Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.863-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA) dictada el 29/12/2017 por el Administrador de la Aduana de Rosario en el trámite de la actuación SIGEA N° 12542-2584-2008, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-128892935-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Noviembre de 2025 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “SUCESORES PEDRO DUTTO S.H. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 38.863-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 9ref./33ref. se presenta por apoderados la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1192 dictada el 29/12/2017 por el Administrador de la Aduana de Rosario en el trámite de la actuación SIGEA N° 12542-2584-2008, mediante la cual se hace lugar parcialmente al recurso de impugnación por ella impetrado y se reduce el importe liquidado en el Cargo N° 135/08, relativo a la destinación de importación N° 05 052 IC04 001234 X, por un total de U$S 5.084,65.
II. La recurrente, en primer lugar, plantea la nulidad de la resolución apelada por falta de fundamentación aduciendo que la misma se limita reseñar antecedentes sin exponer razones fácticas y jurídicas suficientes. Niega haber documentado por debajo de los valores mínimos fijados por la Resolución MP N° 04/02 y rechaza la existencia de perjuicio a la industria nacional alegando que no se configuró la relación causal exigida para la aplicación de las medidas antidumping. Cuestiona el método de valoración utilizado, sosteniendo que la Aduana empleó antecedentes no contemporáneos ni comparables, y que incluso correspondían a mercaderías clasificadas en posiciones arancelarias distintas. Denuncia la violación al derecho de defensa y la afectación del debido proceso por no haber sido notificada de informes técnicos ampliatorios, y se agravia de la dilación del trámite (casi 10 años), lo que habría impedido la producción de pruebas esenciales. Afirma la carencia de elementos probatorios que acrediten la existencia de maniobras de elusión, la improcedencia de la reliquidación tributaria por ausencia de cálculos precisos y solicita, en subsidio, la aplicación de la ley penal más benigna. Invoca la prescripción de la acción del Fisco. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 50/58 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Realiza una reseña de los hechos acontecidos. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la parte actora, así como toda documentación, que no sea objeto de expreso reconocimiento. Ratifica los argumentos expuestos en los informes técnicos y en la resolución cuestionada. Señala que el Acuerdo de Valoración del GATT, incorporado por la Ley 24.425, faculta al servicio aduanero a requerir pruebas adicionales y rechazar valores dudosos. Indica que el importador no ofreció documentación suficiente para despejar la duda razonable sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Sostiene que, en consecuencia, se aplicó correctamente el método subsidiario previsto en el art. 3 del Acuerdo, recurriendo al valor de mercaderías similares. Indica que la existencia de manipulación en los valores fue respaldada por informes técnicos y antecedentes objetivos de importaciones. Afirma que el ajuste practicado protege la renta fiscal y se funda en normas legales vigentes. Manifiesta que la actuación de la Aduana fue conforme al debido proceso y a los principios del C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
IV. Corresponde en autos determinar si la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA), que confirmó parcialmente el cargo antes mencionado, se ajusta a derecho, considerando que el ajuste de valor se fundó en la presunta elusión de derechos antidumping por declarar el importador precios superiores a los valores mínimos FOB de exportación por unidad establecidos en la Resolución MP N° 04/02.
V. A a fs. 59 se tiene por contestado el traslado del recurso y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, que corren por separado. A fs. 66 se abre la causa a prueba. A fs. 141 se certifica la prueba producida a fs. 79/82 (respuesta del Banco Central de la República Argentina), 85 y 86 (respuestas del Banco Galicia) y 94/95 (respuesta de la Cámara Argentina de Comercio e Industria de bicicletas, partes, rodados y afines -COMMBI- en la que advierte que existe una dispersión de precios amplia en relación a los productos por los que se le consulta variando los mismos según materiales y calidad, señalando asimismo en el último párrafo que “…nuestra cámara viene participando siempre en los pedidos de revisión de la medida antidumping vigente y expresamente viene solicitando la eliminación del dumping a las partes de bicicleta, puesto que en el contexto competitivo actual resulta ya inaplicable, atento a que casi la totalidad de las mismas ya no cuentan con fabricación nacional desde hace mucho tiempo”.). A continuación, se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a consideración de esta Sala “G” (fs. 142). A fs. 147 se ponen para alegar. A fs. 152/161 alega la actora. A fs. 163 se llaman autos a sentencia.
VI. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12542-2584-2008 se inician con el recurso de impugnación interpuesto, el 09/09/2008, contra el Cargo VI RGROS N° 135 del 2008 (ver fs. 1/19). A fs. 20/34 se agrega la prueba documental acompañada al mismo. A fs. 35ref./37ref. obra copia del Informe Técnico N° 10/08 (SE FVIM) el cual al referirse al marco normativo expresa que mediante “... la Resolución MP 4/02 Anexo III, se fija un valor mínimo de exportación FOB por unidad, lo que implica que para toda mercadería que ingrese al territorio aduanero a un valor inferior al mencionado, el importador deberá abonar un derecho antidumping equivalente a la diferencia entre el valor documentado y el valor mínimo de exportación fijado en dicha Resolución”.
Agrega que, “según el nuevo acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio: Acuerdo sobre Dumping se considera que un producto es objeto de dumping cuando: “...el mismo se introduce al mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal y esto ocurre cuando, su precio de exportación es menor que el precio comparable en el curso de operaciones normales de un producto similar destinado al consumo en el país exportador...”. Al referirse a las aclaraciones previas al Informe manifiesta que: “Se trata de poner en evidencia inconsistencias detectadas, que hacen presumir la existencia de maniobras, por medio de las cuales se acciona sobre los valores de transacción con la finalidad de eludir el pago de derechos antidumping”.
Finalmente concluye que: “...estaríamos en condiciones de inferir que, invocándose el Art. 17 del Acuerdo y la Decisión del Acta de Marrakech relativa al Valor (Ley 24.425), resulta necesario recomponer el valor de partes de bicicletas”. Finalmente “...esta Sección procede a rechazar el valor documentado, por considerarlo anormalmente incrementado y procede a su reacomodamiento”. A fs. 38ref. obra el Cargo VI RGROS N° 135 del 2008, notificado a la importadora el 28/08/2008, conforme surge del aviso de recibo obrante a fs. 43ref. A fs. 39ref. obra copia del Acta de Denuncia N° 161/08 del 30/04/2008 la cual con relación a los hechos denunciados refiere: “ Asunto: Probable elusión a la aplicación de los derechos antidumping – Informe Técnico N° 10/08 (SE FVIM)”.
En el interior del sobre de fs. 40ref. obra la carpeta original del despacho de importación involucrado. A fs. 47/48 obra Nota N° 60/2009 (SE FVIM) de fecha 14/09/2009 mediante la cual la Sección Fiscalización y Valoración de Importación, afirma que se solicitó al importador una explicación complementaria sobre las razones de mercado que justifiquen el valor de transacción declarado y que la documentación presentada “...resulta insuficiente ya que en la misma no disipa las dudas sobre el precio declarado...” señalando que “...la duda se sustenta en el análisis realizado sobre la evolución de los valores, que hacen presumir una manipulación con incidencia sobre los tributos recaudados. Para mejor proveer en cuadros anexos se expone, como los valores declarados fueron deliberadamente incrementados con el fin de evitar la penalización impuesta por la mecánica del derecho Antidumping”.
Finalmente concluye: “...De lo expuesto se ratifica la pretensión manifestada en Informe Técnico N° 10/2008 (SE FVIM), procediéndose a la recomposición de valor sobre bases objetivas y antecedentes que se detallan: N° 02 052 IC05 000012 W, 02 052 IC04 000051 B, 04 052 IC05 002867 V”. A fs. 53 se provee la presentación de la importadora y se tiene por interpuesto el recurso de impugnación en tiempo y forma. A fs. 57/58 obra el dictamen jurídico de fecha 28/05/2010 el cual realiza algunas consideraciones, ya que entiende que no se han relacionado los conceptos que surgen del Informe Técnico N° 10/08 (SE FVIM) con el importe intimado en concepto de derechos antidumping en el Cargo que se cuestiona y propone, como medida para mejor proveer, requerir al área emisora un detalle de cada uno de los precios que fueron reacomodados, con la justificación de las bases de antecedentes utilizadas y el respectivo cálculo parcial del derecho antidumping de la destinación de importación investigada.
Agrega que con relación a las “maniobras” efectuadas con la “finalidad de eludir el pago de los derechos antidumping” debería ampliarse lo informado respecto a si de lo investigado existen pruebas suficientes que permitan iniciar acciones por contrabando documentado como prima facie parecería surgir de la imputación. Continúa afirmando que “Lo expuesto surge por cuanto esta instancia comparte el concepto vertido en el escrito de impugnación en el sentido de que es a la Aduana sobre quien pesa la carga de la prueba de la legalidad del ajuste producido y de lo actuado no se podría comprobar si corresponde al Sr. Instructor ratificar o rectificar el importe de U$S 6402,02 que fue intimado a la firma importadora en concepto de Derechos Antidumping”.
A fs. 60/89 se agregan copias únicamente de los antecedentes N° 02 052 IC05 000012 W y 02 052 IC04 000051 B. A fs. 90/92 se adjuntan planillas con las correspondientes reliquidaciones, determinando la pretensión fiscal por derechos antidumping eludidos en las cuales se detallan que el “TOTAL A PAGAR” se compone de “DIF A PAGAR” (tributos) más ART 954 (multa). A fs. 93 obra la impresión de la Sección Normativa del Nomenclador Arancelario Aduanero de la Editorial Tarifar/Guía Práctica (Act. N° 102), con ejemplos de liquidación de derechos antidumping. A fs. 94/95 el área denunciante emite un nuevo Informe Técnico ampliatorio N° 06/2014 (ex SE FVIM) del 14/08/2014, el cual determina una pretensión fiscal por derechos antidumping eludidos equivalente a U$S 5.084,65 sobre la base de los antecedentes agregados a fs. 60/89.
A fs. 121 se agrega Dictamen N° 515/2017 (SJU ROS). A fs. 122ref./124ref. sobre la base de los antecedentes mencionados el servicio aduanero dicta la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA), aquí apelada.
VII. En primer lugar, resulta imprescindible analizar el planteo de la actora en cuanto solicita se declare la nulidad de la resolución por falta de fundamentación. En relación con ello, advierto que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
Es sabido que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución fundada, cualquiera sea su acierto o error y siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos planteados por el administrado.
En tal sentido, corresponde destacar que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la actora de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Ello es así, por estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior.
VIII. Respecto al planteo de prescripción tampoco resulta procedente ya que tratándose de un procedimiento de impugnación en los términos del art. 1053 del C.A. la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se suspende con la interposición del recurso o reclamo hasta que recayere decisión que habilite ejecución, conforme lo establecen los arts. 805 inc. c) y 1058 del C.A.
IX. Sentado lo que antecede, conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la destinación de importación N° 05 052 IC04 001234 X, oficializada por ante la Aduana de Rosario el 15/06/2005, la firma SUCESORES DE PEDRO DUTTO S.H. documentó, en cuanto aquí interesa, la importación para consumo de partes y accesorios de bicicletas, originarios y procedentes de China, clasificadas en las respectivas P.A., por las cantidades, valores FOB y valores normales en el mercado de exportación que se indican en el cuadro que se agrega embebido a la presente.
Asimismo, en el cuadro adjunto, se indican los valores FOB mínimos de Exportación establecidos en el Anexo III de la Resolución MP Nº 4/02.
Cabe tener presente que como consecuencia de la recomposición de valor de las mercaderías documentadas en el despacho antes mencionado y en función de los antecedentes indicados, la Aduana de Rosario procedió a la reducción del monto originalmente reclamado en concepto de derechos antidumping, estableciendo el nuevo importe adeudado en la suma de U$S 5.084,65.
X. En primer lugar, corresponde destacar que el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT, aprobado por la Ley 24.425, establece en su Preámbulo que “los procedimientos de valoración aduanera no deben utilizarse para combatir el dumping”, disposición que reviste jerarquía supralegal y cuya observancia resulta obligatoria para las autoridades nacionales.
En el caso bajo análisis, la Aduana ha realizado un ajuste de valor sobre la base de la Resolución MP N° 04/2002, la cual fija valores mínimos FOB de exportación para determinadas partes de bicicletas originarias de la República Popular China, a los fines de la aplicación de derechos antidumping. No obstante, conforme surge de los antecedentes obrantes en el expediente administrativo, el precio de transacción declarado por la importadora fue superior al valor mínimo establecido en dicha resolución, lo que excluye la hipótesis de subvaloración que habilitaría la aplicación del derecho antidumping. En efecto, la Resolución MP N° 04/2002 establece expresamente que los valores mínimos FOB constituyen un parámetro para la aplicación de derechos antidumping únicamente cuando el precio declarado se encuentra por debajo de dichos valores, siendo este el supuesto normativamente previsto para activar el mecanismo de protección.
En consecuencia, la interpretación de la Aduana —según la cual declarar por encima del valor mínimo constituye una maniobra elusiva— carece de sustento legal ya que no existe norma en el régimen antidumping argentino —ni en la Resolución MP N° 04/2002 ni en el marco legal que la sustenta, como la Ley N° 24.425 o el Decreto N° 1326/98— que prohíba declarar precios por encima del valor mínimo ni que considere tal conducta como indicio de elusión. Por el contrario, declarar un precio superior al mínimo fijado debería excluir la aplicación del derecho antidumping, ya que no se configura la hipótesis de dumping ni se vulnera el objetivo de la medida.
Entender a la sobrevaloración como una maniobra elusiva de medidas antidumping no solo carece de sustento normativo, sino que también contradice el principio de legalidad y el carácter restrictivo de las medidas antidumping, que deben aplicarse con base en pruebas objetivas y dentro de los límites expresamente establecidos por la normativa vigente.
XI. Así las cosas, cabe señalar que en materia de valoración en aduana de mercaderías importadas, rige lo dispuesto en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley Nº 24.425 (B.O. 5/1/1995).
En virtud de dicho Acuerdo, el valor de transacción constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, ello se entiende, como el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías en ocasión de su venta con destino a la exportación hacia el país de importación, conforme lo estipulado en los arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo, así como en sus respectivas notas interpretativas.
En el supuesto caso que corresponda un ajuste de valor, el mismo sólo procede cuando el precio declarado no cumple con las condiciones del art. 1 (precio realmente pagado o por pagar entre partes independientes) o cuando deben incorporarse elementos conforme al art. 8 (como comisiones, gastos de transporte, regalías, etc.) del art. VII del Acuerdo del GATT. En el presente caso, la Aduana no ha invocado ni demostrado ninguna de estas causales.
Respecto del sistema de valoración allí aprobado, se dispone la aplicación de un criterio principal —el previsto en el art. 1— complementado por cuatro criterios secundarios que deberán utilizarse, en principio, en el orden correlativo en que se los enumera. No obstante, se admite la excepción de alteración del orden de aplicación entre los métodos contemplados en los arts. 5 y 6.
En consecuencia de lo anterior, el denominado “valor en aduana de las mercaderías importadas” queda definido, en primera instancia, como el “valor de transacción”. Este valor debe considerarse en conjunto con las disposiciones del art. 8, relativas a los ajustes sobre el precio efectivamente pagado o por pagar. Solo en los supuestos en que no pueda determinarse dicho valor con base en el método del art. 1 resultará procedente la aplicación sucesiva y excluyente de los métodos previstos en los artículos siguientes. En este sentido cabe señalar que el servicio aduanero debe cumplir estrictamente con los criterios del Acuerdo de Valoración aprobado por Ley 24.425 teniendo en cuenta que el uso de valores mínimos como parámetro de ajuste vulnera el principio de valoración aduanera basado en el precio de transacción, salvo que se demuestre fehacientemente que dicho precio no refleja una operación entre partes independientes o que existen elementos objetivos que justifiquen su rechazo.
Asimismo, cabe tener presente que el art. 17 del Acuerdo permite a las autoridades aduaneras verificar la veracidad de la información presentada, pero no autoriza ajustes basados en presunciones sin sustento documental. La carga probatoria del ajuste recae sobre la Aduana, y cualquier desviación del valor declarado debe estar debidamente justificada con antecedentes objetivos y cálculos transparentes. Corresponde señalar que el ajuste de valor practicado por la Aduana, basado en la Resolución MP N° 4/02 y en presunciones sobre elusión por precios superiores al valor mínimo FOB, resulta incompatible con el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT, aprobado por Ley N° 24.425 ya que los procedimientos de valoración aduanera no pueden ser utilizados como mecanismo indirecto para combatir el dumping, conforme lo establece el preámbulo del Acuerdo mencionado.
Consecuentemente, la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA) contradice las normas aplicables en materia de valoración aduanera al pretender aplicar derechos antidumping sobre precios superiores al valor mínimo FOB, lo que excluye la hipótesis de daño a la industria nacional.
A la luz de todo lo expuesto, puede afirmarse que el marco normativo internacional en cuestión dispone que, cuando la diferencia de precio resulte del incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el art. 1, el valor de transacción no será aplicable. En cambio, si dicha diferencia obedece a la omisión de alguno de los elementos enumerados en el art. 8, corresponderá a la Aduana realizar el ajuste pertinente. Cuando la diferencia tenga una causa distinta a las anteriormente señaladas, el precio deberá presumirse como aceptable, salvo que la Aduana logre acreditar la falta de veracidad o exactitud en la información, documentos o declaraciones presentadas. Solo bajo esta última circunstancia se legitima la utilización de un método alternativo al previsto en el art. 1 del Acuerdo.
XII. En el presente caso, el rechazo del valor de transacción no obedeció a la configuración de alguna de las hipótesis previstas en el art. 1, primer párrafo, del Acuerdo, ni a la concurrencia de los elementos contemplados en el art. 8 de dicha norma que pudieran justificar un ajuste sobre el precio efectivamente pagado o por pagar. La decisión aduanera se fundó, en cambio, en la presunción de que el precio declarado había sido artificialmente incrementado respecto de los precios corrientes de mercado correspondientes a mercaderías similares, con el propósito de eludir la aplicación de derechos antidumping.
Sobre esta base, y conforme surge de los informes técnicos obrantes en las actuaciones administrativas, el servicio aduanero procedió a comparar el valor declarado en la destinación de importación Nº 05 052 IC04 001234 X con aquellos consignados en los despachos de importación a consumo Nº 02 052 IC05 000012 W, 02 052 IC04 000051 B y 04 052 IC05 002867 V, a fin de determinar el valor en aduana conforme al art. 3 del Acuerdo Internacional citado.
En virtud de ello, corresponde analizar si el ajuste realizado se encuentra debidamente fundado. Sin embartgo, al no obrar en las actuaciones administrativas la totalidad de los elementos de juicio que habrían sido considerados por la Aduana para efectuar el ajuste impugnado por la aquí actora, resulta imposible llevar a cabo una valoración completa y fundada de dicha actuación.
Cabe destacar que el régimen vigente de valoración de mercaderías impide a la Aduana rechazar de plano el precio de transacción sin una debida justificación que sustente tal determinación.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede sostenerse que todo precio declarado deba aceptarse como valor en aduana sin más, en especial cuando se presenta, desde un inicio, como irrazonablemente bajo o notoriamente sospechoso en su veracidad. Sin embargo, corresponde destacar que, tal como lo afirma la parte actora, en ninguna de las destinaciones de importación aquí examinadas se documentaron mercaderías a un valor inferior al establecido como valor FOB mínimo en la Resolución MP Nº 04/02 (conforme se evidencia en el cuadro adjunto mencionado en el Considerando IX). Asimismo, no se ha demostrado que tales operaciones hayan ocasionado un perjuicio concreto a la industria nacional, circunstancia que debilita aún más la pretensión fiscal de aplicar medidas antidumping.
Por consiguiente, tal proceder se manifiesta como abiertamente contradictorio con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, los cuales tienen como finalidad instaurar un sistema “equitativo” de valoración aduanera, excluyente de criterios arbitrarios, ficticios o alejados de las condiciones propias de mercado en un régimen de libre competencia.
A ello se suma el incumplimiento de la carga probatoria por parte del servicio aduanero, que no ha aportado la totalidad de los elementos objetivos que acrediten perjuicio a la industria nacional ni que el precio declarado fuera ficticio o manipulado, limitándose a presunciones carentes de sustento técnico y documental.
Finalmente, se observa una inconsistencia procesal insalvable, en tanto la Aduana consideró que el precio declarado había sido artificialmente incrementado, y al mismo tiempo pretendió recalcularlo sobre la base de valores de referencia, lo que implica conclusiones mutuamente excluyentes y revela una falta de coherencia en el razonamiento administrativo que afecta la validez del ajuste practicado.
XIII. Sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, cabe destacar que, si el precio de transacción declarado no refleja el valor real de la operación, por existir maniobras, tal como lo sostiene el Fisco, tendientes a simular un precio artificialmente elevado, situación que daría lugar a un supuesto de sobrefacturación de importación, el servicio aduanero debió encuadrar el caso como una infracción por declaración inexacta, conforme lo establece el Código Aduanero en el art. 954, ap. 1, inc c), por tratarse de una declaración mediante la cual se produce un egreso al exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
En efecto, ante la sospecha de simulación o manipulación del precio declarado, el servicio aduanero debió considerar, en vez de realizar un ajuste de valor, encuadrar la situación e investigar una posible infracción por declaración inexacta, y no como procedió formulando un ajuste de valor bajo el Acuerdo del GATT Art. VII con la finalidad de aplicar los derechos antidumping.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA) dictada el 29/12/2017 por el Administrador de la Aduana de Rosario en el trámite de la actuación SIGEA N° 12542-2584-2008, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución N° 1192/2017 (AD ROSA) dictada el 29/12/2017 por el Administrador de la Aduana de Rosario en el trámite de la actuación SIGEA N° 12542-2584-2008, con costas.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
(Archivo embebido)
Date: 2025.11.19 13:56:21 ART Date: 2025.11.19 14:12:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.19 19:27:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.19 19:28:12 -03:00
Fin de la sentencia