Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-122461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia apelada condenando a pagar la suma de $ 86.000.000, mas los intereses al 6% anual desde el 20/09/2001 hasta el dÌa de la fecha, y de ahÌ en mas a la tasa prevista por el art. 768, inc c) del C.C.C.-
2Modificar el plazo para el cumplimiento de la condena fij·ndolo en sesenta (60) dÌas, o el que corresponda seg˙n la ley presupuestaria vigente al momento del dictado de esta sentencia de C·mara..
3Confirmar la sentencia en todo lo dem·s que fue motivo de apelaciÛn y agravio.
4Imponer las costas de segunda instancia a la demandada.
SI - 122461 - SUCESORES DE MINGUEZ RUBEN OMAR C/FISCALIA DE ESTADO PCIA.BS.AS S/ DA—OS Y PERJUICIOS
Expte: SI-122461 Juzgado de origen: Juzgado Civil Y Comercial Nro 1 De Mercedes Juicio: SUCESORES DE MINGUEZ RUBEN OMAR C/FISCALIA DE ESTADO PCIA.BS.AS S/ DA—OS Y PERJUICIOS En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el dÌa de la firma, en Acuerdo telem·tico continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y CARLOS ALBERTO VIOLINI, juntamente con el Dr. MARTIN HERNANDO CHERUBINI, en virtud de la integraciÛn dispuesta el 03/12/25 y el sorteo realizado el 04/12/25 y lo dispuesto por el art. 4∞ del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el BoletÌn Oficial el 06/12/2010, pags.
12.609/12.610), con la intervenciÛn de la Funcionarioa Letrada actuante,, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI-122461 , en los autos: “SUCESORES DE MINGUEZ RUBEN OMAR C/FISCALIA DE ESTADO PCIA.BS.AS S/ DA—OS Y PERJUICIOS”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada del 5/11/24?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Carlos Alberto Violini, Emilio Armando IbarlucÌa y MartÌn Hernando Cherubini.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Carlos Alberto Violini dijo:
En la sentencia dictada en estas actuaciones se FALLO: "...1) Haciendo lugar a la demanda promovida por Ruben Oscar Minguez -hoy su sucesiÛn- contra la FiscalÌa de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia 2) condenando a la nombrada a pagar al actor en diez dÌas la suma que resulte de la liquidaciÛn a practicarse con las pautas indicadas precedentemente 3) Costas a cargo de la demandada perdidosa (art. 68 del CPCC). DifiÈrase para cuando exista monto lÌquido, la pertinente regulaciÛn de honorarios de los profesionales intervinientes. RegÌstrese. NotifÌquese..." .-
La parte actora apela el 8-11-24, y expresa agravios el 6-12-24, los que fueron contestados por la contraria el 23- 12-24.
La parte demandada apela el 6-11-24, y expresa agravios el 11-12-24, los que merecieron la rÈplica del 19-12- 24.-
Con fecha 26-12-24 se llamaron “Autos para dictar Sentencia” (art. 263 del ritual).-
En prieta sÌntesis relatare los hechos.
El actor iniciÛ demanda de daÒos y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. Al respecto relatÛ que el dÌa 8 de Marzo de 2001, en circunstancias que se encontraba en su casa, se apersonÛ personal policial solicitando la presencia de RubÈn Omar Minguez en la ComisarÌa, sin decir motivos del requerimiento. Es asÌ que tomÛ la moto y se dirigiÛ a la ComisarÌa local donde sorprendentemente lo dejan detenido por ser el presunto autor de una violaciÛn, cuya vÌctima era la Sra. CÛrdoba.
A continuaciÛn detallÛ que en la denuncia realizada por la Sra. CÛrdoba que originÛ a la IPP N∞ 57.922 conforme se desprende de la declaraciÛn obrante a fs. 1/vta., dijo que pese a manifestar que el victimario estaba encapuchado, insÛlitamente en la ˙ltima parte aparece el nombre de Minguez como indudable responsable de la violaciÛn.
ConcluyÛ que todo ello resultÛ un calvario finalizando objetivamente con la absoluciÛn decretada por el tribunal oral Criminal N∞ 2 en fecha 19 de Octubre de 2003. AgregÛ, que desde un primer momento colaborÛ con la investigaciÛn, y tratÛ de que se entendiera que el actor era ajeno al hecho, que no habÌa cometido ning˙n delito, y que no habÌa pruebas en su contra que justificaran la restricciÛn a la libertad ambulatoria. Solamente, por el presunto reconocimiento de la victima de una camisa a cuadros y un par de guantes, ambas f·cilmente fungibles, se sostuvo todo el proceso en su contra.
Dijo que se rechazaron sistem·ticamente los planteos defensistas de nulidad del procedimiento por vicios en la instrucciÛn policial y del reconocimiento de la ropa, elemento sumamente importante para la defensa debido a ser el sostÈn insÛlito del proceso. Es asÌ que dichos planteos, como la falta de mÈrito interpuesta conjuntamente, fuera rechazada por el Juez de GarantÌas N∞1 en la causa N∞ 4589; y se ordena convertir la detenciÛn en prisiÛn preventiva.
II. Por su lado, contestÛ demanda la letrada apoderada de la FiscalÌa de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y niega de modo general y en particular todos y cada uno de los hechos alegados por el accionante, desconociendo la documentaciÛn que Èste acompaÒara.
ManifiestÛ que corresponde delimitar la cuestiÛn, al examen de la procedencia de la reparaciÛn de los perjuicios presuntamente derivados de la prisiÛn preventiva que debiÛ soportar durante el proceso penal.
Que frente a lo expuesto, sostuvieron la inexistencia de un error manifiesto e inexcusable de los funcionarios judiciales. Agrega que al dictar el autos de prisiÛn preventiva, se efectuÛ una apreciaciÛn razonada de los elementos de juicio existentes en ese momento, que fueron confirmados por el Juzgado de GarantÌas. AgregÛ que en el caso de la falta de la acusaciÛn Fiscal y la consecuente sentencia absolutoria no importaron descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado sobre la base de una semiplena prueba e indicios suficientes para creerlo responsable del hecho.
AclarÛ, que en otros tÈrminos, el mero hecho de la absoluciÛn no sirve para generar una procedente imputaciÛn de responsabilidad civil contra la Provincia.
FinalizÛ diciendo que el auto de prisiÛn preventiva no se revelÛ incuestionablemente arbitrario o injustificado. Tampoco las pruebas aportadas en las distintas etapas del proceso acreditaron la total ajenidad e inocencia del actor. No resultÛ suficiente a tales fines, seÒalar la falta de acusaciÛn Fiscal y la sentencia absolutoria.
En prieta sÌntesis las partes se agravian de lo siguiente:
a) Agravios de la parte actora.
Se queja por las sumas justipreciadas para los rubros "lucro cesante", "daÒo moral" y "daÒo psicolÛgico". b) Agravios de la parte demandada:
Se queja por la atribuciÛn de responsabilidad decidida; por los montos fijados en los distintos rubros; y por ˙ltimo por la fecha de pago la cual considera errÛnea.
La aplicaciÛn del CÛdigo Civil no viene cuestionada.
En primer lugar cabe recordar que los jueces no est·n obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composiciÛn del litigio (conf. CSJN., Fallos: 272:225; 274:486; entre otros; SCBA Buenos Aires en ED, 105- 173, entre otras).-
En sentido an·logo, tampoco es obligaciÛn del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso. (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), por lo tanto me inclinarÈ por las que produzcan mayor convicciÛn, en concordancia con los dem·s elementos de mÈrito en la causa.
En otras palabras, se considerar·n los hechos que Aragoneses Alonso llama “jurídicamente relevantes” (Proceso y Derecho Procesal, 1960, Ed Aguilar, Madrid. P 971, p·rr. 1527), o “singularmente trascendentes” como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil”, en Estudios sobre el Proceso Civil®, p. 369 y ss.).-
Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos o tÛpicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos , pues como consecuencia del principio dispositivo, demarcan los lÌmites de actuaciÛn de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: “el agravio”. (En este sentido: SCBA, 20/8/96, DJBA, 151-5958; CSJN, 23/12/97, ED, 180-295).-
Por razones metodolÛgicas he de tratar primeramente el agravio de la parte demandada, respecto a la responsabilidad en el evento que le asigna el juez de grado, para pasar luego al tratamiento de los rubros indemnizatorios cuestionados, como asimismo a la fecha de pago establecida, V.- LA RESPONSABILIDAD 5.1.- En primer lugar, debemos comenzar diciendo que la indemnizaciÛn por la privaciÛn de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida autom·ticamente a consecuencia de la absoluciÛn sino ˙nicamente cuando el auto de prisiÛn preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento de que mediÛ un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.
TambiÈn es cierto que el funcionamiento regular de la administraciÛn de justicia no acarrea el derecho a ser indemnizado, con excepciÛn del supuesto en el que el acto jurisdiccional que origina el daÒo hubiese sido declarado ilegÌtimo y dejado sin efecto Con tales alcances, es necesario entender, que para responsabilizar al Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que origina el daÒo debe ser previamente declarado ilegÌtimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el car·cter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error. Ello es asÌ, pues, de lo contrario la acciÛn de daÒos y perjuicios constituirÌa un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley. 5.2.- En el caso de autos, el sentenciante correctamente se aparta de la necesidad de probar culpa o negligencia personal del funcionario (dolo o culpa grave) y se centra en el funcionamiento irregular del servicio en sÌ mismo, conforme a la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ello implica la irregularidad en la prestaciÛn del servicio calificando la situaciÛn como una "irregular prestaciÛn del Servicio de Justicia" al sostener el proceso y la prisiÛn preventiva durante dos aÒos y siete meses sin fundamentos de peso que permitieran llevar adelante el proceso.
Veamos:
-Los elementos probatorios iniciales (reconocimiento de una camisa fungible y guantes) se revelaron endeble y fueron finalmente desvirtuados en el debate oral. -Las pericias de ADN y pelos resultaron negativas y desincriminatorias, pero a pesar de ellas se mantuvo la prisiÛn preventiva y se rechazaron sistem·ticamente los pedidos de nulidad, falta de mÈrito y excarcelaciÛn extraordinaria.
-El desistimiento de la acusaciÛn por parte de la Fiscal de Juicio ante la "carencia de elementos inculpatorios" y la posterior absoluciÛn libre por el Tribunal Oral Criminal N∞ 2 son la prueba culminante de que la privaciÛn de libertad fue sostenida con base probatoria insuficiente y luego desvirtuada de forma contundente. -Por ˙ltimo la violaciÛn de normas internacionales: Se invoca acertadamente el ArtÌculo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÌticos (PIDCP), con rango constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), que establece el derecho a obtener reparaciÛn para toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa. Aunque no se declara la detenciÛn como "ilegal" en sentido estricto, su prolongaciÛn y mantenimiento injustificado frente a la evidencia que la torna arbitraria o irrazonable, encuadrando en el principio de reparaciÛn del Pacto.
5.3. Llegados hasta aquÌ, entiendo que la imputaciÛn de responsabilidad al Estado por la defectuosa e irregular prestaciÛn del servicio de justicia que conllevÛ a una detenciÛn preventiva prolongada e innecesaria, es sÛlida y ajustada a derecho. Es que, a la luz de los principios elaborados en los precedentes citados, estimo que en el sub lite asiste razÛn al primer sentenciante, en cuanto afirma que en una demanda por daÒos y perjuicios puede buscarse una indemnizaciÛn por la privaciÛn de la libertad durante el proceso, pero -solo- cuando el auto de prisiÛn preventiva se revele incuestionablemente infundado o arbitrario, lo cual deber· ser demostrado y no se puede asumir autom·ticamente por la absoluciÛn.
HarÈ mÌo un pasaje sentencial que dice:
"...En definitiva, lo que debe evaluarse es si corresponde tener por acreditada la llamada "falta de servicio" -o su prestaciÛn irregular-, contemplada genÈricamente en el mencionado art. 1112, frente a lo cual cabe recordar que es doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que quien contrae la obligaciÛn de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causa su incumplimiento o su irregular ejercicio (SCBA LP C 108331 S 11/09/2013, Jurisprudencia informatizada)...".
Por tanto, lo que he expresado es suficiente para CONFIRMAR lo resuelto por el juez de grado en cuanto a la - responsabilidad-, debiendo mantenerse la decisiÛn cuestionada (arts. 1112 y concordantes del CÛdigo Civil; y arts. 375, 384, 474 del C. Procesal) .
VI. RUBROS INDEMNIZATORIOS:
1. LUCRO CESANTE: La sentencia rechazÛ el rubro.
Para asÌ decidir, considerÛ el "a quo": "... no habiendo el actor probado de manera cierta y fehaciente cuales eran sus ingresos, como asÌ tampoco su relaciÛn laboral con los contratistas denunciados, ni el periodo de su relaciÛn de trabajo que mencionara, no cabe sino desestimar el rubro en an·lisis...".
El lucro cesante tiende a reparar las ganancias concretas que la vÌctima se vio privada de percibir, a raÌz de las lesiones sufridas en el accidente. No sÛlo es necesario probar la imposibilidad de trabajar, sin que ello significÛ la pÈrdida normal de ingresos de la actividad que desarrollaba. Debe aportarse datos que permitan presumirlas de modo fidedigno. Ello, encuentra su fundamento en las ganancias concretas y efectivas que el damnificado se vio privado de obtener durante el lapso que durÛ su convalecencia o su imposibilidad de trabajar (arts. 1068, 1069 y 1086 del C. Civil ). Por consiguiente, a efectos de indemnizar ese rubro se requiere aportar prueba concreta del desmedro en los ingresos del damnificado, acreditando no sÛlo el lapso en que se vio impedido fÌsicamente de trabajar sino tambiÈn la realizaciÛn de actividades rentadas con anterioridad al siniestro, pues de otro modo sÛlo podrÌa hablarse de un perjuicio conjetural. Y ello se encuentra ausente En consecuencia, no existiendo elementos que permitan desvirtuar lo decidido, se mantiene la sentencia en Èsta parte 2.-DA—O PSICOLOGICO:
La sentencia admitÛ el rubro y lo justipreciÛ en la suma de $17.000.000.
Ahora bien, el daÒo psicolÛgico no es un daÒo autÛnomo, ya que no existe un tercer gÈnero diferenciado del daÒo patrimonial y del extrapatrimonial.
En Èste sentido, el daÒo psicolÛgico debe ser indemnizado como incapacidad sobreviniente si se demuestra pericialmente que genera impedimentos para trabajar o para generar recursos econÛmicos, y como daÒo moral si sÛlo ha causado o causa sufrimientos, padecimientos o afecciones en la vida espiritual de la vÌctima.
En el caso de autos, pese a que la perito ha dictaminado un incapacidad parcial y permanente del 24%, (ver pericia psiqui·trica de fs. 117/120 -y su contestaciÛn de fs. 122 y la de fecha 03/05/2024-), es en el ·mbito del daÒo moral que tal detrimento debe ser considerado.
Lo dicho significa que el daÒo psicolÛgico no constituye un capÌtulo independiente del daÒo moral o del material, sino una especie del uno o del otro.
Por ello entiendo, que Èste daÒo, atento las particularidades de Èsta causa debe ser tratado conjuntamente con el DaÒo Moral, de lo contrario implicarÌa una doble indemnizaciÛn por un mismo rubro y esto es inadmisible (arg. Art. 499 CC).
Consecuentemente se deja sin efecto la indemnizacion fijada en forma autÛnoma para Èste rubro, la que se indemnizara a continuaciÛn conjuntamente con el daÒo moral.
3. DA—O MORAL:
La sentencia, tras brindar precisiones conceptuales y las de orientaciÛn doctrinal y jurisprudencial al respecto, concluye que la partida prospera y la cuantifica en la suma de pesos $ 10.000.000 (pesos diez millones). Su cuantificaciÛn viene cuestionada por ambas partes.
El daÒo moral ha sido definido como una minoraciÛn en la subjetividad de la persona, derivada de la lesiÛn a un interÈs no patrimonial. Es una modificaciÛn disvaliosa del espÌritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesiÛn a un interÈs no patrimonial, que habr· de traducirse en un modo de estar diferente de aquÈl al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de Èste y anÌmicamente perjudicial (Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral”, ya cita-do, p·g. 47). Por tanto, teniendo como pautas de referencia la situaciÛn f·ctica planteada en autos, lo descripto por la perito en la percial psiqui·trica (ver pericia psiqui·trica de fs. 117/120 -y su contestaciÛn de fs. 122 y la de fecha 03/05/2024-) la determinaciÛn de incapacidad del 24% parcial y permanente, todo ello refleja un claro desmedro, con lo cual es razonable, presumir una lesiÛn a las manifestaciones espirituales del afectado, pues todo daÒo en la salud que revista alguna entidad engendra a quien lo padece explicables angustias y preocupaciones. elevado a la suma de $ 20.000.000( pesos veinte millones) (art. 1078 del C. Civil, 384, 474 del C. Procesal).
VII. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONDENA:
La demandada apelante se agravia del plazo de diez dÌas fijado por el juez de grado para el pago de la condena, alegando que, conforme al artÌculo 70 de la Ley de Presupuesto Provincial (u otra normativa de ejecuciÛn presupuestaria), el plazo de pago de una sentencia contra la Provincia es de sesenta (60) dÌas.
El agravio es procedente.
Las sentencias condenatorias que recaen sobre la Provincia de Buenos Aires (y sus entidades) est·n sujetas a un rÈgimen especial de ejecuciÛn presupuestaria. El plazo de diez dÌas es el ordinario del CÛdigo Procesal Civil y Comercial (CPCC) para los particulares, pero la ejecuciÛn de condenas al Estado est· regulada por leyes especiales de orden p˙blico. El plazo correcto, por regla general, es el previsto en la Ley de Presupuesto o en la Ley de AdministraciÛn Financiera.
Por lo tanto, debe revocarse el plazo de diez dÌas y fijar el plazo legal de sesenta (60) dÌas (o el que corresponda seg˙n la ley presupuestaria vigente al momento del dictado de esta sentencia de C·mara) para el cumplimiento de la condena.
Se modifica esta parte sentencial.
VIII. TASA DE INTERES:
1. En sentencia se resolviÛ: "..una tasa pura del 6% anual, que se devengar· desde que se hayan producidos los perjuicios y hasta el momento del dictado de la presente sentencia ( SCBA fallos "Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ daÒos y perjuicios" C. 120.536 y " Nidera S.A. c/ provincia de Buenos Aies s/ daÒos y perjuicios" C. 121.134). De allÌ en m·s, respecto de los rubros antes seÒalados, se aplicar· la tasa de interÈs m·s elevada que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depÛsito a treinta dÌas vigente en los distintos perÌodos de aplicaciÛn hasta el momento de efectivo pago....".
Viene cuestionado por la parte actora, quien solicita la aplicaciÛn de la tasa de interÈs que mejor cubra a la vÌctima (plantea caso "Barrios"), dada la situaciÛn econÛmica actual, y la dilaciÛn en la efectivizaciÛn de la indemnizaciÛn debida.
2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 17/9/2024, el Banco Central de la Rep˙blica Argentina fijÛ por vÌa reglamentaria la tasa a la que alude el art. 768 ( proporcionando adem·s en su p·gina web una calculadora ) y como la cuantificaciÛn de daÒos se hara "a valores actuales", corresponde dejar establecido que para el rubro que se ha de fijar en esta sentencia, los intereses ser·n calculados mediante la utilizaciÛn de la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la del dictado de la presente, luego de tales momentos ser· de aplicaciÛn la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del CÛd. Civ. y Comercial.
SE MODIFICA lo decidido.
En atenciÛn a la propuesta precedente, propongo al acuerdo la imposiciÛn de las costas de Alzada a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Por los fundamentos expuestos en los considerados precedentes, A ESTA PRIMERA CUESTI”N PLANTEADA VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION
PLANTEADA, el seÒor juez, Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
I. Disiento con el voto de mi distinguido colega Dr. Violini en cuanto al fundamento por el cual debe responder el Estado provincial y con respecto a la indemnizaciÛn que debe reconocerse.
1. Responsabilidad del Estado por la actuaciÛn del Poder Judicial.
Asiste razÛn, en principio, al representante de la FiscalÌa de Estado de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a que los elementos de prueba que el CÛdigo Procesal Penal exige para el dictado de una prisiÛn preventiva son muy distintos a los que requiere para el dictado de una sentencia condenatoria.
En efecto, para lo primero el art. 157 del C.P.P. (ley 11.992, vigente cuando el actor fue privado de libertad) exigÌa como requisitos de la prisiÛn preventiva: 1) que se encuentre justificada la existencia del delito, 2) que se haya recibido declaraciÛn al imputado en los tÈrminos del art. 308 del mismo cÛdigo, 3) que exista semiplena prueba o indicios para creerlo responsable siempre y cuando se den los presupuestos previstos en el art. 148.
Este ˙ltimo artÌculo establecÌa los siguientes requisitos: 1) que se presumiera que existÌa peligro de fuga o entorpecimiento de la investigaciÛn a partir de las circunstancias, 2) la magnitud de la pena en expectativa, 2) la importancia del daÒo a resarcir, 3) ausencia de residencia fija, 4) comportamiento del imputado durante el procedimiento.
En cambio, para el dictado de la sentencia condenatoria el código el art 171 exigía (actualmente es igual): “… una exposiciÛn clara, lÛgica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, y de la valoraciÛn de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones, asÌ como la enunciaciÛn de las razones por las cuales no fueran atendibles las pruebas decisivas contrarias a las mismas; debiendo responderse a los planteamientos sustanciales realizados por las partes”. A continuaciÛn prescribe que el tribunal debe plantear y votar las cuestiones esenciales, referidas principalmente a: 1) la existencia del hecho en su exteriorizaciÛn, 2) la participaciÛn de los procesados en el mismo, y 3) la existencia de eximentes.
Estas diferencias sustanciales (previstas de alguna u otra manera en todos los cÛdigos procesales penales) es lo que ha sustentado la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional expresada en la causa “Cejas” de 1991 (Fallos: 314:1668) consistente en que: “atento a la raigambre constitucional de la prisiÛn preventiva, la sola circunstancia de haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado por los daÒos sufridos por el procesado durante el término de la detención”.
Concordantemente, tres aÒos antes la Corte en el fallo “Vignone” de 1988 (Fallos: 311:1007) había dicho que no podÌa responsabilizarse al Estado si el acto judicial no habÌa sido declarado ilegÌtimo. Esta doctrina fue reiterada por el m·ximo tribunal nacional en el fallo “Balda” de 1995 (Fallos: 318: 1990), y luego en el fallo “Iacovone” de 2010 (Fallos: 333:2355) donde adhirió al dictamen del Procurador General en cuanto a que “para que proceda la responsabilidad del Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que originÛ el daÒo debe previamente ser declarado ilegÌtimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el car·cter de verdad legal que ostenta la sentencia impide juzgar que haya error, toda vez que, de lo contrario, la acciÛn de daÒos y perjuicios constituirÌa un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto en la ley” (con cita de Fallos: 311:1007 y 328:3797).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha seguido invariablemente tal doctrina de la Corte Nacional (A 70.729 del 2/05/13, Ac. 76.041 del 23/04/03, Ac. 79.211 del 16/07/03; C 105.561 del 17/03/10; C 102.594 del 22/12/10; C 98.844 del 29/06/11; C 95.635 del 18/04/12; C 103.663 del 22/05/13; C 109.036 del 3/04/14). Concretamente, dijo el Dr. Hitters en este ˙ltimo fallo, recordando sus votos en casos anteriores, que los actos judiciales eran ajenos a la responsabilidad del Estado por actividad lÌcita (en minorÌa el Dr. Negri sostuvo lo contrario).
En definitiva, tanto de la Corte Nacional como la Suprema Corte provincial excluyen la aplicaciÛn de la doctrina de la responsabilidad del Estado por actos lÌcitos a los dictados por Ûrganos del Poder Judicial en ejercicio de su actividad jurisdiccional. Tiene dicho esta Sala que la doctrina de la casaciÛn provincial debe ser seguida cuando es consolidada (causas n∞ 109.171, “Riquelme c. Mollo” del 7/04/05; 110.363 del 12/09/06; 112.391 y 112.396 del 18/06/09; 112.404 del 15/10/09; 113.072 del 16/09/19; 114.997 del 11/11/14, entre otras). Igual tesis ha sostenido en relaciÛn a la doctrina constitucional de la Corte Nacional cuando se trata de cuestiones federales o constitucionales (causas n∞ 109.171 del 7/04/05, 107.441 del 10/07/07; en igual sentido: voto del Dr. Hitters en el tema que nos ocupa en causa C. 109.036 ya citada,“Resumil c. Prov. de Bs. As.”).
Por consiguiente, como dije en mi voto en la causa n° 115.890, “Gómez c. Provincia de Buenos Aires s/ Daños” de esta Sala (sent. del 29/12/16 ), lo primero que debe decirse es que, cualquiera que sea la posiciÛn personal que desde el punto de vista doctrinario o acadÈmico los jueces podamos tener sobre el tema analizado, no cabe otra soluciÛn que la no admisiÛn de la responsabilidad del Estado provincial por el daÒo causado por la actividad lÌcita de Poder Judicial Vale aclarar que cuando la Corte Nacional habla del “pronunciamiento firme” se refiere al auto de prisión preventiva, que quedÛ firme durante el proceso, y no, obviamente, a la sentencia definitiva ulterior.
Es asÌ que cuando ambos m·ximos tribunales dicen que sÛlo se puede responsabilizar al Estado si el auto de prisiÛn preventiva fue declarado ilegÌtimo se refiere a que asÌ haya sido en las instancias recursivas del proceso pertinente. Es decir, por la C·mara de Apelaciones en lo Penal, por la C·mara de CasaciÛn, o, en casos excepcionales, por la Suprema Corte provincial o la Corte Nacional. Se trata del supuesto en que el tribunal superior declara la nulidad del auto de procesamiento por alg˙n vicio formal o sustancial del mismo. No se refiere, en principio, a la declaraciÛn de invalidez dispuesta por un tribunal ajeno al proceso penal. Es que si no fuera asÌ, un tribunal civil o contencioso administrativo, fuera del ·mbito de su competencia material, se erigirÌa en tribunal de revisiÛn de actos procesales firmes dictados en el fuero penal y confirmados por los tribunales superiores.
La doctrina de la Corte Nacional sobre responsabilidad del Estado se tradujo en la ley 26.944 sancionada en 2014. El art. 11 de esta ley invitÛ a las provincias a adherir (la responsabilidad del Estado es un tema de derecho administrativo y por ende de competencia reservada por las provincias, art. 121 C.N.) y la Provincia de Buenos Aires hasta el momento no lo ha hecho. No obstante, entiendo que no hay motivos para no aplicarla por analogÌa (art. 2 C.C.C.).
Esta ley distingue la responsabilidad por actividad lÌcita de la correspondiente a la actividad ilÌcita. Para lo primero impone que se den requisitos muy concretos (art. 4), y, adem·s de decir que es de car·cter excepcional, expresamente prescribe que “los daÒos causados por la actividad judicial legÌtima del Estado no generan derecho a indemnizaciÛn” (art. 5). Es decir, en esta materia – reitero – adopta la doctrina de la Corte Nacional.
En cuanto a la responsabilidad por actividad irregular o ilegÌtima del Estado, la ley 26.944 la contempla en el art. 3, que, entre los requisitos, prevÈ la falta de servicio por la actuaciÛn u omisiÛn irregular del Estado.
La doctrina de la Corte en cuanto a que no puede hacerse responsable al Estado si el acto jurisdiccional (la prisiÛn preventiva) no fue declarado ilegÌtimo lleva a preguntarse si puede haber actuaciÛn u omisiÛn irregular del Poder Judicial sin que haya mediado una declaraciÛn de ese tipo, que, como vimos, debe haber sido dictada en la misma causa penal por un tribunal superior. Antes de avanzar en el tema, es preciso descartar, como dije en la causa n∞ 115.890 de esta Sala arriba citada, que esa actuaciÛn se refiera al error judicial, como equÌvocamente a veces se dice. Ello asÌ porque esta expresiÛn lleva a confusiÛn, dado que siempre que un tribunal de apelaciÛn revoca una resoluciÛn o una sentencia de un tribunal inferior lo hace porque entiende que se ha incurrido en un error (en la interpretaciÛn o aplicaciÛn del derecho, en la evaluaciÛn de las pruebas de la causa, etc.), pero ello no implica de manera alguna responsabilidad del Estado si alg˙n daÒo causÛ el pronunciamiento revocado (independientemente de la responsabilidad del que pidiÛ una medida cautelar en los casos contemplados por el art. 207 del C.P.C.C.). Por el contrario, cuando se ha dictado una medida calificable como actuaciÛn u omisiÛn irregular, m·s que de error, debe hablarse de actividad ilÌcita o, si se quiere, de actividad irregular del Poder Judicial, encuadrable en el vasto campo de la antijuridicidad material (recogida en el art. 1717 del CÛdigo Civil y Comercial).
La posibilidad de que los jueces incurran en errores est· Ìnsita en la misma tarea judicial; por ello el ordenamiento procesal contempla instancias ordinarias de apelaciÛn y a˙n extraordinarias. Pero ello encuadra dentro de la actividad lÌcita del Estado-Juez, que, como hemos visto, tanto la Corte Nacional como la provincial niegan que genere responsabilidad por eventuales daÒos que pudiera causar.
Despejado ese tema, pueden existir tres supuestos de actividad irregular o ilegÌtima del Poder Judicial que generen derecho a indemnizaciÛn por la detenciÛn preventiva del que finalmente es absuelto: a) la prisiÛn preventiva o la sentencia condenatoria (no firme) dictada sobre la base de prueba obtenida ilegÌtimamente; b) la dilaciÛn indebida de los procedimientos; c) la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento o sentencia condenatoria (no firme);
El primer caso no ofrece duda alguna, pero es de destacar que si una prueba esencial fue obtenida ilegalmente seguramente el tribunal superior habrÌa declarado inv·lido el procesamiento en tales condiciones. No es el caso que nos ocupa en autos.
El segundo supuesto se da indudablemente en el caso de autos.
En efecto, el art. 7.5 de la ConvenciÛn Americana de Derechos Humanos establece que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que contin˙e el proceso, y agrega que la libertad puede ser condicionada a garantÌas que aseguren su comparecencia a juicio.
Luego de elevarse a jerarquÌa constitucional la ConvenciÛn por la reforma de 1994, el Congreso Nacional dictÛ la ley 24.390 (promulgada el 21/11/94) reglamentando el artÌculo mencionado (conf. art.10), que en 2001 se modificÛ por la ley 25.430 (BO del 1/06/01). La misma prescribe que la prisiÛn preventiva no puede exceder el plazo de dos aÒos sin que se haya dictado sentencia. No obstante – aÒade -, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, Èste podr· prorrogarse por un aÒo m·s por resoluciÛn fundada, que deber· comunicarse de inmediato al tribunal superior que corresponda para su debido contralor (art. 1). A continuaciÛn establece que esos plazos no se deben computar cuando no se cumplieren despuÈs de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme (art. 2).
La provincia de Buenos Aires hasta el momento no ha dictado una ley equivalente (aunque alguna doctrina ha considerado que, siendo la ley 24.390 reglamentaria del art. 7.5 de la CADH es de aplicaciÛn en todo el paÌs, Postma, Hern·n Fernando, “Algunas cuestiones sobre la interpretación de la ley 24.390”, Mayo de 1998, Tomo ZEUS Nro. 77, p·g. 153, ZEUS Editora S.R.L., Id SAIJ: DASN990041). El CÛdigo Procesal Penal de la provincia (ley 11.992) prescribe en el art. 1 que toda persona sometida a proceso tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Y el art. 169 establece que si el juez o tribunal considerase que la prisiÛn preventiva excede el plazo razonable a que se refiere el artÌculo 7 inciso 5∞ de la C.A.D.H. en los tÈrminos de su vigencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito, a pena probable y la complejidad del proceso, puede disponer la excarcelaciÛn.
Es decir, el cÛdigo no fija un plazo determinado (prorrogable por otro plazo fijo), sino que deja librado la razonabilidad de la duraciÛn de la prisiÛn preventiva al criterio de los jueces que deben tener en cuenta las pautas que menciona.
Los jueces y tribunales de la provincia han seguido criterios variados y por lo tanto las soluciones han dependido de cada caso. Ello generÛ que se solicitara al Tribunal de CasaciÛn que estableciera concretamente cu·l debÌa ser el plazo. El Tribunal se pronunció en el expediente nº 5627 caratulado “Fiscales ante el Tribunal de Casación solicitan convocatoria a Acuerdo Plenario” el 30/11/06. Por mayoría se pronunció de la siguiente manera: “No es posible fijar judicialmente en abstracto un tÈrmino para el plazo m·ximo razonable de duraciÛn de la prisiÛn preventiva, siendo de incumbencia de los jueces su determinaciÛn en cada caso particular. En tal determinaciÛn corresponde tener en cuenta que, cuando no medie complejidad en las causas, la prisiÛn preventiva no puede durar m·s de dos aÒos hasta la sentencia no firme del juicio oral, sin computarse en dicho tÈrmino el tiempo insumido por el diligenciamiento de prueba fuera de la jurisdicciÛn, los incidentes, los recursos, o mientras el Tribunal no estÈ integrado. Que cuando se verifiquen supuestos de suma complejidad del proceso derivados de la pluralidad de imputados, las circunstancias del hecho y el concurso de delitos se deberá estar a las previsiones del “plazo razonable” puntualizado en el artÌculo 2∞ del C.P.P., sujeto a la apreciaciÛn judicial en cada caso. Ese plazo razonable ser· el criterio para establecer la legitimidad del encarcelamiento en su extensiÛn temporal en la etapa recursiva, tom·ndose en cuenta las recomendaciones de los Organismos Internacionales referidas a: la complejidad del caso; la actividad procesal de las partes; la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas y la proporcionalidad con la pena”.
En la misma lÌnea, la ProcuraciÛn General ante la S.C.B:A. en el dictamen P. 104.283 del 19/05/2010; dijo que como no habÌa un lÌmite temporal exacto de la prisiÛn preventiva (art. 169 inc. 11 del CPP), los jueces debÌan evaluarlo y decidirlo en cada caso en concreto.
Ambos pronunciamientos son posteriores al tiempo en que el actor en autos sufriÛ la prisiÛn preventiva, pero como surge de los fundamentos no hicieron m·s que plasmar lo que la jurisprudencia venÌa interpretando.
Llevadas las pautas plasmadas en el plenario del Tribunal de CasaciÛn al caso que nos ocupa, tenemos que no existÌa complejidad de la causa. Se trataba de un solo imputado por un solo delito (habÌa otras causas que se instruÌan paralelamente pero no se acumularon). Las pruebas que dieron lugar al procesamiento se habÌan recabado apenas comenzada la instrucciÛn, y las pruebas an·tomopatolÛgica (de los pelos) y de ADN se produjeron en mayo y julio de 2001 (o sea a los dos y cuatro meses de la detenciÛn). Por entonces, la Corte Nacional en la causa “Rosa, Carlos” fallada en 1999 (Fallos: 322:2683) había dicho que la detenciÛn del imputado durante los dos primeros aÒos habÌa sido en ejercicio regular de la administraciÛn de justicia, pero que, cuando pasado ese lapso, se le denegÛ por segunda vez la excarcelaciÛn, se incurriÛ en ejercicio irregular de justicia, y por lo tanto el encausado era acreedor a una indemnizaciÛn por el tiempo transcurrido en exceso con prisiÛn preventiva.
Tampoco surge de la causa que a los dos aÒos de la detenciÛn preventiva se hubiera dictado una resoluciÛn fundando expresamente su prÛrroga, como contempla la ley 24.390, de indudable aplicaciÛn analÛgica (aÒos despuÈs, en 2008, la C.I.D.H. en el caso “Bayarri vs. Argentina” dijo que si el país había reglamentado el art. 7.5. de la CADH era imperativo para los jueces cumplir los plazos en ella previstos, como ya habÌan dicho los jueces Petracchi y Bossert en el caso “Rosa, Carlos”).
En consecuencia, no cabe duda que a partir de los dos aÒos de cumplida la detenciÛn preventiva (el 8/03/03), el actor debe ser reparado por ejercicio irregular o ilegÌtimo de la actividad del Poder Judicial por el tiempo transcurrido hasta que se dictÛ su absoluciÛn (el 17/10/03, conf. causa del TOC N∞ 2 de Mercedes) Pero el tercer supuesto que justifica la reparaciÛn – arbitrariedad manifiesta de la prisiÛn preventiva - , tambiÈn se justifica en el caso de autos por las excepciones que la propia Corte Nacional ha dejado sentadas con respecto a la doctrina de la irresponsabilidad del Estado por actos judiciales no declarados inv·lidos. Me refiero a lo seÒalado por el m·ximo tribunal en la causa “Cura” de 2004 (Fallos: 327:1738) (que recogiera la salvedad hecha por los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi el fallo “Balda” de 1995): “La indemnizaciÛn por la privaciÛn de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida autom·ticamente a consecuencia de la absoluciÛn sino sÛlo cuando el auto de prisiÛn preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento - relativo, dada la etapa del proceso en que aquÈl se dicta - de que mediÛ un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor”. Este criterio fue reiterado en “Gerbaudo” (Fallos: 328:4175) y “Lindoro ICSA” de 2005 (Fallos: 328:1466;), y en “Pouler c. Estado Nacional” de 2007 (Fallos: 330:2112).
En el caso de autos entiendo que en la primera etapa de la causa el auto de detenciÛn preventiva no puede considerarse incuestionablemente infundado o arbitrario.
En efecto, surge de la I.P.P. 57.922 de la UFI n∞ 5 y de la causa 4589/1 del Juzgado de GarantÌas n! 1 de Mercedes que la sra. Alicia Mabel CÛrdoba el dÌa 8/03/2001 denunciÛ que habÌa sufrido una violaciÛn ese mismo dÌa a las 4 de la maÒana por una persona encapuchada que se introdujo en su domicilio y dio datos sobre el anillo, la camisa y los guantes que tenÌa, y hasta identificÛ al posible violador (Minguez). El mismo dÌa fue detenido el sr. RubÈn Oscar Minguez y se le hizo un r·pido informe psicolÛgico. Al dÌa siguiente el juez convirtiÛ la aprehensiÛn en detenciÛn y ordenÛ el allanamiento y el secuestro de elementos de su casa (fs. 28). Se le recibiÛ declaraciÛn a CÛrdoba y exhibidas dos camisas a cuadros secuestradas, desconociÛ una y reconociÛ la otra (recordando la marca “Louis Philippe”), como también los guantes y un pantalón azul (fs. 48).
Al declarar ante el fiscal (el 23/03/01), dijo que nunca le dijo a la policÌa el nombre del presunto violador, ratificÛ el reconocimiento de la camisa y con respecto al pantalÛn dijo que no lo podÌas asegurar (fs. 61/62). Se agregaron a la causa certificaciones de que se instruÌan otras IPP por imputaciones de delitos a Minguez, entre ellas una de violaciÛn (fs. 65). El fiscal solicitÛ al juez de GarantÌas el dictado de la prisiÛn preventiva (fs. 74/75). La jueza rechazÛ la nulidad de lo actuado y la libertad por falta de mÈrito pedidos por el defensor, y convirtiÛ la detenciÛn en prisiÛn preventiva (fs. 76/78). Obra en la causa una resoluciÛn del fiscal de la UFI n∞ 1 que da cuenta de que a Minguez se le siguen cuatro causas por otros delitos en la UFI n∞ 5.
El 15/05/01 la C·mara de Apelaciones confirmÛ el rechazo de la nulidad y falta de mÈrito articulados por el defensor y la conversiÛn a prisiÛn preventiva (fs. 86/87). Obra tambiÈn de fecha 30/04/01 un informe de la perito psicÛloga de la AsesorÌa Pericial que da cuenta de la personalidad psicop·tica de Minguez y de conflictos con la sexualidad (fs. 89/92). A mi juicio no puede decirse que la Justicia Penal haya actuado con arbitrariedad manifiesta y que haya sido incuestionablemente infundada la detenciÛn preventiva decretada por el juez de GarantÌas y confirmada por la C·mara. Es cierto que al declarar ante el fiscal dijo que no habÌa dado a la policÌa el nombre del presunto violador, pero habÌa reconocido fehacientemente la camisa a cuadros y los guantes secuestrados.
HabÌa, adem·s, informes sobre causas seguidas contra el imputado e informes psicolÛgicos (medio de prueba habitual en este tipo de delitos) que contribuÌan a corroborar las sospechas que pesaban sobre su persona.
Para el juez de GarantÌas y la C·mara los elementos reunidos eran suficientes para considerar que existÌa semiplena prueba justificante de la detenciÛn preventiva en los tÈrminos del art. 157 del C.P.P.
Pero los elementos de la causa a mi modo de ver comenzaron a cambiar primero con el informe de fecha 8/05/01 de la pericia anatomopatolÛgico sobre los pelos secuestrados en la habitaciÛn de la denunciante, que dio resultado negativo respecto de Minguez (fs. 102), y, sobre todo con el estudio de ADN sobre las molÈculas de la s·bana y la sangre del imputado, que dio cuenta de que no habÌa identidad genÈtica (de fecha 2/07/01, fs. 111/12). El defensor pidiÛ el sobreseimiento (4/07/01). El titular del Juzgado Criminal y Correccional de TransiciÛn N∞ 2 no hizo lugar argumentando que no habÌan cambiado las razones para la confirmaciÛn de la prisiÛn preventiva que dispusiera la C·mara el 12/04/01 (resol. de fecha 11/07/01, fs. 116/17). La resoluciÛn fue apelada y la C·mara confirmÛ la decisiÛn diciendo que por el momento no estaba demostrado el estado de inculpabilidad, que no estaba agotado el plazo de investigaciÛn (art. 282 C.P.P.), que era necesario que la causa fuera examinada en plenitud y citÛ la certificaciÛn de fs. 65 y vta. de la IPP. AgregÛ que el sobreseimiento no era procedente por no encuadrar en el art. 323 del C.P.P. (resol. del 30/08/01, fs. 61/62). Posteriormente, a pedido del defensor, se formÛ incidente de excarcelaciÛn extraordinaria con sustento en el art. 170 del CPP. Por resoluciÛn del 20/09/01 el juez de TransiciÛn con el solo argumento de que no estaban reunidos los extremos para la viabilidad del beneficio, ya que estaba demostrada la peligrosidad para los bienes jurÌdicos de terceros por parte del imputado, rechazÛ la solicitud. El defensor apelÛ alegando que se trataba de una apreciaciÛn subjetiva, que contrariaba el principio del cÛdigo en cuanto al derecho a la libertad durante el proceso. PidiÛ la aplicaciÛn subsidiaria de los arts. 144 2do. p·rr., 147, 163 y cctes. del CPP. La C·mara, por resoluciÛn del 25/10/01, confirmÛ el rechazo, argumentando que no habÌa desaparecido la presunciÛn legal – por la pena amenazada – de que el imputado eludirÌa la acciÛn de la justicia y que su situaciÛn no se hallaba contemplada en los supuestos del art. 170 del CPP. Con respecto al pedido subsidiario dijo que ya habÌa sido resuelto por el juez de GarantÌas al disponer la detenciÛn (causa n∞ 3949 de Sala III de C·mara Penal).
Considero que la primera denegatoria (al pedido de sobreseimiento) no puede objetarse porque el Fiscal habÌa dispuesto la prÛrroga por dos meses de la IPP conforme al art. 282 2do. p·rr. del CPP (resol. del 27/07/01), plazo que no estaba vencido cuando resolviÛ la C·mara. Pero entiendo que no puede decirse lo mismo en relaciÛn a la denegatoria de la excarcelaciÛn extraordinaria. Para entonces la prÛrroga ya estaba cumplida. Los resultados de la prueba an·tomapatolÛgica y de ADN estaban incorporados a la causa y no habÌa ninguna prueba nueva que reforzara la imputaciÛn contra Minguez distinta a la que justificara en su momento la prisiÛn preventiva.
Todo lo que siguiÛ fue una agonÌa innecesaria, dado que, sin que se incorporaran nuevas pruebas, el desenlace de la absoluciÛn surgiÛ, a mi juicio, en forma inexorable. En efecto, elevada la causa al TOC n∞ 2 de Mercedes, reciÈn el 13/02/02 se notificÛ al imputado la conformaciÛn del tribunal, el fiscal ofreciÛ prueba, al igual que el defensor (2/05/02). El 1/05/02 se realizÛ la audiencia preliminar. El 25/08/02 se agregÛ la prueba inmunohematolÛgica, y el 17/10/03 se llevÛ a cabo la audiencia de debate. Al declarar, la sra. CÛrdoba no reconociÛ la camisa secuestrada (la misma que le fuera exhibida ante la policÌa y ante el fiscal); reconociÛ los guantes, pero no el pantalÛn ya que dijo que el del violador era m·s oscuro. ReiterÛ que cuando hizo la denuncia no dio el nombre del presunto agresor. Luego se confiriÛ la palabra a la fiscal y dijo que no tenÌa elementos para acusar conforme art. 368 del C.P.P. El Tribunal adelantÛ el veredicto absolutorio y se dispuso la libertad (fs. 122/25). El 22/10/22 se dictÛ la sentencia y en los fundamentos se dijo que los guantes eran “típicamente fungibles” y se hizo mérito del resultado de los peritajes de ADN y anatomopatolÛgicos sobre los elementos filosos (fs. 142).
Se ha dicho que para juzgar acerca de si ha habido un mantenimiento manifiestamente irregular o arbitrario de la detenciÛn preventiva, el tribunal llamado a decidir si procede o no la indemnizaciÛn debe colocarse mentalmente en el momento en que la decisión se tomó; es decir, “ex ante” y no “ex post” (con el “diario del lunes”) (fallo de la Suprema Corte de Mendoza,”Rojo, Laurta c. Prov. de Mendoza” del 19/05/08, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, pub. en www.laleyonline.com.ar, ver Supl. de Der.Const. del 22/10/08). Es que se trata, ni m·s ni menos, que partir del principio ya seÒalado en que debe presumirse la legitimidad de las decisiones de los jueces competentes de la causa.
Sobre dicha base, entiendo que la detenciÛn preventiva se justificÛ con el reconocimiento por parte de la vÌctima de dos prendas que se habÌan secuestrado en la casa de Minguez, y los informes psicolÛgicos que sobre su personalidad se habÌan realizado. M·s all· de la opiniÛn personal que pueda tenerse sobre si tales elementos eran suficientes o no para mantener detenido al imputado, no puede decirse que hayan sido decisiones arbitrarias o manifiestamente infundadas las del juez de primera instancia y la de la c·mara. Destaco que el auto de prisiÛn preventiva y su confirmaciÛn no fueron declarados nulos por ning˙n tribunal en el proceso penal. Simplemente el Tribunal Oral que dictÛ la sentencia definitiva decidiÛ, sobre la base de lo dictaminado por la fiscal del juicio, que no existÌan los elementos probatorios que una sentencia condenatoria exigÌa. SeÒalo que no me parece convincente el argumento del car·cter “fungible” de los guantes y de la camisa para calificar de arbitraria la detenciÛn preventiva, como dice la sentencia apelada y el voto preopinante. La vÌctima habÌa reconocido en la instrucciÛn hasta la marca de la camisa, y en relaciÛn a los guantes puede haber varios similares pero la coincidencia de que el violador usara guantes de ese tipo no era algo que podÌa despreciar el juez de GarantÌas. Y para arribar a tal conclusiÛn el Tribunal Oral tuvo especialmente en cuenta los resultados de los peritajes de los pelos y el de ADN que se habÌan incorporado a la causa con posterioridad al auto de prisiÛn preventiva. Puede considerarse que, pese al resultado de las pruebas an·tomapatolÛgica y de ADN, no puede considerarse arbitraria la denegatoria del sobreseimiento por la C·mara (30/08/01), porque no estaba en ese momento vencido el plazo de prÛrroga de la IPP (art. 282 CPP).
Pero entiendo que no puede decirse lo mismo de la denegatoria de la excarcelaciÛn extraordinaria. Es cierto que el art. 170 del CPP contempla una medida muy excepcional, ya que est· prevista para delitos muy graves (no comprendidos en los incisos 1∞ y 2∞ del art. 169 ) como el imputado a Minguez (art. 119 3er. p·rr. C,P.), pero entiendo que la objetiva valoraciÛn de las pruebas reunidas hasta ese momento en la causa (especialmente los estudios periciales referidos, “circunstancias relevantes” como dice el art. 170), hacÌan que hubiera cambiado sustancialmente la situaciÛn que se tuviera en cuanta al dictarse la prisiÛn preventiva, y que fuera presumible que el imputado no eludiera u obstaculizara la investigaciÛn ni la acciÛn de la justicia. El C.P.P. parte del principio constitucional de la presunciÛn de inocencia (art. 18 CN, y art. 8,2 CADH), y por ende del derecho a la libertad durante el proceso, que contempla en los arts. 144, 147 y 163 (que el defensor de Minguez invocara para pedir la excarcelaciÛn). El art. 144 prescribe que la libertad personal sÛlo puede restringirse cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguaciÛn de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicaciÛn de la ley. El art. 147 contempla que en caso de advertirse la desapariciÛn de una o m·s condiciones, en cualquier etapa del proceso, el Ûrgano judicial puede disponer, a pedido de parte o de oficio, el cese inmediato de la cautela. Y el art. 163 2do. p·rr. prevÈ que el tribunal puede morigerar las condiciones de la prisiÛn preventiva cuando por circunstancias que se consideren relevantes pueda presumirse que el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicaciÛn de una medida menos gravosa. La C·mara rechazÛ la aplicaciÛn de estas normas diciendo que ya habÌan sido tenidas en cuenta por el juez al decretar la prisiÛn preventiva, pasando por alto los estudios periciales que ya se habÌan incorporado a la causa. Destaco que la C.I.D.H., adem·s del fallo “Bayarri” ya citado, ha ratificado el carácter cautelar (no punitivo) de la prisiÛn preventiva, y por ende su excepcionalidad, en varios fallos (“Acosta Calderón c. Ecuador” del 24/06/05, “López Alvarez c. Honduras” del 1/02/06, “Chaparro Alvarez c. Ecuador” del 21/11/07, “Jenkins c. Argentina” del 26/11/19).).
Por ello considero que la demanda debe prosperar por actuaciÛn irregular del Estado desde la denegatoria de la excarcelaciÛn extraordinaria por el Juez de TransiciÛn en lo Criminal y Correccional el 20/09/01. A partir de esta fecha debe mensurarse el daÒo causado hasta que fue puesto en libertad por el Tribunal Oral en lo Criminal n∞ 2 el 17/10/03. O sea, dos aÒos y 27 dÌas de privaciÛn de libertad.
2. IndemnizaciÛn.
2.1. Lucro cesante.
La sentencia apelada rechaza este rubro indemnizatorio por considerar que no est· probado. La actora se agravia diciendo que los testigos declarantes en autos han dado cuenta de que Minguez trabajaba en actividades rurales, y que no es Ûbice al reconocimiento ya que es sabido que en nuestro paÌs los trabajos rurales se desarrollan sin registrarse el vÌnculo laboral. El voto preopinante comparte lo resuelto por el juez de grado.
Pese a que no se han incorporado recibos de sueldos, entiendo que debe hacerse lugar al agravio porque los testigos Valarino, BenÌtez, Borrel y Deprati declararon que Minguez trabajaba en el campo, especificando algunos, con Ferias del Norte y Valarino (fs. 100/103), y por lo tanto puede presumirse, aunque, a tenor de los testimonios, no es posible aseverar que trabajara en forma continua todos los meses (art. 163 inc. 5 CPCC). Teniendo en cuenta el salario mÌnimo, vital y mÛvil actual ($ 334.800 conf. Resol. n∞ 9/2025 del CNEPySM), estimo por este concepto la suma de $ 6.000.000 a valores actuales (arts. 1068, 1069, 1083 y cctes. C.C.), lo que asÌ propongo.
2.2. DaÒo moral y psicolÛgico.
Comparto con el juez preopinante que el daÒo psicolÛgico carece de autonomÌa, debiendo ser abordado dentro de la incapacidad si se prueba que ha producido una disminuciÛn de las aptitudes para realizar actividades productivas o econÛmicamente valorables, como reza actualmente el art. 1746 del C.C.C., o comprendido en el daÒo moral cuando ha causado sufrimiento, dolor o cualquier tipo de afectaciÛn de orden espiritual, sin perjuicio de que puede hacerse mÈrito del mismo para mensurar ambos tipos de daÒos (esta Sala, causas nros.108.706 y 108.707 del 14/10/04, 108.415 del 31|/08/04, 109.549 del 7/10/05, 109.519 del 9/08/05, 110.993 del 22/05/07, 111.705 del 17/04/08, 112.796 del 10/12/09, 112.798 del 16/02/10, 116.733 del 3/04/18, 116.912 del 3/7/2018, 116.880 del 2/8/2018, 118.011 del 04/08/20, 118.839 del 32/11/21, 118.833 del 10/12/21, 120.946 del 08/04/24, entre otras; SC.B.A., L. 81.159 del 27/11/02, Ac. 77.461 del 13/11/02, Ac. 58.505 del 28/04/98, Ac. 64.248 del 8/09/98, AC. 79.853 del 3/10/01, SCBA LP C 108063 S 09/05/2012;
SCBA LP C 100299 S 11/03/2009, SCBA LP B 59984 RSD-116-17 S
12/07/2017, 121.930 del 12/03/25, entre otros).
En el caso, no surge del informe pericial psiqui·trico de autos (fs. 117/20 , 122), la afectaciÛn en el primer orden mencionado (art. 474 CPCC). Por lo tanto, estoy de acuerdo con que sea abordado el daÒo psicolÛgico junto con el daÒo moral.
Coincido con el juez de grado en cuanto a que la sola privación de la libertad implica prueba “in re ipsa” sobre el daÒo moral sufrido. No hay nada m·s preciado que la libertad ambulatoria, y es evidente que estar privado de ella durante m·s de dos aÒos genera daÒos espirituales de todo tipo. AsÌ surge, adem·s, en forma indubitable del informe pericial psiqui·trico del perito Dr. GarcÌa Ramis, que acompaÒÛ un psicodiagnÛstico de una licenciada en psicologÌa (fs. 115/16). El actor Minguez durante todo el perÌodo considerado estuvo detenido en la c·rcel de Olmos, donde, seg˙n relatÛ, sufriÛ diversas agresiones y lesiones, lo cual es creÌble. Seg˙n el experto, Minguez, al ser examinado, presentaba una incapacidad psicolÛgica permanente del 24 por ciento. M·s all· de la observaciÛn de la representante de la FiscalÌa de Estado en cuanto a la incidencia en ello de caracterÌsticas de la personalidad previas del acctor, entiendo que debe tenerse en cuenta el informe dada la gravedad excepcional de estar privado de la libertad tanto tiempo.
Es extremadamente difÌcil mensurar el daÒo moral por privaciÛn de la libertad porque existen muy pocas pautas de otros juicios a los cuales acudir para tomar en forma comparativa, pero los jueces no podemos eludir la responsabilidad de hacerlo. Teniendo en cuenta que, como he dicho en el apartado precedente, el actor estuvo irregularmente detenido 2 aÒos y 27 dÌas y lo que surge del informe pericial psiqui·trico, propongo fijar la suma de $ 80.000.000 a valores actuales (art. 1078 C.C., arts. 163, 165, 384, 475 y cctes. C.C.). 2.3,- Plazo para el cumplimiento de la sentencia y tasa de interÈs.
Comparto el voto del Dr. Violini, en cuanto al plazo de cumplimiento de la sentencia.
Con respecto a los intereses, la tasa pura del 6% anual se deber· computar desde el 20/09/2001 hasta el dia de la fecha, y de ahÌ en mas a la tasa contemplada por el art. 768, inc c) del C.C.C..-
II. Costas de alzada.
Comparto el voto del Dr. Violini dado que la demandada resulta sustancialmente vencida (art. 68 CPCC).
Con las modificaciones propuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION
PLANTEADA, el seÒor Juez Dr. MartÌn H. Cherubini, dijo:
Ante la posiciÛn adoptada por mis distinguidos colegas, Dres. Carlos Alberto Violini y Emilio Armando IbarlucÌa, concordante a la hora de confirmar la responsabilidad adjudicada en primera instancia -aunque con distintos fundamentos y actos jurisdiccionales tenidos en cuenta para establecer a partir de los cuales Èsta se evidenciara-; y divergente en lo que respecta a la procedencia del rubro "lucro cesante" y cuantificaciÛn del detrimento "daÒo moral y psicolÛgico", en mi condiciÛn de tercer magistrado votante -que implica no expedirme sobre el concepto del aludido "daÒo psicolÛgico y/o los gastos de tratamientos" respectivos; ver al respecto, sentencia recaida el dÌa 11/12/2025 en expediente N∞ 36.582 caratulado: "Cabral, Agustina C/ Giardelli, Matias Alejandro y otro/a S/ DaÒos y Perjuicios, tramitado por ante la Sala II que integro-, he de adherir a la propuesta del segundo de los nombrados.
AsÌ, con las modificaciones que planteara, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Carlos Alberto Violini dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Modificar la sentencia apelada condenando a pagar la suma de $ 86.000.000, mas los intereses al 6% anual desde el 20/09/2001 hasta el dÌa de la fecha, y de ahÌ en mas a la tasa prevista por el art. 768, inc c) del C.C.C.-
2. Modificar el plazo para el cumplimiento de la condena fij·ndolo en sesenta (60) dÌas, o el que corresponda seg˙n la ley presupuestaria vigente al momento del dictado de esta sentencia de C·mara..
3. Confirmar la sentencia en todo lo dem·s que fue motivo de apelaciÛn y agravio.
4. Imponer las costas de segunda instancia a la demandada.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION
PLANTEADA los seÒores Jueces, Dres. Emilio A. IbarlucÌa y MartÌn H. Cherubini, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el Sr juez preopinante emiten sus votos en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada es parcialmente justa por lo que debe ser modificada y confirmada.
POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede;
1. Modificar la sentencia apelada condenando a pagar la suma de $ 86.000.000, mas los intereses al 6% anual desde el 20/09/2001 hasta el dÌa de la fecha, y de ahÌ en mas a la tasa prevista por el art. 768, inc c) del C.C.C.-
2. Modificar el plazo para el cumplimiento de la condena fij·ndolo en sesenta (60) dÌas, o el que corresponda seg˙n la ley presupuestaria vigente al momento del dictado de esta sentencia de C·mara..
3. Confirmar la sentencia en todo lo dem·s que fue motivo de apelaciÛn y agravio.
4. Imponer las costas de segunda instancia a la demandada.
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prÛrrogas, Ac. 4013/2021; Ac. 4023/2021 Y Ac.
4039/21).Y DEVUELVASE.
En el dÌa de la fecha se emite notificaciÛn electrÛnica del presente resolutorio a:
Fin de la sentencia