Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 137508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 28 de octubre de 2025, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 137.508 "GIMENEZ, NÉLIDA ESTHER Y ELGUE, DIEGO JUAN S/SUCESIONES AB-INTESTATO (INFOREC 970)"
I. El apoderado de María Laura Elgue y Juan Cruz Elgue Goizueta deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó -con costas- el remedio de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 68, 279 y 289, CPCC; v. resol. de 16-IX-2025; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 3-X-2025 y su arch. Adj. identificado como "...recurso_extraordinario").
En el caso, en el marco de un proceso sucesorio, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento de la instancia de origen que, a su turno, había declarado la validez del testamento ológrafo otorgado por Diego Juan Elgue en favor de Marcelo Fabián Falaschi al encontrar acreditados los extremos necesarios para tal fin (v. sents. de 5-VII-2024 y 25-III-2025).
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio, propiedad, tutela judicial y de los principios de razonabilidad y congruencia (arts. 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 2, 7/11 y 13/14, adj. cit.).
II.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -en particular la pericial- y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirman que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales referenciados, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 330:1529; 321:1754; 342:93; 339:423; 344:1142; 343:625; 341:1704; entre otros).
En tal sentido, aducen que la decisión objetada omitió -al igual que la de la instancia anterior en grado- tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos al trámite procesal de las sucesiones, la imposibilidad de aportar pruebas respecto a la voluntad del causante, la imprecisión del beneficiario testamentario y el desconocimiento de la grafía. Y aseveran que, contrariamente a lo expuesto, dichos cuestionamientos resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, refutar las razones dadas y, en consecuencia, demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 8/14, adjunto cit).
II.3. Arguyen además que, si bien las cuestiones de hecho y prueba, así como las de admisibilidad no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un exceso ritual que lesiona los derechos constitucionales invocados por los recurrentes y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente (v. págs. 12/13, adj. cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 15-X-2025), el mismo fue contestado por el señor Marcelo Fabián Falaschi (v. adjunto al trámite titulado "CONTESTA TRASLADO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" de fecha 28-X-2025).
Respecto de la mentada pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1 a 9; v. adjunto identificado como "CONTESTA..." al trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. En lo que atañe a la vía federal incoada, cabe señalar que para su procedencia es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para confirmar la validez del testamento ológrafo y la suficiencia del recurso de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación con los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se cumplimenten esos extremos, desde que las razones brindadas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, planteada a partir de las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que, según lo ha afirmado el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento palmario de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que tal doctrina es particularmente restringida en cuanto a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar aquel vicio respecto del fallo en crisis -y del de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, alegando que se ha incurrido en un supuesto de dogmatismo y exceso ritual. En efecto, reiteran en sustento de su posición, los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 10/20 del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 15-IV-2025, págs. 8/14 adj. cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17 y 18, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 2, 7/11 y 13/14, adj. cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el recurso intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (v. causas C. 123.330, "Luis Blanco S.A.", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-D.G.I.", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 122.544, "Crimson Investment S.A.", resol. de 23-XI-2022, C. 125.308, "Hernández", resol. de 27-IV-2023; C. 124.681, "Capri", resol. de 24-IV-2024; C. 125.461, "Elbial S.A.", resol. de 4-VII-2024; C. 126.342, "Batafarano", resol. de 24-II-2025; entre otros; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 28 de octubre de 2025, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2026 13:26:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:08:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2026 10:27:30 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:42:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2026 14:00:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/04/2026 14:09:54 hs. bajo el número RR-129-2026 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia