Pérez Otazú, en 8,28 UMA y 20 ,70 UMA, por las actuaciones cumplidas en el carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, respectivamente (cfr. páginas 838/839 del aludido DEO).
II. Que, contra ese pronunciamiento, el Fisco apeló y expresó agravios el 7 de agosto de 2024, los que fueron replicados por la parte actora el 23 de septiembre de 2024 (cfr. páginas 855/863 y 875/879 del referido DEO). Asimismo, el 28 de junio de 2024, el Fisco apeló los honorarios regulados al letrado de la parte actora por considerarlos altos (cfr. página 843 del DEO).
En primer término, el Fisco pone en conocimiento que recibió instrucciones para desistir (cfr. páginas 865/866 del DEO) en cuanto se hizo lugar al planteo formulado por la parte actora, revocándose el acto determinativo, lo que fue tenido presente por el Tribunal Fiscal, el 12 de agosto de 2024 (cfr. páginas 868/869 del DEO). En consecuencia, manifestó que su recurso se hallaba circunscripto a cuestionar la manera en que fueron impuestas las costas en la instancia precedente.
En tal sentido, transcribe los fundamentos desarrollados por el Dr. Porporatto, a cuyo voto adhirió el Dr. Magallón, y explica que, a su entender, las costas debieron ser establecidas en el orden causado.
Señala que “si bien su imposición a esta parte se compadece con el principio general que rige en la materia, no debe perderse de vista que fueron impuestas en un contexto en que la sentencia no obstante falló en favor de la contraria, desestimó sus argumentos y resolvió a partir del análisis de una cuestión no planteada por las partes litigantes”.
Estima pertinente que las costas sean fijadas en el orden causado, en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley n° 11.683 que autoriza a eximir total o parcialmente del pago de las costas cuando se encontrare mérito para hacerlo. Refiere, además, que la cuestión examinada fue novedosa y compleja y que al haber resuelto el caso a partir del análisis de aspectos que no fueron planteados por las partes, se advierte razonable que su parte sea eximida del pago de las costas.
Alta en sistema: 22/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.- Que, en su parte pertinente, el artículo 184 de la ley 11.683 prescribe que “…La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición”. En consecuencia, el Tribunal Fiscal está habilitado para apartarse, respecto de las costas, del principio general de la derrota, cuando exista mérito suficiente para hacerlo.
Tal como expone el Fisco en sus agravios, si bien en la sentencia se hizo lugar al planteo de la parte actora referido a que la sucesión no reunía la condición de sujeto pasivo de la obligación tributaria en discusión, lo cierto es que el Tribunal Fiscal descartó el argumento de esa parte tendiente a que, supletoriamente, se tomen en consideración las pautas previstas en la Ley del Impuesto sobre Bienes Personales y en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Para así resolver, hizo especial hincapié en que las remisiones contenidas en la Ley n° 27.605 a esas leyes únicamente se relacionaban con la precisión respecto de los bienes comprendidos y su valuación y con los criterios relativos a la residencia, mas no definían, una pauta temporal que delimite la existencia de la “sucesión indivisa”.
En tales condiciones se admitió que, tal como sostenía el Fisco, era determinante tener en consideración lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin perjuicio de ello, se interpretó que de conformidad con lo establecido en esas normas y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho que se verificaron en autos, no correspondía exigir a la parte actora el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, relativo al período fiscal 2020, dado que no resultaba sujeto pasivo de la obligación tributaria.
Por consiguiente, se advierte razonable que las costas sean dispuestas en el orden causado ya que las razones en que se funda el pronunciamiento apelado no coinciden con las argumentaciones desarrolladas por las partes (art. 68, segunda parte del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, y Fallos 312:2519, 322:3034 y 314:1368).
IV. Que en virtud del modo en que se decide se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación Alta en sistema: 22/08/2025 interpuesto por el Fisco respecto de los honorarios regulados al letrado de la parte actora el 24 de junio de 2024, los que se dejan sin efecto. Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y modificar la sentencia apelada en lo relativo a la manera en que deben ser impuestas las costas, las que se fijan por su orden (cfr. art. 68, segunda parte del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, y Fallos 312:2519, 322:3034 y 314:1368). 2) Imponer las costas de esta instancia por su orden en virtud de las particularidades del caso (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 3) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco respecto de los honorarios regulados a favor del Dr. Aníbal Raúl Pérez Otazú, los que se dejan sin efecto.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 22/08/2025
Fin de la sentencia