Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8209
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8209 Sentencia: 3031 Actor: Héctor Luis Marzzan / Marta Estela Morel Demandada: Dora Raquel Paredes / Gabriel Chavarría Salas / Servicios Públicos Sociedad del Estado Objeto: Daños Y Perjuicios Fecha: 31/10/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los treinta y un días de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los au-tos: “SUCESORES Y/O HEREDEROS DE MARZZAN HECTOR LUIS Y OTRA c/ PAREDES DORA RAQUEL y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 15347 del año 2013 que trami-ta en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de la ciudad de Pico Truncado, ingresó en esta instancia bajo el Nº 8209/23. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronuncia-miento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN Griselda Bard dijo:
I. A fs. 1/51 se presenta el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación de Héctor Luis Marz-zan y Marta Estela Morel y demanda a Dora Raquel Paredes, Gabriel Chavarría Salas y a Servicios Públicos Sociedad del Estado por daños y perjuicios por la suma de $1.003.000 o lo que pueda surgir en el proceso, más intereses. Refiere que el hijo menor de los actores falleció en ocasión en que subió a un techo a buscar una pelota porque estaba jugando, y sufrió una descarga eléctrica que ocasiónó el deceso. Señala que la conexión eléctrica era deficiente, demanda a Gabriel Chavarría Salas por ser el propietario del inmueble y de la instalación, y demanda por responsabilidad objetiva a Dora Raquel Paredes por titular del inmueble y a Servicios Públicos por una conducta omisiva en el control y segu-ridad de las instalaciones.
Detalla los daños cuya reparación perseguía, calificándolos como daño ma-terial, lucro cesante, daño moral, daño psicológico y gastos de sepelio. Ofreció prueba y fundó en derecho. A fs. 56/64 contesta la demanda el Dr. Pedro Omar Lazo en representación de Servicios Públi-cos Sociedad del Estado (SPSE). Desconoce la documentación acompañada, niega los hechos y da los fundamentos de su respuesta. Sostiene que no puede existir responsabilidad objetiva de su parte. Rela-ta la relación de SPSE con los titulares y usuarios del servicio de energía eléctrica, afirma que la res-ponsabilidad de la empresa es hasta el "pilar" y que no puede hacerse reponsable por la deficiente instalación en la casa de los demandados.
Insiste en la responsabilidad de la instalación domiciliaria y aclara que SPSE no es titular de dichas instalaciones. Ofece prueba y funda en derecho.- A fs. 70/74 se presentan Gabriel Chavarría Salas y Dora Raquel Paredes con el patrocionio letrado del Dr. Marcelo U. Quintero y contestan la demanda. Deducen excepción de falta de legitima-ción pasiva, afirman que no fueron citados ni denunciados en la causa penal, y que por otra parte el evento dañoso se debió a la falta de cuidado de los actores con relación al niño. Realizan la negativa de los hechos y refuerzan su postura en que las personas responsables del deceso del niño resultan ser sus guardadores o cuidadores. Impugnan los montos reclamados, ofrecen prueba, fundan en derecho. - A fs. 82/83 se abre la causa a prueba produciéndose la obrante en autos.
La parte actora alega sobre el mérito de la prueba y se dicta la sentencia que obra de fs. 350/359 que admite parcialmente la demanda contra Gabriel Chavarría Salas y Dora Raquel Paredes a quienes condena en forma solidaria al pago de daño material, daño moral, daño psíquico y gastos de sepelio más intereses; rechaza la ex-cepción de falta de legitimación y rechaza la demanda contra Servicios Públicos sociedad del Estado, impone las costas en un 20% a las parte actora y un 80% a los demandados, y difiere la regulación de honorarios.-
II. Disconforme con el pronunciamiento la parte actora en documento PE164392-2021 inter-pone recurso de apelación que se concede libremente y con efecto suspensivo y en documento PE543762-2022 expresa los agravios. En documento PE691511-2022 contesta los agravios la repre-sentación de Servicios Públicos S.E. y la demandada no contesta el traslado. Los autos se elevan con la certificación de estilo.-
III. En su presentación la parte actora se agravia por los montos determinados en concepto de daño moral y daño psicológico, ya que proceden pero por el 50% de los montos reclamados. Le agra-via por entender que no existe fundamento por los cuales la Jueza de grado reduce estos montos in-demnizatorios, siendo que además sostiene que no deben guardar relación con el daño material. Refie-re que los daños moral y psicológico, son reales y causados inmediatamente y que en el caso se trata de la muerte de un hijo, y ello constituye un hecho irreparable que podría haberse aumentado el valor pero nunca reducirse sin justificación. Entiende que no existe prueba ni motivación suficiente para la reducción que realiza la Jueza de los montos solicitados. Agrega que nada reparará suficiente el daño causado por la muerte de un hijo, pero como contrapartida tampoco debe reducirse lo reclamado en forma arbitraria. Hace referencia al informe de la pericia psicológica, que no fue cuestionado por las partes y resulta importante en sus conclusiones, solicita se revoque lo resuelto y se condene al total de lo reclamado más intereses.- En otro orden se agravia por haberse deterimado un 20% de responsabilidad a la parte actora, ya que dicha cuestión no fue solicitada por nadie y la jueza por su propia motivación así lo decide. Afirma que no existió falta al deber de cuidado o vigilancia por parte de los actores ya que el niño estaba al cuidado de otras personas y por un juego de niños cayó en una trampa mortal. Solicita se revoque.-
Se agravia además por no haber condenado a Servicios Públicos S.E. en forma solidaria. Adu-ce que la jueza interpreta el Art. 7 inc. b) del Reglamento para conexiones domiciliarias en forma par-cializada lo que lleva al dictado de una solución arbitraria. Agrega que existe un error de interpretación en cuanto a la falta de obligatoriedad en la presentación de planos, ya que ello surge del propio regla-mento. Detalla que el inc. d), se refiere al control de seguridad en las instalaciones existentes y la po-sibilidad de suspender el servicio en caso de irregularidades. Refiere el deber de Servicios Públicos de inspeccionar las instalaciones. Transcribe las condiciones de habilitación del servicio concluyendo que Servicios Públicos no exigió las mismas, siendo que todas las habilitaciones se otorgan previa inspec-ción y también existe la obligación de realizar inspecciones periódicas. Afirma que todos estos incum-plimientos tornan operativa la responsabilidad de Servicios Públicos Sociedad del Estado como presta-taria del servicios de energía eléctrica y responsable por la conexión a la red del domicilio de los de-mandados. Solicita la condena solidaria de la misma.-
IV. En documento PE691511-2022 Servicios Públicos contesta los agravios. Sostiene que su parte no tiene responsabilidad en lo que respecta a las conexiones particulares del interior de los do-micilios propiedad privada, ya que lo contrario sería una intromisión a los domicilios. Agrega que el reglamento señala que podrá inspeccionar conexiones domiciliarias hasta la caja o recintos de medido-res o equipos de medición. Refiere que el siniestro obedece a la negligencia de los propietarios del inmueble como se determinó en la sentencia de grado. Agrega que quedó acreditado que la conexión en cuestión fue realizada en forma casera por el Sr. Chavarría Salas y son los dueños de la casa quie-nes no fueron diligentes con respecto a la seguridad de las instalaciones de la electricidad de su hogar, que pudieron requerir inspección a SPSE y no lo hicieron. Entiende que el accidente se produjo por el hecho de una persona -tercero- por lo cual su parte no debe responder. Cita jurisprudencia acorde a su postura, funda en derecho y solicita se desestime el recurso.-
V. La demandada principal no contesta el traslado de los agravios quedando la presente causa en estado de dictar sentencia. El presente caso será analizado a la luz de los preceptos del Código Civil hoy derogado, en atención al momento en que se inició la litis (art. 7 CCC).-
En primer término se agravia la actora por cuanto en la sentencia se habría reducido los montos reclamados en concepto de daños moral y psicológico. Tengo presente que las demandadas se opusie-ron a la cuantificación por separado del daño psicológico, y sólo la demandada principal señala que se ajusten los montos. Ahora bien, ninguna de las demandadas se agravió por la forma en que se califica-ron los daños en la sentencia (moral y psicológico), lo que veda en esta instancia ingresar a su análisis. Únicamente la parte actora sostiene que se redujo el monto en forma antozadiza. El sufrimiento por la pérdida de un hijo para su madre y padre, es algo inconmensurable, más aún si se ponderan las trági-cas circunstancias que, en el particular caso, determinaron un fatal desenlace. La edad de la víctima no hacía previsible su muerte temprana (4 años). Es claro el informe de la Licenciada Norma Calderón, a fs. 276/280 en cuanto a la afección psíquica y espiritual padecida por la madre y el padre del niño fallecido, que señala que los actores sufrieron un duelo patológico con presencia de depresión. Si bien fue valorado el daño por la Juzgadora la circunstancia de reducirlo a la mitad de lo reclamado no en-cuentra fundamento alguno. Téngase presente que ninguno de los demandados cuestionó la proceden-cia del relamo por daño moral; es decir que ni siquiera se trató de una cuestión controvertida. Por esta razón entiendo que el razonamiento de la jueza de grado es erróneo, ya que los reclamantes solicitaron un monto para resarcir su daño moral y psicológico que luce justo y apropiado por el enorme menos-cabo moral, afectivo y psicológico producido por la muerte de su hijo. No se solicitó la reducción a la mitad de lo peticionado y tampoco se fundó debidamente en el fallo atacado los motivos por los cua-les se los reduce. Entiendo procedente este agravio en atención a que la reducción de su monto no se encuentra debidamente fundada ni acreditada en autos, tampoco mereció réplica en agravios. Por otra parte las sumas detalladas en el líbelo de demanda se encuentran debidamente acreditadas en cuanto a su procedencia (arts. 1068, 1069 y ccs. CC). Este agravio debe prosperar.-
VI. Con relación al 20% de responsabilidad que se estableció en cabeza de la parte actora, debo señalar que ello fue expresamente formulado al momento de contestar la demanda, por ambas demandadas. No se trata de un capítulo sorpresivo para la parte la decisión de la jueza al respecto. Comparto los argumentos ensayados en la sentencia de grado en cuanto tratándose de un niño de 4 años los responsables de su cuidado debieron arbitrar mejores recursos para su protección. Ya que se retiraron del lugar lo dejaron a cargo de otras personas quienes a su vez lo dejaron jugando con otra niña, sin la vigilancia propia que requiere un niño de esa edad. Esta obligación derivada de la respon-sabilidad parental -antes patria potestad- impone la guarda y cuidado de los hijos menores de edad que se observa parcialmente incumplida (art. 264 CC). Luce adecuado el porcentaje de responsabilidad atribuído a quienes debían ejercer el cuidado del niño y por tal razón debe confirmarse la sentencia en este aspecto Este agravio no debe prosperar.
VII. Responsailidad de SPSE. Se agravia la actora porque se desestimó la demanda contra la empresa Servicios Públicos Sociedad del estado en su carácter de prestataria del servicio de energía y entiende que la empresa es responsable por incumplir las obligaciones a su cargo.
Si bien SPSE se ocupa de delimitar su responsabilidad en todas las presentaciones señalando que su labor comprende hasta la habilidatación del "pilar", debo señalar que de la reglamentación es-pecífica surge que su responsabilidad comprende otras obligaciones en cabeza de la prestataria del servicio de energía eléctrica. En el informe de fs. 304 que acompaña Fernando Perez en su carácter de Gerente Distrital de Servicios Públicos señala -con relación al inmueble donde ocurrió el accidente- que la firma no posee la documentación reglamentaria para requerir la conexión de energía eléctrica, tampoco posee facturas que se hayan abonado y que con posterioridad del accidente se dan cuenta que el inmueble tiene 4 medidores.
En igual presentación acompaña un estado de deuda donde se desprende que por el inmueble en cuestión se deben facturas desde el año 2010 correspondiente al servicio de energía eléctrica. Del reglamento para el suministro de servicio de energía eléctrica surge claramente las condiciones que deben reunirse para que se habilite el servicio (art. 2), desde la docu-mentación que debe presentar el solicitante, las inspecciones que deben realizarse y comprobarse, el abono de un canon (art. 4), la comprobación de las condiciones para habilitar el suministro (art. 5), corte del servicio por falta de pago (arts. 9 y 10), inspecciones periódicas (art. 8) entre otras cuestiones (fs. 126 y ss.). Por su parte en el expediente penal, que todas las partes ofrecieron como prueba y que luce agregado por cuerda, en sede policial a fs. 16 la propia demandada, Dora Raquel Paredes, señala que la conexión eléctrica la había realizado su marido y no tiene planos porque "...acá no se les pide plano a nadie...".
Es decir que aunque no correspondería a SPSE verificar las instalaciones domicilia-rias, sí le corresponde hacerlo hasta el medidor, aún debió cortar el servicio por falta de pago, lo que claramente quedó demostrado que no se realizó. Estas consideraciones me permiten concluir que la Jueza de grado interpretó parcializadamente las obligaciones que surgen del reglamento que rige en la prestación del servicio de energía eléctrica, ya que si bien surgen diversos incumplimientos por parte de los titulares del servicio, lo cierto es que Servicios Públicos Sociedad del estado, incumplió sus obligaciones en diversos aspectos tal como se ha señalado.- En similar sentido se ha decidido que "...Corresponde condenar en forma concurrente tanto a la empresa de electricidad como al autor de la conexión clandestina, por la muerte del hijo de los actores, quien al momento de ascender por una escalera al techo para acceder a un balcón ubicado en el inmueble, toma contacto con un poste situado en el lugar y muere electrocutado...Por más que se pueda suponer que la electrificación de la membrana ocurrió sólo en el techo de la vivienda del demandado, no queda duda que ella se debió a la conexión clandestina....La responsabilidad de la prestataria del servicio público que provee energía eléctrica no sólo emana del carácter de propieta-ria de las instalaciones, sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquel se presta para evitar con-secuencias dañosas." (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, Sala:IV, Partes: V.
S. L. y Ots. c/ Alliende Meneses Segundo Isau s/ daños y perjuicios, 9 de septiembre de 2009, Cita: MJ-JU-M-50250-AR||MJJ50250).- A ello debo agregar que no se ha demostrado ninguna inspección, ni acta de aprobación de ninguno de los cuatro medidores que tiene el demandado, como tampoco la correspondiente habilita-ción, ni intimación a pagar las deudas, entre los incumplimientos de los deberes que le son propios a la prestataria del servicio. Esta violación a las normas de seguridad reglamentarias torna operativa la res-ponsabilidad de la codemandada y por tal razón este agravio debe prosperar (arts. 113 y ccs. CC).-
VIII. Por las razones hasta aquí expusestas entiendo que la sentencia es pacialmente justa y debe modificarse en la medida de los argumentos expuestos precedentemente con costas a la deman-dada.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
IX. Que coincido parcialmente con el voto de mi distinguida colega. En autos se ha solicitado oportunamente la responsabilidad conjunta de los padres del niño por falta de atención adecuada y comparto la solución a que llega la sentencia en crisis. Entiendo como la Dra. Bard ajustado a derecho el monto que propone para indemnizar el daño moral y psicológico ocasionado a los padres del me-nor. Pero disiento con ella en cuanto entiende responsable solidaria a Servicios Públicos S.E.
No comparto con su razonamiento que incumplimientos de su reglamento puedan hacerla res-ponsable con lo que pasó pues no advierto cual es la relación de causalidad. Veamos: no se hacen inspecciones dentro de los domicilios si no es por requerimiento de las autoridades. Después de la habilitación del servicio los titulares y usuarios realizan modificaciones a su gusto sin intervención de la empresa. Es común ver como abundan las extensiones de las redes con cable canal en domicilios particulares, comercios u oficinas públicas, inexistentes a la conexión a la red y que se fueron hacien-do después de la conexión del servicio conforme aumentan las necesidades. No se realizan inspecciones de la instalación eléctrica domiciliaria como no se las realiza en el servicio de agua corriente y el de gas después de su instalación tras comprobar que no existan pérdidas y la existencia de las ventilaciones reglamentarias, pues ello es responsabilidad del gasista matriculado. Interesa a las empresas quien es el titular del servicio a los fines de la facturación. Por ello, que no se hayan realizado inspecciones es algo discrecional de la empresa que no le origina responsabilidad por el hecho de un tercero por el que no debe responder. Cualquier usuario realiza modificaciones dentro de su inmueble sin autorización ni conocimiento de la compañía. Por nota 006/2017 de fs. 304 y reiterada a fs. 311 se indica que al 15/05/2017 el servicio po-see 4 medidores, pero ello es a la fecha de la nota, no que los tuviera a la fecha del fatal aconteci-miento que nos convoca. Tiene su explicación por cuanto, Héctor Luis Marzán en el sumario penal, hace referencia a las “cabañas que actualmente se están construyendo”.
No son tantas, por otro lado, las posibilidades de inspecciones que otorga el reglamento. El art. 4 del reglamento para el suministro del servicio de energía eléctrica aprobado por resolución 658 del 30 de octubre de 2007 le otorga al prestatario del servicio el derecho de realizar inspecciones, sin pre-vio aviso de las instalaciones internas del titular, “con el propósito de confirmar las potencias declara-das en la solicitud de servicio” para corroborándolas con las que resulten de la toma de características de los artefactos y/o equipos instalados, “para evaluar la correspondencia sobre la potencia energética disponible en la red de distribución”. Ello es así por cuanto el usuario, al solicitar el servicio, debe declarar por escrito la potencia máxima requerida para el buen funcionamiento de sus instalaciones (art. 2 inc. 2) pues de ello se lo encuadra en distinta descripción de servicios: con consumos de hasta 30KW, de 30 a 300KW como grandes usuarios tarifa 2; y grandes usuarios de más de 300W.
De allí que esta inspección permite a la empresa evaluar la potencia disponible en la red y, eventualmente, reforzarla. Otro de los supuestos de inspección es el relativo a los recintos para equipos de medición. Allí se inspecciona la acometida que se encuentra ilustrada a fs. 303 y 310 que es en realidad el llamado pilar que contiene las caja del medidor, caja de fusibles, la caja de protección externa los caños de distribución, pipeta, los portafusibles el ráck con aisladores, la puesta a tierra con jabalina etc. y se inspecciona que se cumplan los recaudos de seguridad. En grandes usuarios puede requerirse un cen-tro de transformación y maniobra protecciones de corriente de tensión, sistemas de corrección de fac-tor de potencia (por ejemplo en casas de departamentos puede existir un recinto para equipos de me-dición para cada unidad ya que no alcanzaría el frente sobre la línea municipal).
Ello es inspeccionado en forma previa y final antes de conectar a la red, pero no ingresa en la instalación domiciliaria (art 2 inc. 8). No surge de lo actuado en el expediente penal que se hubiera encontrado una falla de seguri-dad en el pilar de entrada. Ahora se está exigiendo, antes se recomendaba, la colocación de un disyuntor diferencial, elemento que sí hubiera evitado esta tragedia pero no se coloca en el pilar. Ello por cuanto el disyuntor diferencial hubiera determinado la diferencia de intensidad entre la entrada y la salida que supere la sensibilidad del artilugio e interrumpe el ingreso de flujo de corriente de al momento de producirse. Cualquier perdida o falla de aislación obliga a corregirla pues seguirá interrumpiendo el flujo hasta que se arregle la falla en la aislación, de un cable en este caso.
Por otro lado la falla de la red estuvo dentro de la instalación domiciliaria. Ergo no advierto responsabilidad de la empresa codemandada en el hecho. Los titulares del servicio pueden solicitar verificación de los equipos de medición o una ins-pección visual de las instalaciones de competencia del prestador (pero como vimos termina en la aco-metida) para verificar que haya fallas o no se haya “colgado” un tercero, supuesto que se complemen-ta con la inspección que autoriza el art. 8 en caso de conexiones clandestinas. Pero esto tampoco im-plica una omisión culpable de la empresa que hubiera colaborado en la producción del siniestro que nos ocupa.
Otro de los supuestos de inspección se encuentra en el art. 7 inc. c apartado 2 que tampoco esta conectado el caso de autos. Sí hubo incumplimiento por parte del titular de la obligación del art. 7 inc. c apartado 1 al no mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones propias.
No advierto pues que una omisión en las inspecciones a su cargo hayan contribuido a la pro-ducción del desgraciado hecho.
Otras inobservancias se imputan a Servicios Públicos S.E. para imputarle responsabilidad. Tal la de no haber cortado el servicio por falta de pago. Salvo que el corte se hubiera realizado esa tarde no hubiera evitado la tragedia toda vez que la reconexión se consigue en horas (más en pueblos chi-cos) por el pago o plan de pagos y derecho de reconexión.
No surge de autos cuando fue la habilitación del servicio por ello que hubiera existido una falla de seguridad o de inspección en la acometida al momento de la habilitación no ha sido la causa del accidente, lo importante es que no se determinó en la inspección realizada en la causa penal una falla de seguridad en el pilar.
Lo cierto es que Dora Raquel Paredes ha declarado que la instalación eléctrica la realizó su marido (el codemandado) y que no tiene plano porque acá no se le pide plano a nadie. (tampoco los tienen en la Municipalidad como se informe a fs. 23 de la causa penal). El propio Agente Fiscal Dr. Fabio Ariel Candia la ratifica a fs.25 de la causa penal cuando expresa que el deceso del menor:
“…ha ocurrido a consecuencia de una deficiente instalación eléctrica y el deterioro que causa-ran las condiciones climáticas sobre un cableado que rozare sobre la chapa del techo del gal-pón, que electrificara al menor víctima al momento de subirse al techo en búsqueda de una pe-lota. Que si bien existe una deficiente conexión eléctrica y no existen planos aprobados por el personal idóneo ni supervisado por la empresa proveedora del servicio eléctrico, no es menos que no existe en el lugar profesional idóneo matriculado, que normalmente no (es) exigencia usual la exigencia de planos, ni se realizan inspecciones rutinarias …” por lo que no realiza imputación penal. No comparto la jurisprudencia que se cita en el voto que antecede pues se refiere a una cone-xión clandestina y no estoy de acuerdo en responsabilizar a la empresa entendiendo que debió ejercer vigilancia. Ello habida cuenta no poder exigírsele que ejerza una vigilancia continua sobre todos los inmuebles titulares del servicio. No alcanzaría el personal capacitado para ello.
Habida cuenta estas razones propongo que se confirme la sentencia en lo que hace al rechazo de la acción contra la empresa de Servicios Públicos S.E. y en lo demás adhiero al voto de la Dra. Bard. Corresponde invitar al Dr. Mario A. Albarrán para dirimir la disidencia. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Mario Albarrán dijo:
X. Llamado a dirimir la disidencia sólo en relación a la responsabilidad de la empresa Servi-cios Públicos S.E., adhiero al voto del Dr. Humberto Eduardo Monelos por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. Que atento al tratamiento dado a los agravios vertidos y la respuesta a la primera cuestión, propongo al Acuerdo el dictado del siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio con relación a los montos correspondientes a daño moral y psicológico, que se duplican y el agravio correspondiente a la responsabilidad solidaria de Servicios Públicos Sociedad del Estado. 2°) Rechazar el agravio co-rrespondiente al porcentaje de responsabilidad atribuida a los padres. 3º) Confirmar la sentencia en lo restante, con costas en la instancia al vencido (art. 68 del CPCC). 4º) Diferir la regulación de honora-rios de la instancia hasta tanto obre en autos regulación de la instancia anterior. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que por las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pro-nunciamiento: 1º) Admitir parcialmente el agravio de la parte actora con relación a los rubros daño moral y psicológico que se duplican y rechazar el relativo a la responsabilidad solidaria que se atribu-ye a Servicios Públicos S.E. 2º) Rechazar el agravio relativo al porcentaje de responsabilidad atribuido a los padres. 3º) Confirmar la sentencia en lo demás que decide con costas en la instancia al vencido (art. 68 del CPCC) 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la instancia anterior. 5º) registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XIII. Que adhiero a la propuesta formulada por el segundo votante, Dr. Monelos, por conside-rarla justa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 31 de octubre de dos mil veintitres.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial, por mayoría, F A L L A:
1. Admitir parcialmente el agravio de la parte actora con relación a los rubros daño moral y psicológico que se duplican y rechazar el relativo a la responsabilidad solidaria que se atribuye a Ser-vicios Públicos S.E.
2. Rechazar el agravio correspondiente al porcentaje de responsabilidad atribuida a los pa-dres.-
3. Confirmar la sentencia en lo restante, con costas en la instancia al vencido (art. 68 del CPCC).-
4. Diferir la regulación de honorarios de la instancia hasta tanto obre en autos regulación de la instancia anterior.-
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Mario A. Albarrán –Juez de Cámara Subrogante-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201043S.231 Tomo: XCIX Sentencia: 3031 Folio Nº: 114/121 Secretaria: 1
Fin de la sentencia