Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131092
En la ciudad de La Plata, a los 4 días del mes de Febrero de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BERDINI NORA LILIANA S/SUCESION TESTAMENTARIA" (causa: 131092), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada resolución del 12 de julio de 2024, aclarada el 12 de agosto de 2024?
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 12 de julio de 2024, aclarada el 12 de agosto de 2024, la Sra. Jueza de la instancia previa dictó la pertinente declaratoria de herederos, consignando -en cuanto ha lugar por derecho y sin perjuicio de terceros- que por fallecimiento de Nora Liliana Berdini le suceden en carácter de universales herederos: i) sus primos Carlos Rubén y Claudia María Berdini y Parenti (hijos de Victorio Carlos Berdini y Susana Inés Parenti); ii) Silvina Araceli Berdini y Staffolani (hija de Raúl Arturo Berdini y Beatriz Staffolani); iii) Rubén Saúl Day y Martinez (hijo de Juan Celsio Day y Casimira Martinez); iv) Javier Fabián, Mónica Rosa Fabiana, Ronaldo Gabriel y Néstor Adrian Sdrech y Day (hijos de Zulma o Sulma Beatriz Day y Ronaldo Sdrech); v) Cármen Lucía y Donato Ramón Antonio Day y Telesco (hijos de Bonifacio Ramón Antonio Day y Carmen Telesco); y vi) Jorge Alberto, Victor Angel y Gloria Mabel Telesco y Day (hijos de Elsa Mercedes Day y Victor Telesco).
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó Gustavo A. Tolosa Goñi, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 14 de octubre de 2024; donde solicitó que se declare la nulidad de la sentencia y, al mismo tiempo, se ordene el replanteo de la prueba pericial caligráfica.
Sobre esa base, comenzó por referir que, al dictar la declaratoria, la juzgadora ha ignorado considerar su condición de pretenso heredero testamentario, aun luego de un largo derrotero pericial, pedidos de explicaciones, impugnaciones y sus correspondientes contestaciones, omitiendo su tratamiento como si nunca hubiera existido, afectando la necesaria claridad y coherencia que toda sentencia debe contener para considerarla un acto válido, fundado y motivado, convirtiéndola en arbitraria y nula.
En esa línea, adujo que la alarmante ausencia de tratamiento lo coloca en un grave estado de indefensión al pretenso heredero testamentario, quién luego de un largo proceso no ha obtenido una decisión fundada, como si nunca hubiera existido el debate sobre la firma de la causante; luego desarrolló la función y relevancia que cumple la motivación de la sentencia, sus pautas rectoras y los principios procesales que influyen en la temática, citando jurisprudencia y doctrina; y finalmente sostuvo que la cuestión omitida es de índole esencial y conducente para la dilucidación de la contienda judicial, tratándose de un vicio “in iudicando” que la invalida como tal y corresponde declarar de oficio su nulidad por la vía recursiva.
Por otro lado, teniendo en cuenta lo establecido por el art. 255 inc. 2 del CPCC, a la existencia de instrumentos probatorios no tenidos en cuenta mediante acuerdo celebrado el día 14 de abril de 2023, a los errores involuntarios de los operadores mientras se transitaba la pandemia y la escasa cantidad de firmas tenidas en cuenta, solicitó el replanteo de la prueba pericial caligráfica mediante perito calígrafo único de oficio, quien, teniendo a la vista la totalidad de las piezas obrantes en autos -incluyendo la que oportunamente se omitió remitir- se determine si la firma y escritura del testamento ológrafo obrante en autos pertenece a la causante Nora Liliana Berdini.
En ese sentido, expuso que en autos no se encuentra determinado si el documento acompañado contiene la verdadera voluntad de la causante, debido a la existencia de siete (7) firmas espontáneas -tres en contratos y cuatro en recibos- y una (1) indubitada (poder para juicio) no tenidas en cuenta oportunamente como base de cotejo; y que en la audiencia celebrada el día 14 de abril de 2023, las partes manifestaron su acuerdo, requiriendo "en forma conjunta la remisión inmediata de la documentación que se encuentra agregada para la realización de la pericia caligráfica ordenada, quedando a las resultas de la misma o de las directivas dispuestas por la perito oficial sorteada en autos", sin que se diera cumplimiento con lo acordado, constituyendo un error patente
Relató entonces que en el escrito de la Dra. Gatti del 17 de agosto de 2022, se adjuntó numerosa documentación “digital”; que a fin de ubicar estos archivos se debe acceder al expediente Nº5066 caratulado "BERDINI NORA LILIANA S/SUCESION TESTAMENTARIA", en trámite ante el Juzgado de Paz de Roque Pérez; y que esos cuatro documentos espontáneos e indubitados, sumados a los recibos de pago de alquileres aportados en fecha 31 de julio de 2023 no fueron considerados por la perito oficial interviniente, realizando un análisis incompleto de la documental obrante en autos, y ello agravado por la escasa cantidad de material de estudio.
1.c. Dicha postura mereció la réplica de Claudia María Berdini, por un lado, y de Carmen Day, Donato Day, Monica Sdrech, Gloria Mabel Telesco y Jorge Alberto Telesco, por el otro, en los respectivos escritos de los días 1 y 11 de noviembre de 2024, donde solicitaron en primer lugar que se declare extemporáneo el recurso y, en subsidio, que se rechace la pretensión revisora.
Liminarmente, en virtud de las objeciones efectuadas respecto a la temporaneidad de la fundamentación y en virtud de la aptitud de la que goza esta Alzada para pronunciarse -aún de oficio- sobre el punto, corresponde comenzar por referir que en las presentes actuaciones, una vez dictada la ya referida declaratoria de herederos, el Sr. Tolosa Goñi dedujo apelación con fecha 29 de julio de 2024, cuya denegatoria motivó la interposición de la queja que se individualiza como causa 131092-2; la que, a la postre, fue favorablemente receptada.
En efecto, este Tribunal admitió el mencionado recurso y concedió, en relación, aquella apelación, dejando expresamente establecido que debía “en la instancia previa cumplirse con los recaudos previstos en los arts. 246 y ccs. del CPCC”.
Siguiendo lo previsto en los arts. 275 (primer párrafo, última parte) y 276 (segundo párrafo, última parte) del digesto ritual, esa mención final no tuvo otro objetivo que poner en claro la actividad que se esperaba del interesado; esto es, fundar su recurso en el Juzgado de Paz Letrado de Saladillo, una vez que las actuaciones fueran remitidas y recepcionadas, para continuar -de tal modo- el trámite de segunda instancia (arts. 246 y cits.).
Sobre esa base, es posible advertir que el día 30 de septiembre de 2024 se envió la queja al referido órgano y, mediante proveído dictado el día siguiente, la Magistrada la tuvo por radicada en forma electrónica, vinculándola con las actuaciones principales. Así pues, una vez anoticiado el mismo y mediante un simple cálculo de fecha, es posible colegir que la fundamentación presentada el día 14 de octubre de 2024 fue tempestiva y válida (art. 150, 155 del CPCC), todo lo cual mereció el correcto y preciso detalle efectuado por la Sra. Jueza al tiempo de dictar su resolución del día 22 de igual mes y año, donde denegó el pedido de deserción formulado por parte de los pretensos herederos.
Como consecuencia de ello, en línea con el razonamiento de la juzgadora y no obstante el esfuerzo argumentativo que realizaran aquellos, forzoso es concluir que su pretensión tendiente a que se declare la extemporaneidad del memorial debe ser desestimada (arts. cits.).
2.b.i. Aclarado ello, en lo atinente al planteo de fondo y tal como se puntualizó en el considerando 2.b de la resolución dictada el día 12 de septiembre de 2024 en el ya referido recurso de queja (causa 131092-2; RR 341/24), es preciso reseñar que el presente proceso sucesorio se ha centrado, hasta el día de hoy, en el evidente conflicto de intereses que existe entre quien ha esbozado su condición de beneficiario de un testamento ológrafo (el Sr. Tolosa Goñi) y aquellos que han acreditado su calidad de familiares de la causante, con vocación hereditaria.
En virtud de esas circunstancias y de lo previsto en el art. 2339 del Código Civil y Comercial, se procedió a designar a una perito calígrafo de la Asesoría Pericial, quien una vez nombrada y luego de cumplir de manera primigenia con su tarea -a la postre, ordenada reeditar, conforme lo dispuesto el día 22 de junio de 2023-, volvió a emitir su opinión experta (ver adjunto al trámite del 8 de abril de 2024).
Como consecuencia de ello, la Lic. Sanchez Vilar ratificó "las consideraciones y conclusión vertidas en el dictamen presentado oportunamente", en el sentido que "La firma del testamento a nombre de Nora L. Berdini, no se corresponde gráficamente con las firmas indubitadas de la nombrada". Tal pieza mereció la impugnación y planteo del Sr. Tolosa Goñi, apoyado en las razones que vertiera el día 16 de abril de 2024. Ello motivó un nuevo traslado a la especialista (ver trámite del día 17 de igual mes y año) y su consecuente respuesta, explicitada en la pieza del día 16 de mayo de 2024.
A partir de lo que señalara, y le asista o no razón al mencionado, lo cierto e indudable es que el resultado de la labor pericial fue objeto de un concreto y frontal embate de uno de los interesados en la temática, situación que debió ser resuelta, una vez traída a conocimiento de los Tribunales, por medio de la debida respuesta jurisdiccional (arts. 3 y 2339 del Código Civil y Comercial; arg. 161, 185, 739, 740 del CPCC).
2.b.ii) No se me escapa que quizá el simple dictado de la declaratoria de herederos -solicitada varias veces por los familiares- pretendía conllevar o dar a entender que la pretensión del Sr. Tolosa Goñi quedaba, automática e implícitamente, denegada. Mas lo cierto es que tal conducta no está siquiera próxima a alcanzar el estándar exigido por la normativa aludida.
En efecto, el art. 3 del Código Civil y Comercial establece una premisa básica para la función jurisdiccional, consistente en la obligación de fundar de modo razonable las sentencias, constituyendo una manda legal indelegable. Se trata de un deber que emerge de un Estado constitucional y convencional de derecho, en el que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de sus actos (cfr. Herrera, Marisa - Caramelo, Gustavo - Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, 2015, Tomo I, pág. 16).
Así, la motivación de la sentencia es una garantía estructural de una jurisdicción democrática, de la independencia del juez y del proceso, del respeto por el principio de defensa en juicio y del interés de la comunidad (cfr. Guzmán, Leandro, Derecho a una sentencia motivada, Astrea, 2014, pág. 11 y sig.). En el mismo sentido se ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referir que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión", tratándose de "una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática" (art. 8.1 CADH; in re "Apitz Barbera y otros", ver párrafo 77, del 5 de agosto de 2008).
Bajo tales premisas, una decisión que decididamente ha omitido tratar la concreta y puntual pretensión de una de las partes de la incidencia, guardando absoluto silencio respecto a las conclusiones a las que hubiera arribado luego de una valoración, en especial, del material probatorio obrante en la causa, no alcanza la suficiencia a la que aspira el ordenamiento y que constituye, como dijera, una garantía de los ciudadanos, como es el debido proceso (arts. 18 CN; cit. y 25 CADH; 15 Const. PBA; Corte IDH, en "Perrone y Preckel", del 8 de octubre de 2019; ídem, en "Mina Cuero", del 7 de septiembre de 2022).
2.b.iii) En esa línea, creo también conveniente poner de resalto que si bien nuestro más Alto Tribunal federal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, no resulta menos cierto que tal temperamento sí es exigible respecto de aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
Y no obstante la eventual suerte que pueda correr la ya reseñada pretensión, lo cierto es que indudablemente la misma constituía una temática que reunía ambas condiciones, conformando el esquema jurídico que la sentencia debió atender; por lo que devenía ineludible su tratamiento.
Vale aclarar, nuevamente, que advertir el necesario abordaje del punto no significa, de forma alguna, una opinión anticipada sobre la atendibilidad o no del mismo, sino simplemente poner de resalto que esa omisión conlleva la invalidación del decisorio recurrido.
2.b.iv) En virtud de lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo la revocación de la declaratoria de herederos del día 12 de julio de 2024 y aclarada el 12 de agosto de 2024; y, en su mérito, disponer que se dicte un nuevo pronunciamiento, donde se expliciten las conclusiones que se obtienen de la valoración de los hechos expuestos por las partes, la prueba rendida en autos y el derecho aplicable, tomándose luego y en consecuencia la pertinente decisión sobre las pretensiones de aquellas (arts.cits.; 164 del CPCC).
El replanteo de prueba se trata de una medida prevista para casos muy puntuales, en circunstancias procesales determinadas y sólo ante la existencia de un recurso deducido contra una decisión que resulte desfavorable para el apelante (art. 255 y ccs. del CPCC).
Ahora bien, como consecuencia de las razones expuestas anteriormente, he propuesto al Acuerdo que se revoque el pronunciamiento del día 12 de julio de 2024 (aclarado el 12 de agosto de 2024) y, en su mérito, se ordene la emisión de un nuevo decisorio respecto de las pretensiones de las partes, donde consten los distintos aspectos que señalara; desconociéndose -a esta altura, por ende y de así compartirlo mi colega- el contenido y sentido que tendrá el mismo (art. 161 del CPCC).
En virtud de ello, considero que todo pronunciamiento respecto al replanteo solicitado devendría, como mínimo, prematuro; en tanto supondría una valoración anticipada e impropia del material probatorio que habrá de ser meritado en la instancia de origen.
Por ello, habré de proponer al Acuerdo que se deje establecido que no corresponde abordar en esta instancia la puntual solicitud del Sr. Tolosa Goñi (arts. cits.).
Previo a finalizar, me veo obligado a poner de resalto -nuevamente- la utilización, por parte del Dr. Barnech, de expresiones que están lejos de ser propias de quien cumple un relevante rol en la pacificación de los conflictos; extremo que ya hemos señalado en más de una oportunidad, convirtiéndose así en un hábito por demás prescindible.
En este caso y al menos en lo que respecta a la contestación del memorial, advierto que el letrado aludido señala que "tanto el primer Juez [...] como la Juzgadora actual [...] han sido [...] licensiosos (sic) y en parte desmedidos y complacientes" .
Además de incurrir con ello en una puntual y clara falacia lógica que se conoce como 'ad hominem', en cuanto se pretende atacar a la persona sin expedirse sobre las razones que justificaron decisiones previas no puestas en crisis o ejecutoriadas, lo cierto es que las manifestaciones vertidas no dejan ver más que un destrato hacia quienes, junto con su investidura y su calidad de autoridad legítima, resultan colegas y se les debe -por ello y, en especial, por su carácter de personas- el debido respeto (arts. 5, 19 y 21 de las Normas de Ética Profesional); sin calificaciones subjetivas que, aún de tenerlas, debe guardarlas para su fuero íntimo y no ventilarlas de la manera que ya lo ha hecho en numerosos casos.
Es que, como ya dijera, esta conducta se ha verificado nuevamente y por tercera vez. Nótese que al pto. 2.c.ii de la resolución dictada el 23 de febrero de 2023 en los presentes, no sólo se ordenó testar frases impropias, sino que se llamó "la atención al Dr. Barnech sobre el modo en que se ha dirigido y ha de dirigirse, en lo sucesivo, al Sr. Juez de grado". Y también al pto. 2.g de la emitida el día 7 de mayo de 2024 en los autos "RODRIGUEZ , ANGELA PLACIDA S/SUCESION AB-INTESTATO", donde le solicitamos "al profesional interviniente que [...] en lo sucesivo, por última vez y sin perjuicio de las discrepancias que pueda guardar con el criterio del Sr. Juez, se abstenga de manifestaciones que importen, siquiera solapadamente, un destrato para con aquél".
A pesar de esas advertencias previas, el profesional ha incurrido nuevamente en expresiones altisonantes y destempladas, olvidando aquello que se le ha indicado (art. 34 inc. 5.d y 35 del CPCC)
Aun cuando ello impondría hacer efectivo el apercibimiento que se anunciara en la resolución señalada en último término, sólo como acto de confianza final, habré de evitar en esta oportunidad avanzar en ese sentido, en el convencimiento de que una consciente reflexión sobre lo acontecido y lo aquí expuesto permita asumir -ahora sí- al letrado un temperamento distinto en lo sucesivo.
No tengo dudas que el referido se encuentra capacitado para consignar -en sus escritos- expresiones de mayor altura y calidad, que pongan en evidencia -no obstante un eventual agravio respecto de una decisión puntual y no de una persona- el conocimiento de los mínimos estándares de trato que exige cualquier vínculo y, en particular, el que se concreta en un proceso judicial.
Lo señalado, vale aclarar, no constituye una simple opinión del suscripto, sino recordar el conveniente cumplimiento de los ya citados arts. 19 y 21 de las Normas de Ética Profesional, en cuanto le indican al letrado el estilo que debe guardar "En sus expresiones verbales o escritas", detallando puntualmente que "La severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna vejación inútil o violencia impropia" y que es su deber "guardar a los magistrado el respeto y la consideración que corresponden a su función social".
Cualquier conducta que se aparte de ese norte y pautas obligará, ahora sí, a asumir las sanciones disciplinarias que correspondan, en atención al desvío que aquel eventual acto y los ya incurridos impongan puntualmente (arts. 9 y ccs. del Código Civil y Comercial; y cits. del CPCC).
Consecuentemente y con ese alcance, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería en un todo a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo: 1) declarar tempestiva la fundamentación realizada por el Sr. Tolosa Goñi respecto de la apelación que se concediera en el recurso de queja; 2) revocar la declaratoria de herederos del día 12 de julio de 2024, aclarada el 12 de agosto de 2024; y, en su mérito, disponer que se dicte un nuevo pronunciamiento, donde se expliciten las conclusiones que s
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