Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de fs. 762/764 con excepción de los honorarios del Dr. Tomás Fuentes Benítez por la acción de cancelación de hipoteca los que se elevan a la suma de PESOS …. ($.....-) (conf. arts. 9 y 16 del DL 8904). Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado (art. 71 CPCBA). Difièrese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 DL 8904).
(RGE:E-11095-0 )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea Expte. 8458; Reg. 39 (S) del 06/05/2014.
En la ciudad de Necochea, a los días del mes de mayo de dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “Sucesores de Abel O. Serrano y otro c/Banco Credicoop coop. Ltda. s/Consignación de sumas de dinero” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Humberto Armando Garate, Fabián Marcelo Loiza y Oscar Alfredo Capalbo, habiendo cesado en sus funciones el Dr. Garate, decreto nº 200 del 13 de mayo de 2013.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª.) ¿Es justa la sentencia de fs.762/764?
2ª.) ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. A fs. 762/764 el juez de primera instancia resuelve regular la intervención de los profesionales por la acción de consignación y separadamente por la acción de cancelación de hipoteca; estableciendo como base regulatoria de la acción de pago por consignación la suma de $14.957,24 y en cuanto a la acción de cancelación de hipoteca entiende que la misma no resulta susceptible de apreciación pecuniaria. Impone las costas por su orden (art. 71 CPCC).
Valoró especialmente el juez de grado el Decreto-Ley 8904 y la jurisprudencia aplicable.
Dicha sentencia fue apelada por la parte demandada a fs. 766, apelando a su vez los honorarios por considerarlos elevados; fundando el recurso a fs. 768/769vta..
Asimismo a fs. 770/772vta. expresa y funda agravios la parte actora.
II.a. Indica el demandado recurrente en su primer agravio que le causa perjuicio que la resolución considera que la actora ejerció dos acciones procesales distintas y reguló honorarios por separado. Añade que “no se trató de dos pretensiones independientes y de diversa índole, sino de una única acción, el pago por consignación, del que deviene inexorablemente y como consecuencia – con o sin petición expresa al respecto – la cancelación de la hipoteca, en virtud de la extinción del crédito que accede”.
Asimismo expresa que así surge “…de la lectura de la demanda, su contestación y sobre lo que hacen mérito tanto la sentencia de primera instancia de fs. 684/691 (v. considerando VI) haciendo lugar a la consignación efectuada y ordenando en consecuencia la cancelación de la hipoteca, como la de Cámara, al merituar los antecedentes del caso”. En su segundo agravio aduce que la causa perjuicio la imposición de costas por su orden; ya que la base arancelaria propuesta por la actora fue desestimada. Añade que “en todo caso, corresponderá se proceda a la distribución prudencial de costas que propugna el artículo 71 CPCC.”
II.b. A su turno manifiesta el apoderado del actor recurrente en su primer agravio que le causa perjuicio que se regulen sus honorarios sin tener en cuenta las pautas del art.16 del DL 8904. Afirma que debe tomarse en cuenta el monto del crédito “toda vez que no es lo mismo promover la cancelación de un mutuo hipotecario de $10.000 que de uno de $1.000.000”. En su segundo agravio indica que admitiendo la hipótesis de que la cancelación “no es susceptible de apreciación pecuniaria” los emolumentos fijados no guardan relación con la complejidad, la responsabilidad profesional comprometida, la trascendencia económica y moral, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado para la resolución del conflicto.
Agrega que “las remuneraciones tal como han sido fijadas en autos resultan arbitrarias y violatorias de los arts. 1, 9, 16, y conc. de la ley 8904, correspondiendo su adecuación.”
Que en tercer lugar lo agravia la resolución atacada, pues no regula los honorarios correspondientes a las distintas incidencias.
III. Comenzando el tratamiento del recurso del demandado es de destacar que su primer agravio no resulta una crítica concreta y razonada de la decisión del a quo, sino que resulta una copia casi textual del escrito de fs. 759/761vta., ello se aprecia especialmente en los párrafos que van de la f. 768vta. a la 769 inclusive; de allí que no quepa ingresar al tratamiento del recurso en cuestión el que se estima desierto y sin que se observen razones para ingresar a una consideración oficiosa (arts. 260 y 261 del CPCBA; arg. art. 1 DL 8904 Berizonce – Méndez “Honorarios …” p. 28).
Cabe ahora analizar el primer agravio del actor. En tal sentido no puede admitirse la crítica portada en el recurso respecto de que la única interpretación válida sea la que allí se propugna.
Es que la pretensión de cancelar la hipoteca no se identifica con el monto del crédito puesto que aquella necesaria y lógicamente implica que la obligación garantizada haya dejado de ser exigible y por tanto no existe ya ni crédito ni gravamen hipotecario, restando únicamente la publicidad registral o en palabras del legislador la “toma de razón” de la garantía real (arg. arts. 3187; 3192; 3199 y 3200 del C. Civ. y sus comentarios por Bono, G. en “Código …” Directores Zannoni – Kemelmajer pp. 716 y ss.; Highton, E. en “Código Civl …” Bueres – Highton p. 555).
Mal podría entonces tenerse en cuenta un crédito que se ha extinguido y que –lógicamente- sólo debe considerarse cuando ése sea el motivo de la litis, lo que no resulta así en el caso de la cancelación de la inscripción hipotecaria evaluada como pretensión autónoma.
En la pretensión de cancelación de la inscripción hipotecaria se procura sanear el título del inmueble para aligerarlo en vistas al futuro tráfico económico e inmobiliario, no es entonces el crédito cancelado y que figura en el pasado la referencia a evaluar, sino que es hacia el futuro que se proyecta el interés en tal acción, persiguiendo la agilidad para los sucesivos actos que involucren el inmueble.
Tal peculiaridad requiere entonces que se recurra a los principios generales para la regulación de honorarios contemplados en los incisos “b” al “l” del art. 16 del DL 8904/77, pues, por las razones dadas, no puede establecerse un contenido económico cierto y actual susceptible de apreciación. Esa resulta asimismo la opinión de la doctrina especializada (Hitters – Cairo “Honorarios …” p. 108 y jurisprudencia allí citada) como bien indica el demandado al contestar el agravio (f. 774vta.).
Sentado lo expuesto es el mismo artículo 16 el que refiere en su inciso “j” que para regular los honorarios se tendrá en cuenta la trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate. Es entonces en ese aspecto en el que si bien el monto del asunto no está dado, como ya se expusiera, en la cuantía del crédito como propone el recurrente, sí ha de ser un elemento a considerar, habida cuenta que de algún modo refleja el propio del bien cuyo tráfico se procura aligerar. Como contrapartida, cabe observar que la pretensión cancelatoria resultó tanto por el modo como se propusieron las pretensiones como por el debate abierto, y tal como lo refleja la sentencia, una derivación necesaria de la consignación acogida sobre la cual pesaba la complejidad que trae a cuenta el recurrente.
En consecuencia atento el mérito, la complejidad y demás circunstancias apuntadas corresponde elevar el monto del honorario regulado al letrado Dr. Tomás Fuentes Benítez por la acción de cancelación a la suma de PESOS …($.....-) (conf. arts. 9 y 16 del DL 8904). En cuanto al segundo agravio del actor –que sustancialmente importa un cuestionamiento por entender bajos tales emolumentos- en atención a la ya expuesto debe tenérselo por suficientemente atendido por los argumentos dados en los párrafos precedentes, sin que pueda estimarse el argumento que análoga la pretensión bajo análisis con otros procesos notoriamente diversos como el divorcio o el amparo, pues la clara diferencia en la naturaleza de las acciones impide la igualación pretendida. En cuanto al tercer agravio en atención a la imposición de costas dispuesta a fs. 83/87, 208, 239/241 y 675/676vta. y en orden a la adecuada atención de los principios de debido proceso y doble instancia, vuelvan los autos a la instancia de grado a fin de que allí se proceda a regular los honorarios pertinentes.
Finalmente en cuanto a las costas y habiendo prosperado parcialmente las pretensiones de ambos contendientes deben mantenerse las costas en el orden causado para la instancia de grado y fijarse en el mismo sentido para esta instancia (art. 71 CPCBA).
Por las consideraciones expuestas a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Capalbo votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de fs. 762/764 con excepción de los honorarios del Dr. Tomás Fuentes Benítez por la acción de cancelación de hipoteca los que se elevan a la suma de PESOS …. ($.....-) (conf. arts. 9 y 16 del DL 8904). Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado (art. 71 CPCBA). Difiriendose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 DL 8904).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Capalbo votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, de mayo de 2014.-
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de fs. 762/764 con excepción de los honorarios del Dr. Tomás Fuentes Benítez por la acción de cancelación de hipoteca los que se elevan a la suma de PESOS …. ($.....-) (conf. arts. 9 y 16 del DL 8904). Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado (art. 71 CPCBA). Difièrese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 DL 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). (arts. 47/8 ley 5827). Devuélvase.
Dr. Oscar A. Capalbo Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia